lunes, 30 de junio de 2008

Libertad de prensa, de la boca para afuera













Los conflictos salariales que afectan a los trabajadores de los medios de comunicación no tienen difusión en virtud del pacto de silencio de las propias empresas que los emplean. El papel de la UTPBA y de las comisiones internas frente al ninguneo de los paladines de la libre expresión.

Los conflictos salariales de los periodistas son abordados por empresa y nunca en una paritaria general de todo el gremio, tal la particular versión de UTPBA. Así los trabajadores están más expuestos a arbitrariedades por parte de la patronal y los conflictos se pueden resolver más rápidamente si existe una verdadera unidad entre ellos. Si esta máxima no prima, las empresas periodísticas apuestan al desgaste para pagar lo menos posible y desarticular la protesta.

Sin embargo, la gran paradoja es que los problemas salariales de los comunicadores sociales no tienen ninguna difusión y en muchos casos se los trata de ocultar para evitar la solidaridad entre pares. Los medios, tan celosos a veces con los conflictos ajenos, a veces con grandes coberturas de los hechos, no miran la paja en su propio ojo o se hacen los distraídos.

El caso Terra

Los conflictos salariales, como el que sucedió en Terra o los que continúan en la agencia Noticias Argentinas o Diario Popular, no aparecen en ningún lado y parece que no existieran, pero están. A veces terminan con final feliz como en Terra, donde se llegó a un acuerdo luego de una dura negociación y por la tozudez de los trabajadores que se mantuvieron unidos.

Como explica el delegado del portal, Mariano Jasovich, “llegamos a un acuerdo el miércoles 18 después de las amenazas de paro y del quite de colaboración (por lo que no se actualizaba el portal). Se logró el acuerdo a partir de el 19% desde abril retroactivo, 4% en octubre más $1.000 no remunerativos”.

El delegado hizo una breve reseña del conflicto. “Todo comenzó el 30 de marzo, cuando caducó el compromiso anterior. Esto siguió en abril, mayo y junio. Al principio fue solo negociación y después entramos en conflicto: quite de colaboración y trabajo a reglamento. Así dejamos de hacer tareas como el envío de flashes, noticias cortas que se envían a los celulares. Y a partir del martes 17 de junio estuvimos en asamblea permanente a partir de que no teníamos una respuesta de la empresa y la negociación se estancaba.”

En el medio de la puja, Terra despidió al gerente de contenidos Germán Alemanni, pese a que no estaba en convenio y no participaba en la asamblea. “Para nosotros fue un golpe, —declaró Jasovich— ya que era muy respetado por todos profesionalmente y como ser humano. Igual él decidió no quedarse y cobró toda su indemnización. Nosotros hicimos la protesta en el Ministerio frente a lo que vivimos como un amedrentamiento por parte de la empresa. Más allá de que no era parte del convenio, era echar a la cabeza de la redacción en el momento en que estábamos negociando el salario.” La empresa negó que los hechos estuvieran vinculados y el despedido no quiso quedarse y pelear por su puesto de trabajo. “Decidimos hacer una asamblea de 6 horas y a partir de ahí un repudio en el Ministerio. La empresa dio a entender, a través de su abogado, que el despido no tenía nada que ver con el conflicto. Quedaron las dos posiciones fijadas y la empresa se negó a garantizar que no iba a ver más represalias. Lo raro es que esto se haya estirado tanto, ya que en las cifras estábamos cerca. Creo que fue una estrategia de negociación pensando en nuestro desgaste. A la gente la cansan las asambleas, pero nosotros nos mantuvimos unidos y esa fue nuestra arma. Nos mantuvieron en la discusión, ya que si te empezás a dividir es más complicado. Acá las decisiones se tomaron por consenso y esa fue la clave para llegar a un buen acuerdo”, cerró Jasovich.

Ante la nula difusión de los medios masivos, los trabajadores de prensa utilizan blogs para hacer conocer sus conflictos. Así, los periodistas de Terra, Diario Popular, Noticias Argentinas y Radio Rivadavia informan cómo se desarrollan las negociaciones, cómo se empantanan o exponen sus reclamos salariales.

Noticias Argentinas, los salarios más bajos del sector

En la agencia Noticias Argentinas están en conflicto salarial hace tres meses. El reclamo de elevar el básico de los $1.700 actuales a $2.500 no tuvo eco en la empresa, que quiere pagar bastante menos que la oferta salarial oficial. Según la información del blog de los trabajadores de la agencia, el 14 de abril se abrió la negociación para recomponer y actualizar los básicos de entre 1.700 y 2.300 pesos, con un reclamo de $800 de incremento, remunerativos, antes del 30 de diciembre.

La primera oferta que acercó la empresa fue la de aumentar los salarios en un 20 por ciento, primero en cuotas chicas, luego modificadas. Los trabajadores de la agencia la rechazaron por insuficiente en el marco de una asamblea y la única mejora que ofreció la empresa fue “subir el piso" de $340 a $400 para los básicos más bajos. La propuesta no satisfizo los reclamos, entonces se escogió el camino de “80% lucha y 20% negociación”, con asambleas de una hora por turno, dentro de un estado que técnicamente se denomina de "asamblea permanente".

La empresa respondió mayoritariamente con chicanas y protestas por el "corte del diálogo", después de admitir que paga los salarios más bajos del sector y trató de relativizar los valores que se acordaron en otros medios, bajo la excusa falsa de que sus trabajadores tienen horarios más prolongados.

En 2008, con una inflación INDEC valuada en 2,5% para el primer trimestre y una pauta oficial de aumento salarial del 19,5%, la oferta inicial de NA fue de $340. El mismo grupo empresario manejó valores parecidos en El Día de La Plata ($400) y Diario Popular ($450).

