jueves, 15 de mayo de 2008

Presos políticos en Santa Cruz


El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, José Fernández, determinó el miércoles 7 la detención preventiva de Romeo Amodeo Amorín y Jimena Dalia Mamani Poma, por el presunto de delito de obstaculización de la realización de la consulta cruceña.

A la vez, la autoridad determinó la liberación de los otros cuatro imputados: Eduardo Quispe, Hugo Cayo, Portugal Quispe y la menor de edad, Brenda Segovia (17). Ante la determinación, el abogado Omar Barrientos, defensor de los ciudadanos que de acusadores pasaron a ser acusados, informó que se presentó un recurso de hábeas corpus para que Amorín y Mamani sean liberados. Los seis ciudadanos mencionados ingresaron al Centro Internacional de Prensa el domingo 4 de mayo a denunciar el fraude autonomista. Luego fueron interceptados y golpeados hasta terminar en la cárcel.

De los querellantes, el Director del la Corte Departamental Electoral no se presentó en la audiencia a declarar pero envió a una Directora que no se encontraba en el lugar cuando ocurrió ese episodio. La segunda acusación es de una periodista local que sostiene haber sido agredida.

Toda la secuencia está filmada y el único "golpeador" que aparece es alguien que responde a la Prefectura y al que incluso se lo ve golpeando a un periodista corresponsal que está tomando nota sobre lo que desesperadamente se trataba de ocultar.

Varias son las irregularidades en este intento de convertirlos en presos del nuevo régimen:

- Más de 100 horas detenidos, entre ellos una menor de 17 años.

- El primer Juez de la causa fue recusado y reemplazado por otro, José Fernández, al parecer hermano del jefe de Seguridad del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.

- Si bien el Fiscal pidió una medida sustitutoria para los seis acusados, el Juez lo interrumpió y sentenció a dos: Ximena Mamani de 21 años y a Amadeo Amorín a cinco años de prisión. Ya están siendo trasladados a la cárcel de Palmasola en una clara muestra de celeridad nunca antes vista.

Los acusados fueron también intimidados y en ese grupo estaba el diputado Walter Arrázola junto a dos matones.

Protesta

Tras la determinación del Ministerio Publico, más de 50 vecinos del barrio Plan Tres Mil protestaron por la no liberación de los dos detenidos y acusaron al juez Fernández de haberse "parcializado con las logias".

"Este el tipo de autonomía que ellos quieren, manipulando la justicia", protestaron a gritos los vecinos frente a la Corte Superior de Distrito, motivando que un contingente de la Policía se desplegara hasta el lugar para evitar mayores altercados.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

Fuerte abstención en el referéndum secesionista de Santa Cruz.




El ilegal referéndum por la autonomía de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia tuvo un alto índice de abstención, ya que cuatro de cada diez cruceños no votaron en la consulta y asumieron esa actitud en rechazo a un estatuto que no fue consensuado con los sectores populares. Al menos en 15 regiones, la votación se realizó entre denuncias, abstención y violencia. En San Julián y Cuatro Cañadas nadie votó y grupos de vecinos indignados quemaron urnas de consulta.

En clara rebeldía al gobierno nacional boliviano y a dos resoluciones de la OEA, que lo declaró ilegal, el referéndum fue convocado por las autoridades del rico departamento de Santa Cruz en busca de un régimen que le otorgue independencia política y económica del resto del país.

Para el presidente Evo Morales "el estatuto autonómico ha fracasado rotundamente. Esta consulta ilegal y anticonstitucional no ha tenido el éxito que esperaban algunas familias o grupos de poder del departamento de Santa Cruz".

En un mismo tono, el presidente de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, denunció que "ha habido un fraude desde la misma Corte Departamental Electoral que ha enviado papeletas marcadas por el SI".

Según datos recogidos en los recintos electorales por reporteros de la Agencia Boliviana de Información, y de los resultados ofrecidos por canales privados de televisión, la abstención en la consulta sobre el estatuto autonómico cruceña oscila entre el 40 y 45 por ciento. Los índices de abstención de algunas provincias de Santa Cruz dan los siguientes resultados: Camiri 42 por ciento, Puerto Suárez 31 por ciento, Montero 62 por ciento, Portachuelo 19 por ciento, San Ignacio de Velasco 17,8 por ciento, Charagua 40 por ciento y Saipina 60 por ciento.

Con esos índices se proyecta un 45 por ciento de abstención sin tomar en cuenta aún los datos de poblaciones como Yapacaní, San Germán, Cuatro Cañadas, San Julián, San Pedro y otras que son bastiones del MAS (partido oficialista) y los movimientos sociales. En San Julián y Cuatro Cañadas la abstención fue del 100 por ciento, según informó el presidente del Comité Cívico Félix Martínez.

Choques e incidentes

Bandos rivales en el referéndum se trenzaron en duros enfrentamientos con palos y piedras en el departamento de Santa Cruz, pero las autoridades electorales aseguraron que el 91% de las mesas funcionaron normalmente. Un muerto y una treintena de personas heridas, en su mayoría en Montero, ciudad vecina a Santa Cruz, enturbian esa declaración. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó la muerte de una persona, Benjamín Ticona, en Santa Cruz, y aseguró que “El resultado que lleva a la división del propio pueblo cruceño, más allá de otros datos que puedan difundirse, es el de un fracaso”.

También se registraron multitudinarias marchas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí a favor de la unidad del país, mientras en Sucre la marcha fue de apoyo a la secesión. En La Paz, diferentes organizaciones marcharon por las calles y se concentraron en la céntrica plaza San Francisco. Allí dirigentes gremiales, fabriles, mineros, campesinos y trabajadores de distintos sectores ratificaron la unidad de la nación boliviana. Los manifestantes expresaron su rechazo al estatuto autonómico, redactado por un grupo reducido de cívicos y autoridades cruceñas, que actuaron al margen de la ley.

Los "jóvenes unionistas" se movilizaron en ambulancias, como en el primer día de la dictadura de Luis García Meza. Vecinos denunciaron que algún contingente policial tomó partido por los grupos de choque cruceños y tiró gases lacrimógenos a la multitud contraria a la ilegal consulta.

Vecinos del distrito Plan Tres Mil de la ciudad boliviana de Santa Cruz denunciaron haber descubierto varias urnas llenadas de forma fraudulenta con boletas marcadas con el SI al estatuto de autonomía promovido por las autoridades del departamento de Santa Cruz, contrarios al presidente Evo Morales. Los cruceños opuestos al ilegal referéndum explicaron que cuando quemaban al menos veinte urnas descubrieron que las mismas estaban llenas de papeletas ya marcadas, por lo que decidieron ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación como prueba de fraude.

Jaime Choque, presidente del Comité Popular del distrito, mostró boletas marcadas con el SI e identificó a Mario Parada, titular de la Corte Departamental de Santa Cruz, como el responsable al denunciar que "no vamos a permitir que se consuma el fraude en Santa Cruz a favor de las logias". Este es el sentimiento de miles de habitantes de ese populoso barrio que mayoritariamente salieron a las calles para defender la democracia y la integridad del país. A esa denuncia documentada se sumaron otras desde diferentes provincias del departamento sobre la violencia desatada por grupos de choque partidarios de los secesionistas.

Sin embargo, esa acción fue calificada de normal por el prefecto Rubén Costas, quien señaló que “en este tipo de elecciones siempre hay actos irregulares", una aseveración desmentida por la transparencia de los últimos comicios nacionales bolivianos.

En el barrio Plan Tres Mil dos de las cuatro escuelas consideradas más grandes fueron intervenidas por vecinos para evitar que se instalen las mesas de sufragio. En el colegio "Claudina Tevenet" se produjeron los primeros choques entre quienes defendían las autonomías y una multitud que rechaza los planes para dividir al país. El saldo: 12 heridos.

Los incidentes en ese barrio y en otras zonas rurales del territorio se contradice con las declaraciones de José Carlos Soruco, miembro de la Unión Juvenil Cruceñista, quien señaló que la presencia de estos grupos es apenas para "custodiar las urnas y celebrar una fiesta en democracia".

En Plan Tres Mil, la policía tuvo que intervenir para evitar que lincharan a jóvenes de esa agrupación, quienes penetraron en la comunidad para amedrentar a sus vecinos, que denunciaban violaciones en el sondeo.

Cientos de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista al grito de "collas y milicos, váyanse de Santa Cruz, que si no se van ahora, nunca más verán la luz" arremetieron con piedras, bates y gases lacrimógenos contra humildes mujeres. Estas, que estaban concentradas en inmediaciones de la Terminal de Buses, protestaban contra el cuestionado estatuto autonómico que impulsan Branco Marinkovic y Rubén Costas cuando se vieron sorprendidas por los grupos de choque que portaban banderas verde y blanco (símbolo de Santa Cruz). Esta agresión fue realizada en presencia de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de distintos medios televisivos, tanto nacionales como internacionales. Los más exaltados, se acercaron a una de las mujeres caída que quedó rezagada, casi ciega por los gases y procedieron a patearla al grito de "colla puta, india, volvé a La Paz".

Bloqueo por el No

Pobladores, transportistas y colonizadores realizaron un bloqueo del camino que une Yapacaní - Santa Cruz – Cochabamba, desde la noche del sábado, como muestra de rechazo al estatuto autonómico y para evitar el ingreso de urnas.

Allí, los secesionistas intentaron instalar las mesas de sufragio, pero fueron repelidos por los pobladores que quemaron varias urnas de votación. La violencia también estuvo presente por la acción de los grupos de choque del comité cívico cruceño.

