Pese al boicot opositor, siguen las audiencias por el proyecto de papel de diario

El proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, diseñado para declarar de interés público la producción, venta y distribución de papel de diarios continúa su marcha en el Congreso, a pesar de las obstrucciones y boicots de la oposición. Así lo reconoció en diálogo con P&M Juliana Di Tullio, titular de la comisión de Comercio.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, venta y distribución de papel de diarios. Pero la oposición político-mediática promovió (y promueve) una serie de medidas con el objeto de boicotear las audiencias convocadas por la comisión de Comercio.

Política&Medios dialogó con la presidenta de esa comisión, Juliana Di Tullio, diputada del Frente para la Victoria (FpV), quien dijo que "el grupo del Peronismo Federal, la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO se han expedido públicamente: no quieren discutir el tema. Lo que no quieren, además, es darle (al tema) la difusión que se merece”.

¿Cómo fue la exposición de los directores de los diarios que fueron a la primera audiencia como Ámbito Financiero, Página/12 y Crónica?

Fue muy interesante. Ámbito Financiero presentó el balance de 2009. Denunció haber pagado 2 millones de pesos más por el papel, dado el monopolio que hay. En el caso de Crónica, lo que se hizo es una referencia histórica: cómo, antes de la adquisición de Papel Prensa por el Grupo Clarín y La Nación, vendía 700 mil ejemplares y hoy vende el 10 por ciento de esa cifra. Y cómo están obligados a achicar sus páginas. Si vos pesás un Clarín del domingo, la diferencia con Crónica es abismal. Es que uno es el productor del insumo y los demás tienen que importarlo. La gente de Página/12 contó que en los primeros años, su tirada dependía de la plata que se juntara día a día. Tiene un cupo muy pequeño de Papel Prensa y el resto lo tiene que importar. Pero además ligaron el papel con la publicidad que hay dentro. Es decir, que a mayor cantidad de papel, mayor posibilidad de tirada. Esto concentra la publicidad en Clarín, no en Página, y los obliga a tener menor tirada y menos recursos publicitarios, es un círculo vicioso. Es un diario de menor impacto por tener menos publicidad.

Las audiencias van a continuar. ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Las audiencias continúan dos semanas más, los martes y jueves. Luego, empezamos a discutir los proyectos que están en comisión. Son cuatro: el del Ejecutivo; el del diputado (Omar) De Marchi, que pide que el Estado venda sus acciones: el de (Roberto) Mouilleron, del Peronismo Federal, que pide arancelamiento “0” para las importaciones; y el último que ingresó, de la diputada (Paula) Merchan, del bloque Proyecto Sur, también declarando a la producción de papel de interés público, pero con un marco regulatorio específico.

¿Hay posibilidades de que haya un acuerdo para que salga una ley más amplia?

Creo que sí. Mi aspiración es establecer un dictamen de consenso, sobre todo con los bloques que van en la misma dirección nuestra. Así que imagino que sí, que va a ser posible. Aunque en la oposición no hay interés en debatir, hay una resistencia a debatir el tema, lo cual es muy complicado. Querer terminar con las audiencias públicas en la Argentina, como mínimo, es contradictorio.

Y más cuando siempre se ha dicho que el Congreso es el que tiene que interactuar con la sociedad.

A este proceso se lo ningunea, se lo intenta embarrar con impugnaciones. Si tienen los votos sacarán a la comisión de Comercio de la cabecera del proyecto, pero las audiencias van a seguir estando. Esta es la comisión que se encarga del abastecimiento interno del país. Y en este caso, del papel. Pero a veces ciertas mayorías pueden desoír el reglamento.

Recalde defiende su proyecto de distribución de riqueza

Es el que propone un Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas y busca hacer operativa una cláusula de la Constitución Nacional -inserta en la reforma de 1957- orientada a que los empleados reciban parte de las utilidades de las compañías donde trabajan.