Alejandro Bidondo, delegado de NA, describe cómo sigue la disputa. “Estamos todavía en conflicto y con asambleas permanentes. Creemos que estamos cerca de un acuerdo pero la empresa dice que no. El conflicto lleva tres meses en el que hicimos 2 paros y medio. A los $1.700 del básico pedimos $800 remunerativos a diciembre y la empresa contraoferta primero un 20% de lo pedido. Luego, siguió con $400. Después fueron $450 y ahora ofrecen $630 en diciembre. Seguimos con asambleas por turno, ya que no hay unanimidad para un nuevo paro. La unidad con los trabajadores del Diario Popular (que pertenecen a la misma patronal) se frustró, algo que le podría haber dado más fuerza al reclamo. La empresa parece que no tuviera interés de solucionar el conflicto y hace oídos sordos. Nos presenta sistemas complicados como propuestas de arreglo. Esta semana es definitoria, según UTPBA, para la finalización del conflicto salarial. Parece que la empresa va a hacer una oferta final”.

El conflicto en Diario Popular

En Diario Popular la lucha salarial comenzó en febrero con un pedido de sumar 700 pesos al básico. En ese marco, los trabajadores realizaron la primera Jornada de Reflexión Salarial demostrando la firmeza en el reclamo por un salario digno. El 21 de Mayo, la empresa propuso completar el 20 por ciento de aumento con el cobro de mayo y elevar la garantía mínima a 450 pesos.

Sobre la base del pedido realizado, en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, los periodistas consideraron que dicha oferta era insuficiente. Frente a esta evaluación, la patronal no sólo no completó el 20 por ciento en mayo, sino que también bajó la garantía mínima a 400 pesos, cerrando la discusión salarial hasta Marzo de 2009.

Al seguir la disputa por los aumentos de sueldos, los periodistas cumplieron la Segunda Jornada de Reflexión Salarial. Junto con esta iniciativa llegaron los aprietes patronales para que los trabajadores renuncien a la lucha. Para romper el frente interno sindical, la empresa convocó a una reunión con representantes de una sola sección (Deportes), para puentear al resto de los trabajadores y a la Comisión Interna. A pesar de la maniobra no lograron su objetivo, ya que en Deportes llevaron la propuesta a la asamblea para ser evaluada.

Además, la empresa anunció el envío de Cartas Documento a quienes participaban de las Jornadas. Y efectivamente las enviaron a 19 trabajadores, luego de que la sección Deportes ratificara al director del diario el pedido de 700 pesos al básico. Así la Asamblea de Trabajadores y la Comisión Interna elaboraron un documento con la propuesta, que fue rechazado por la empresa.

La escalada continuó. A principios de junio, se realizaron 60 horas de reflexión salarial luego de 21 años sin medidas de fuerza de carácter general. El viernes 6 tuvo lugar una asamblea a la espera de la oferta salarial y la respuesta sobre la situación de los periodistas que recibieron cartas documento por realizar un reclamo justo. Frente al mutismo patronal y la no solución del conflicto después de más 4 meses, la lucha de los trabajadores sigue en pie.

Nosotros no cerramos la discusión salarial, —explica Norma Giménez, delegada gremial— la empresa dio por sentado que nos va a dar 450 pesos al básico y no los 700 que pedimos. Así que no nos desmovilizamos porque para nosotros faltan $250. No firmamos nada hasta que en el convenio se incluya una cláusula de inflación y se reconozcan los $250 que faltan sobre los 700 pesos exigidos. Hubo tres días de paro y esto arrancó en marzo junto a los gráficos y continuará. El 1 de julio habrá una asamblea con un debate público sobre condiciones laborales y revisaremos los recibos de sueldos para detectar las deficiencias en las liquidaciones.”

Giménez señala la posición de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires en el conflicto. “Nosotros nos manejamos solos, ya que UTPBA no se hizo presente. Quizá sea porque los delegados del Popular eran de la lista opositora a la conducción del gremio. Igualmente, estamos unidos para continuar la lucha”.

Mala sintonía

Otro foco de conflicto se da en las radios que integran el Grupo CIE, las FM Rock&Pop, Metro, Aspen y Blue; y América AM1190. Ante el rumor de la venta de las emisoras y la crisis interna que afecta a los empleados por una serie de despidos en América, la UTPBA pidió que el Comfer intervenga en el tema. El gremio hizo este pedido porque entiende que la cuestión es más que un "mero conflicto salarial". Por intermedio de un comunicado, la UTPBA interroga al Comfer sobre la evidente estrategia de retirada del mercado local del grupo mexicano.

Más imaginativos fueron los trabajadores de Radio Rivadavia, que mantienen un largo diferendo salarial con la patronal. En su blog El Espacio de los Lechuzeros apelaron a un toque poético y describieron su situación laboral a través de un escrito sencillo titulado “Solo la dignidad podrá salvarnos”.


Qué lástima lo que vivimos todos!!
Qué feo es trabajar
y que tu trabajo le importe un bledo a tu empleador.
Tan poco le importa, que ni siquiera te paga,
o lo hace cuando quiere.
El compañero que tenés al lado,
está dispuesto a cagarte sin miramientos.
Si es posible delante de un jefe, mejor.
El domingo fue el Día del Padre, y muchos de nosotros
sólo teníamos $200.- para toda la semana.
Así es como nos quieren hacer sentir. Bien pobres.
El martes, con el inicio de la semana,
imaginé una reacción generalizada.
Y nada.
Así estamos, desunidos, comidos por la avaricia del ascenso
que nunca llegará.
Por la desesperación de un manguito más que los demás,
o algún viejo favor del Rula.
Haciendo méritos sobre la mierda.
Con la sonrisa falsa y el cuchillo en la espalda.
Estamos educados a lo Cetrá. Somos sus discípulos y esclavos.
Podrán quitarnos la dignidad laboral,
tener pánico a la pérdida del empleo,
pero tratemos de recuperar la dignidad como personas.
Cuando nos demos cuenta, ya será tarde.
Tratemos de conversar en círculos cada vez más amplios.
Asociándonos en la adversidad gozaremos de la prosperidad.

