Represión de la Metropolitana: “No es así como se recupera el espacio público en democracia”

Continúan las repercusiones luego del violento accionar de la Policía de Macri en el desalojo y demolición de varios locales que estaban alrededor de la estación de trenes de Liniers. Política&Medios charló con los legisladores Eduardo Epszteyn y Marcelo Parrilli. Ambos coincidieron en que el Gobierno porteño está mostrando su perfil más autoritario.

El lunes pasado, la Policía Metropolitana debutó en las ligas mayores de la represión con un saldo de cuatro heridos y siete detenidos. Para el legislador de Dialogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, el desalojo en Liniers fue absolutamente autoritario y arbitrario, ya que “el cumplimiento de la ley lo que hubiese marcado era que esos locales, en principio, fueran clausurados, pero no desalojados con ese nivel de violencia, ni topadoras”.

“No es así como se recupera el espacio público en democracia. No se puede hacer una intervención de ese tipo sin una orden judicial”, remarcó a P&M.

El ex ministro de Espacio Público de Aníbal Ibarra consideró que este accionar de la nueva policía porteña es un mal antecedente: "A poco del aniversario de la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, que se produzca un evento de este tipo está indicando hacia dónde quiere ir el macrismo con las políticas de seguridad y para qué quieren usar a la Metropolitana”.

“Es una política autoritaria que intentarán aplicar para la venta ambulante y la ocupación del espacio público. En estos temas está el derecho que tenemos todos al espacio público, pero también el de la gente que lo ocupa para ganarse el pan”, explicó Epszteyn.

Según el legislador, hay que compatibilizar las dos cosas y buscar consensos, ya que “no se puede ir con la topadora y la policía a herir gente. Estamos absolutamente en contra de este tipo de método”.

“Por la inacción en que se encuentra su gobierno, Macri quiere generar todo el tiempo hechos polémicos y marketineros que generen división en la opinión pública y debate. Es un discurso autoritario en el que apela a encontrarse con lo peor de su base electoral”, agregó.

Por su parte, el legislador del MST, Marcelo Parrilli, tampoco ahorró críticas frente al accionar macrista en el desalojo de Liniers: “Esta no es una cuestión de espacio público, sino de derechos humanos y creo que fue un debut de la Metropolitana para mostrar su perfil totalmente alejado del de policía comunitaria”.

“Con este desalojo, más el intento de sancionar leyes reprimiendo a motoqueros, trapitos y cuidacoches, se crea un mensaje autoritario directamente dirigido hacia su base más próxima y hacia los sectores más conservadores, en el sentido que hay mano dura”, describió Parrilli coincidiendo con su colega Epszteyn en el tema.

El integrante de la comisión Protección y Uso del Espacio Público sostuvo en P&M que “Macri considera que a todos aquellos sectores que no encuadran en el proyecto político del PRO hay barrerlos de las calles. Este gobierno se caracteriza por hacer grandes negocios privados con el espacio público para cederlos a empresas o amigos”.

“A los trabajadores, a los sectores populares y a los más marginados Macri trata de borrarlos del espacio público y vender eso como defensa del mismo. Es la continuación de lo que hacía la UCEP, con otro aparato no menos violento”, afirmó el diputado.

Parrilli consideró que probablemente se quiera replicar esto en Retiro o en Florida, aunque “el tema es si políticamente va a tener posibilidades de hacerlo, ya que evidentemente no sólo va a haber críticas, sino reclamos concretos de los sectores afectados”.

Córdoba: se inició el juicio contra Videla y Menéndez

“Se trata del juzgamiento de los máximos responsables del genocidio argentino", subrayó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Además del ex dictador y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, otros 23 represores están imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, destacó que este proceso contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez “Es un paso muy grande en el avance del proceso de verdad memoria y justicia, del juzgamiento de los responsables del período más cruel de la historia argentina”.

El funcionario señaló que el proceso judicial “no va a ser breve por la cantidad de testigos que hay” y manifestó su expectativa de que “se haga un juicio justo”.

Videla y Menéndez comenzarán a ser juzgados hoy en dos casos: uno por el fusilamiento de alrededor de treinta presos políticos y el otro por secuestros y tormentos cometidos por el Departamento de Informaciones Policiales (D2).

La causa, denominada UP1, tienen como principal imputado a Videla y tiene que ver con el fusilamiento de presos políticos ocurridos entre abril y octubre de 1976, en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) de la ciudad de Córdoba.

