Caso Noble: A un paso más cerca de la verdad

La Cámara Federal de San Martín confirmó hoy la decisión de extraer muestras de sangre o saliva a los hermanos Marcela y Felipe Herrera Noble "con o sin su consentimiento", para realizar los estudios que determinen si son hijos biológicos de desaparecidos en la última dictadura militar.

La decisión fue tomada por la sala II del tribunal de apelaciones que confirmó lo resuelto en diciembre pasado por la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en la causa por la supuesta apropiación de los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

"Estamos satisfechos con la resolución porque lo que le pedíamos a la Cámara era que confirmara el estudio, mantenemos la cautela pero vamos a hacer los planteos del caso para que pueda realizarse el estudio cuanto antes, a pesar de que seguramente como ya anticiparon recurrirán a Casación y la Corte", dijo el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, querellante en la causa.

La Cámara rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Felipe y Marcela contra la decisión que el 21 de diciembre pasado había ordenado "la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello" para realizar estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand.

Arroyo Salgado había citado a los hermanos para el 23 de diciembre en ese centro asistencial, pero la apelación interrumpió la diligencia y ahora seguramente el tema llegará a la Cámara Nacional de Casación, máximo tribunal penal del país.

Justamente por eso esta decisión judicial conocida hoy no será de cumplimiento inmediato, ya que el recurso ante Casación podría tener efecto suspensivo, como ya ocurrió en anteriores oportunidades.

La semana pasada los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga realizaron la audiencia oral previa a resolver y allí escucharon a los abogados de Marcela y Felipe, Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes volvieron a reiterar la negativa de los hijos de Ernestina Herrera de Noble a someterse a esa extracción, ya sea de manera voluntaria o sin consentimiento.

Los Herrera Noble se oponen a que las muestras sean comparadas con el ADN de centenares de familiares de víctimas de la represión ilegal que buscan bebés robados y que está almacenado en el BNDG y solo aceptan el cotejo con dos familias querellantes en la causa penal a cargo de Arroyo Salgado.

La juez de primera instancia había ordenado la toma de muestras biológicas de sangre, saliva o pelo de manera obligatoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, tras recibir un informe pericial que no garantizaba la fiabilidad de muestras ya existentes desde diciembre de 2009 y entregadas voluntariamente por Felipe y Marcela.

Ambos se sometieron a las extracciones bajo la condición de que su sangre y saliva fuese comparada sólo con las de las dos familias querellantes, y en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.

Pero luego la Cámara Federal de San Martín amplió el objeto procesal de la causa para ordenar determinar si fueron apropiados en la última dictadura, cuando Ernestina Herrera de Noble los adoptó siendo bebés.

Por ello la Justicia busca ahora comparar muestras biológicas de ambos con las miles depositadas en el BNDG por familiares que buscan recién nacidos robados en centros clandestinos de detención.

Siguen las dilaciones en la causa Noble

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, explicó que "nadie que tiene pruebas de un delito puede ocultarlas", al referirse a la decisión de Marcela y Felipe Noble Herrera de no presentarse en el Hospital Durand, donde habían sido citados por la jueza Sandra Arroyo Salgado para que les sean extraídas muestras que permitan obtener su ADN y establecer si son hijos de desaparecidos.

En conferencia de prensa en la sede de la Abuelas, y tras confirmarse que los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble no se presentaron ante el Banco Nacional de Datos Genéticos, Carlotto advirtió que los abogados "los utilizan y victimizan, e impiden llegar a la verdad de un crimen horrendo de la dictadura. El estado tiene la obligación de llegar a saber la verdad".

La titular de Abuelas detalló que "se compararon varios perfiles genéticos, y si bien se halló una correspondencia también se detectaron contribuciones genéticas no identificadas".

"Tras dos meses de trabajo, todos coinciden que no se puede afirmar que los perfiles genéticos encontrados sean correspondientes", amplió.

En ese sentido, señaló que "tomar muestras de ADN de las personas en forma inmediata y sin dilaciones. Eso es lo que esperamos, estamos ante un crimen de lesa humanidad".

"El tiempo avanza y los familiares hace casi más de diez años que aguardamos para afirmar o descartar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos", afirmó.

Ante una consulta, Carlotto dijo que "la jueza, hoy mismo, puede disponer que se los haga comparecer por la fuerza pública. Habrá que ver si están en Argentina. Si no están, esa orden no se puede efectuar. Se vienen las fiestas, pueden salir del país, y ellos tienen propiedades cerca y lejos".

"Si son convocados y no concurren, van a ser requeridos por la fuerza pública y ya entra a jugar si salieron del país tienen que ser buscados y traídos por la fuerza pública", aseveró.

Por su parte, Pablo Llonto, abogado querellante, subrayó que "las víctimas son manipuladas por los abogados en una cuestión tan sencilla como es una concurrencia a una audiencia y se presenta hoy un escrito diciendo que apela y justificando su incomparecencia".

"Esto es parte de lo que se ha venido desarrollando en esta causa durante años que es el obstáculo permanente de los abogados de Ernestina de Noble para intentar impedir que aquí algún día aparezca la justicia. Nosotros confiamos que estamos cada vez más cerca de llegar a la verdad y a la Justicia", sostuvo Llonto en la conferencia.

En tanto, Alan Iud, abogados de las Abuelas, explicó que la jueza Arroyo Salgado "ahora debe resolver sobre el planteo y de esa decisión dependen los acontecimientos siguientes. A nuestro criterio lo que propugnamos desde las querellas es que estas apelaciones no se pueden admitir y no están previstas en la ley".

“Estoy dolido por no haber llegado a decirle lo que siento”

HIJO DE DESAPARECIDO Y AHIJADO DE VIDELA, HABÍA ELEGIDO A KIRCHNER COMO PADRINO

Por Roberto Koira

“Quería terminar con el padrinazgo de Videla, ya que es el asesino de mi papá”, dijo Gastón Castillo a ZOOM. Séptimo hijo de un desaparecido y, por tradición, ahijado del presidente de turno, este joven luchó contra la Iglesia para tener como padrino a Néstor Kirchner, y cuenta su tristeza por la muerte del ex presidente.