En Montero, ubicada a 50 kilómetros al norte de Santa Cruz, varias escuelas en zonas periféricas y algunas suburbanas amanecieron custodiadas por padres de familia para impedir que se instalen las mesas de votación.

El nerviosismo se acrecentó en Villa Cochabamba cuando la alcaldesa, Melfy Cuéllar, acompañada de dirigentes cívicos y unionistas pretendieron obligar a los vecinos a abrir las puertas de la Unidad Educativa, "Daniel Rivero".

En San Julián los colonizadores bloquearon carreteras, decomisaron y quemaron urnas como respuesta al rechazo del estatuto autonómico. "Los medios de comunicación están viendo el rechazo de la gente a este referéndum. Esta resistencia es una victoria del pueblo", graficó el presidente del Comité Cívico de San Julián, Freddy Martínez.

A esta campaña de rechazo se sumaron las poblaciones de Cuatro Cañadas y Los Troncos que decomisaron las ánforas para quemarlas. No se produjeron enfrentamientos en estas regiones porque la resistencia al estatuto fue mayoritaria y el reducido grupo de funcionarios de la Prefectura no se atrevió a imponer la fuerza.

En el municipio de San Pedro, a 160 kilómetros de Santa Cruz, también se quemaron urnas, además se denunció fraude con papeletas marcadas con el "SI". El alcalde, Juan Cala, informó que los pobladores han resistido el proceso autonómico por ser elitista y racista. La comunidad se reunió desde muy temprano para organizarse en contra del estatuto cruceño. Cala denunció que si en el escrutiniio se registran votos válidos de San Pedro, será un fraude consumado, ya que no se instalaron urnas para sufragar.

Este ardid de la oligarquía cruceña es una advertencia al presidente Evo Morales. Estos sectores no están dispuestos a entregar sus privilegios y están dispuestos a todo para conservarlos. Y hasta son capaces de mostrarse como víctimas democráticas cuando históricamente apoyaron a las dictaduras bolivianas, que marginaron a la mayoría indígena de las decisiones soberanas de la Nación.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

martes, 6 de mayo de 2008

La CGT de los Argentinos



El "Programa 1º de Mayo" que la CGT de los Argentinos emitiera en 1968 es un hito en la lucha de los trabajadores. A cuarenta años de aquel momento histórico y con motivo del Día del Trabajador, Revista ZOOM rescata un pasaje fundamental de nuestra memoria que ayuda a mirar en perspectiva el presente y el futuro.

Se cumplen 40 años de la creación de la CGT de los Argentinos. Nacida del congreso normalizador "Amado Olmos", que tuvo lugar del 28 al 30 de marzo de 1968, se convirtió en un ejemplo de lucha popular y antiburocracia sindical. Sus líderes fueron auténticos representantes del movimiento obrero que no transa con el poder y tiene conciencia de clase. Ni Raimundo Ongaro, ni Agustín Tosco ni Jorge Di Pascuale se hicieron millonarios en su rol sindical y su lucha fue pagada con persecución y muerte. Dentro de este grupo se pude incluir también a Rodolfo Walsh, responsable del periódico de la entidad obrera.

Las consignas dejaban ver el autético espíritu de la CGTA: "Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra", y "Unirse desde abajo y organizarse combatiendo". En contraposición estaba el sindicalismo colaboracionista nucleado en las 62 Organizaciones con la hegemonía de la Unión Obrera Metalúrgica de Augusto Timoteo Vandor.

El programa del 1 de mayo de la CGT de los Argentinos, realizado por Rodolfo Walsh, siguió la tradición de los de La Falda (1957) y Huerta Grande (1962) de las 62 Organizaciones pre-vandoristas. Con fragmentos que parecen escritos para combatir a la maldita década del 90, la conciencia de clase de los trabajadores peronistas expuso en la proclama caminos de unidad de acción para los empresarios nacionales, los pequeños y medianos empresarios, los profesionales, los estudiantes, los intelectuales, los artistas y los religiosos.

En sus cuatro años de existencia, la CGTA intentó ser referente de un cambio. Lo consiguió de manera parcial, incompleta, con conflictos en la relación entre organizaciones sindicales y políticas del peronismo revolucionario, la izquierda, la iglesia tercermundista, grupos de intelectuales, profesionales y artistas.

El semanario de la CGTA fue la síntesis. Dirigido por Walsh, con una redacción integrada por periodistas como Horacio Verbitsky y Rogelio García Lupo, la revista consiguió reunir un nivel de calidad profesional superlativo con una gran tarea de información sobre las formas y razones de las luchas populares.

La publicación llegó al millón de ejemplares y en sus páginas se publicó, dividida en varias notas, ¿Quién mató a Rosendo?, la investigación de Walsh sobre el asesinato del dirigente metalúrgico de Avellaneda Rosendo García, que puso al desnudo los métodos de acción del vandorismo.

El 1º de mayo de 1968 apareció el primer número del periódico de la CGT. Unos pocos meses antes, en Puerta de Hierro, Perón le había presentado a Raimundo Ongaro a Walsh, periodista y escritor que había sido fundador de la Agencia cubana Prensa Latina.

En ese número del periódico aparece publicado por primera vez el Programa del 1º de Mayo. Allí se lee: “La clase trabajadora argentina no reprueba una forma determinada del capitalismo, las cuestiona a todas”. O esta otra sentencia: “La clase trabajadora tiene como misión histórica la destrucción hasta sus cimientos del sistema capitalista de producción y distribución de bienes”. Definiciones que no dejaban dudas sobre la postura de la central obrera: “La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción”.

La CGTA dio lugar a experiencias de militancia artística como las del pintor Ricardo Carpani, o las del Grupo Cine Liberación, que permitió la filmación de la emblemática película "La hora de los hornos" de Fernando Solanas y Octavio Getino, con el objeto de promover la concientización de los cuadros intermedios.

CGTA y Cordobazo

Bajo la conducción del gráfico Raimundo Ongaro, la CGTA fue el paraguas donde se concentraron dirigentes sindicales y políticos que habían enfrentado con mayor dureza a la dictadura de la llamada “Revolución Argentina”. Los dirigentes Ricardo De Luca, de obreros navales y del Movimiento Revolucionario Peronista; Julio Guillán, de los telefónicos; Lorenzo Pepe, de la Unión Ferroviaria; Amancio Pafundi, de los estatales: Jorge Di Pascuale, de los empleados de farmacia; Benito Romano, de los obreros azucareros, estaban entre los fundadores o en el consejo directivo.

En el local de Paseo Colón de la Federación Gráfica Bonaerense, donde estaba la CGTA, se reunían los grupos de la tendencia revolucionaria del peronismo, al que pertenecían Gustavo Rearte, Envar El Kadri o Raimundo Villaflor, y organizaciones de izquierda, que empezaron a coordinar sus acciones de lucha con las de la propia central.

La huelga portuaria, la de los petroleros de Ensenada en septiembre y octubre de 1968, las luchas de los trabajadores de los ingenios de Tucumán y las movilizaciones sociales en Tucumán y Rosario tuvieron el apoyo de la CGTA.

A través de Agustín Tosco, la CGTA fue la estructura de apoyo al Cordobazo, entre el 28 y el 30 de mayo de 1969, y de luchas posteriores, como la convocatoria al paro nacional para el 1º de julio de ese año. Mientras, la CGT Azopardo, que reunía a la burocracia sindical participacionista, se dejaba amedrentar por las presiones del dictador, el general Juan Carlos Onganía, y su ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián.

Cuando el 30 de junio de 1969 un comando mató a Vandor en la central de la Unión Obrera Metalúrgica, la persecución a la CGTA fue total. Muy pocas horas después, el gobierno intervino la Federación Gráfica Bonaerense y la mayor parte de los sindicatos integrantes de la central obrera. Y sus dirigentes, con Ongaro a la cabeza, fueron a la cárcel donde ya estaban Agustín Tosco y Elpidio Torres, líderes del Cordobazo.

Así, la CGT de los Argentinos ingresó en una etapa de luchas constantes y en un proceso de desgaste de su estructura. Sus cuadros dirigentes, sus activistas, fueron integrándose en otras formas de lucha, en organizaciones políticas y en organizaciones armadas. El propio Ongaro, Di Pasquale y algunos otros dirigentes aparecerán, luego, como parte de la conducción nacional del Peronismo de Base.

A partir de ese momento, la persecución y la muerte empezaron a rondar la vida de sus principales dirigentes, luchadores inclaudicables que no transaron con los intereses de la oligarquía. A Raimundo Ongaro le mataron un hijo, cayó preso 14 veces y marchó al exilio. Agustín Tosco murió en 1975 de una infección curable por estar en la clandestinidad perseguido por la Triple A. Esa misma organización paramilitar forzó el exilio de Jorge Di Pascuale, que en su regreso protagonizó uno de los primeros paros a la dictadura genocida de Videla y terminó desaparecido. La misma suerte que Rodolfo Walsh, fusilado por un grupo de tareas no sin antes ver morir a una sus hijas en manos de los genocidas. Contra todo, con su ejemplo, ellos marcaron un camino para todas las generaciones de argentinos. El pueblo, como el agua, siempre vuelve.

Fuente: www.cgtargentinos.org

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

El Programa del 1º de Mayo


El Mensaje a los trabajadores y el pueblo que la CGTA emitiera en Mayo de 1968 es una toma de posición conmovedora que ilumina reveladoramente nuestra historia como sociedad y como país.

1. Nosotros, representantes de la CGT de los Argentinos, legalmente constituida en el congreso normalizador "Amado Olmos", en este Primero de Mayo nos dirigimos al pueblo.

Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, a los héroes y los mártires de la clase trabajadora. En todos los países del mundo ellos han señalado el camino de la liberación. Fueron masacrados en oscuros calabozos como Felipe Vallese, cayeron asesinados en los ingenios tucumanos, como Hilda Guerrero. Padecen todavía en injustas cárceles.

En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer: esa gran revolución incumplida y traicionada pero viva en el corazón de los argentinos.

2. Durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos austeros: lo hemos sido hasta el hambre.

Nos pidieron que aguantáramos un invierno: hemos aguantado diez. Nos exigen que racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que “participemos”.

Les decimos: ya hemos participado, y no como ejecutores sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en las intervenciones, en los desalojos. No queremos esa clase de participación.

Un millón y medios de desocupados y subempleados son la medida de este sistema y de este gobierno elegido por nadie. La clase obrera vive su hora más amarga. Convenios suprimidos, derechos de huelga anulados, conquistas pisoteadas, gremios intervenidos, personerías suspendidas, salarios congelados.

La situación del país no puede ser otro que un espejo de la nuestra. El índice de mortalidad infantil es cuatro veces superior al de los países desarrollados, veinte veces superior en zonas de Jujuy donde un niño de cada tres muere antes de cumplir un año de vida. Más de la mitad de la población está parasitada por la anquilostomiasis en el litoral norteño; el cuarenta por ciento de los chicos padecen de bocio en Neuquén; la tuberculosis y el mal de Chagas causan estragos por doquier. La deserción escolar en el ciclo primario llega al sesenta por ciento; al ochenta y tres por ciento en Corrientes, Santiago del Estero y el Chaco; las puertas de los colegios secundarios están entornadas para los hijos de los trabajadores y definitivamente cerradas las de la Universidad.

La década del treinta resucita en todo el país con su cortejo de miseria y de ollas populares.

Cuatrocientos pesos son un jornal en los secaderos de yerba, trescientos en los obrajes, en los cañaverales de Tucumán se olvida ya hasta el aspecto del dinero.

A los desalojos rurales se suma ahora la reaccionaria ley de alquileres, que coloca a decenas de miles de comerciantes y pequeños industriales en situación de desalojo, cese de negocios y aniquilamiento del trabajo de muchos años.

No queda ciudad en la República sin su cortejo de villas miserias donde el consumo de agua y energía eléctrica es comparable al de las regiones interiores del Africa. Un millón de personas se apiñan alrededor de Buenos Aires en condiciones infrahumanas, sometidas a un tratamiento de gheto y a las razzias nocturnas que nunca afectan las zonas residenciales donde algunos “correctos” funcionarios ultiman la venta del país y donde jueces “impecables” exigen coimas de cuarenta millones de pesos.

Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha.

3. Grandes países que salieron devastados de la guerra, pequeños países que aún hoy soportan invasiones e implacables bombardeos, han reclamado de sus hijos penurias mayores que las nuestras. Si un destino de grandeza nacional, si la defensa de la patria, si la definitiva liquidación de las estructuras explotadoras fuesen la recompensa inmediata o lejana de nuestros males, ¿qué duda cabe de que los aceptaríamos en silencio?

Pero no es así. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales. Asistimos avergonzados a la culminación, tal vez el epílogo de un nuevo período de desgracias.

Durante el año 1967 se ha completado prácticamente la entrega del patrimonio económico del país a los grandes monopolios norteamericanos y europeos. En 1958 el cincuenta y nueve por ciento de lo facturado por las cincuenta empresas más grandes del país correspondía a capitales extranjeros; en 1965 esa cifra ascendía al sesenta y cinco por ciento; hoy se puede afirmar que tres cuartas partes del gran capital invertido pertenece a los monopolios.

La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más alta de ventas en el país, en 1968 ha dejado de ser argentina. La industria automotriz está descoyuntada, dividida en fragmentos que han ido a parar uno por uno a los grupos monopolistas. Viejas actividades nacionales como la manufactura de cigarrillos pasaron en bloque a intereses extranjeros. El monopolio norteamericano del acero está a punto de hacer su entrada triunfal. La industria textil y la de la alimentación están claramente penetradas y amenazadas.

El método que permitió este escandaloso despojo no puede ser más simple. El gobierno que surgió con el apoyo de las fuerzas armadas, elegido por nadie, rebajó los aranceles de importación, los monopolios aplicaron la ley de la selva —el dumping—, los fabricantes nacionales, hundiéronse. Esos mismos monopolios, sirviéndose de bancos extranjeros ejecutaron luego a los deudores, llenaron de créditos a sus mandantes que con dinero argentino compraron a precio de bancarrota las empresas que el capital y el trabajo nacional habían levantado en años de esfuerzo y sacrificio.

Este es el verdadero rostro de la libre empresa, de la libre entrega, filosofía oficial del régimen por encima de ilusorias divisiones entre “nacionalistas” y “liberales”, incapaces de ocultar la realidad de fondo que son los monopolios en el poder.

Este poder de los monopolios que con una mano aniquila a la empresa privada nacional, con la otra amenaza a las empresas del Estado donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega, y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera. Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica nuestras industrias claves. Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que indica en qué países podemos comprar. Son las compañías petroleras las que cuadriculan el territorio nacional y de sus mares aledaños con el mapa de sus inicuas concesiones. El proceso de concentración monopolista desatado por el gobierno no perdonará un solo renglón de la actividad nacional. Poco más y sólo faltará desnacionalizar la tradición argentina y los museos.

La participación que se nos pide es, además de la ruina de la clase obrera, el consentimiento de la entrega. Y eso no estamos dispuestos a darlo los trabajadores argentinos.

4. La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción.

Afirmamos que el hombre vale por sí mismo, independientemente de su rendimiento. No se puede ser un capital que rinde un interés, como ocurre en una sociedad regida por los monopolios dentro de la filosofía libreempresista. El trabajo constituye una prolongación de la persona humana, que no debe comprarse ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una forma de esclavitud.

La estructura capitalista del país, fundada en la absoluta propiedad privada de los medios de producción, no satisface sino que frustra las necesidades colectivas, no promueve sino que traba el desarrollo individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni cristiana.

El destino de los bienes es servir a la satisfacción de las necesidades de todos los hombres. En la actualidad prácticamente todos los bienes se hallan apropiados, pero no todos los hombres pueden satisfacer sus necesidades: el pan tiene dueño pero un dueño sin hambre. He aquí al descubierto la barrera que separa las necesidades humanas de los bienes destinados a satisfacerlas: el derecho de propiedad tal como hoy es ejercido.

Los trabajadores de nuestra patria, compenetrados del mensaje evangélico de que los bienes no son propiedad de los hombres sino que los hombres deben administrarlos para que satisfagan las necesidades comunes, proclamamos la necesidad de remover a fondo aquellas estructuras.

Para ello retomamos pronunciamientos ya históricos de la clase obrera argentina, a saber:

• La propiedad sólo debe existir en función social.

• Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no sólo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes.

• Los sectores básicos de la economía pertenecen a la Nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados.

• Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos.

• Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando, deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie.

• Sólo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiera, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja.

• Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas.

A los que afirman que los trabajadores deben permanecer indiferentes al destino del país y pretenden que nos ocupemos solamente de problemas sindicales, les respondemos con las palabras de un inolvidable compañero, Amado Olmos, quien días antes de morir, desentrañó para siempre esa farsa:

“El obrero no quiere la solución por arriba, porque hace doce años que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral, que se proyecte hacia el control del poder, que asegura en función de tal el bienestar del pueblo todo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones.”

5. Las palabras de Olmos marcan a fuego el sector de dirigentes que acaban de traicionar al pueblo y separarse para siempre del movimiento obrero. Con su experiencia, que ya era sabiduría profética, explicó los motivos de esa defección.

“Hay dirigentes —dijo—, que han adoptado las formas de vida, los automóviles, las casas, las inversiones y los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego con una actitud de ese tipo no pueden encabezar a la clase obrera”.

Son esos mismos dirigentes los que apenas iniciado el congreso normalizador del 28 de marzo, convocado por ellos mismos, estatutariamente reunido, que desde el primer momento sesionó con el quórum necesario, lo abandonaron por no poder dominarlo y cometieron luego la felonía sin precedentes en los anales del sindicalismo de denunciar a sus hermanos ante la Secretaría de Trabajo. Son ellos los que hoy ocupan un edificio vacío y usurpan una sigla, pero han asumido al fin su papel de agentes de un gobierno, de una oligarquía y de un imperialismo.

¿Qué duda cabe hoy de que Olmos se refería a esos dirigentes que se autocalifican de “colaboracionistas” y “participacionistas”? Durante más de un lustro cada enemigo de la clase trabajadora, cada argumento de sanciones, cada editorial adverso, ha sostenido que no existía en el país gente tan corrompida como algunos dirigentes sindicales. Costaba creerlo, pero era cierto. Era cierto que rivalizaban en el lujo insolente de sus automóviles y el tamaño de sus quintas de fin de semana, que apilaban fichas en los paños de los casinos y hacían cola en las ventanillas de los hipódromos, que paseaban perros de raza en las exposiciones internacionales.

Esa satisfacción han dado a los enemigos del movimiento obrero, esa amargura a nosotros. Pero es una suerte encontrarlos al fin todos juntos —dirigentes ricos que nunca pudieron unirse para defender trabajadores pobres—, funcionarios y cómplices de un gobierno que se dice llamado a moralizar y separados para siempre de la clase obrera.