Las víctimas fueron detenidas antes del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1974 y estaban a cargo del Poder Judicial acusadas de infractores a la Ley Antisubversiva y fueron masacrados a balazos en distintas circunstancias aplicando la Ley de Fugas (fraguando fugas para justificar sus ejecuciones).

Este proceso tiene un total de 32 víctimas y junto a Videla y Menéndez están imputados otros 23 represores por los delitos de `homicidio calificado, tormentos agravados y tormentos seguido de muerte`.

En la causa Gontero o Urquiza tiene 6 víctimas y 6 acusados, con Menéndez como el principal imputado y los delitos por el que deben responder son el de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados.

Este es el tercer juicio por delitos de Lesa Humanidad que se realiza en Córdoba y el primero a Videla después del juicio a los miembros de la Junta Militar.

Por tercera vez el Tribunal de enjuiciamiento, a cargo del Oral Federal 1, estará presidido por Jaime Díaz Gavier, acompañado en esta oportunidad por los vocales Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo, en tanto que como cuarto juez estará Carlos Arturo Ochoa.

La acusación será representada por los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, con la secretaría a cargo de Pablo Bustos Fierro.

Estudiantes tomaron un colegio de Once

Cansados de esperar respuestas, los alumnos de la Escuela Técnica Número 26, Confederación Suiza, ocuparon las instalaciones del centro educativo en protesta por la falta de calefacción, de electricidad y otros problemas edilicios. Los chicos reclaman una respuesta del Gobierno de la Ciudad para suspender la medida de fuerza.

Un grupo de alumnos tomó la Escuela Técnica Número 26, Confederación Suiza, en el barrio porteño de Once, para reclamar al gobierno de Mauricio Macri por la falta de gas y electricidad en el inmueble.

Los estudiantes, que ocupan el edificio de la Avenida Jujuy 225, iniciaron ayer las medidas de fuerza para protestar por los problemas en las instalaciones educativas.

"Vamos a mantener las medidas de fuerza hasta que nos den un papel firmado con una respuesta", advirtió uno de los estudiantes que es parte de la protesta.

El jueves por la tarde, los alumnos del colegio realizaron un piquete sobre Avenida Jujuy para iniciar el reclamo, ya que denunciaron que a los problemas de calefacción por la falta del suministro de gas ahora se suman los inconvenientes en el servicio de electricidad, por los que no funcionan los ascensores.

Algunos grupos empresarios evalúan la compra de Crítica

Fuentes allegadas al matutino le confirmaron a Política&Medios que habría avanzadas gestiones para que se hagan cargo de la continuidad del diario. Los trabajadores realizaron una marcha hacía la sede del Gobierno de la Ciudad y la Casa Rosada donde exigieron que se abonen los avisos publicitarios y así poder cobrar parte de los salarios adeudados.

Mientras los trabajadores se movilizaron para reclamar deudas del Gobierno de la Ciudad y de la Nación para cobrar sus haberes, algunos grupos empresarios estarían interesados en adquirir el diario Crítica, según confirmaron a P&M varias fuentes, aunque mantuvieron reservas de los nombres de las firmas.

El 11 de junio pasado la justicia comercial abrió el concurso preventivo de acreedores. A pesar de ello, la empresa encabezada por el español Antonio Mata, ex vaciador de Aerolíneas Argentinas, y por Marcelo Figueiras, dueño del laboratorio Richmond, se encuentra en una virtual fuga. Dejaron de pagar salarios, servicios y hasta de garantizar el derecho a la salud de sus trabajadores.

Ajenos a toda especulación, los empleados del matutino salieron este mediodía de la redacción, ubicada en Maipú 271, para movilizarse con más de 150 personas en busca de soluciones concretas a sus problemas laborales.

El primer lugar por donde pasaron fue la Jefatura de Gobierno porteña. Allí estuvieron en la puerta junto con militantes de ATE, la CCC, el MST, el PO, la CTA Capital y Nacional, agrupaciones estudiantiles y la FUBA.

“Nos reunimos en Hacienda con el ministro Néstor Grindetti que se comprometió al desembolso de toda la plata que le debe al diario. Todo el dinero que entra es para los trabajadores, ya que por el concurso de acreedores tenemos prioridad de cobro por los dos sueldos y medio que nos deben”, le contó a P&M un integrante de la comisión interna.