La inesperada muerte de Néstor Kirchner, además de dejar a gran parte del pueblo de luto, impidió un encuentro transcendental en la vida de Gastón Castillo. A los 32 años, este hijo de un desaparecido, tenía una mochila difícil de digerir: por ser el séptimo hijo y haber nacido durante la dictadura, por tradición su padrino fue el entonces presidente de facto, el genocida Jorge Rafael Videla. Después de una larga lucha con la cúpula de la Iglesia, Gastón pudo sacarse ese lastre de encima y nombrar a Néstor Kirchner como su nuevo padrino.

Hernán Jaureguiber es el abogado que hizo posible esta reivindicación para el joven y en dialogo con Revista ZOOM explicó que “Gastón no pudo conocer a Néstor Kirchner porque, cuando tuvimos la reunión donde informamos que iba a ser su padrino, justo estaba el acto de la CGT en River y nos recibió Juan Manuel Abal Medina”.

Cuando el 25 de octubre el Arzobispado revocó el padrinazgo de Videla, Kirchner se enteró enseguida y tenía planeado encontrarse con Gastón después de que volviera de Calafate y ya como su padrino oficial. “Teníamos planeado hacer la ceremonia el 18 de noviembre, pero la muerte de Néstor lo frustró”, contó el letrado.

La Iglesia se resistía a revisar un acto canónigo, pero Jaureguiber detalló que se pudo lograr el objetivo de Gastón “al intimar al Cardenal Bergoglio, como Jefe del Arzobispado, para que anule el padrinazgo de Videla, sin alterar el sacramento del bautismo, que no se puede realizar dos veces”.

Gastón Castillo no pudo conocer al padrino que deseaba, pero tuvo que soportar por mucho tiempo ser ahijado de un genocida como Videla. “Quería terminar con el padrinazgo de Videla, ya que es el asesino de mi papá y el culpable de lo que le pasó. En mi casa no se hablaba mucho del tema, pero cuando el año pasado encontraron los restos de mi viejo, me decidí a hacer esto”, descargó de entrada Gastón en diálogo con ZOOM.

El joven se emocionó al recordar que “en esta lucha no estuve solo, ya que somos 8 hermanos y los dos más grandes siempre me acompañaron. Otra persona que me motivó mucho fue Hernán Jaureguiber, nuestro abogado. Gracias a él, esto fue posible”.

“Pensaba agradecerle a Néstor Kirchner haber encontrado los restos de mi papá y su lucha por los derechos humanos. Me puso muy mal su muerte. Por suerte se pudo dar que sea mi padrino, que era lo que yo quería. Tenía mucha ilusión en conocerlo, pero su repentino fallecimiento lo frustró”, reconoció apesadumbrado Gastón.

Todavía no sabe si se realizará la ceremonia, pero a Castillo le gustaría que participe la Presidenta para expresarle a ella todo lo que le quería decir a Néstor. “Estoy dolido por no haber llegado a decirle lo que siento”, resumió Gastón.

“Lo que da bronca es que siempre la gente buena se va antes que la mala, aunque desde el cielo Kirchner, junto a mí papá, debe estar contento. Al menos me saqué el karma que tenía encima de que Videla fuera mi padrino, el asesino de mi viejo”, se conformó.

Estas son algunas de las historias de un país que todavía le falta cerrar muchas heridas y que solo la justicia puede cicatrizar. Lamentablemente hace poco perdimos a ese gran curador que fue Néstor Kirchner.

http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3804.html

La lucha de las Abuelas en imágenes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la Televisión Pública presentaron una muestra fotográfica que recorre los 33 años en la búsqueda de los nietos apropiados por la dictadura militar, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de la entidad y conmemorarse el Día Nacional por el Derecho a la Identidad.

La muestra fotográfica "Abuelas de Plaza de Mayo, 33 años de luchas y logros" se desarrolla en Figueroa Alcorta 2977 y permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre en horario de 8 a 20, con entrada libre y gratuita.

En tanto, el sábado por la Televisión Pública se emitirá a las 21 horas un programa especial por el 33 aniversario de la creación de las Abuelas conducido por Sebastián Wainraich y Gisela Busaniche.

Y el lunes 25, las Abuelas serán homenajeadas por el cineasta, actor y escritor Alejandro Jodorowski, quien a las 17.30 realizará una instalación artística en el predio de la ex ESMA, al lado de lo que será la "Casa de las Abuelas", en Comodoro Rivadavia 1273.

La obra consistirá en una serie de bloques intervenidos artística y creativamente -uno por cada uno de los nietos recuperados que participen del acto- sobre los cuales los familiares de las víctimas colocarán objetos que evoquen la memoria de sus seres queridos.

Al finalizar, los participantes realizarán una suelta de palomas, simbolizando y representando la búsqueda de la paz mundial en lo que el artista ha dado en llamar en los últimos años una "Psicomagia Social”.

Desde 2004, por resolución del Congreso Nacional, se fijó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

Meneghini buscó despegarse de Patti

Pasó otra jornada más de juicio contra el represor, quien siguió con su puesta en escena, aunque ahora lo obligaron a sentarse en una silla de ruedas. Pero lo más importante fue el testimonio del ex jefe de la comisaría de Escobar. Para abogado querellante Alejo Ramos Padilla esto se debió a que el ex comisario “quiso diferenciarse de Patti”.

El represor Luis Patti y el ex presidente de facto Reinaldo Bignone se negaron a declarar. Pero el ex jefe de la comisaría de Escobar en la dictadura, Fernando Meneghini si lo hizo y salió a despegarse del accionar de Patti. Política&Medios charló sobre el tema con el abogado querellante Alejo Ramos Padilla.

¿Qué significan para ustedes las declaraciones de Meneghini?

La declaración fue impresionante, porque era un comisario que reconoció una gran cantidad de cadáveres que se encontraban como NN en esa época. En un momento dijo que le tiraron 24 cadáveres al mismo tiempo, reconoció que se hacían averiguaciones sobre esa gente y que se hacían reuniones en la unidad regional de Tigre. En definitiva, el testimonio a nosotros nos pareció importante y creemos que tenemos que desmenuzarlo a lo largo del juicio. Él se quiso desprender de la figura de Patti y de lo se que actuaba en otros destacamentos. Pero, al mismo tiempo, tuvo que reconocer que era el que iba a los destacamentos, el que controlaba los libros. Es difícil desde mi lugar hacerte un análisis sobre su descargo de él, ya que lo hizo para defenderse.

¿Creés que se resquebrajó toda esa cuestión de corporativismo? Porque hasta ahora no había hablado ninguno.