Distintas formas de lucha, pero con un mismo objetivo: la recuperación del salario y la dignidad del trabajador de prensa. Sería positivo que alguna vez el gremio convoque a una paritaria general, así los reclamos dejarán de ser sectoriales. De esa manera no se perderán en el mar de la indiferencia de sus pares ni serán tan sencillos de ningunear por los medios masivos.

Fuente: ANC (Agencia Nacional de Comunicación)

Blogs:

www.elpopulachoenlucha.blogspot.com www.primeraagenciaprivada.blogspot.com www.rivadaviaradio.blogspot.com www.trabajadoresdeterra.blogspot.com

www.revista-zoom.com.ar/articulo2412.html

Por Roberto Koira para Revista Zoom

miércoles, 25 de junio de 2008

La última palabra







Caía la noche sobre Constitución. Como cada lunes después de un fin de semana largo en la calle no había un alma. Después de haber estado en la casa de unos amigos tomé el 143 hacia Lugano. El bondi subió por Garay y el único contraste eran las “chicas” buscando clientes. Brasil, Chiclana, poca gente y nada de ruido. Un par de parroquianos se bajaron en la villa que está enfrente de la cancha de San Lorenzo. Con tanta quietud, empecé a cabecear. Casi me quedo dormido. Una señora me golpeó la pierna con su bolso de mimbre y acabó con la somnolencia.

En Villa Soldati , el mismo clima de quietud de un día feriado. Apenas una jauría de perros tras una hembra alzada rompiendo la monotonía. Cuando el colectivo llegó a la estación de Lugano, toqué el timbre y me bajé. Llegué a casa y encendí la televisión en busca de alguna noticia perdida sobre los sucesos del sábado en Gualeguaychú. Un cronista de Telenoche transmitía desde Santa Fe y Callao. Según su relato, el pueblo había montado en cólera y hacía sonar sus cacerolas por la intransigencia del gobierno a solucionar el tema del “campo”. Otros móviles ubicados en zona norte transmitían imágenes parecidas a la primera, gente elegante haciendo sonar sus cacerolas. Después más móviles, pero desde Gualeguaychú o Córdoba.

Me pregunté: ¿viviré en otro país o estoy viendo la CNN? No, era Canal 13. Estuve viajando durante 40 minutos por la ciudad de Buenos Aires y no escuché ninguna cacerola. ¿Me habré quedado sordo? No, los cacerolazos que transmitía la tele los escuchaba. ¿Cuál era la verdadera realidad?

Todavía incrédulo seguí mirando Telenoche y observé detenidamente las imágenes de los caceroleros y sus pancartas. La mayoría eran insultos, agravios e intransigencia y me pregunté otra vez: ¿todo esto por unos puntos de retenciones?

Sentí que había algo más detrás y decidí ir a la Plaza de Mayo el miércoles. La democracia está por arriba de cualquier disputa política. Cuando hay un Golpe de Estado es el pueblo el que lo paga con su sangre.

Desde temprano, miles de personas se congregaron en Plaza de Mayo. Mucha movilizada por los aparatos partidarios o sindicales, aunque lo que me llamó la atención fue la gente que apareció sola por motu propio. Algunas personas hasta improvisaron carteles caseros con consignas simples como “Aguante Cristina” o “Estamos por la Democracia”. Hasta que aparecieron las Madres de Plaza de Mayo y vi los rostros de los desaparecidos en sus carteles. Fueron 30.000 pero parecen que no hubiese alcanzado, ya que todavía hay gente que cree que los Golpes de Estado son gratuitos y nada pasa.

Esos rostros de la Plaza eran diferentes a los de los caceroleros paquetes, había muchas caras ajadas por el trabajo y ropa de segunda marca. Me acordé de la trillada consigna “Solo el pueblo salvará al pueblo” y ya no me pareció tan trillada. A veces uno debe salir en defensa propia para preservar sus derechos, y más cuando son los que nos atañen a todos los argentinos.

En la Plaza del miércoles no hubo agresión, hubo esperanza de construir una Argentina para todos y sin darle un cheque en blanco al gobierno, ni mucho menos. Con el himno la emoción empezó a brotar. Luego, el discurso de la Presidenta me dejó prendida una frase: “contribuir a construir más democracia y más institución”.

¿Será tan difícil que el lucro de unos pocos deje de ser un obstáculo para que otros argentinos puedan tener una vida más digna? Con la esperanza de que los golpistas no siempre tienen la última palabra, me fui de la Plaza de Mayo.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

viernes, 13 de junio de 2008

Macri no tiene cura


Que los hospitales porteños están en crisis no es una novedad para nadie. Sin embargo, la gestión actual de Mauricio Macri, caracterizada por su sesgo discriminatorio y su inoperancia, provocan que el problema se agrave. Revista ZOOM se reunió con trabajadores de la salud, pacientes y profesionales del Hospital Ramos Mejía para conocer la realidad de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Por temor a represalias no quisieron dar sus nombres, pero describieron un panorama desolador y señalaron que el Gobierno de la Ciudad está empujando a una crisis casi terminal a los nosocomios públicos.

La polémica sobre la discriminación en los hospitales porteños sumó esta semana un elemento que despeja cualquier duda. En la práctica, la prioridad es para los ciudadanos de Capital y al resto se le debe poner trabas. Parte de esta metodología quedó bien en evidencia con una reciente e insólita disposición que se observa a simple vista, pegada en la puerta del Hospital Ramos Mejía. La resolución informa “al público en general que a partir del día Lunes 09/06/08, se encuentra totalmente prohibido el ingreso del mismo a formar fila y/o sacar turnos en el interior Hospital antes de las 05:30 hs.” Y agrega: “Toda persona que desee ingresar deberá formar fila y esperar del lado de afuera manteniendo el orden y turno de llegada.” Paradójicamente, el comunicado está encabezado por una frase que hace unos meses inicia todas las notas oficiales: 2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos.”

Con este tipo de directivas se ha ido conformando un estado de situación que expulsa a todos aquellos pacientes que no viven en Capital. La respuesta brota casi de memoria: “tenés turno de acá a tres meses”. Lo explicaron los trabajadores de la salud: “es algo que está inducido, entonces la gente se empieza a ir”.