Con ellos, que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en el lenguaje internacional de la deslealtad, no hay advenimiento posible. Que se queden con sus animales, sus cuadros, sus automóviles, sus viejos juramentos falsificados, hasta el día inminente en que una ráfaga de decencia los arranque del último sillón y de las últimas representaciones traicionadas.

6. La CGT de los Argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha.

Las direcciones indignas deben ser barridas desde las bases. En cada comisión interna, cada gremio, cada federación, cada regional, los trabajadores deben asumir su responsabilidad histórica hasta que no quede un vestigio de colaboracionismo. Esa es la forma de probar que la unidad sigue intacta y que los falsos caudillos no pueden destruir desde arriba lo que se ha amasado desde abajo con el dolor de tantos.

Este movimiento está ya en marcha, se propaga con fuerza arrasadora por todos los caminos de la República.

Advertimos sin embargo que de la celeridad de ese proceso depende el futuro de los trabajadores. Los sectores interesados del gobierno elegido por nadie no actúan aún contra esta CGT elegida por todos; calculan que la escisión promovida por dirigentes vencidos y fomentada por la Secretaría de Trabajo bastará para distraer unos meses a la clase obrera, mientras se consuman etapas finales de la entrega.

Si nos limitáramos al enfrentamiento con esos dirigentes, aun si los desalojáramos de sus últimas posiciones, seríamos derrotados cuando en el momento del triunfo cayeran sobre nosotros las sanciones que debemos esperar pero no temer.

El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien personerías; no es un sello de goma ni es un comité; no es una comisión delegada ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir.

Perfeccionando esa voluntad pero sobre todo esa Organización debemos combatir con más fuerza que nunca por la libertad, la renovación de los convenios, la vigencia de los salarios, la derogación de leyes como la 17.224 y la 17.709, la reapertura y creación de nuevas fuentes de trabajo, el retiro de las intervenciones y la anulación de las leyes represivas que hoy ofenden a la civilización que conmemora la declaración y el ejercicio de los derechos humanos.

Aun eso no es suficiente. La lucha contra el poder de los monopolios y contra toda forma de penetración extranjera es misión natural de la clase obrera, que ella no puede declinar. La denuncia de esa penetración y la resistencia a la entrega de las empresas nacionales de capital privado o estatal son hoy las formas concretas del enfrentamiento. Porque la Argentina y los argentinos queremos junto con la revolución moral y de elevamiento de los valores humanos ser activos protagonistas y no dependientes en la nueva era tecnológica que transforma al mundo y conmociona a la humanidad.

Y si entonces cayeran sobre nosotros los retiros de personería, las intervenciones y las clausuras, será el momento de recordar lo que dijimos en el congreso normalizador: que a la luz o en la clandestinidad, dentro de la ley o en las catacumbas, este secretariado y este consejo directivo son las únicas autoridades legítimas de los trabajadores argentinos, hasta que podamos reconquistar la libertad y la justicia social y le sea devuelto al pueblo el ejercicio del poder.

7. La CGT de los Argentinos no se considera única actora en el proceso que vive el país, no puede abstenerse de recoger las aspiraciones legítimas de los otros sectores de la comunidad ni de convocarlos a una gran empresa común, no puede siquiera renunciar a la comunicación con sectores que por una errónea inteligencia de su papel verdadero aparecen enfrentados a nuestros intereses. Apelamos pues:

• A los empresarios nacionales, para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas.

• A los pequeños comerciantes e industriales, amenazados por desalojo en beneficio de cuatro inmobiliarias y un par de monopolios dispuestos a repetir el despojo consumado con la industria, a liquidar los últimos talleres, a comprar por uno lo que vale diez, a barrer hasta con el almacenero y el carnicero de barrio en beneficio del supermercado norteamericano, que es el mercado único, sin competencia posible. Les decimos: su lugar está en la lucha, junto a nosotros.

• A los universitarios, intelectuales, artistas, cuya ubicación no es dudosa frente a un gobierno elegido por nadie que ha intervenido las universidades, quemando libros, aniquilando la cinematografía nacional, censurando el teatro, entorpeciendo el arte. Les recordamos: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.

• A los militares, que tienen por oficio y vocación la defensa de la patria: Nadie les ha dicho que deben ser los guardianes de una clase, los verdugos de otra, el sostén de un gobierno que nadie quiere, los consentidores de la penetración extranjera. Aunque se afirme que ustedes no gobiernan, a los ojos del mundo son responsables del gobierno. Con la franqueza que pregonan les decimos: que preferiríamos tenerlos a nuestro lado y del lado de la justicia, pero que no retrocederemos de las posiciones que algunos de ustedes parecieran haber abandonado pues nadie debe ni puede impedir el cumplimiento de la soberana voluntad del pueblo, única base de la autoridad del poder público.

• A los estudiantes queremos verlos junto a nosotros, como de algún modo estuvieron juntos en los hechos, asesinados por los mismos verdugos, Santiago Pampillón y Felipe Vallese. La CGT de los Argentinos no les ofrece halagos ni complacencias, les ofrece una militancia concreta junto a sus hermanos trabajadores.

• A los religiosos de todas las creencias: sólo palabras de gratitud para los más humildes entre ustedes, los que han hecho suyas las palabras evangélicas, los que saben que “el mundo exige el reconocimiento de la dignidad humana en toda su plenitud, la igualdad social de todas las clases”, como se ha firmado en el concilio, los que reconocen que “no se puede servir a Dios y al dinero”. Los centenares de sacerdotes que han estampado su firma al pie del manifiesto con que los obispos del Tercer Mundo llevan a la práctica las enseñanzas de la Populorum Progressio: “La Iglesia durante un siglo ha tolerado al capitalismo… pero no puede más que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de esa moral… La Iglesia saluda con orgullo y alegría una humanidad nueva donde el honor no pertenece al dinero acumulado entre las manos de unos pocos, sino a los trabajadores obreros y campesinos”.

Ese es el lenguaje que ya han hablado en Tacuarendí, en Tucumán en las villas miserias, valerosos sacerdotes argentinos y que los trabajadores quisiéramos oír en todas las jerarquías.

8. La CGT convoca en suma a todos los sectores, con la única excepción de minorías entregadoras y dirigentes corrompidos, a movilizarse en los cuatro rincones del país para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre. Esta es la voluntad indudable de un pueblo harto de explotación e hipocresía, herido en su libertad, atacado en sus derechos, ofendido en sus sentimientos, pero dispuesto a ser el único protagonista de su destino.

Sabemos que por defender la decencia todos los inmorales pagarán campañas para destruirnos. Comprendemos que por reclamar libertad, justicia y cumplimiento de la voluntad soberana de los argentinos, nos inventarán todos los rótulos, incluso el de subversivos, y pretenderán asociarnos a secretas conspiraciones que desde ya rechazamos.

Descontamos que por defender la autodeterminación nacional se unirán los explotadores de cualquier latitud para fabricar las infamias que les permitan clausurar nuestra voz, nuestro pensamiento y nuestra vida.

Alertamos que por luchar junto a los pobres, con nuestra única bandera azul y blanca, los viejos y nuevos inquisidores levantarán otras cruces, como vienen haciendo a lo largo de los siglos.

Pero nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte. Porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que sólo el pueblo salvará al pueblo.

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Los Programas de La Falda y Huerta Grande


El Programa de La Falda, de agosto de 1957, y el de Huerta Grande, de junio de 1962, son los dignos antecedentes del Programa del 1º de Mayo, que en esa fecha de 1968 se publicó en el primer número del periódico de la CGT de los Argentinos.

El golpe de 1955 destruyó las conquistas sociales y políticas logradas por los trabajadores. Para resistir y luchar en contra del imperialismo y la oligarquía, el movimiento obrero realizó propuestas políticas, sociales y económicas, con el objeto de evitar la dispersión y neutralizar el discurso oficial.

La resistencia a los planes de la dictadura fue llevada a cabo por cuadros de segunda y tercera línea del peronismo junto a los dirigentes que estaban en la CGT Auténtica, como Andrés Framini (textiles), Dante Viel (estatales), y Natalini (Luz y Fuerza). En los años 1956 y 1957, la lucha por la recuperación de los gremios, intervenidos por los militares, se centró fundamentalmente en los sindicatos industriales.

La mayoría de esos nuevos dirigentes, como Sebastián Borro en el Frigorífico Lisandro de la Torre, eran peronistas del campo nacional y popular. La primera CGT Regional recuperada fue la de Córdoba, que el primero de julio de 1957 elige en Plenario General a Atilio López de UTA como Secretario General (CGT legal).

Pese al Estado de Sitio, las proscripciones y la cárcel para sus dirigentes más combativos, el Movimiento Obrero era un verdadero dolor de cabeza para Aramburu y compañía. El 27 de septiembre de 1957 cuarenta gremios recuperados convocaron a un multitudinario paro nacional.

En el marco de esa efervescencia política contra la entrega, la CGT de Córdoba convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales y de las 62 Organizaciones, que se llevó a cabo en La Falda, Córdoba, donde se aprobó un programa obrero, basado en las grandes banderas históricas del peronismo.

El Programa de La Falda

Para la Independencia Económica:

a) Comercio exterior

Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.

Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.

Control de los productores en las operaciones comerciales con un sentido de defensa de la renta nacional. Planifica¬ción del proceso en vista a las necesidades del país, en función de su desarrollo histórico, teniendo presente el inte¬rés de la clase laboriosa.

Ampliación y diversificación de los mercados internacio¬nales.

Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica.

Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno.

Integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica, sobre las bases de las experiencias realizadas.

b) En el orden interno

Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.

Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.

Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.

Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Nacionalización de los frigoríficas extranjeros, a fin de posibilitar la eficacia del control del comercio exterior, sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía.

Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, superando la actual división entre "provincias ricas y provincias pobres”.

Control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores.

Programa agrario, sintetizado en: mecanización del agro, "tendencia de la industria nacional", expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la trabaja.

c) Para la Justicia Social

Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores en la elaboración y ejecución del plan económico general, a través de las organizaciones sindicales; participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza; control popular de precios.

Salario mínimo, vital y móvil.

Previsión social integral: unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo.

Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al momento histórico y de acuerdo al plan general de transformación popular de la realidad argentina.

Creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales.

Estabilidad absoluta de los trabajadores.

Fuero sindical.

d) Para la Soberanía Política

Elaboración del gran plan político-económico-social de la realidad argentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional, a través de su participación hegemónica en la confección y dirección del mismo.

Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo, a lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza.

Dirección de la acción hacia un entendimiento integral (político-económico) con las naciones hermanas latinoamericanas.

Acción política que reemplace las divisiones artificiales internas, basadas en el federalismo liberal y falso.

Libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento definitivo de la voluntad popular.

Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos.

Política internacional independiente.

Programa de Huerta Grande

La presión popular y la lucha obrera colocó en tiempo de descuento a la dictadura de Aramburu y Rojas. Así se dispuso llamar a elecciones con la proscripción total del peronismo, por lo que al movimiento nacional le quedaba la opción de votar en blanco o a alguno de los partidos autorizados como un mal menor. Ese fue el espacio ocupado por el desarrollismo y que dio origen a la tendencia integracionista dentro del sindicalismo (Eleuterio Cardozo); que será perfeccionada luego por Augusto Vandor.

En 1958 los peronistas se dividieron entre los que votaron en blanco y los que obedecieron la orden de Perón de apoyar a Frondizi, con quien había realizado un pacto (que incluía la devolución de la CGT y la sanción de una ley de asociaciones profesionales que respetara la estructura y principios del sindicalismo nacional). Cuando el nuevo presidente dejó en claro su política. el pacto estalló en mil pedazos. En esa coyuntura, en 1959, luego de una huelga general realizada por las 62 Organizaciones para apoyar la lucha de los obreros del frigorífico municipal Lisandro de la Torre en contra de su privatización, Frondizi lanzó el Plan Conintes que disparó una represión masiva de los trabajadores. La defensa de la Soberanía Nacional y la reconquista de la CGT fueron los objetivos planteados por el movimiento obrero, que se cristalizará en marzo de 1961 con la devolución de la central obrera.

Las elecciones de 1962 en la Provincia de Buenos Aires fueron de vital importancia ya que el peronismo logró un triunfo contundente, pese a las maniobras del gobierno y los colaboracionistas como Vandor. En esa ocasión fueron elegidos, entre otros, como gobernador, Andrés Framini (textiles), y como diputados Sebastián Borro (Frigorífico Nacional), Jorge Di Pascuale (Farmacia), Roberto García (Caucho), Eustaquio Tolosa (Portuarios).

Los militares volvieron a dar la espalda al pueblo. Primero presionaron para anular las elecciones y luego derrocaron a Frondizi, pero sin tomar directamente el gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado José María Guido.

En ese contexto, en un Plenario Nacional de las 62 Organizaciones realizado en Huerta Grande, Córdoba, se aprobó un programa en base a la lucha contra la oligarquía del Peronismo y el "giro a la izquierda" alentado por Perón desde Madrid, y que fuera expresado en el discurso de Andrés Framini. Amado Olmos, el gran dirigente del gremio de la Sanidad, fue otro de los más destacados protagonistas del plenario e impulsor de muchas de las definiciones alcanzadas. Estos son los diez puntos del Programa de Huerta Grande.

1.Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.

2.Implantar el control estatal sobre el comercio exterior

3.Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas.

4.Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.

5.Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo.

6.Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.

7.Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.

8.Implantar el control obrero sobre la producción.

9.Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales.

10.Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.

Fuentes: Roberto Baschetti. Documentos de la resistencia peronista 1955-1970 Editorial De La Campana, La Plata, 1997.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

Raimundo Ongaro en primera persona


El histórico dirigente de la CGT de los Argentinos Raimundo Ongaro en la actualidad tiene muy poca exposición pública. Aquí reproducimos un texto de 1984 donde habla en primera persona.

La causa de un exilio es importante y lo es sobre todo en mi caso. Estuve catorce veces preso en la Argentina, fui secuestrado en una ocasión, mi hogar fue allanado muchas veces. Mi mujer perdió alguno de los hijos por intromisiones en mi casa, a altas horas de la madrugada, de hombres que transportados en automóviles aparecían en esta localidad de Los Polvorines, haciendo uso de armas, vestidos de civil. A tanto llegó que cada vez que oíamos un automóvil era un terror, en una población alejada 34 kilómetros de Buenos Aires.

Esos hechos y los arrestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, la supresión de la posibilidad de imprimir hojas y diarios, la pérdida de la libertad habían generado en mí una convicción y una voluntad de no alejarme jamás y por ningún motivo de la Argentina. Había tomado una decisión muy seria de no abandonar el país, sean cuales fueran las circunstancias en que me encontrara. Recuerdo que en esto coincidíamos con otro sindicalista, hoy fallecido, Agustín Tosco, cuando nos encontramos juntos en la cárcel de Caseros, después de un período de nueve meses de arresto en el mismo lugar.

En esos diálogos con Tosco habíamos llegado a la conclusión de que si era necesario moriríamos presos en la cárcel pero siempre en la Argentina. Si eso servía como un milímetro de bandera para la lucha por la libertad en el presente o en el porvenir, nosotros lo ofrecíamos por la causa de una sociedad más justa, de estructuras modernizadas, de participación de los trabajadores, de un hombre nuevo.

¿Por qué se deshace en mí esa voluntad de no abandonar ni muerto la Argentina? No fueron las sucesivas cárceles, ni los allanamientos, ni las persecuciones, ni el sufrir simulacros de fusilamientos en los cañaverales de Tucumán a altas horas de la madrugada, ni los interrogatorios de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas armadas, ni las amenazas de la picana eléctrica. No fueron, repito, esos hechos que le pueden suceder a un militante político en esta época, como en cualquiera otra, de este país o de cualquier otro.

Fue el 7 de mayo de 1975, mientras me encontraba una vez más a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Que sería el último de mis arrestos. Entonces se iba a producir un hecho muy desgraciado para mi familia, aunque yo no lo iba a conocer ese día. El 8 de mayo, la jornada siguiente, incomunicado en un calabozo de Villa Devoto, solo y aislado en una celda de un metro con cuarenta por dos con treinta, en un camastro, estaba escuchando el informativo de Radio Colonia, en la voz del periodista Ariel Delgado. Faltaban cinco minutos para las 14, hora en que terminaba y me disponía a apagar la radio pensando -“bueno, esto es lo de todos los días”-, cuando escuché que mi hijo, Alfredo Máximo, había sido asesinado a balazos y su cuerpo encontrado en un lugar del Gran Buenos Aires.

Allí replanteé rápidamente, fueron unos segundos, mi decisión de quedarme en una cárcel, de no salir del país con mi familia. Aquel día comprendí que estar en la cárcel no servía para nada, si uno no podía utilizar la palabra, la comunicación con la gente, estar presente en una huelga, en una manifestación, en una asamblea, en un plenario o junto a los compañeros o los hermanos que estaban en una olla popular. Es otro mito, me dije, eso de creer que estar en la cárcel sirve para algo, porque yo no puedo defender a mi hijo; porque si hubiera estado en libertad, me hubieran matado a mí, y no a él.

Después de este hecho, las radios y los diarios anunciaron inmediatamente que mi hijo mayor, Raimundo, había sido esposado en el centro de Buenos Aires y gracias a la ayuda de un centenar de transeúntes pudo escapar de la policía lopezreguista y recibió la protección de una congregación religiosa que lo albergó hasta que pudo salir del país.

Veinticuatro horas después, al más joven de mis hijos, Miguel Ángel, lo vienen a buscar a esta casa de Los Polvorines y a la de su novia y no lo hallan. Conozco después –por medio de las visitas que llegan a la cárcel de parte de personas que trasmiten su solidaridad por estos hechos vandálicos- que el sector dominado por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega, había dictado una orden de exterminio contra mi familia. Durante una reunión de esa logia criminal se había llegado a la conclusión que era mejor matar a la familia del sindicalista Raimundo Ongaro que asesinarlo a él mismo.

Este es un método nazi que se dirige a afectar en primer lugar a la familia. Porque enseguida surge el razonamiento -“si no hubiera estado en política, es esas actividades sindicales, tal vez nuestro hijo estaría vivo, los otros no estarían amenazados y no tendríamos esta persecución. Contaríamos con la seguridad que todos los días, el hijo y el padre y el hermano y la novia y la madre y la abuela volverían a casa por la noche”-.

Ese sistema golpea primero a la familia, pero después sobre el núcleo de trabajadores, de militantes políticos de activistas sindicales, en un partido, en una asociación cultural. En estos medios, genera la siguiente reflexión: -“si lo mataron al hijo de aquel dirigente, ¿qué no nos pasará a nosotros, a quienes nadie conoce, la prensa jamás puso una foto, los diarios nunca dijeron que vivimos en tal lado e hicimos tal cosa o la otra?-”. Por lo tanto, el método busca desmoralizar en parte a un conjunto de la militancia y de los seguidores que han participado en una actividad reivindicativa o de emancipación social de los trabajadores y de un pueblo.