Son 350.000 pesos que la ciudad pagaría entre el lunes o martes de la semana que viene y Grindetti se comprometió a abonarlo con un cheque para que no se pueda ser desviado a las cuentas de Antonio Mata.

En Casa de Gobierno fueron recibidos por Alfredo Scoccimarro, el secretario de Medios, que les dijo a los trabajadores que ya habían iniciado gestiones a su favor el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El secretario se comprometió a acelerar los tiempos en la medida de lo posible para que también puedan cobrar los 410.000 pesos que debe el Estado Nacional en concepto de publicidad.

“De esta manera estaríamos cobrando una buena parte de lo adeudado y la empresa sigue en concurso, por lo que seguimos con las negociaciones para que haya una continuidad de la fuente de trabajo sea con esta u otra empresa”, confirmó un delegado del diario.

En la lista de deudores también están los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y la Municipalidad de Rosario.

Un pasado revolucionario que influye en el proceso de cambio latinoamericano

El escritor boliviano Néstor Taboada Terán presenta en Buenos Aires el libro “Estandarte de libertad”, un ensayo histórico sobre las rebeliones de Chayanta, Tungasuca, Madrid, Charcas, La Paz, Quito y Buenos Aires. Política&Medios charló con el autor para desentrañar el pasado oculto de América Latina.

Con la presencia de Néstor Taboada Terán, la editorial Punto de Encuentro realizará hoy a las 19 la presentación de su nuevo libro en la sala Floreal Gorini, en el tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543.

En “Estandarte de Libertad”, el escritor boliviano no sólo cuenta la historia de las rebeliones Chayanta, Tungasuca, Madrid, Charcas, La Paz, Quito y Buenos Aires, sino que también pone en duda innumerables hechos históricos que habitualmente se dan por ciertos.

P&M habló con Taboada Terán para conocer cómo ese pasado oculto y revolucionario de América Latina influye en el actual proceso de cambio que vive la región, mientras muchos mitos e historias oficiales se vienen abajo o son cuestionadas.

¿Qué lo llevó a hacer este libro?

He estimado conveniente hablar de todos los ensayos de rebeliones en pro de la independencia, ya que con el Bicentenario no he querido estar indiferente. Frente a esto mi posición es bien clara, hace más o menos 50 años que yo voy persistiendo en Bolivia y en América Latina sobre el estudio profundo de nuestras inquietudes y anhelos de libertad y de independencia que nos han animado todo el tiempo.

Usted en el libro hace hincapié en que la primera revolución en el mundo se dio en América con Tupac Amarú.

Efectivamente, Tupac Amarú y Tupac Katari son dos indios fabulosos que comenzaron una rebelión armada tremenda contra la dominación española. O sea que son los precursores en cierta manera en la humanidad, porque diez años antes de la Revolución Francesa los indios ya se habían lanzado a la lucha por la libertad y la independencia. Entonces eso me parece aleccionador para darnos cuenta de la magnitud con que estaban animados los indios insurrectos en nuestra América.

¿Por qué siempre se nombra a la Revolución Francesa como antecedente de las luchas por la independencia que se sucedieron en América y no se nombra a esa primera revolución?

Hubo una especie de ocultamiento y de falsificación de los hechos de la historia. Por ejemplo, los historiadores en mi país, especialmente los pioneros de la investigación histórica, taparon las insurrecciones campesinas. Tupac Amarú y Tupac Katari, hasta hace poco, prácticamente no existían. Solo existía la revolución a partir de los movimientos de los hijos de los españoles, es decir de los criollos. Y estos rebeldes criollos progresistas comenzaron primero apoyando a los indios, que fueron la base más honesta de la rebelión americana. Ahora lo notable es que algunos americanos como el caso de Mariano Moreno fueron realmente avanzados al hacer una revolución para fundar un diario, como fue La Gaceta de Buenos Aires, o hacer la Biblioteca Nacional o traducir un libro como El contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, para inculcar la idea de la emancipación. Ahí se ve el contenido liberador del que estaban animados nuestros próceres.

¿Qué expectativas tiene con la presentación del libro?

Estoy muy contento de publicar lo que estimo que será un libro capital dentro de la concepción histórica que se tiene de los movimientos revolucionarios. Me siento alegre porque me considero un producto de la cultura argentina, ya que viví en el exilio cerca de diez años en Buenos Aires. Entonces cuando yo llego a la Argentina les digo a mis amigos: “he venido a darme un baño cultural” y eso implica que el estudio de la historia me anima aquí a casi vivir en las librerías y bibliotecas.