Desde que el diputado Héctor Recalde presentó el proyecto para crear un Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas, la iniciativa despertó la polémica por parte de algunos empresarios que no quieren que se les toquen sus ganancias. Política&Medios charló con el legislador para conocer algunos detalles sobre este proyecto de ley.

¿Por qué en la ley se habla de un consejo tripartito?

Para la implementación de este proyecto nos pareció interesante la idea de constituir un consejo tripartito con 4 representantes del estado (2 Ministerio de Trabajo y dos de Economía), 4 de los empleadores y 4 de la CGT. Una de las facultades del Consejo es establecer el piso con el cual se distribuyen las ganancias. Entonces, al tener en consideración los elementos que esta ley indica, se forma una cosa más equitativa y más justa.

Esto vendría a ser como el Consejo realiza un análisis para establecer después el piso.

Claro, en algún caso es “ejemplificativo”: No se como lo resolverá el Consejo, en algún caso el piso será del tres por ciento y de otros casos será del diez. Es la facultad que tiene este consejo con todos los sectores de la producción.

¿No es qué se limita solamente a que sea el diez por ciento?

A partir del excedente, se cuenta este diez por ciento, aunque a veces el piso puede ser del cero por ciento 0 también. Y a ese diez se le saca un 5 por ciento que va destinado a fondos solidarios para los trabajadores que están en negro. Esta es otra forma de desalentar la contratación en negro, que es un delito. Es decir para blanquear y compensar.

En este proyecto la UIA empezó como con los tapones de punta. ¿No es como que han bajado el tono?

Empezaron con descalificaciones, pero la verdad es que trato de no perder tiempo con esas cosas. Lo que yo creo es que hay un juicio sobre lo desconocido, es decir un prejuicio. Aunque veo algunos movimientos interesantes, me enteré que el grupo sindical del sector de Ricardo Alfonsín se ha expresado partidario de esto. Hay algunas declaraciones interesantes de algún dirigente de IDEA, que dijo no están en contra pero que tenía que ser consensuado. La participación, en definitiva, es a partir de algo en lo que soy absolutamente intransigente, que nadie puede desconocer el derecho de los trabajadores porque está en la Constitución Nacional. A partir de esto soy dúctil para llegar a acuerdos.

Ya son 102 los nietos recuperados

El último encontrado es un abogado de 32 años, hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos en 1977. Nació en la ESMA. El anuncio lo hizo Abuelas de Plaza de Mayo en una conferencia.

Otro nieto fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, es hijo María María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desparecidos en 1977. Su titular, Estela de Carlotto explicó que el joven está al tanto de su verdadera identidad, pero aún permanece anónimo porque "está procesando la noticia de la desaparición de sus padres", ocurrida el 15 de mayo de 1977.

En su momento, el nieto recuperado 102 se negó a realizarse los exámenes genéticos, pero fue identificado gracias a que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, dispuso que se le extrajera una muestra de ADN por medio de una requisa de ropa "imprevista", detalló Abuelas en un comunicado. El magistrado adoptó esa medida de "último recurso" después de que fueran "fraguadas" unas muestras genéticas del joven que se habían obtenido en un allanamiento ordenado por el juez.

Los padres del joven se habían conocido cuando ambos militaban políticamente en el ámbito estudiantil y se habían casado en Buenos Aires en enero de 1976, un año antes de ser secuestrados en la localidad bonaerense de Hurlingham, cuando la mujer estaba embarazada de cuatro meses y medio.

La organización de Derechos Humanos convocó a una conferencia de prensa para presentar los detalles de la restitución de este nuevo nieto. Carlotto hizo el anuncio junto a integrantes del organismo y familiares del joven que fue apropiado durante la dictadura. El último nieto recuperado había sido Francisco Madariaga Quintela, en febrero.

"Las Abuelas deseamos por sobre todas las cosas que nuestros nietos recuperen su identidad, pero también que este proceso sea lo menos traumático posible", informó la nota de la organización.