Fue en ese momento que comprendía que no servía de nada estar en una cárcel, atado de pies y manos, viviendo el peor de los exilios. Por tanto, decidí pedir la opción constitucional para salir del país.

La entonces presidenta María Estela Martínez de Perón no la firmó, siendo su deber hacerlo. No solo no lo hizo, sino que lo ignoró totalmente y tuve que recurrir a través de mis abogados al Poder Judicial, hasta que un digno juez le ordenó al Poder Ejecutivo que yo pudiera salir.

Antes de hacerlo, el director de la cárcel tuvo que tomar muchas precauciones. Setenta y dos horas antes de que me pusieran en un avión rumbo a la capital del Perú, durante la noche apareció en el penal de Villa Devoto una caravana de automóviles, supuestamente pertenecientes a la Policía Federal, reclamando por mí para llevarme a Ezeiza, en nombre de una comisaría determinada. El director de la cárcel, por sentido humano ante lo que había sucedido con mi familia, tuvo la sospecha que pudieran no ser de la Policía Federal y sí parapoliciales o paramilitares. Llamó a esa comisaría y le dijeron que de ahí no había salido ningún auto, por lo que no dejó que me sacaran. Esa noche, no me caben dudas, me hubieran matado también a mí. Tras ese hecho, entonces sí llegó la Policía Federal, me pusieron en un avión y fui deportado.

El testimonio completo de Ongaro, aquí.

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Sus dirigentes




Además del protagonismo de Raimundo Ongaro, hubo otros dirigentes que a partir de sus conductas y sus hechos hicieron posible la CGT de los Argentinos. Estas son sus historias de lucha.

Jorge Fernando Di Pascuale

Porteño nacido el 28 de diciembre de 1930. Fue uno de los más claros dirigentes político-gremiales que dio la Resistencia Peronista. Ya para 1958 gana en elecciones el Sindicato de Farmacia –con 25 años- orientándolo de ahí en más a la lucha contra las dictaduras de turno y el retorno de Perón a la Argentina.

En el ’59 da su presente en la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre codo a codo con los obreros del gremio de la Carne. Al año siguiente es nombrado Secretario de Prensa de las “62 Organizaciones Peronistas”.

Estuvo preso dos veces. La aplastante victoria del peronismo en las elecciones del 18 de marzo de 1962 lo confirma como diputado nacional, cargo que nunca pudo ejercer debido a que Frondizi anuló las elecciones.

Entre 1961 y 1962 es Secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo lo que le permite viajar con cierta asiduidad a Madrid y entrevistarse con Perón, quien lo nombra delegado personal ante los países socialistas. El año 1968 lo encuentra participando en forma activa en la creación de la CGT de los Argentinos donde no acepta ningún cargo pero recorre el país de punta a punta para unificar pensamientos y luchas en el seno de esa central obrera. Adhiere en forma personal al Peronismo de Base como única manera de lograr la creación y fortalecimiento de una alternativa independiente para la clase trabajadora argentina.

Amenazado por la Triple A se exilia en Venezuela, pero no soporta la lejanía de sus amigos y compañeros y vuelve para 1976. El mismo día de su cumpleaños, el 29 de diciembre de ese año, es secuestrado y desaparecido.

Fue visto en el campo de concentración clandestino “El Vesubio”, destruido físicamente pero entero, inclusive dando ánimo a todos pese a las bárbaras torturas recibidas. Aún recuerdo las palabras que una vez dijo a sus compañeros de militancia que lo admiraban: “Si algo llega a pasarme no les voy a perdonar que pidan solamente por mí... pidan por todos”. El 5 de julio de 2002 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires denominó con su nombre, el espacio verde delimitado por Avenida Lacarra, Dellepiane, Eva Perón y Autopista Perito Moreno. Su hijo Fernando escribió un largo y sentido poema que termina de este modo: “Pero ya no te espero, sólo te busco, pero ya no te espero, sólo te extraño, pero ya no te espero, porque al pasar los años, y después de tanto daño, que te hicieron a ti, ahora sólo queda, que vos me esperes a mí”.



Agustín Tosco

Nació en Coronel Moldes, el 22 de mayo de 1930, provincia de Córdoba, en el seno de una familia campesina, como él mismo la definiera. Supo lo que era trabajar la tierra junto a sus padres y al mismo tiempo cursar la escuela primaria. Aun en el piso de tierra de la casa de sus padres y con iluminación a vela, creó su pequeña biblioteca de lectura que desde edad temprana le inculcó su padre, que era un gran lector.

En 1944, deja el pueblo rural y el de su familia y va a la ciudad de Córdoba a realizar sus estudios secundarios en un internado: la Escuela de Artes y Oficios “Presidente Roca” con lo que inaugura en su vida personal la relación con el estudiantado y la industria, que en esa época venía en un sostenido desarrollo y crecimiento, tanto en la provincia mencionada, como a nivel nacional.

Luego de recibido como técnico industrial, en el año 1947, dos años después ingresa, a los 19 años, en el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (SPEC). Sin embargo, no dejó de estudiar y posteriormente, haciéndolo de noche, se recibió de electrotécnico, en la Universidad Tecnológica.

Ya en la organización sindical, en Luz y Fuerza de Córdoba, al poco tiempo es elegido delegado de su sector de trabajo, y pasó a ser una de las autoridades del cuerpo general de delegados. Al año es designado pro secretario general; más tarde es elegido secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza ( FATLYF) de donde será expulsado junto a su gremio, por no someterse a las prácticas burocráticas y “participacionistas” como él calificaba a la dirigencia gremial de la época.

Tosco es perseguido e inhabilitado por la intervención militar, de 1955 al 57. Es detenido por primera vez en Posadas, en 1956, representando a la FATLYF. Fue uno de los máximos dirigentes del Cordobazo, junto a otros dirigentes de entonces, como Atilio López.

Fue detenido en varias oportunidades. En 1969, después del Cordobazo, junto a otros compañeros, estuvo preso siete meses en La Pampa y Rawson. Estando detenido en 1972, a disposición de la dictadura cívico-militar, fue electo secretario general de su querido gremio Luz y Fuerza de Córdoba.

Cuando el golpe contra la cárcel que liberó a dirigentes del ERP trató de liberarlo también a Tosco, él se negó. Creía más en la fuerza de sus compañeros de las fábricas que obligarían a la dictadura militar a finalmente dejarlo en libertad.

En octubre de 1974 es intervenido el sindicato de Luz y Fuerza. Tosco pasa a la clandestinidad, perseguido. Enfermo, no puede ser internado: sería ejecutado ni bien se supiera el lugar donde se encontraba. Es atendido por amigos médicos que también se juegan la vida. Finalmente, Tosco muere, el 5 de noviembre de 1975. Tenía 45 años de edad.

Rodolfo Walsh

Descendiente de irlandeses, nació en 1927, en Choele Choel (provincia de Río Negro). Fue educado en colegios religiosos de Capilla del Señor y Moreno. En su primera infancia la familia no sufrió necesidades, pero cuando su padre dejó de ser mayordomo de estancia y tuvo que rondar el puerto en busca de trabajo, como consecuencia de la década infame, las necesidades empezaron a abundar.

Su vocación era ser aviador, aunque su incursión en el mundo de las letras, en su adolescencia, lo marcaron para siempre. Cuentos policiales, traducciones para la editorial Hachette, artículos de periodismo cultural para diversos medios -entre los que figuran La Nación-, y un premio municipal de literatura figuran en su curriculum hasta el ‘56.

Cuando estaba a menos de un mes de cumplir treinta años, un dato lo interrumpió de su amodorrado refugio intelectual. En un café de La Plata, alguien le dijo que había un sobreviviente entre los fusilados, meses antes, en un basural por orden del gobierno nacional. Entonces se animó, salió y fue más lejos que la gran prensa y que la misma justicia.

Su vida cambió. Preguntó sobre la historia de los fusilados del ‘56, averiguó acerca de los fusiladores, encontró a sobrevivientes y nunca dejó de buscar respuestas, a fin de ampliarlas hasta que la luz encegueciera. Los jefes militares de la policía bonaerense lo pusieron en la mira.

Luego encaró otra investigación, la del asesinato de un poderoso abogado judío vinculado con el diario La Razón. Los responsables del SIDE, recién creado, también lo consideraron su enemigo por los datos que reveló.

Hastiado del sistema de complicidades e impunidad, viajó a Cuba, donde la incipiente revolución lo incorporó de inmediato, para fundar una agencia de noticias primero y ser espía después, hasta derivar en criptógrafo, descubriendo el desembarco en Bahía Cochinos con meses de anticipación.

Más tarde se refugió en el Delta, escribió con melancolía algunos cuentos, cultivó la ironía a través de dos obras teatrales y planificó una novela que nunca pudo terminar de redactar. Su andanza lo llevó a conocer al coronel que escondió durante años el cadáver de Evita. Recorrió el litoral junto a un fotógrafo, compañero de aventuras. Describió, en notas de antología, el rostro oculto del país que la megalópolis porteña desconoce, porque siempre intuyó que debía acompañar a los abandonados.

Luego de encontrarse con Perón en Madrid, fundó una revista gremial para los trabajadores. Sabía que el movimiento obrero era traicionado por sus principales dirigentes, y los enfrentó descifrando el asesinato de uno de ellos. Se incorporó al Peronismo de Base, recorrió villas, integró las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y luego se sumó a Montoneros. La llamada burocracia sindical y la Triple A también lo consideraron tropa enemiga.