En esa reivindicación histórica del papel indígena en América Latina, ¿cuánto tiene que ver el hecho de la aparición de Evo Morales?

Ese es un fenómeno casi increíble porque Bolivia es un país muy discriminador. Los criollos son muy conservadores, ya que los hijos de los españoles se creen herederos de toda la opresión de estos 200 años. Entonces, que aparezca un indio elegido constitucionalmente por cinco años y que sea reelegido por otros cinco más, es una cosa que no conciben las clases dirigentes. Pero es algo que, históricamente, se veía venir y resultaba inevitable. Para esto han coadyuvado muchos próceres argentinos como el cura José Antonio de Medina, que dirigió la revolución de La Paz de 1809, y tenemos también a otros integrantes que se han agregado a nuestra historia, como el Che Guevara. Estas figuras nos unen íntimamente en nuestros anhelos de liberación social y nacional.

Roberto Koira

Fuertes críticas a la exposición de Rodríguez Larreta en la Legislatura

Diputados de la oposición estimaron que el jefe de Gabinete no brindó explicaciones sobre la gestión macrista de los últimos seis meses como establece la Constitución de la Ciudad, sino que utilizó su presencia en el recinto para reclamar la sanción de leyes de mano dura.

En un comunicado los legisladores del Encuentro Popular para la Victoria, Juan Cabandié, Gabriela Alegre Francisco "Tito" Nenna, y María José Libertino, expresaron que "para el macrismo en la Ciudad no existen ni la mortalidad infantil, ni problemas en las escuelas porque nada de eso fue mencionado en el informe del Jefe de Gabinete y nos quiere convencer de que el problema más grave de los porteños son los trapitos, los limpiavidrios y los motoqueros”.

Según los diputados kirchneristas, "Rodríguez Larreta porfía con la idea de que el principal problema de los porteños es la delincuencia mientras los techos de las escuelas se caen a pedazos, la mortalidad infantil aumenta de modo alarmante y la Policía Metropolitana echa mano de mecanismos represivos propios de la última dictadura"

Durante su exposición el Jefe de Gabinete de la ciudad explicó que “las leyes en materia de seguridad son un reclamo a gritos de la gente en las calles” y pidió a los legisladores opositores que “se animen a debatir estas leyes porque son necesarias para los porteños”.

Por lo que anunció que continuarán con “la ampliación de la Policía Metropolitana con la inauguración de dos nuevos centros antes de fin de año”.

Ante las palabras de Rodríguez Larreta, varios legisladores de la oposición cuestionaron la política de seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Como Fabio Basteiro, presidente del bloque Proyecto Sur, quien en su intervención expresó su “enérgico rechazo a responsabilizar a la oposición de los problemas de seguridad”.

En una misma sintonía, Diego Kravetz, titular del bloque Peronista, le respondió al jefe de Gabinete al afirmar que “si hubiésemos debatido la ley de motochorros, la muerte del joven de Belgrano hubiese sucedido igual porque el proyecto estaba destinado sólo al microcentro”.

Y denunció que "el vicejefe de Eugenio Burzaco, Héctor Barúa cobra 16mil pesos por mes y los 4 superintendentes que le siguen en el cargo cobran 18mil pesos por mes, pese a no estar nombrados en sus respectivos cargos".

Sumándose a las críticas, Juan Cabandié, de Encuentro Popular para la Victoria, recordó que “el primer jefe de la policía de Macri fue una persona vinculada al delito”, en referencia a Jorge “Fino” Palacios, procesado por encubrimiento en el atentado a la AMIA.

Por otra parte, los legisladores del Proyecto Sur, Jorge Selser y Maria Elena Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, pidieron la renuncia del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, por el “fracaso de su gestión por el incremento de la mortalidad infantil, la paralización de las obras en hospitales y la falta de insumos”.

Polémica por la modificación del Consejo de la Magistratura

El jefe del bloque kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi, afirmó que "la reforma de la Magistratura que propone la oposición es una involución". En sintonía su compañero de bancada, Alejandro Rossi, dijo que "estoy convencido de este cambio es un retroceso en calidad de participación republicana".

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y giró al Senado un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por la oposición que propone aumentar de 13 a 18 el número de integrantes del organismo de selección y remoción de jueces.

Esta iniciativa fue criticada por varios sectores como el diputado Agustín Rossí cuando subrayó que "la reforma de la Magistratura que propone la oposición es una involución, ya que le están dando más poder a las corporaciones".