Meneghini se quiso diferenciar de Patti, de (Santiago) Riveros y del resto de los imputados. Vamos a ver si efectivamente lo lleva a realizar las denuncias correspondientes contra los responsables de los homicidios y las torturas que se investigan en este juicio. Eso sería realmente diferenciarse de los torturadores y genocidas. No alcanza con decir, “yo estaba ahí pero yo tuve una actitud distinta”. Si la tuvo que formule una denuncia. Tiene un rol preponderante, era el comisario de la zona, no era un agente de tránsito.

Y Patti sigue con su show mediático, igual lo obligaron a sentarse en una silla de ruedas.

Le dijeron que se siente para ver si iba a declarar o no. Miró a los querellantes, uno por uno, después hizo un gesto con el dedo pulgar, medio extraño. Después la defensa pidió si Patti podía seguir el juicio desde el Clínica Fleni. Nosotros dijimos que tenía que asistir a los juicios, como se le exige a todos los imputados porque no existe juicio en ausencia.

En base a eso se negó a declarar.

Si, lo destacado fue la declaración de Meneghini porque Bignone también se negó a hacerlo. Aunque Meneghini fue mostrarse como un nene bueno. Lo que si contó, es que tuvo que ir dos veces al comando de institutos militares. Pero, el problema que tengo para relatarte, es que el tenía una muy mala forma de expresarse y no terminaba de ser claro. Tenía un problema en la garganta. Salvo cuando hablaba de sus cosas personales, como cuando dijo: “yo soy un hombre de 74 años, que siempre estuvo del lado de la ley” o que Patti no era una persona de su confianza. Es claro que buscó salir bien parado de esto.

Roberto Koira

Patti de nuevo en camilla

El juicio oral al ex intendente de Escobar, por delitos de lesa humanidad, se reanudó con la lectura de las acusaciones pertinentes. El abogado querellante Alejo Ramos Padilla le dijo a P&M que “vino con el mismo show, pero nosotros estamos interesados en que el juicio continúe, más allá que haga este tipo de escena”.

El represor Luís Patti arribó al anfiteatro Hugo del Carril de la localidad bonaerense de José León Suárez en ambulancia y presenció el debate desde una camilla. En el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad se procedió a la lectura de las acusaciones de los querellantes y del juzgado que investiga la causa. Luego abrió el debate y se expusieron las llamadas "cuestiones preliminares".

Sobre esto, el abogado querellante Alejo Ramos Padilla le explicó a Política&Medios que allí “la defensa hizo una clase de planteos casi incomprensibles que fueron rechazados por el Tribunal porque no tenía nada que ver con cuestiones preliminares y antes de eso se terminaron de leer las acusaciones”.

Y agregó que “después de la resolución de las cuestiones preliminares que planteó la defensa pasamos a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, en donde se le va a dar la oportunidad a Patti para que declare”.

Pero la nota de la jornada es que el represor insiste en presenciar el juicio en su contra montado en una camilla. Para el abogado esto es que Patti “vino con el mismo show, pero nosotros estamos interesados en que el juicio continúe, más allá que haga este tipo de escena”.

“Mientras los médicos digan que él puede presenciar el juicio y no tiene ningún impedimento, pesa la palabra oficial. Él puede tirarse al piso y hacer cualquier cosa, pero lo van a juzgar igual”, ratificó Ramos Padilla.

“Es parte del teatro que está haciendo para zafar del juicio”

Así el abogado querellante Pablo Llonto, que representa a la familia Muñiz Barreto, describió a P&M por qué el represor Luís Patti se presentó en camilla al juicio en el que se lo acusa por un asesinato, seis torturas y nueve secuestros.

En la primera jornada del juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, por sus crímenes en la dictadura, Luís Abelardo Patti llegó en camilla. Para el abogado querellante Pablo Llonto esto es que “evidentemente armaron una escena de ponerlo en la peor imagen posible, que es en una camilla, tapado y con los ojos cerrados”.

“Hay gente que va a los juicios en sillas de rueda, pero en camilla nunca se ha visto. Es parte del teatro que está haciendo para zafar del juicio”, explicó el letrado.

Y agregó que “cuando ayer apareció en esa farsa de la camilla no lo podíamos creer. Ahora me estoy enterando que hay gente que lo vio sentado en la ambulancia. Por eso no sabemos porque no fue en silla de ruedas, si tiene dificultades para caminar”.

Aunque también hay otras sensaciones: “Eso por un lado y después es un momento histórico, de ver a este tipo, que ha sido símbolo de la impunidad, esté ahí sentado y que se pueda defender de las acusaciones. Y para que al final del juicio se pueda saber si cometió los 18 delitos que se le imputan o no”, describió a Política&Medios.

Para llonto el momento del inicio del juicio a Patti fue “para mucho de nosotros importante porque hace algunos años no se pensaba que se iba a lograr esto. Ese tipo tenía un grado de impunidad y desfachatez que parecía que no se le iba a hacer un juicio nunca”.

“Desde que lo detuvieron, que fue hace más de tres años, viene planteando escritos, problemas de salud para no llegar a juicio. Todo este año fueron alrededor de su salud diciendo que no estaba en condiciones de ir a juicio y lo revisó un equipo de peritos del cuerpo médico forense, de su parte de nuestra parte y el dictamen es que estaba en condiciones”, relató el abogado.

Se reactiva la causa Noble

La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenará investigar la actuación de los policías que participaron del procedimiento de Marcela y Felipe Noble Herrera para un análisis de ADN que resultó fallido y dispondrá nuevos estudios en base a muestras ya existentes en el juzgado o una pequeña extracción compulsiva de sangre o cabello. En dialogo con Política&Medios el abogado de Abuelas, Alan Iud, afirmó que “sería razonable que se resolviera eso”.

Fuentes del juzgado informaron que la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado sería tomada próximo lunes e incluirá la apertura de una investigación penal al policía Carlos Garaventa, quien participó de un operativo donde se secuestró vestimenta de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Además dispondrá nuevos estudios de las muestras existentes y no se descarta una extracción compulsiva de sangre o cabello.

Consultado por P&M, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, explicó: “Me parece bien, pero todavía no tenemos conocimiento sobre estas medidas mientras la jueza no se expida. Sería razonable que se resolviera eso”.

Garaventa, fue separado de los procedimientos por decisión del ministro de Justicia Julio Alak, tras una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, por lo ocurrido en operativos similares a los del caso Noble donde las prendas secuestradas estaban contaminadas.