Como comentó una paciente, “ahora con esta disposición que obliga a esperar afuera, en época de frío, tener que esperar por el turno del hospital en esas condiciones va a producir que la gente no se quede”. “Es una política en contra de la gente del Gran Buenos Aires. Si me pone trabas a mí, que vivo a 6 cuadras, imaginate a la que vive en Moreno”, se quejó otra.

Para dar un panorama más claro está el testimonio de otro trabajador. “Se empiezan a achicar los turnos, las camas, el Hospital. A los lugares que no producen ganancias se les aplica el método comercial. Así, servicios que no funcionan hace 6 meses son servicios que ya no van a existir. Ahora, con la inoperancia y la conciencia de que ‘voy retirando lo que no me deja dinero’, se agudizó más la política de abandono hacia los hospitales. Esta realidad no sólo es la del Ramos Mejía sino la de todos los hospitales de la Capital”.

Hay gente que viene desde muy lejos y gasta mucha plata en viáticos. Por ese motivo se creó el boleto sanitario hace meses, ya que hay una ley que indica que lo tendría que pagar el hospital. Es una reivindicación que deriva de la crisis del año 2001 y que no se cumple. Como detalló una paciente, “todos los miércoles veníamos a hablar con el director del Hospital, e íbamos obteniendo determinadas reivindicaciones. De a poco, se perdieron todas. Esto se agudizó con Macri”.

La discriminación desde adentro

En algunos hospitales no se están atendiendo a personas que no están bañadas. Hay mucha gente que vive en la calle, y otra que viene desde sitios lejanos donde no tienen agua. La discriminación es constante. “La vez pasada vino un hombre que tenía una gangrena en la pierna, y no lo quisieron atender por no tener domicilio en Capital. Hace dos meses llegó un decreto de Macri ordenando que no se puede atender gente que no esté en el radio determinado para el Ramos Mejía”, expresó un enfermero del hospital de la calle Urquiza.

La discriminación parece haberse hecho carne en parte del personal. “Hay empleados administrativos que, por cuenta propia, hacen un listado para preguntarle a la gente dónde nacieron. Cuando les contestan ‘de Bolivia’ o ‘de Perú’, anotan. Y después andan diciendo ‘acá atendemos a todos los extranjeros y no a los argentinos’. Van tirando esa conciencia y logran instalar ese discurso”, relata otro empleado. En el Ramos, una chica peruana que estaba embarazada se descompuso y algunos empleados le recriminaron brutalmente “te hubieses hecho un aborto antes de venir a la Argentina”.

Una paciente sostuvo que “Macri es agente de una política que surge del Banco Mundial, que hace más de dos años decidió que el capital privado se trague a los hospitales públicos. Pero si se cierran los hospitales, ¿dónde va a ir a parar la gente?”, se preguntó. “Lo que no tiene Macri es estructura. Nos metió el verso de que tenía un equipo desde hacía 5 años que sabía hacer las cosas. No tiene ni idea de lo que es la gestión, porque en otros lugares también han hecho un desastre. Su metodología es: ‘de acá para adelante, Foja Cero’, y han cortado cosas sin tener idea. Ponen como escudo al vecino, diciendo ‘el vecino quiere esto’ y lo que él quiere es un hospital limpio pero sin gente. No es un problema de voluntad, es un problema político”, agregó un trabajador.

La falta de personal

Otra consecuencia es la lucha de pobre contra pobre y de trabajador contra trabajador, ya que la gente insulta muchas veces a médicos, enfermeros y secretarios por los inconvenientes en el Hospital. “Parece que hay un plan sistemático para destruir la salud pública. Me preocupa porque la gente, en vez de encarar su lucha contra el Gobierno de la Ciudad, se pelea o insulta a los médicos y enfermeros”. Uno de los problemas es la falta de personal. Por ejemplo, hay una sola secretaria para ocho médicos.

Un enfermero describió esta triste realidad: “lo que se ha visto en estos seis meses, desde que asumió Macri, es todo inoperancia. El Hospital perdió autonomía y ahora casi todo lo centraliza Salud Pública, con lo que aumentó la burocracia y se perdió toda operatividad. La actual crisis comenzó en febrero, cuando empezaron a faltar los insumos. Ahora, lo que se terminó no se está reponiendo. Hay una carencia de insumos muy grande”. Con esta política, los hospitales porteños hoy no tienen placas para hacer diagnósticos por imagen y faltan medicamentos, elementos de primera necesidad.

“Falta personal. Cuando una médica se cruza de un lado a otro los pacientes dicen ‘anda paseando’. No saben que está yendo a arreglar turnos con otros médicos. Esto no es casual, es una política general que se lleva a fondo”, explicó otro enfermero.

La problemática de los bajos salarios no está ausente. En el Ramos Mejía, según los testimonios recogidos, están los sueldos más miserables. Médicos y enfermeros tienen que salir corriendo hacia otro trabajo para llegar a fin de mes. Esta cuestión recarga de trabajo a los residentes y resiente la calidad del servicio, a la vez que reduce los costos. Un paciente graficó: “yo estuve internado en Cirugía. El único momento en que veía a los médicos era en su recorrida de las 9 de la mañana. Toda la sala funcionaba en base a los nuevos que, en su mayoría, no están remunerados, no les pagan ni siquiera la comida”.

Insumos insuficientes

El sistema de suministros se rige por el control de los costos. Se debe planificar lo que se va a gastar en insumos durante 6 meses, y después se manda el informe. Es decir, calcular con anterioridad lo que se va a usar. El grave inconveniente, como detalló un enfermero, es que “si en el medio tenés una catástrofe como Cromañón, y te gastás los insumos, tenés que esperar otros 6 meses para poder reponerlos. También, si no llegás a presentar el informe a tiempo directamente te quedás sin insumos. Ya pasó con servicios que no estaban enterados porque los jefes estaban de vacaciones, entonces ese servicio se quedó sin insumos, porque el informe tenía que salir antes de una fecha y no llegaron. En este momento los insumos que están faltando son: tela adhesiva, suero, medicamentos. Y tenemos un gran déficit de personal, ya sea médicos, enfermeros o técnicos”.