Canal 13 y TN desconocen medida judicial

En un nuevo fallo, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 condenó a Artear S.A. a reinstalar en su puesto laboral a Marcelo Moreira, delegado de los trabajadores de prensa de Canal 13 y TN. Pese a esto, la empresa le impidió la entrada.

A Marcelo Moreira y a Ricardo Junghanns se les prohíbe el ingreso a Canal 13 desde diciembre de 2008, cuando junto con otras 6 personas fueron elegidos delegados de los trabajadores de prensa.

El miércoles 15 de septiembre, junto a trabajadores de los noticieros de Canal 13 y TN y delegados de base de diarios, revistas, agencias de noticias y otros canales, Moreira y Junghanns intentaron retomar sus labores, pero la empresa nuevamente les impidió el ingreso.

En esta oportunidad, a los agentes de seguridad privada que habitualmente custodian el ingreso al canal de televisión, se les sumó el apoderado legal de Artear, quien comunicó la prohibición del ingreso. Los trabajadores denuncian la falta absoluta de cumplimiento de las leyes y las resoluciones de la Justicia en Canal 13/TN.

Una vez más, la Justicia considera que los despidos de Moreira y Junghanns fueron producto de actos discriminatorios y persecutorios por lo tanto ilícitos.

Este fallo repite lo ya expresado por los juzgados Nº 80 y Nº 7 en Medidas Cautelares resueltas en junio y septiembre de 2009, y confirmadas por la Cámara Laboral Nº 8, obligando a la empresa a reincorporarlos ya que de lo contrario se estarían violando Derechos Constitucionales.

Los trabajadores de prensa denunciaron que “esta nueva maniobra arbitraria de la empresa y ratificamos nuestra decisión de continuar organizándonos con el objetivo de que en el ámbito de Artear S.A. se respeten nuestros derechos laborales y se cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Periodista, herramientas indispensables para el ejercicio digno de nuestra profesión”.

Polémica por una reunión entre Burstein y diputados opositores

El titular de “Familiares de Víctimas de la AMIA” fue a la legislatura a avisar que no se presentará el martes a la audiencia porque viajaba a Nueva York. Entonces fue a la oficina del presidente de la comisión investigadora, Martín Hourest, y como no dio con él se reunió Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn y Gabriela Cerruti. Al enterarse el bloque del PRO se quejó porque el encuentro no tuvo un marco más institucional.

Sergio Burstein, presidente “Familiares de Víctimas de la AMIA”, se dirigió a la Legislatura para presentarle sus excusas al presidente de la comisión investigadora, Martín Hourest, porque el martes que viene estará de viaje en Nueva York y no va a poder presentarse como testigo.

Al no encontrarlo, se reunió con Gabriela Cerruti, la Secretaria de la comisión, quien llamó a Aníbal Ibarra y Eduardo Epzsteyn”. A la reunión también fue convocado Martín Ocampo, que no participó de ella. Aunque luego su bloque se quejó porque la reunión fue de forma privada.

Desde de Díalogo por Buenos Aires, bloque al que pertenecen Ibarra y Epzstien, le contaron a P&M que “esta fue una puesta en escena del PRO, ¿cómo en una reunión encubierta iba a pasar Burstein por la oficina de Ritondo, para después ir a la oficina de Ibarra? Por eso lo estamos aclarando, no es que fue una reunión”.

“Además, lo que va a decir Burstein acá es lo mismo que ya dijo en la causa y en todas las entrevistas que le hicieron. No necesita letra como ellos están vendiendo, es una cosa ridícula”, ampliaron las mismas fuentes.

Se sancionó una ley para aumentar los controles en las obras en construcción

La norma establece que "todo responsable de obra deberá con anterioridad al comienzo de las demoliciones y/o excavaciones presentar al organismo competente para su aprobación, el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento".

Los diputados porteños sancionaron en la Legislatura una ley que implica más controles para las obras que estén en proceso de demolición y/o excavación, los momentos más críticos de una obra en construcción. Además la normativa obliga al Gobierno de la Ciudad a publicar en su página Web todos los expedientes de nuevas obras para que los vecinos puedan consultarlos.