El policía federal es investigado en otro caso, el de Pedro Sandoval, un joven que se demostró es hijo de secuestrados en la dictadura pero que se rehusaba a realizarse los análisis. También participó primer operativo del nieto 102, donde hubo manipulación de las prendas.

En el caso de Sandoval, el propio damnificado admitió que supo con anterioridad de un allanamiento encabezado por Garaventa y fue a Campo de Mayo, donde está detenido el acusado de la apropiación para buscar elementos de uso personal con el perfil genético de su padre adoptivo y entregarlos en ese procedimiento.

Es decir que Garaventa participó de tres operativos donde hubo irregularidades en los procedimientos. Iud recordó que “el caso Sandoval sucedió en el 2006 y participó la misma división en donde él se despeñaba”.

Surgen más sospechas sobre la manipulación de las muestras en la causa Noble

El subcomisario Carlos Antonio Garaventa fue el mismo que realizó los allanamientos en el nieto 102 y a Felipe y Marcela. En ambos casos, en la ropa de jóvenes no se pudo hallar rastros de ADN para peritar en Banco Nacional de Datos Genéticos. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, destacó que eso “nos hace pensar que en el caso Noble todo fue deliberadamente manipulado”.

En este caso, el gobierno estuvo rápido de reflejos y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, informó ayer que, ante cuestionamientos formulados a los procedimientos frustrados de toma de muestras de ADN, la Policía Federal Argentina separó al subcomisario Carlos Antonio Garaventa, integrante de la unidad especial que estaba encargada de este tipo de procedimientos.

Además la división Asuntos Internos de la Policía Federal inició una exhaustiva investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados. Esto también se lo confirmó a P&M, Mariano Gaitán abogado de Abuelas de Plaza de Mayo: “Hay un sumario abierto en la Policía Federal, por el que se está investigando si hubo algún tipo de complicidad o irregularidad en esto que haya favorecido a alguna maniobra para impedir la obtención de material genético”.

“Pero lo que nosotros marcamos son la cantidad de circunstancias objetivas que nos llevan a sospechar que pudo haber habido alguna irregularidad. Pero eso lo tiene que investigar y determinar las autoridades donde corresponda”, advirtió el letrado.

Gaitán objetó que “es la misma persona en los dos operativos que han fracasado, con el agravante que después se hizo otro procedimiento donde se secuestran las mismas prendas y si se puede obtener ADN”.

“Entonces, eso nos hace pensar que en el caso Noble todo fue deliberadamente manipulado para que no se pudiera obtener el ADN”, concluyó.

Por otra parte, el abogado indicó que hubo un allanamiento el año pasado, en la causa del nieto 102, en donde se recogieron cepillos de dientes y otros objetos “que son los que se recogen en estos procedimientos”. Se peritó eso en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no se pudo obtener el perfil familiar del joven apropiado.

“Después de eso la causa quedó ahí en una situación bastante complicada. Nosotros seguimos insistiendo. Entonces el juez (Rodolfo Canicoba Corral) tomó la decisión de hacer una requisa, que fue la misma medida que se hizo en el caso Noble”, recordó Gaitán.

Y agregó que “en julio lo citó al joven directamente en su despacho, en vez de realizar un allanamiento, y le sacó la ropa y le dio un joging y una remera que le habían comprado. Lo que sucedió es que después de analizar esas prendas, el Banco de Datos Genéticos encontró rastros de ADN del chico en todas”.

“La situación que se desprende de ahí son dos, la primera es que es muy llamativo que el oficial de policía que participó en el allanamiento, que se hizo en esta causa y que dio negativo, fue el mismo que en la causa Noble. Esa ya era una situación muy dudosa e irregular. Y la segunda es que cuando se utilizaron las ropas de la segunda requisa del nieto 102 estas dieron el ADN. Lo cual confirma que en el caso Noble esto se manipuló para que no se pueda obtener rastros genéticos de las prendas”, analizó Gaitán.

Ya son 102 los nietos recuperados

El último encontrado es un abogado de 32 años, hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos en 1977. Nació en la ESMA. El anuncio lo hizo Abuelas de Plaza de Mayo en una conferencia.

Otro nieto fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, es hijo María María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desparecidos en 1977. Su titular, Estela de Carlotto explicó que el joven está al tanto de su verdadera identidad, pero aún permanece anónimo porque "está procesando la noticia de la desaparición de sus padres", ocurrida el 15 de mayo de 1977.

En su momento, el nieto recuperado 102 se negó a realizarse los exámenes genéticos, pero fue identificado gracias a que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, dispuso que se le extrajera una muestra de ADN por medio de una requisa de ropa "imprevista", detalló Abuelas en un comunicado. El magistrado adoptó esa medida de "último recurso" después de que fueran "fraguadas" unas muestras genéticas del joven que se habían obtenido en un allanamiento ordenado por el juez.

Los padres del joven se habían conocido cuando ambos militaban políticamente en el ámbito estudiantil y se habían casado en Buenos Aires en enero de 1976, un año antes de ser secuestrados en la localidad bonaerense de Hurlingham, cuando la mujer estaba embarazada de cuatro meses y medio.

La organización de Derechos Humanos convocó a una conferencia de prensa para presentar los detalles de la restitución de este nuevo nieto. Carlotto hizo el anuncio junto a integrantes del organismo y familiares del joven que fue apropiado durante la dictadura. El último nieto recuperado había sido Francisco Madariaga Quintela, en febrero.

"Las Abuelas deseamos por sobre todas las cosas que nuestros nietos recuperen su identidad, pero también que este proceso sea lo menos traumático posible", informó la nota de la organización.

Caso Noble: Las Abuelas están a la espera del próximo paso de la jueza

Política&Medios entrevistó a uno de sus abogados, Mariano Gaitán, quien explicó que la estrategia de la entidad es esperar que se realicen los análisis de todas las muestras de ADN y si de estas no se obtiene ningún resultado, se pedirá una nueva extracción de sangre según marca la ley 26. 549.

Como hace rato que no se habla del tema, daba la sensación que de la causa de la identidad de Felipe y Marcela Noble estaba paralizada. Por esta razón, P&M charló con el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Mariano Gaitán.

¿En la actualidad del caso de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble en qué etapa está?