Los únicos insumos que se reponen son los vinculados a la atención de SIDA, epilepsia y tuberculosis, que dependen de la Nación. No ocurre lo mismo con el Plan Médico de Cabecera, que depende del Gobierno de la Ciudad.

Una mamografía implica una espera de hasta tres meses. Si se rompe el tomógrafo, como sucede en la actualidad, hacerse el estudio es toda una odisea. Viajar de un hospital a otro y llevar la lista de todos los hospitales, ya que en la mayoría no hay un secretario para dar el teléfono de otros nosocomios. Y en algunos casos, los teléfonos tampoco funcionan. “Con respecto al problema edilicio, hay cosas que se pueden arreglar con 2 pesos y otras que no. Tenés cocina, limpieza, mantenimiento. Pero está todo tercerizado. Dicen que tienen 40 empleados y en realidad tienen 20. Nunca son eficientes. Con respecto a la comida también, fijan un presupuesto y los empleados se tienen que adecuar”, resumió otro testimonio.

Pequeñas historias y grandes desbarajustes de un gobierno que vino a enseñarnos cómo hacer las cosas en la ciudad y en la mayoría de las materias se saca un cero.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

Operación Masacre


La trampa estaba preparada y la sed de escarmiento esperando salir a escena. Ese 9 de junio de 1956 un movimiento en contra de la dictadura del general Pedro Aramburu y compañía se ponía en marcha. Sólo había un pequeño detalle: las supuestas “victimas” sabían muy bien lo que iba a pasar. Y eligieron el juego más peligroso, el del gato esperando al ratón. Prepararon la ratonera y el resultado fue el esperado: sangre, rencor, traición y fusilamientos. No por nada la resistencia peronista llamaba a esta dictadura La Fusiladora.

La noche del 9 de junio de 1956 el general Juan José Valle encabezó una rebelión cívico-militar que tuvo sus bases en Buenos Aires, La Plata y La Pampa. Todo concluyó luego de unas pocas horas. El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a otras veintiséis personas. Esto sólo serviría para profundizar los odios y los rencores de un país que silenciaba a sangre y fuego a la mayoría.

El comienzo de esta historia fue en el vapor-prisión Washington, anclado en el Puerto de Buenos Aires. Allí fueron a parar los militares peronistas presos, entre los que estaban los generales Valle y Tanco. Así se comenzó a gestar la conspiración para terminar con la persecución al peronismo; la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad a los miles de presos políticos. Esta fue la síntesis del levantamiento que comenzó a tomar forma a principios de 1956. Los jefes del movimiento eran los generales Valle y Tanco y los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínez, Ricardo Ibazeta y el capitán Jorge Costales.

La cronología de los hechos

Aramburu y Rojas sabían de la conspiración y tomaron la decisión de no abortarla para dar un peor remedio: el escarmiento a los autores de esta acción. Por eso el 8 de junio de 1956 son detenidos cientos de dirigentes gremiales para quitar base de sustentación al movimiento armado. Aunque Aramburu viajó ese día a Santa Fe dejó firmado el decreto 10.362 de Ley Marcial, y los decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados.

Valle y Tanco, en la clandestinidad, deciden lanzar la proclama revolucionaria, a las 23 horas del 9 de junio. A la hora del comienzo de una pelea en el Luna Park del zurdo Eduardo Lausse. La tarea estuvo a cargo del coronel José Irigoyen junto con el capitán Costales al que se sumaron varios civiles. La proclama iba a salir por una radio que debía colocarse en la Escuela Técnica N° 5 "Salvador Debenedetti" en Avellaneda. A las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. Esta sólo pudo ser escuchada en La Pampa, donde estaba el coronel Adolfo Philippeaux.

Otros lugares de la rebelión fueron: Campo de Mayo, por los coroneles Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortínez; el Regimiento II de Palermo, a órdenes del sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, con el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, responsabilidad de Cogorno y el grupo de civiles que debía operar en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron y detuvieron Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión, y Rodríguez (a Troxler lo apresan antes). También hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe y, Río Negro.

Salvo en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron atrapados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso para lograr apoyo y no tiene éxito. Mientras, el general Valle se oculta en la calle Corrientes, de la Capital, en la casa de Adolfo Gabrielli, ante el fracaso de la insurrección.

La Ley Marcial retroactiva

Los levantamientos fueron entre las 22 y las 24 del 9 de junio y la dictadura dictó a las 0:32 del 10 de junio la Ley Marcial, un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Osorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. En síntesis: el decreto tuvo carácter retroactivo, es decir fuera de toda norma jurídica. Para coronar el atropello a las pocas horas firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial.

Los fusilamientos estaban planificados de antemano por el gobierno genocida de Aramburu. En la madrugada del 10 de junio, entre las 2 y las 4, se asesina a sangre fría a los detenidos en Lanús. Luego en los basurales de José León Suárez, el titular de la policía bonaerense, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a 12 civiles, de los cuales siete logran huir pero cinco mueren. Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, será el "fusilado que vive" y la punta por donde Rodolfo Walsh reconstruirá genialmente la historia a través de “Operación Masacre”.

En Campo de Mayo, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumario donde se determina que los sublevados no deben ser fusilados. Pese a esto Aramburu ratifica su decisión y Lorio le exige que se lo ratifique por escrito. Así los genocidas firman el decreto 10.364 con la lista de once militares que deben ser ajusticiados. Este sería el único documento oficial, ya que no hay registros de los juicios sumarios.