También expresó su disconformidad con la medida el legislador del Frente para la Victoria Alejandro Rossi, quien señaló que el cambio aprobado en la Cámara baja también representa un "retroceso en el control del funcionamiento del único poder que no tiene base electiva" y que por eso "merece una mirada más severa".

"El control debe ser más severo porque en el Poder Judicial los jueces permanecen en sus cargos de por vida" y que el proyecto que recibió media sanción ayer "es una clara involución porque la composición aprobada deja en personas interesadas la designación y las instancias de control", manifestó.

El diputado sostuvo que "un juez debe ser independiente del Poder Político pero también de cualquier otro tipo de poder, incluso de aquellos que pueden provenir del propio Poder Judicial".

"Hay una idea de asepsia que no existe", detalló y aclaró que "aparece como un castigo a la representación popular, que es lo que se debería fortalecer".

"Hay coincidencia en los objetivos, pero hay una disidencia absoluta en los mecanismos", deslizó Rossi, quien consideró que "el futuro dirá quien tenía razón".

Desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, dijeron que la reforma “atenta contra el equilibrio”. Su presidente, Eugenio Cozzi, se manifestó en contra del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por la oposición.

“Nuestra posición fue contraria a este proyecto”, explicó Cozzi en declaraciones radiales. “Cuando tomamos conocimiento del proyecto, aún cuando se estaba tratando en las comisiones, nos manifestamos en contra”, reiteró.

“Cuando estaban barajándose algunos proyectos nosotros acompañamos e hicimos uno superador, pero este dictamen y esta media sanción vuelve a poner las cosas para atrás y nos manifestamos en contra”, destacó.

Cozzi argumentó su disconformidad con el proyecto presentado por la oposición al cuestionar principalmente tres puntos: “En primer lugar, la reinstalación del presidente de la Corte a cargo del Consejo. Eso es perjudicial, no está dentro del esquema previsto en este equilibrio que hay que buscar”

Y agregó: “En nuestro proyecto decía que había que incorporar a un miembro de la Corte pero en igualdad de condiciones al resto de los demás miembros que integran el organismo, con un sentido rotatorio, y los pone a todos en igualdad de condiciones”.

En segundo término, el titular del Colegio criticó “la cuestión de los representantes de las Cámaras; deben ser representantes y no senadores o diputados en actividad” y explicó que “la propia actividad le quita tiempo para abocarse a los tiempos de la Justicia, y porque hay una intromisión de uno de los poderes en los otros”.

En tercer lugar, Cozzi cuestionó la medida tomada respecto a la elección de los abogados: “Le entrega la administración de la selección del representante de los abogados por la Capital Federal en el Consejo a la FACA, es una Federación de Colegios de Abogados voluntaria y el Colegio de Abogados de la Ciudad no pertenece”, sostuvo.

“Así, el Colegio que tiene el control de matrícula más grande del país de abogados, no va a estar y eso violenta cualquier equilibrio que pretenda el organismo”, reafirmó en el mismo sentido.

Por otro lado afirmó que no hay preeminencia del oficialismo: “Hay que ver la decisiones que se han tomado en el Consejo, no ha habido preeminencia del oficialismo, el sector político acompaña al sector político”.

“Incluso en la parte más álgida como pedidos de juicio político, hay casos que las causas no han sido desestimadas por pedidos de la parte llamada minoría política en el Consejo así que esto de la preeminencia mayoritaria hay que tomarlo con pinzas”, completó.

“Este Consejo consultivo va a ser ingobernable”, argumentó Cozzi, quien se mostró desorientado con los que promueven el proyecto, ya que según su opinión “critican el tema presupuestario y ahora van a tener que asignarle medios y personal para que funcione y para una finalidad que ni sabemos bien para qué va hacer”.

“Esto va a ser un aquelarre de opiniones que no creo que consiga el objetivo”, concluyó.

La norma fue impulsada por el radicalismo, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el socialismo, el PRO, el GEN, el juecismo y Proyecto Sur.

Se trata de un texto consensuado por el arco opositor, después de arduas negociaciones en las que se incorporaron sustanciales cambios respecto del proyecto original.

El oficialismo rechazó la iniciativa, al considerar que "pone el peso principal en las corporaciones" y defendió en el recinto la reforma planteada al organismo en 2006 por la entonces senadora nacional y hoy presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fijó en 13 el total de miembros del consejo.