Abuelas tiene tomada una decisión en función del pedido que ha hecho la fiscal Rita Molina. Nosotros hicimos una presentación el 26 de agosto para que la jueza analice las muestras de sangre que habían dado voluntariamente Marcela y Felipe Noble Herrera en el cuerpo médico forense. Y que se determine si esas muestras todavía sirven para hacer el estudio de ADN. Cumplido ese paso, luego lo entrecruzara con los perfiles que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo que planteamos es que si todas las muestras anteriores no sirven, ya se han agotado todas las instancias y se puede pedir otra muestra de sangre o saliva.

¿Ahí se podría aplicar la ley que ampara una nueva extracción sangre?

Eso es el estándar que a fijado la Corte Suprema, después del fallo Prieto del año pasado y que fue regulado por el Congreso con la ley 26.549. Donde artículo 218.bis del Código Penal establece que en el caso de las víctimas que se nieguen a dar una muestra, primero se deben agotar todos los medios disponibles, es decir de allanamiento y requisa y después de ahí, si no se ha podido averiguar la verdad por esos medios, realizar la extracción de sangre.

Esto es mostrar la voluntad de que Abuelas agotó todas las instancias de la ley para pedir la extracción de sangre.

Exactamente, esas son las exigencias que fijó la Corte con el fallo Prieto. Es lo que está regulado en la ley. Nosotros lo que hicimos, es mostrarle a la jueza que se han realizado parte de esos medios, pero que queda agotar todas las instancias de realizarla con la sangre que ellos dieron y que está muy sospechada. A partir de que no podamos obtener ningún resultado, porque las muestras hayan sido contaminadas o por el paso del tiempo se hayan estropeado, la única vía que queda disponible, que está aparada por la Corte Suprema y regulada por la ley, es obtener una muestra nueva. Aunque ellos (Felipe y Marcela) no quieran.

Entonces falta ese paso.

La Jueza tiene que tomar la decisión de cómo avanzar en la causa, porque lo que hicimos nosotros fue una petición como una de las partes involucradas. Lo que falta ahora es que la jueza decida que medida va a adoptar y que se ejecute. Seguramente va a ser apelada por los abogados de Ernestina de Noble, que quieren evitar cualquier medio que esto avance. Nosotros lo que estamos esperando ahora que ella tome la decisión. Y sabemos que estos días que está demorada a raíz de unas medidas de prueba que ella tomó y unos oficios que tenía que cotejar, para reunir todos los elementos para poder tomar una medida.

Roberto Koira

Identifican al represor que fue jefe de El Vesubio

El juez federal Daniel Rafecas logró identificar a quien, bajo el apodo de El Francés, fue el jefe del centro clandestino de detención El Vesubio, que funcionó en La Matanza. El nombre del represor es Gustavo Adolfo Cacivio, tiene 67 años, es oficial de inteligencia del ejército y ya está detenido en la cárcel de Marcos Paz.

El Francés fue mencionado por muchos sobrevivientes de El Vesubio, porque su presencia era constante en interrogatorios y sesiones de tortura, a la vez que era quien decidía a quién torturar, o en qué sitio un detenido iba a ser alojado, dentro de las tres casas que componían el centro de detención.

Según explicaron en Tribunales, es posible que la identificación de El Francés repercuta en los tribunales federales de La Plata, dado que allí, durante 1977, también actuó en los centros clandestinos del circuito Camps un oficial de inteligencia del Ejército con ese apodo y que respondería a las mismas características. Si se confirma que es la misma persona, Cacivio sería también procesado como autor directo en secuestros y torturas respecto de víctimas de centros de detención platenses, como el Pozo de Arana, entre otros.

La detención de Cacivio se suma a trece ya imputados por Rafecas por las privaciones ilegales de la libertad y las torturas padecidas por más de 200 víctimas en El Vesubio. De los trece imputados, nueve están siendo juzgados actualmente ante el Tribunal Oral Federal 4. Respecto de los cuatro restantes –tres militares de alto rango y un agente del Servicio Penitenciario– el juez decretó el procesamiento el 16 de julio pasado, en una resolución en la cual realizó un análisis de la relación entre el centro clandestino de detención y de la División II de Inteligencia del Ejército.

Nuevo pedido en el caso Noble

La fiscal federal de San Isidro Rita Molina solicitó que se realice en "forma urgente" la pericia genética a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, con muestras de sangre y saliva ya existentes para determinar si son hijos de detenidos desaparecidos en la última dictadura.

El escrito fue presentado ante la juez federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien podría habilitar la feria judicial para ordenar la medida solicitada. La fiscal Rita Molina explicó que se requirió a la magistrada que ordene las pruebas con muestras extraídas a Felipe y Marcela Herrera Noble en diciembre pasado, en el ámbito del Cuerpo Médico Forense.

Estas muestras estuvieron en poder del ex juez del caso, Conrado Bergesio, desplazado por la Cámara Federal de San Martín y fueron recuperadas por Arroyo Salgado cuando se hizo cargo de la causa.

"Si la sangre y la saliva se encontrasen deterioradas, con bacterias por ejemplo, el Estado al que represento y soy funcionaria tiene la obligación de pedir otras medidas, incluso la extracción compulsiva. La verdad se va a saber tarde o temprano", enfatizó la fiscal.

Molina recordó el fallido intento por realizar los exámenes en base a prendas secuestrada a los Nobles y que se llevaron al Banco Nacional de Datos Genéticos.

"Los perfiles genéticos que se encontraron en las prendas que fueron requisadas a Marcela y Felipe son incompletos porque hay más de dos o tres contribuyentes sin ningún patrón completo, lo que significa que no se puede determinar con claridad el ADN de una persona", subrayó.

Y agregó que "incluso se encontraron perfiles genéticos superpuestos de hombre y mujer, en las prendas de Felipe, que era nueva y tenía ADN de tres personas, esto significa que pudo ser manipulada".

"Frente a eso el Estado al que represento y el Estado del cual soy funcionaria me pone en la obligación de recurrir a todo el campo legal para que se sepa la verdad", sostuvo.

También remarcó que el Banco de Datos seguirá realizando los estudios porque "se comprobó su profesionalismo y que tiene los recursos técnicos más elevados del país, dicho por los propios peritos de parte de las víctimas y la imputada".

Prisión preventiva para represores del “Vesubio"

El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento y prisión preventiva a cuatro represores, a quienes responsabiliza por decenas de delitos de "lesa humanidad" cometido en ese campo clandestino de detención. Alli estuvieron detenidos el escritor y periodista Haroldo Conti, el guionista de historietas Héctor Oesterheld y el director del cine Raymundo Gleyser, quienes permanecen desaparecidos.