El fusilamiento de Valle

Para que se respetara la vida de los sublevados, el 12 de junio Valle decide entregarse y es detenido por capitán de navío Francisco Manrique, el enviado de Rojas. A las 2 de la tarde de ese día es llevado al Regimiento I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido por el general Lorio. De allí, Valle es derivado a la Penitenciaría Nacional donde es alojado en el sexto piso. A las 22:20 Valle fue fusilado por un pelotón cuyos nombres fueron guardados como un secreto de Estado para preservar la impunidad.

El 14 de junio, un día después del fin de la ley Marcial, el general Tanco y otros sublevados consiguieron asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Briere. Sin embargo, los atropellos no terminarín ahí, ya que el jefe de la SIDE, general Domingo Quaranta, invadió la embajada para secuestrar a los asilados. Sólo la valiente intervención de Briere logró salvarlos. El saldo de esta barbarie fue de 18 militares y 13 civiles fusilados. Comenzaba a nacer el terrorismo de Estado, ese que los genocidas del ‘76 llevaron a la perfección para la desgracia de miles de desaparecidos y del pueblo todo. A 52 años de estos sucesos, se renueva la obligación de no olvidar lo ocurrido, para que no vuelva a pasar nunca más.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

Impunidad en los basurales de José León Suárez


En junio de 1956 tuvo lugar una gran masacre de civiles que quedó impune y en la que sus sanguinarios asesinos no pagaron con la cárcel. Detrás de los fusilados de José León Suárez había historias de lucha de gente de pueblo. Aquí son presentados uno por uno, fusilados y sobrevivientes:

Nicolás Carranza: Casado con seis hijos, la última recién nacida de cuarenta días. Cesante del ferrocarril Belgrano y prófugo de la justicia por peronista. Su hija mayor Elena, de 11 años, fue llevada a la comisaría e interrogada por cuatro horas sobre las actividades de su padre.

Francisco Garibotti: También casado y con seis hijos. Trabajaba como ferroviario en el Belgrano.

Carlos Lizaso: tenía 21 años, trabajaba con su padre como martillero y estaba de novio.

Mario Brion: vivía a cien metros de la casa fatídica, en Franklin 1812. Casado, con un hijo, conocido como un buen trabajador y vecino.

Vicente Damián Rodríguez: obrero del puerto, cargaba bolsas y hacía todos los turnos que podía. Era peronista y opositor. Estaba casado y tenía tres hijos; alquilaba una casa muy pobre.

Horacio Di Chiano: Casado, tenía una hija, obrero de la compañía de electricidad Italo, le faltaba poco para jubilarse.

Miguel Ángel Giunta: Conocido como Don Lito, era un trabajador del calzado, trabajaba en una zapatería en Buenos Aires y vivía en Florida, partido de Vicente López.

Rogelio Díaz: Era un suboficial retirado de la Marina moreno, alto y corpulento.

Norberto Gavino: Estaba en el levantamiento. Había sido suboficial de la Gendarmería Nacional y en ese momento trabajaba como vendedor de terrenos.

Juan Carlos Livraga: Es el “fusilado que vive”, la punta del ovillo que tomará Rodolfo Walsh para denunciar todo en “Operación Masacre”. Sus distintos trabajos iban entre oficinista de la Aeronáutica, colectivero y la construcción.

Julio Troxler y Reinaldo Benavidez: son detenidos antes y no los mezclan con los otros hasta el fusilamiento.

El saldo de la matanza fue de cinco muertos: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión y Vicente Damían Rodríguez.

Los sobrevivientes fueron: Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Angel Giunta, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Julio Troxler y Reinaldo Benavidez.

Lo que también murió aquella noche del ’56 fue el estado de derecho para estas personas, porque todavía estos crímenes siguen impunes.

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Por Roberto Koira para Revista Zoom

