Los desalojos son uno de los flagelos que aumentan el problema de vivienda en la Ciudad. Si bien no se dispone de estadísticas oficiales, a partir de la consulta de diversas fuentes se puede lograr una aproximación a la situación de emergencia habitacional que presenta la ciudad de Buenos Aires. La Defensoría de Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un interesante panorama sobre el tema.
Un informe de la Oficina de Estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, permite precisar en 4833 el número de causas ingresadas a la Justicia Nacional, durante el ejercicio 2006, en concepto de desalojo —por falta de pago, por vencimiento de contrato, comodato, intrusos y otras causales. No se disponen de datos certeros que nos permitan establecer la cantidad de familias demandadas en cada causa. Sin embargo, se puede precisar que no menos de 19 mil personas se sumaron durante el año 2006 al universo de familias en emergencia habitacional .Y en ese año, la Justicia dictó mil novecientas setenta y seis sentencias de desalojo.
El Gobierno de la Ciudad aborda la emergencia habitacional a través del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, que depende del Ministerio de Desarrollo Social (hasta asumir Macri denominado de Derechos Humanos y Sociales). El objetivo del proyecto es el de asistir con un subsidio a aquellas familias que están en inminente situación de desamparo habitacional, o se encuentran transitoriamente sin vivienda o refugio por causa de desalojo. El programa está bajo la norma del Decreto 690/06 que prevé el otorgamiento de un monto de hasta $ 2.700 —que se abonan en seis cuotas mensuales de $ 450— a cada grupo familiar que acredite fehacientemente, con sentencia judicial de desalojo, su situación de emergencia habitacional. Cabe señalar que este programa, que directamente depende de la Dirección de Asistencia Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, en la actual gestión solo atiende a familias y dejó de atender a personas individuales por falta de partidas presupuestarias. Anteriormente, no hacía esta discriminación. Consultados por ZOOM, en el Programa afirmaron desconocer el porcentaje de la reducción del presupuesto.
Un análisis de las prestaciones del programa aporta otra aproximación a la magnitud de la emergencia de viviendas en la ciudad. Es necesario destacar que el programa que se analiza está integrado por aquellos hogares en situación de desalojo cuyos ingresos son menores al monto resultante del índice correspondiente a la canasta básica alimentaria, elaborada mensualmente por el INDEC, por lo que esta población constituye apenas un segmento del universo total de hogares en emergencia habitacional.
Las tendencias y proyecciones que se registran en este segmento resultan útiles para lograr una comprensión más acabada de la problemática. Durante el ejercicio 2006 el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle atendió a 4.146 hogares en emergencia habitacional. En ese contexto, la cantidad de hogares que quedaron en situación de calle y tramitaron un subsidio habitacional para afrontar el pago de un hotel o una vivienda transitoria se incrementó entre el primer y el segundo semestre del año 2006 en un 274 %. Y si se comparan los subsidios otorgados entre el primer y el cuarto trimestre de ese mismo año, se advierte que la cantidad de hogares que solicitaron su incorporación al Programa de Atención a Familias en Situación de Calle prácticamente se sextuplicó (con un incremento del 595%).
La situación descripta no registró mejoras en el 2007. Ascendió a 3657 el número de hogares en situación de calle que fueron asistidos por el Programa durante el primer semestre del año pasado. Es decir que, en apenas un semestre ese año, se atendió a casi la misma cantidad de familias que en todo el ejercicio del año anterior, lo que permite alcanzar una idea de la magnitud y la proyección del problema.
La tendencia en alza se verifica al comparar las prestaciones otorgadas por el Programa en el primer semestre del año 2007 con el mismo período del año anterior, registro que alcanza una variación del 330 %. Esto es apenas un panorama de la problemática, pero resulta lo suficientemente elocuente para mostrar el colapso habitacional y la tendencia alcista en materia de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires.
El creciente desamparo en que se encuentra la población de menores recursos motivó una presentación de un proyecto de Declaración por parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ante la Legislatura. Allí se sugiere a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Nación que disponga, en cada juicio de desalojo efectuado en la jurisdicción, que los juzgados adopten las medidas necesarias para realizar un informe socio-ambiental. Si el incumplimiento de las obligaciones contraídas que llevan al desalojo obedece a razones socioeconómicas ajenas a la voluntad de los demandados, se sugiere que los tribunales actuantes realicen un oficio judicial que incluya una copia del informe socio ambiental al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad para que adopte las medidas habitacionales o de protección correspondientes.
Pese a la gravedad de la situación habitacional, se han dictado numerosos juicios de desalojos, muchos de los cuales ya tienen sentencia firme. Estos veredictos se fueron ejecutando y se dejó en la calle a más de 2.300 grupos familiares de escasos recursos.
En este preocupante contexto social, es curioso el hecho de que algunos de los desalojos ejecutados —o en agenda— alcancen a predios de propiedad del Estado Nacional, como el que se llevó a cabo en un predio ubicado entre las calles Miravé, Alfayate, Suárez y Zavaleta, frente a la Estación del tren Buenos Aires, de la ex línea Belgrano Sur. Como resultado del operativo, más de cuatrocientas familias fueron desalojadas. El lugar estaba afectado al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). La orden fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo Federal Nº 9, a instancias de esta repartición estatal. Las familias desalojadas fueron asistidas por el Gobierno de la Ciudad con un subsidio habitacional de $ 450 mensuales, por el plazo de seis meses. Al término de dicho plazo estas familias pasaron a engrosar, mayoritariamente, el universo de hogares alojados en hábitats informales de la Capital o el Gran Buenos Aires.
El Estado Nacional también es el propietario de otro predio —lindante a la Villa 21/24 de Barracas— en el que habitan más de cien grupos familiares de escasos recursos, que fueron objeto de una acción de desalojo en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 6, Secretaría 11. Un fallo del juez Roberto Gallardo en el que se ordenó al Gobierno de la Ciudad, abstenerse “de cualquier acción de desalojo o expulsión, sea cual fuere su modalidad operativa, que pudiere vincularse con los habitantes de la Villa 21/24 que ocupan un predio de la zona de Barracas”, los salvó de su seguro destino.
Las familias que habitan la Villa 21/24, forman parte de un asentamiento que, al igual que otras villas de la ciudad, ha sufrido un crecimiento demográfico exponencial en los últimos años. Este crecimiento desmedido, que en dos décadas acumuló una variación del 800%, determinó un proceso de densificación poblacional que implicó la expansión en altura con expansión casas de dos, tres y cuatro pisos, y hacia los predios aledaños.
Si se concretaba ese desalojo en Barracas, era muy probable que estas familias no recibieran un subsidio habitacional. Esto es así ya que, como consecuencia de la envergadura de la emergencia habitacional, el Programa de Asistencia a Familias en Situación de Calle ya había ejecutado las partidas presupuestarias afectadas para el ejercicio 2007.
En el mismo estado de precariedad están las más de sesenta familias alojadas en el inmueble, también de propiedad del Estado Nacional, ubicado en la calle Solís 693 que se encuentra afectado a la Administración Nacional de Seguridad Social. La causa tramita ante el Juzgado Correccional Nº 3, secretaría Nº 60.
Pobreza, hacinamiento, trabajo precario o desempleo, hábitat informal, discriminación y exclusión son aspectos constitutivos del déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Es hora de que el Estado porteño empiece a encontrar alguna solución y no mire el problema de costado. Ya hace rato que entramos en tiempo de descuento.
www.revista-zoom.com.ar/articulo2141.html
Por Roberto Koira para Revista Zoom
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