La medida dispuesta por el juez Daniel Rafecas alcanzó a los ex coroneles Federico Antonio Minicuci, Faustino José Svencionis y Jorge Raúl Crespi, junto al ex agente de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Néstor Norberto Cendón, alias "Castro".

La desición se tomó en el marco de la "megacausa" en la que se investiga gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fuese reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

Los procesamientos y las prisiones preventivas fueron dictados por los hechos que tuvieron lugar en ese "centro de detención y tortura" que funcionó en el Partido de La Matanza, entre abril de 1976 y noviembre de 1978; y los represores se suman a los ocho juicio está llevando a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Cuatro desde el mes de diciembre último.

Minicucci fue imputado por su complicidad por los secuestros y torturas de 85 personas que permanecieron cautivas en `El Vesubio`, en función de su desempeño durante el año 1977 como jefe del Regimiento de Infantería III de La Tablada.

En dicho regimiento funcionó la Central de Reunión de Información (CRI), a cargo del Coronel de inteligencia retirado Jorge Raúl Crespi, quien fue detenido e imputado por el juez por los hechos que damnificaron a 102 personas que estuvieron en el centro de detención; en función de su calidad de integrante de la División II de Inteligencia.

Svencionis, por su parte, fue el sucesor de Minicucci, en 1978, en la Jefatura del Regimiento III de la Tablada, y el juez "lo responsabilizó por su intervención en el secuestro y tortura de 107 personas que pasaron por el centro de detención", en tanto a Cendón el magistrado lo imputó por "los mismos delitos de los que fueron víctimas 204 personas".

De acuerdo a las constancias del expediente la CRI, que funcionó en la sede del Regimiento III de La Tablada, "constituyó un eslabón fundamental en el plan de represión llevado a cabo en el ámbito geográfico perteneciente a la Subzona 11".

Rafecas recordó que esa central de inteligencia "tenía entre sus funciones la detención de personas, alojamiento e interrogatorio de detenidos, planificación y supervisión de operativos de detención; facilitación de los medios para tales procedimientos ilegales"

Y operaba "como reducto para la recepción de todo lo secuestrado en los domicilios de las víctimas: papeles, libros, documentación, ropa o incluso electrodomésticos".


Las víctimas "fueron sometidas a torturas en la medida en que padecieron un régimen de detención que implicaba: el tabicamiento, medios de sujeción e inmovilidad, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez", detalló el magistrado.

A esos tormentos, indicó el juez, se agregaba "la prohibición del habla, la amenaza constante con ser torturado físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, quemaduras o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas".

Entre quienes estuvieron ilegalmente privados de su libertad en "El Vesubio" se encontraban el escritor y periodista Haroldo Conti, el guionista de historietas Héctor Oesterheld y el director del cine Raymundo Gleyser, quienes permanecen desaparecidos.

Acto de solidaridad a Baltasar Garzón en la ex ESMA

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti el juez español fue homenajeado por Organizaciones defensoras de los derechos humanos, que le agradecieron la apertura de juicios en España cuando en la Argentina estaba vedada la Justicia por delitos de lesa humanidad y lo apoyaron en su decisión de investigar los crímenes franquistas. P&M dialogó con el director del Centro Eduardo Jozami.

Del acto a favor de Baltasar Garzón participaron la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH, CELS y SERPAJ.

En el homenaje hubo gran cantidad de oradores como Eduardo Luis Duhalde, Estela Carlotto, Horacio Verbitsky, Baltasar Garzón, Haydée Castelú, de Madres; Aldo Etchegoyen, de la APDH; Cristina Muro, de Familiares, y Hugo Cañón, de la Comisión Provincial de la Memoria.

Política&Medios habló con el director Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, quien destacó que “Es un acto de solidaridad con Garzón, de reconocimiento por todo lo que él hizo por la lucha contra la impunidad en la Argentina, en el momento que aquí era imposible procesar a los genocidas y también un apoyo por la situación que esta viviendo en España”.

“Los organismos de derechos humanos de la Argentina consideran inamisible la actitud que se ha tomado con Garzón separándolo de su función judicial en un intento de evitar la revisión de los crímenes del franquismo”, explicó.

Jozami opinó que “la afirmación de la justicia universal tuvo en Garzón a uno de sus pilares y por eso no puede excusarse la situación española. Entonces, decir que eso es un tema cerrado, que no se puede volver atrás, es un pensamiento profundamente equivocado”.

Y agregó que “a mi juicio ha tenido que ver también con el fortalecimiento de una derecha española, muy agresiva, muy cerril… y en ese sentido, nos parece que la actitud de Garzón debe ser absolutamente acompañada y este es el sentido del acto”.

“Este juez abrió un camino muy importante, primero con la detención de (Augusto) Pinochet y después con los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina. Esta fue una presión muy significativa para que se derogaran las leyes de impunidad en nuestro país y se pudieran llevar adelante los juicios”, destacó.

El director del Centro sostuvo que “La ESMA es tal vez el lugar más emblemático de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Garzón estuvo cuando los días en que fue recuperada por la decisión del gobierno nacional; él visitó el Centro Clandestino junto con los sobrevivientes y por eso nos parece que es el sitio adecuado para hacer este acto”

“Es decir, es una reafirmación de la política de derechos humanos por parte del gobierno nacional, como de los organismos de derechos humanos que también convocan al acto, y no hay mejor lugar para rendirle este homenaje y esta expresión de solidaridad a Baltasar Garzón”, argumentó Jozami.

El juez español, que hoy participará del acto por el 16 aniversario del atentado a la AMIA, se llevó del homenaje un acta de solidaridad firmada por 982 organizaciones y personalidades.

La mano dura para los más vulnerables

La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez realizó un relevamiento sobre la estigmatización de la imagen de los niños y adolescentes que se hace en los diarios El Día y Hoy de La Plata como generadores de delincuencia y violencia. P&M habló del tema con el coordinador del Comité contra la tortura de la Comisión provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García.

El trabajo de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez sobre la construcción de la imagen de niño, niña y adolescente en los diarios El Día y Hoy de La Plata, durante julio de 2008, dio como principal conclusión que estos medios, sobre todo a través de sus secciones policiales, niegan sus múltiples posibilidades y buscan remarcarlos sólo como delincuentes, peligrosos o violentos.