jueves, 12 de junio de 2008

El lado oscuro del trabajo


El desempleo ha dejado de ser la principal preocupación para el mercado laboral. El mayor flagelo de la actualidad es el trabajo en negro. La informalidad no solo priva de beneficios previsionales, sino que incide en la estabilidad y fomenta la flexibilización.
Mientras continúa la disputa entre el gobierno y el “campo”, pasa desapercibido el eslabón más débil de esa cadena: el trabajador rural. La precariedad, el trabajo golondrina y la informalidad del trabajo en negro son sus horizontes más cercanos. Esta situación los lleva a no tener jubilación, obra social, aumentos de sueldos y los sume en una marcada flexibilización laboral.
Sin embargo, no sólo en las zonas rurales se vive esa realidad. En los grandes centros urbanos hay gran cantidad de trabajadores con una situación laboral informal. Según un estudio de la Consultora SEL acerca de la situación laboral y social de la Argentina, el desempleo ha dejado de ser un desequilibrio grave en la Argentina. Pero con respecto a la inserción ocupacional, hay una gran heterogeneidad de situaciones.
En el sector formal, el desempleo es una falla del sistema y se da principalmente como consecuencia de ciertas situaciones, que pueden ser de índole personal, patronal u ocasional. No es el caso del sector informal, donde la desocupación parece ser de carácter estructural y está arraigada como parte misma de ese sistema. Esto tiene que ver con los atributos de las personas, especialmente el capital humano, pero sobre todo con características inherentes a la propia ocupación.
Una diferencia fundamental entre un empleo formal y uno informal, aparte del registro de la relación laboral, está dada por el grado de estabilidad en el trabajo. Y esto se verifica cuando para los ocupados privados formales, la antigüedad promedio de un empleo es de 60 meses y en contrapartida, entre los informales, esa estabilidad es de 24 meses. Esto significa que la exposición al desempleo es mucho mayor en el trabajo en negro, lo que aumenta su flexibilización laboral y la presión por una mayor posibilidad de perder el empleo adquirido.
Esta mayor precariedad influye decisivamente en la rotación de un empleo hacia otro por parte de los asalariados en negro, como queda claro en el informe de SEL cuando explica que “hay grandes disparidades de la tasa de rotación según categorías de inserción ocupacional. En el sector privado formal (excluido el servicio doméstico) solamente el 9% de los ocupados cambia de empleo en el año; en el sector informal, la proporción se eleva al 44%. Esto es consecuencia de que, en este segmento, más de la mitad de los trabajadores tiene un empleo intermitente, de duración limitada. Entre los asalariados no registrados no estables, la tasa de rotación se eleva al 70% anual. Esto explica por qué su desempleo sigue siendo muy alto (como en el otro extremo del mercado, la tasa de rotación de los empleados públicos de apenas 3%, explica por qué su desempleo es muy bajo)”.
Por lo expuesto, no es un dato menor que se debe combatir al trabajo no registrado, ya que se ha convertido, hoy en día, en el mayor problema para los asalariados. Y esto va más allá de la pérdida de sus beneficios sociales, ya que para los registros del Estado estos trabajadores no existen. Una consecuencia a futuro de esta situación, dada la inexistencia de aportes correspondientes al sistema previsional, será que el trabajador en negro no tendrá derecho a percibir una jubilación. La desidia patronal al no registrar a su empleado, lo somete a una informalidad que denigra la calidad de su empleo y arroja en el agujero negro de la informalidad a todos esos años de trabajo.
Este caldo de cultivo fomenta el alto grado de rotación laboral dentro de los asalariados en negro. Esta tasa de rotación es más alta entre las mujeres, los no jefes, los jóvenes y los menos educados. En todos estos grupos, en los que hay una incidencia muy elevada de la informalidad, el desempleo es sensiblemente mayor que el promedio.
Lo que importa aquí no es tanto la duración del desempleo —por lo general corto por la ausencia de seguros sociales universales— sino su recurrencia; que está definida por la tasa de rotación. La intermitencia en el empleo es la forma en que se expresa la desocupación estructural en un país con informalidad extendida. En estas condiciones, una alta rotación es un indicador de la subsistencia de desequilibrios en el mercado de trabajo. Para que la movilidad laboral devenga en movilidad social ascendente, es necesario persistir en el esfuerzo de formalizar el empleo.
La ecuación es simple: cuanto más se blanquea el trabajo informal, más previsible se hace la estabilidad laboral.
El ritmo de los salarios
En el primer bimestre de este año los salarios del sector privado formal continuaron creciendo a un ritmo elevado: 26.7% respecto del mismo período del año pasado. Este aumento es anterior al inicio de la ronda de negociaciones, y refleja el pago de los bonos extraordinarios —no remunerativos— negociados a fines de 2007. La tendencia creciente de los aumentos nominales de salarios a lo largo del año pasado, que continuó en los inicios de éste, revela el acortamiento de la vigencia de los contratos colectivos, fenómeno claramente asociado a la aceleración de la inflación. En el primer bimestre de 2007, el aumento interanual de los salarios había sido de 19.5%; en el último bimestre había ascendido a 25.3%, y ahora ha sido mayor aún. Esto sugiere que los nuevos convenios firmados a partir de marzo con la pauta oficial de 19.5% (y posiblemente algunos puntos más en la letra chica) podrían ser revisados en el último trimestre si la inflación continúa acelerándose. De lo contrario, este año podría haber una caída del salario real por primera vez desde la salida de la crisis. Resultaría lamentable, ya que este modelo posibilitó que los trabajadores volvieran a conseguir un empleo y la recuperación de sus salarios.
A la par de la discusión salarial, un verdadero combate contra el trabajo en negro sería el camino para conseguir una sociedad más equitativa y que incluya a todos los argentinos.


Por Roberto Koira para Revista Zoom

UTPBA: y ahora ¿quién podrá defendernos?