Al respecto Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Dialogo por Buenos Aires expresó que "con esta ley se logra subsanar el déficit normativo que existe en las obras en construcción de la Ciudad. De esta manera se incrementarán los controles y respondemos a las demandas de los vecinos, mientras se analiza la reforma integral del código de edificación y planeamiento en el seno de la legislatura".

Sobre el tema, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez manifestó: "Esta ley que acabamos de sancionar da mayores garantías y más obligaciones a los responsables de las construcciones. A partir de ahora van a tener controles estrictos en una de las etapas más conflictivas de la obra”.

Y agregó que “no obstante, lo que hoy pasa a ordenar la nueva ley son los controles que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, estos son los puntos débiles que a veces van acompañados del lucro excesivo de la empresa constructora poniendo en riesgo a la sociedad".

También expresó su opinión el diputado Rubén Campos, de la UCR: "Con esta ley vamos a permitir un real control de las autoridades de la ciudad sobre los temas en las obras en construcción, sobretodo en los primeros pasos: la submuración y la demolición. Esto es lo que va a permitir, no solamente el control sino la seguridad para que no haya riesgos para con las personas".

Importante acuerdo entre nueve partidos bonaerenses y el Ministerio de Salud

Los municipios adhirieron al Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y la Adolescente, una estrategia de la cartera a cargo de Juan Manzur, que propone metas a cumplir para fines de 2011.

El subsecretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Guillermo González Prieto, el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, firmaron un acta acuerdo de adhesión al Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y la Adolescente.

Así los municipios que componen la región Sanitaria VI –que incluye Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes– se comprometieron a trabajar en esta dura problemática.

“Con la firma de este acuerdo el gobierno de la provincia de Buenos Aires está demostrando que tiene a la salud de la población en su agenda de trabajo. El gobernador Scioli ha asumido este tema como propio, al igual que los intendentes, al incorporar a la salud materno infantil, específicamente, como una de sus actividades prioritarias de gestión”, explicó González Prieto.

“El conurbano bonaerense presenta el 60 por ciento de la mortalidad materno-infantil de la provincia, y la Región Sanitaria VI es la que registra mayor cantidad de defunciones por estas causas. Por eso estamos empezando por el lugar del conurbano que tiene más oportunidad para trabajar”, describió el funcionario nacional.

El ministro Collia opinó que el compromiso del Gobierno bonaerense es reducir la mortalidad infantil "que es de 12,4 por mil nacidos vivos” a "10 por mil nacidos vivos", y que para ello se pone en marcha un plan "que determine la estrategia para reducir esas tasas hacia fines de 2011".

Y señaló que “esto es un compromiso que tomamos con el gobierno nacional y con nuestros intendentes para poder clarificar una estrategia" que sirva "para reducir estas tasas hacia fines de 2011".

Por su parte, Díaz Pérez expresó que “estamos muy interesados en reducir los índices de la mortalidad materno infantil”, y agregó que “todos los intendentes del conurbano sabemos que la mortalidad materno infantil y la desnutrición son los dos índices más importantes que, como parte de la provincia, tenemos que atender”.

El Plan, que tiene como objetivo principal producir una reducción de la tasa provincial de mortalidad infantil a 10,2 por cada mil niños nacidos vivos y de la mortalidad materna a 2,8 por cada diez mil niños nacidos vivos para fines de 2011, se puso en marcha el 23 de agosto en territorio bonaerense, con la firma del convenio entre el gobernador provincial, Daniel Scioli, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur y su par provincial, Alejandro Collia.

En las reuniones se trabajará para identificar las causas que más inciden en la mortalidad materno-infantil en la Región VI, priorizar objetivos y proponer propuestas de acción (tales como asistencia técnica, capacitación, regionalización de servicios, fortalecimiento de los recursos físicos, humanos y tecnológicos) con el fin de mejorar los índices actuales.