El 24 de marzo de 1976 empezó la última dictadura, que oscureció el sol de los argentinos por más de un lustro. Un año después, con la masacre y el exterminio a pleno galope, Rodolfo Walsh estaba sufriendo un exilio interno; vivía refugiado, tratando de ayudar a la militancia abandonada. A veces pensaba que a la edad en que muchos jóvenes eran perseguidos por la jauría de los borceguíes, él se dedicaba a imitar a Capablanca en el tablero, a armar laberintos literarios para alguna trama policial, o reseñaba la obra de Doyle o Bierce diciendo que hacía periodismo.

Perdió a su mejor amigo, supo de la muerte violenta de su primera hija y terminó enfrentándose con la cúpula del movimiento guerrillero. Había cumplido cincuenta años y desde su refugio, en San Vicente, decidió salir a pelear cara a cara contra el terror desatado por fuerzas perversas. Blandió el arma que mejor usaba, su máquina de escribir, y redactó el informe más lapidario que tuvo el gobierno militar al cumplir el primer año de gobierno. Pagó la osadía con su muerte.

Hacía veinte años había publicado el libro más importante de su vida, Operación Masacre. Recordaba que en el prólogo de la primera edición decía: “Investigué y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse”. Su deseo no se cumplió, y por eso escribió su último texto “sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso de dar testimonio en momentos difíciles”.

Tal vez la mejor definición de Walsh no sea ni lo que dicen sus apologistas, ni lo que dicen sus detractores, sino simplemente “un hombre que se anima, y eso es más que un héroe de película”.

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jueves, 1 de mayo de 2008

Emergencia habitacional en Buenos Aires (Ultima parte)


Los desalojos son uno de los flagelos que aumentan el problema de vivienda en la Ciudad. Si bien no se dispone de estadísticas oficiales, a partir de la consulta de diversas fuentes se puede lograr una aproximación a la situación de emergencia habitacional que presenta la ciudad de Buenos Aires. La Defensoría de Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un interesante panorama sobre el tema.

Un informe de la Oficina de Estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, permite precisar en 4833 el número de causas ingresadas a la Justicia Nacional, durante el ejercicio 2006, en concepto de desalojo —por falta de pago, por vencimiento de contrato, comodato, intrusos y otras causales. No se disponen de datos certeros que nos permitan establecer la cantidad de familias demandadas en cada causa. Sin embargo, se puede precisar que no menos de 19 mil personas se sumaron durante el año 2006 al universo de familias en emergencia habitacional .Y en ese año, la Justicia dictó mil novecientas setenta y seis sentencias de desalojo.

El Gobierno de la Ciudad aborda la emergencia habitacional a través del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, que depende del Ministerio de Desarrollo Social (hasta asumir Macri denominado de Derechos Humanos y Sociales). El objetivo del proyecto es el de asistir con un subsidio a aquellas familias que están en inminente situación de desamparo habitacional, o se encuentran transitoriamente sin vivienda o refugio por causa de desalojo. El programa está bajo la norma del Decreto 690/06 que prevé el otorgamiento de un monto de hasta $ 2.700 —que se abonan en seis cuotas mensuales de $ 450— a cada grupo familiar que acredite fehacientemente, con sentencia judicial de desalojo, su situación de emergencia habitacional. Cabe señalar que este programa, que directamente depende de la Dirección de Asistencia Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, en la actual gestión solo atiende a familias y dejó de atender a personas individuales por falta de partidas presupuestarias. Anteriormente, no hacía esta discriminación. Consultados por ZOOM, en el Programa afirmaron desconocer el porcentaje de la reducción del presupuesto.

Un análisis de las prestaciones del programa aporta otra aproximación a la magnitud de la emergencia de viviendas en la ciudad. Es necesario destacar que el programa que se analiza está integrado por aquellos hogares en situación de desalojo cuyos ingresos son menores al monto resultante del índice correspondiente a la canasta básica alimentaria, elaborada mensualmente por el INDEC, por lo que esta población constituye apenas un segmento del universo total de hogares en emergencia habitacional.

Las tendencias y proyecciones que se registran en este segmento resultan útiles para lograr una comprensión más acabada de la problemática. Durante el ejercicio 2006 el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle atendió a 4.146 hogares en emergencia habitacional. En ese contexto, la cantidad de hogares que quedaron en situación de calle y tramitaron un subsidio habitacional para afrontar el pago de un hotel o una vivienda transitoria se incrementó entre el primer y el segundo semestre del año 2006 en un 274 %. Y si se comparan los subsidios otorgados entre el primer y el cuarto trimestre de ese mismo año, se advierte que la cantidad de hogares que solicitaron su incorporación al Programa de Atención a Familias en Situación de Calle prácticamente se sextuplicó (con un incremento del 595%).

La situación descripta no registró mejoras en el 2007. Ascendió a 3657 el número de hogares en situación de calle que fueron asistidos por el Programa durante el primer semestre del año pasado. Es decir que, en apenas un semestre ese año, se atendió a casi la misma cantidad de familias que en todo el ejercicio del año anterior, lo que permite alcanzar una idea de la magnitud y la proyección del problema.

La tendencia en alza se verifica al comparar las prestaciones otorgadas por el Programa en el primer semestre del año 2007 con el mismo período del año anterior, registro que alcanza una variación del 330 %. Esto es apenas un panorama de la problemática, pero resulta lo suficientemente elocuente para mostrar el colapso habitacional y la tendencia alcista en materia de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires.

El creciente desamparo en que se encuentra la población de menores recursos motivó una presentación de un proyecto de Declaración por parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ante la Legislatura. Allí se sugiere a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Nación que disponga, en cada juicio de desalojo efectuado en la jurisdicción, que los juzgados adopten las medidas necesarias para realizar un informe socio-ambiental. Si el incumplimiento de las obligaciones contraídas que llevan al desalojo obedece a razones socioeconómicas ajenas a la voluntad de los demandados, se sugiere que los tribunales actuantes realicen un oficio judicial que incluya una copia del informe socio ambiental al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad para que adopte las medidas habitacionales o de protección correspondientes.

Pese a la gravedad de la situación habitacional, se han dictado numerosos juicios de desalojos, muchos de los cuales ya tienen sentencia firme. Estos veredictos se fueron ejecutando y se dejó en la calle a más de 2.300 grupos familiares de escasos recursos.

En este preocupante contexto social, es curioso el hecho de que algunos de los desalojos ejecutados —o en agenda— alcancen a predios de propiedad del Estado Nacional, como el que se llevó a cabo en un predio ubicado entre las calles Miravé, Alfayate, Suárez y Zavaleta, frente a la Estación del tren Buenos Aires, de la ex línea Belgrano Sur. Como resultado del operativo, más de cuatrocientas familias fueron desalojadas. El lugar estaba afectado al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). La orden fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo Federal Nº 9, a instancias de esta repartición estatal. Las familias desalojadas fueron asistidas por el Gobierno de la Ciudad con un subsidio habitacional de $ 450 mensuales, por el plazo de seis meses. Al término de dicho plazo estas familias pasaron a engrosar, mayoritariamente, el universo de hogares alojados en hábitats informales de la Capital o el Gran Buenos Aires.

El Estado Nacional también es el propietario de otro predio —lindante a la Villa 21/24 de Barracas— en el que habitan más de cien grupos familiares de escasos recursos, que fueron objeto de una acción de desalojo en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 6, Secretaría 11. Un fallo del juez Roberto Gallardo en el que se ordenó al Gobierno de la Ciudad, abstenerse “de cualquier acción de desalojo o expulsión, sea cual fuere su modalidad operativa, que pudiere vincularse con los habitantes de la Villa 21/24 que ocupan un predio de la zona de Barracas”, los salvó de su seguro destino.

Las familias que habitan la Villa 21/24, forman parte de un asentamiento que, al igual que otras villas de la ciudad, ha sufrido un crecimiento demográfico exponencial en los últimos años. Este crecimiento desmedido, que en dos décadas acumuló una variación del 800%, determinó un proceso de densificación poblacional que implicó la expansión en altura con expansión casas de dos, tres y cuatro pisos, y hacia los predios aledaños.

Si se concretaba ese desalojo en Barracas, era muy probable que estas familias no recibieran un subsidio habitacional. Esto es así ya que, como consecuencia de la envergadura de la emergencia habitacional, el Programa de Asistencia a Familias en Situación de Calle ya había ejecutado las partidas presupuestarias afectadas para el ejercicio 2007.

En el mismo estado de precariedad están las más de sesenta familias alojadas en el inmueble, también de propiedad del Estado Nacional, ubicado en la calle Solís 693 que se encuentra afectado a la Administración Nacional de Seguridad Social. La causa tramita ante el Juzgado Correccional Nº 3, secretaría Nº 60.

Pobreza, hacinamiento, trabajo precario o desempleo, hábitat informal, discriminación y exclusión son aspectos constitutivos del déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Es hora de que el Estado porteño empiece a encontrar alguna solución y no mire el problema de costado. Ya hace rato que entramos en tiempo de descuento.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

“Nosotros no tenemos a dónde ir”.


Detrás de fríos números sobre la Emergencia Habitacional de la ciudad de Buenos Aires hay personas e historias que no salen a la luz y que la mayoría mira de costado. Es que para mucha gente es difícil ponerse en el lugar del otro y comprender el drama profundo de los sin techo. Historias como las de Juan y Graciela que viven bajo la Autopista 25 de Mayo y sobre la calle Pasco, describen el desamparo de no tener adónde vivir.