Los medios, entre los dos paradigmas desde donde se concibe la niñez: el de la promoción y protección integral de sus derechos y el de patronato, se ubica claramente en el de patronato, propiciando medidas de encierro como solución a diversas situaciones de vulneración de derechos.

Es clara la intención de “policializar” la situación de vulneración de derechos que sufren los niños implicados y las niñas implicadas en las noticias.

Por esta cuestión, Política&Medios consultó al coordinador del Comité contra la tortura de la Comisión provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, quien manifestó que “el diagnóstico que hace la Asamblea es coincidente con que estuvimos viendo en nuestro comité”.

“Hay en muchos casos una percepción que tiene que ver con una política de mayor encierro y represión hacia los pibes en situación de calle o los que se ven habitualmente limpiando los vidrios de los autos en las esquinas”, remarcó el abogado.

García afirmó que la estigmatización que los medios reproducen, y que lleva a adelante un sector importante de la sociedad, es perjudicial porque lo que hace “es perder de vista que la cuestión no pasa, justamente, por mayor prisión y encierro para estos pibes, sino por ver como los incluimos en la sociedad”.

“Los medios lo que hacen es contribuir a esa criminalización y a la estigmatización de que son pibes pobres y chorros y que nunca van a salir de esa situación. Por lo que la única alternativa es el encierro o la represión policial” reiteró.

El coordinador admitió que hay muchos chicos en situación de calle en La Plata y lo peor es que no hay un dispositivo municipal o provincial destinado a tratarlos o para trabajar con ellos.

“Esto acarrea un problema muy serio porque estos pibes se encuentran con el Estado cuando llegan al delito y los detiene la policía. No hay vallas de contención anteriores de educación o de distintos programas de inclusión que se podrían llevar adelante”, describió.

“Así no ven un Estado destinado a igualar las posibilidades de las personas, sino uno que los va a estigmatizar y que va a mantener los privilegios de una parte muy pequeña de la sociedad”, sostuvo García.

Por lo que el abogado consideró que “cuando hablamos de políticas criminales necesariamente tenemos que tocar el tema de la inclusión, la distribución de la riqueza y de como achicamos la brecha entre ricos y pobres”.

“Esto se agravó con la política de (Daniel) Scioli de darle mayor poder a la policía para que detenga más gente en la calle. Esto creo un problema de que las comisarías alojan 4.100 personas y en todo el sistema detención provincial de comisarías hay 30. 200 individuos”, informó.

Así García concluyó que “de este accionar los jóvenes, que son los más vulnerables, sufren la peor parte”.

Siguen las reuniones de los familiares de las víctimas de la represión en Bariloche

El abogado querellante Rubén Marigo le confirmó a Política&Medios que van a ser recibidos por el ministro de Justicia Julio Alak y que no está confirmado si tendrán una entrevista con la presidenta Cristina Fernández, aunque el encuentro podría ser con el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

El abogado de la familia Cárdenas, Rubén Marigo, explicó a P&M que son importantes estos encuentros “para que se tome en cuenta de que estos no son hechos aislados en este país. Puede ser un hecho bisagra si se toma conciencia que es necesario cambiar con esta política policial que se repite”.

Aunque tras el asesinato por gatillo fácil de Diego Bonefoi (15), y de Nicolás Carrasco (16) y Sergio José Cárdenas (29) durante la posterior represión policial, los crímenes todavía siguen impunes en Bariloche.

“Lo veíamos ayer en la Cámara de Diputados con otros familiares y también se da todos los días con un muerto por gatillo fácil en diferentes casos”, graficó el letrado.

Y propuso que “sería importante que a través del Consejo Nacional y en el Congreso por intermedio de la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos se establezca directivas claras para que se impulse una policía de prevención y no de represión”.

Para el abogado estos no son episodios casuales, sino que se van repitiendo y son parte de una metodología de la policía, enmarcada hacia un mismo núcleo social, el de los trabajadores o los sectores más marginados.

Marigo informó que “el 17 de agosto en Diputados se constituirían dos comisiones una de Derechos Humanos y otra de Justicia para ver como sigue el caso y para empezar a dar pautas para terminar con este tipo de metodología, que debe complementarse con una política de inclusión social”.

“Estas políticas de policía las maneja la provincia, creo que directivas a través del Congreso sobre el tema sería muy interesante. Para mí fue lo más positivo, ya que este es un paso fundamental”, afirmó.

El letrado destacó que con esto quedó clara la falta de política en ese sentido de Río Negro. “Esta comisión va a ser algo muy duro para la provincia, no se pueden seguir haciendo oídos sordos”, subrayó.

“Por eso de pedimos la renuncia del ministro de Gobierno (Diego Rodolfo Larreguy) fuertemente cuestionado por nosotros y por la Defensora del Pueblo (Ana Piccinini). Es una cuestión fundamental cuando el gobernador (Miguel Saiz) dijo que no lo iba a tocar hasta que la justicia no se expidiera”, advirtió el abogado.

Por su parte, el juez Martín Lozada, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de San Carlos de Bariloche, encabezó ayer una inspección ocular en las inmediaciones de la Comisaría N º28 de esa ciudad, en el marco de la investigación por las muertes de dos jóvenes ocurridas en junio pasado.

En el reconocimiento estuvieron presentes el magistrado, familiares de los jóvenes fallecidos Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, así como también algunos testigos.

Sobre esto, Marigo detalló que “fue interesante lo de la inspección ocular, se pudo reconstruir como fue el hecho y quedó claro que las balas fueron de la policía. Algo que fue corroborado en las autopsias, donde los cuerpos tenían perdigones de los cartuchos que usan habitualmente la policía antidisturbios”.

Caso Noble: Para Abuelas la extracción de sangre será la última opción

Alan Iud, abogado en el juicio realizado para establecer la identidad de los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, sostuvo que “estamos esperando que declaren los peritos y que profundicen algunos puntos del informe. Después veremos que medidas pedimos”.

El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud afirmó que “hay una serie de alternativas dentro de las cuales la extracción de sangre compulsiva es la última opción” para saber la identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera.

“Así que queremos ver si antes no hay medios alternativos para tomar el ADN. Para eso necesitamos el informe de los peritos. Si fracasan todos los medios alternativos, es una opción que está autorizada por la ley”, sostuvo el letrado.

Con respecto a las declaraciones de Gabriel Cavallo, defensor de Ernestina Herrera de Noble, quien dijo que "aunque los resultados diesen positivos, yo quiero el hueso" del desaparecido, Iud manifestó: “Lo que dice es una aberración, pedir eso de gente que no sabemos donde está. No resiste el menor análisis y es ofensivo”.