Cuenta Graciela: “Hace tres días que estamos acá y por ahora no nos corrieron. Nos tuvimos que ir de un terreno baldío de México y Alberti porque ahí paraban personas muy violentas que se emborrachaban y nos amenazaban con cuchillos. Antes dormíamos en la Recova de Once, donde se juntaba mucha gente a la noche. Con él (por Juan) vivíamos en un hotel cuando cobrábamos el subsidio de parte del Gobierno (de la Ciudad), pero este beneficio solo puede pedirse dos veces según me dijeron. También ahí vivíamos con mi mamá que es muy viejita. Al final con ella terminamos viviendo en el Hospital Piñeiro internadas y después yo la dejé ahí para que se la llevaran a un asilo. Encima tengo miedo que me acusen de abandono de persona, pero no tenía otra salida que dejarla ahí. No sé a dónde la llevaron así que no la pude ver más y para mí es un dolor muy grande. Lo único que pido para mi vida es trabajo, porque cuando me quedé sin trabajo también me quedé sin casa y perdí mi autoestima. Yo antes era otra persona: me arreglaba, estaba alegre, ahora no sé a dónde voy a estar el día de mañana”.

Juan miraba a Graciela como esperando el turno para hablar. El también tenía cosas que decir: “Yo cartoneo y vivimos al día. No puedo conseguir un subsidio porque me quedé sin documento y cuando lo fui a hacer, por Villa Urquiza donde vivía, me dijeron que debía pagar 5 pesos por la foto y yo no tenía la plata. Cobraba un subsidio que me permitía vivir en un hotel, pero se me venció la constancia del documento en trámite y por eso no puedo cobrar más. Ahora vivimos en la calle, al menos bajo la Autopista no nos mojamos cuando llueve. Aunque cada 3 meses la policía te puede correr del lugar. Si vamos a los hogares municipales nos llenamos de piojos o sarna y hasta te pueden robar lo poco que tenés. Encima, hay que levantarse a las 7 de la mañana porque a esa hora te echan. Nosotros no pedimos nada, solo casa y trabajo”.

Adriana vino del Chaco y terminó recalando al costado de las vías del ferrocarril Roca en Barracas. “Al menos después de recorrer varios lugares de la Capital encontramos un lugar para vivir. Acá no hay agua y apenas tenemos luz, pero al menos tenemos un techo. La casa será de chapa y cartón, pero algo es algo. Yo no quiero volver a la calle, tengo cinco chicos y si no me quedo acá, no tengo a dónde ir”.

Ramón, que vive en el asentamiento de Gallo y Corrientes, contó que “por suerte tenía un familiar acá y pude hacerme una casita de material. A veces tenemos amenazas de desalojo, pero yo creo que vamos a resistirnos a eso, si nosotros no tenemos a dónde ir. Yo trabajo en una curtiembre de la zona pero con lo que gano no llego a fin de mes. A veces tengo suerte y consigo alguna changa para zafar”.

Estos son testimonios que valen más que mil palabras, que mil promesas. Da vergüenza que en la Argentina muchas personas no tengan acceso a dos derechos fundamentales para la dignidad de un ser humano: la vivienda y el trabajo.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

Conclusiones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad

En el extenso informe sobre las causas de la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, en busca de encontrar una solución al grave problema de la vivienda, llega a estas conclusiones que transcribimos a continuación.

La problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires requiere un giro conceptual. La situación de colapso actual es el resultado de años de políticas ineficaces que han demostrado una escasa capacidad para abordar y resolver este flagelo pero es el resultado de un modo de concebir esta problemática como un hecho coyuntural o episódico producto de un mero desajuste temporal.

El problema de la vivienda y del hábitat informal, al igual que la desigualdad social, la pobreza y la exclusión no son problemáticas accidentales ni de sencilla resolución.

El hábitat informal representa la manifestación espacial de la pobreza urbana. Este tipo de hábitat traduce un nivel de integración urbana pero no social. La población pobre de la ciudad, excluida de los bienes y servicios básicos como la vivienda, el agua corriente, la red cloacal, el gas y la electricidad es también la población pobre excluida del mercado formal del trabajo y, frecuentemente, es también la población excluida de los sistemas de participación política y de toma de decisiones –no son los “ciudadanos” sino los “asistidos” por las prácticas asistenciales del Estado.

Los centros urbanos se expanden a pasos agigantados y en un futuro cercano la mayor parte de la población se concentrará en las ciudades. Sin una adecuada, oportuna, planificada, consensuada y eficaz intervención del Estado la pobreza urbana continuará creciendo de modo exponencial y con ella se agravará la problemática habitacional ya que las ciudades, en su configuración actual, se encuentran lejos de poder ofrecer condiciones equitativas de acceso al suelo urbano, a la infraestructura y a los servicios para los pobres urbanos.

En el estado actual de situación aquellos sectores de la población metropolitana que concentran el poder adquisitivo son los destinatarios de las nuevos emprendimientos y de la expansión urbana. Aquellos otros que sólo tienen la necesidad son los excluidos del mercado y del goce de aquellos derechos que nuestra carta magna local garantiza.

Resulta necesario admitir que la ciudad informal es el resultado de la ausencia de políticas estatales de envergadura, estables, previsibles, consensuadas y sostenibles y no el resultado de la voluntad o el capricho de sus productores. Hay una ausencia notoria de políticas que se orienten a erradicar la pobreza y a radicar a los pobres, mediante estrategias de intervención que tengan su norte en los derechos y no en la posibilidad de pago de este universo poblacional.

El tema central de debate es el planeamiento urbano sostenible que garantice una ciudad equitativa, eficiente e inclusiva, donde los sectores de menores recursos tengan el lugar y gocen efectivamente de los derechos que se le reconocen a todos los ciudadanos.

La percepción y el reconocimiento del nivel de criticidad que presenta el problema en la actualidad, es el primer paso en el camino de la solución.

Reconocer el problema de la vivienda importa discernir las causas que lo determinaron y actuar en consecuencia. Para ello resulta imprescindible estructurar una agenda habitacional que permita abordar eficazmente la problemática de la vivienda en la Ciudad y que incluya algunos de los puntos que se proponen:

Suspensión inmediata de los desalojos de inmuebles o predios de propiedad del Estado local y del Estado Nacional.

Declaración Legislativa de la Emergencia Habitacional en la Ciudad.

Transferencia inmediata de partidas presupuestarias que garanticen la asistencia de los grupos familiares que quedarán en situación de desalojo en los próximos meses.

Convocar a distintos actores de la sociedad civil que trabajen en temas relacionados con el hábitat –ONGs, Organizaciones Confesionales, Universidad, Organismos de Control, Organizaciones Barriales, Sociales y Territoriales- a debatir una Agenda Habitacional que elabore propuestas de corto, mediano y largo plazo y que garanticen la participación efectiva de la sociedad en el diseño y ejecución de las medidas.

Ley marco de vivienda a nivel local que defina la política habitacional y precise los alcances y contenidos del Derecho a la Vivienda y del Derecho a la Ciudad incorporando los estándares internacionales en materia habitacional.

Propiciar herramientas e instrumentos de coordinación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades locales de la Región Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) en materia habitacional y articular programas de vivienda entre ambas jurisdicciones.

Políticas se intervención en el mercado que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos (políticas de incentivo a la producción de vivienda en áreas postergadas de la ciudad; incentivos a la producción de ciertas categorías de viviendas -“sencilla” o “confortable”-; desalentar el mantenimiento de tierras vacantes e inmuebles ociosos; entre otras).

Conformación efectiva de un Banco de Inmuebles con fines sociales que incorpore tierras e inmuebles del Gobierno de la Ciudad, del Estado Nacional o Provincial y tierras de dominio privado que resulten aptas para la construcción.

Inventariar y recuperar –afectándolos a programas de vivienda social- el Patrimonio Inmobiliario Estatal que no tenga un fin específico.

Desarrollo de Programas que aborden efectivamente la emergencia habitacional a través de políticas que asistan a las familias en el corto plazo y se articulen con operatorias de mediano y largo plazo que propicien soluciones sustentables.

Incorporar –de modo efectivo- la participación de la ciudadanía en la planificación, diseño, ejecución y control de los programas habitacionales.

Mecanismos de financiación y programas de subsidio a la demanda que sean eficaces, que aseguren un monto que viabilice la compra de inmuebles en la ciudad y modalidades y plazos de ejecución que se ajusten a la celeridad que presentan las transacciones inmobiliarias en el mercado privado.

Programas de subsidio a la oferta de viviendas que prioricen a los sectores de menores recursos.

Diseño consensuado de un Programa Integral de regularización de villas y asentamientos que reconozca explícitamente el derecho de la población residente a ocupar el espacio urbano en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad; que valorice el proceso de producción de hábitat efectuado por los ocupantes; que garantice la disponibilidad del suelo urbano necesario; que establezca metas por etapas y plazos objetivos, que se oriente a resolver los problemas más urgentes –construcción y mejoramiento de viviendas, infraestructura y servicios adecuados, regularización dominial, equipamiento comunitario- y que asegure la participación efectiva de los afectados y de las organizaciones de la sociedad civil en la etapa de diseño y ejecución de los programas. Para el caso de asentamientos que se emplacen en predios que no son susceptibles de ser urbanizados (terrenos lindantes con las vías del ferrocarril, bajo autopistas, etc) se debe asegurar la radicación de la población en tierras aptas cercanas a su lugar de emplazamiento.

Programas de viviendas transitorias

Programas de vivienda en arriendo y/o comodato para adultos mayores autoválidos y mujeres jefas de familia.

Promoción de políticas que favorezcan los procesos de autogestión del hábitat.

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