“Ahora si pide una contraprueba, el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene la información genética suficiente como para que pueda repetirse el estudio cuantas veces sea necesario”, explicó el abogado.

Y agregó que “si además no confía en lo que tiene reservado el Banco pueden los familiares, en caso si hay un resultado positivo, brindar su muestra biológica, sea sangre u otro tipo de material nuevamente”.

Aunque Iud ve en estos dichos otras intensiones, ya que “es un absurdo y una ofensa, que además esconde que la cuestión de que según ellos no se puede hacer una contraprueba, algo que es absolutamente falso”.

Una práctica habitual de la Bonaerense

El Comité contra la tortura de la Comisión provincial por la Memoria, presentó una denuncia contra dos policías de la Comisaría Primera de La Plata, por amenazas y golpes a jóvenes en situación de calle. Su coordinador, el abogado Roberto Cipriano García, le explicó a P&M que “es algo que viene sucediendo desde hace tiempo.”

El coordinador del Comité contra la tortura de la Comisión provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, informó que “se hace la denuncia porque las características del hecho son terribles, un pibe está desfigurado de los golpes que le dieron”.

El abogado detalló a Política&Medios que “son amedrentados por su condición social y por una decisión de la institución de que los pibes no estén en la calle. Por lo que tratan todo el tiempo de correrlos del centro para que vuelvan a los barrios. En eso hay una persecución con los chicos”.

“Es una práctica habitual de policía y no solo en la ciudad de La Plata, esta actuación la venimos relevando esencialmente en todo del conurbano donde hay muchas denuncias de prácticas policiales abusivas. Y de esto se ha venido agravando desde hace dos años”, subrayó el letrado.

En este caso todo comenzó el domingo 27 de junio cuando un joven que se encontraba recostado en un banco de la plaza San Martín de la ciudad de La Plata y fue despertado con amenazas, insultos y golpes por dos personas que se identificaron como policías, uno de civil y otro con uniforme.

De acuerdo al relato del muchacho, los agentes le gritaron que si persistía en quedarse en el lugar “la iba a pasar mal”. Al finalizar la golpiza – que duró entre 5 y 10 minutos- los policías se retiraron del lugar sin llevarlo a la Comisaría.

Inmediatamente después la víctima se dirigió a la casa de una amiga, quien lo ayudó a curarse. Al día siguiente se dirigió al Hospital Rossi, para recibir tratamiento por los golpes y el dolor sufrido, sin embargo, el médico de guardia que lo atendió no le brindó la atención adecuada, debiendo actuar en su lugar un enfermero.

Efectuada la denuncia ante el Comité contra la tortura, se constataron las lesiones en la guardia del Hospital San Juan de Dios.

“Nosotros lo que hicimos fue hacer una denuncia penal y esta situación ya la hemos denunciado en el congreso provincial, planteado a los ministros del área, pero hay poco respuesta del gobierno de (Daniel) Scioli”, describió el coordinador.

Para García hay una decisión política del gobierno provincial para que la policía actúe de esta manera, ya que se busca “estigmatizar a estos sectores, perseguirlos y con alguna justificación legal se detenerlos. Esto tiene que ver con la decisión de que circulen lo menos posible”.

De acuerdo al escrito presentado en la fiscalía por el Comité contra la tortura, “las lesiones sufridas son evidentes a simple vista, con diversos hematomas y excoriaciones en su cuerpo, sobre todo el rostro, sus ojos se encuentran muy inflamados con hematomas, permaneciendo cerrado su ojo izquierdo”.

El joven – que trabaja como limpiavidrios en la ciudad de la Plata- manifestó que ya conocía al personal policial que lo agredió de anteriores oportunidades y que ya había sido increpado cuando pernoctaba junto a otros jóvenes en la explanada del Teatro Argentino debido a que en ese momento no tenía vivienda.

Esos mismos policías los amenazaban todas las mañanas de forma violenta con que los iban a prender fuego, pegándoles patadas, diciéndoles que si no iban a robar para ellos les iban a “armar una causa” y a meter presos.

Estos hechos de hostigamiento y persecución en la explanada del Teatro Argentino, sucedieron durante el año 2010 en los meses de marzo, abril y mayo.

Córdoba: se inició el juicio contra Videla y Menéndez

“Se trata del juzgamiento de los máximos responsables del genocidio argentino", subrayó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Además del ex dictador y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, otros 23 represores están imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, destacó que este proceso contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez “Es un paso muy grande en el avance del proceso de verdad memoria y justicia, del juzgamiento de los responsables del período más cruel de la historia argentina”.

El funcionario señaló que el proceso judicial “no va a ser breve por la cantidad de testigos que hay” y manifestó su expectativa de que “se haga un juicio justo”.

Videla y Menéndez comenzarán a ser juzgados hoy en dos casos: uno por el fusilamiento de alrededor de treinta presos políticos y el otro por secuestros y tormentos cometidos por el Departamento de Informaciones Policiales (D2).

La causa, denominada UP1, tienen como principal imputado a Videla y tiene que ver con el fusilamiento de presos políticos ocurridos entre abril y octubre de 1976, en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) de la ciudad de Córdoba.

Las víctimas fueron detenidas antes del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1974 y estaban a cargo del Poder Judicial acusadas de infractores a la Ley Antisubversiva y fueron masacrados a balazos en distintas circunstancias aplicando la Ley de Fugas (fraguando fugas para justificar sus ejecuciones).

Este proceso tiene un total de 32 víctimas y junto a Videla y Menéndez están imputados otros 23 represores por los delitos de `homicidio calificado, tormentos agravados y tormentos seguido de muerte`.

En la causa Gontero o Urquiza tiene 6 víctimas y 6 acusados, con Menéndez como el principal imputado y los delitos por el que deben responder son el de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados.

Este es el tercer juicio por delitos de Lesa Humanidad que se realiza en Córdoba y el primero a Videla después del juicio a los miembros de la Junta Militar.

Por tercera vez el Tribunal de enjuiciamiento, a cargo del Oral Federal 1, estará presidido por Jaime Díaz Gavier, acompañado en esta oportunidad por los vocales Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo, en tanto que como cuarto juez estará Carlos Arturo Ochoa.

La acusación será representada por los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, con la secretaría a cargo de Pablo Bustos Fierro.