Con el cierre de la sede de la calle Alsina, llegaron otra vez la polémica y los cuestionamientos hacia la dirigencia de UTPBA por el manejo del gremio de los periodistas.
Las acusaciones por mal manejo de fondos de la cúpula del sindicato de periodistas están a la orden del día. Además, la obra social está en crisis. Sus servicios son cada vez más precarios, lo que la lleva a permanentes cambios de prestadores, y cuenta con apenas un par de farmacias para toda la Capital. A esto se le suman sanatorios en quiebra, como el Wilde de la localidad de Sarandí en la provincia de Buenos Aires.
Así, miles de pacientes jubilados, colaboradores y periodistas de bajos salarios, que no pueden costear una prepaga, no tienen otra alternativa de atención que la obra social y quedan atrapados e indefensos en una estructura excesivamente arancelada, con pocas prestaciones y servicios. También se acusa a la actual conducción, que se mantiene al frente del sindicato desde hace 24 años, por no rendir cuentas de los ingresos y gastos de la obra social.
Sin embargo, los cuestionamientos más severos a la dirigencia de UTPBA se concentran en su postura e inacción frente a las reivindicaciones más elementales. Nunca el gremio encaró una negociación salarial con todas las empresas periodísticas en su conjunto como sector. No se han realizado paritarias con las cámaras patronales y los salarios por convenio son los mismos que 20 años atrás. La consecuencia es que los aumentos de sueldos se negocian en forma aislada y por empresa, lo que debilita el reclamo y lleva a muchos trabajadores a la inestabilidad laboral. Las excepciones a la regla se dan en las empresas donde existe una sólida organización gremial interna que puede compensar la desidia del gremio. En gran parte de los medios, por lo tanto, son las patronales las que deciden por sí solas los aumentos.
Tal situación tiene lugar en las empresas chicas y en los multimedios como el Grupo Clarín, que definió un aumento del 12% a partir de julio más un 8% a partir de octubre. En Ámbito Financiero y en Editorial Atlántida ni siquiera hay delegados gremiales, por lo que los trabajadores no tienen quien los represente. Además, el sindicato nunca tomó como propio el reclamo del 82% móvil para los jubilados del sector.
Otra muestra de precariedad la sufren los colaboradores. Al no tener un valor mínimo por nota (colaboración) fijado por convenio, muchas veces son explotados como si fueran redactores. Allí también hay una trampa, ya que muchas empresas no elevan de categoría a sus trabajadores por la labor que realizan en el medio. Entonces, un pasante hace de colaborador; el colaborador, de redactor; el redactor hace las veces de editor, y así la empresa llega a la ecuación perfecta: más trabajo y menos sueldo. Ni hablar del festival de pasantes y becarios que integran muchas redacciones con obligaciones que exceden su rótulo de “estudiantes de periodismo”, aumentando la flexibilización laboral.
Una conducción sinuosa
En agosto del año pasado, la Junta Electoral, dominada por la conducción actual del gremio, dispuso no legalizar a la lista Naranja, Violeta e Independientes que conformaban un importante número de delegados, miembros de comisiones internas de distintos medios. Así se despejó el camino para la presentación de una lista única para las elecciones del 27 y el 28 de septiembre del 2007 para un nuevo período frente al sindicato.
A estos manejos se le suma que hace 16 años que no se convoca a una reunión de delegados sindicales, como tampoco no se realiza una asamblea del gremio para debatir sobre las necesidades y reivindicaciones postergadas de los trabajadores.
Para entender la mecánica de trabajo de UTPBA, vale la pena repasar esta nota publicada por Revista ZOOM semanas atrás sobre los despidos en Clarín del año 2000. Algo similar se revela en el conflicto gremial del año pasado en el Diario Perfil.
Con métodos calcados de los de la tradición de la burocracia vandorista, culatas de la combativa conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, (UTPBA, integrada a la CTA), golpearon el jueves 13 de septiembre a un trabajador en conflicto del Grupo Perfil, quien debió ser atendido y suturado por un corte en la cabeza en un hospital.
Tomás Eliaschev, el agredido, había concurrido solo a la sede del sindicato para reclamar por la falta de apoyo al conflicto iniciado en Perfil.com por el despido del editor Alejandro Wall, como represalia por su participación en las medidas de fuerza realizadas hace meses por reclamos salariales.
La agresión a Eliaschev derivó en una concentración de sus compañeros ante las puertas del gremio, actitud que el sindicato que desde hace décadas conduce el dúo Daniel das Neves-Juan Carlos Camaño Jiménez, caracterizó en un comunicado de "ataque a la UTPBA".
El nuevo conflicto en Perfil estalló un martes a las siete de la mañana: cuando Wall quiso ingresar a trabajar, se enteró de que estaba despedido. Un guardia de seguridad no le permitió atravesar los molinetes, según dijo, "por órdenes del gerente de recursos humanos Marcelo Capandeguy". Luego le dio una fotocopia de un telegrama de despido, en el que se aduce "reestructuración". El motivo real es que Wall fue uno de los pocos editores que acató los mandatos de asamblea durante el conflicto anterior y que hizo paro. El dueño de Perfil, Jorge Fontevecchia, no tolera en su empresa que trabajadores con alguna responsabilidad superior a la de sus pares, se puedan sumar a los reclamos gremiales.
Al enterarse del despido de Wall, los redactores del sitio se declararon en asamblea, lo que en la práctica implicó un quite de colaboración. Con el correr de la mañana se fue consolidando la medida. Una asamblea realizada más tarde con la presencia de periodistas, fotógrafos, archiveros, diseñadores del sitio, el diario y las revistas decidió realizar paro hasta tanto no se reincorpore a Wall. Los delegados llamaron a los funcionarios de la cartera laboral y a la UTPBA.
El ministerio convocó a una audiencia para el día siguiente. La reunión no se pudo hacer ante la ausencia de los representantes del sindicato.
De parte de la UTPBA primó en principio la peor opinión, es decir el silencio, a diferencia de la lucha de marzo de 2007, en la que participaron a través de la presencia del secretario gremial Jorge Muracciole. La ausencia del gremio que conduce Daniel Das Neves se explicó en el enfrentamiento con la lista de oposición, la Naranja-Violeta, a la cual proscribieron para los comicios que se realizarían el 27 y 28 de septiembre. El candidato de la lista proscripta fue Rubén Schofrin, uno de los delegados de Perfil.
Eliaschev no pertenecía a la lista Naranja. Es militante del Frente Popular Darío Santillán y asumió con el conjunto de sus compañeros de Perfil la lucha por sus reivindicaciones y por el repudio al despido de Wall.”
Dos claros ejemplos de cómo funcionan ciertos poderes cuando se fusionan para ser uno solo y en el medio están los trabajadores, en este caso los periodistas, indefensos, sin lugar para ningún reclamo.
Fuentes: Causa popular y La Naranja de Prensa


Por Roberto Koira para Revista Zoom

No sabe, no sabe, tiene que aprender...



Desconocimiento del sistema, falta de comunicación entre áreas, desconfianza en los cuadros medios de gestión, aumento de las responsabilidades a los directivos en desmedro a su función pedagógica. A esta crisis de confianza en la cadena de mandos se suma la eliminación de subsidios a las cooperadoras y una sensación de estar todos bajo sospecha, a merced de la guadaña del control. La mala gestión macrista en el área de la educación levanta reclamos de docentes, directivos, padres y gremios.

Ochenta supervisores (de un total de 240) de primaria, secundaria y terciaria y trescientos directivos (con un plantel de más de 1.000) elaboraron un crítico documento hacia la gestión del Ministro de Educación Mariano Narodowski en el que denuncian que “se encuentran en estado de alerta en función de considerar que corre peligro la estabilidad y continuidad de la escuela pública”.
Para la realización del documento hubo una primera reunión de coordinación el 26 de abril en el anfiteatro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Pero la decisión de presentárselo al ministro surgió el 2 de mayo en el encuentro mensual que había convocado Narodowski. Allí concurrieron los gremios docentes y acordaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Asociación de Supervisores.
La crítica mayor está focalizada en los cuadros intermedios del ministro como el subsecretario de Recursos, Andrés Ibarra, un ex gerente de Boca que maneja el presupuesto. También están en el ojo de la tormenta el director general de Gestión Estatal, Luis María Rodríguez, sumariado por permitir el uso de la pileta de una escuela pública como si fuera un club privado y el director del área Técnica, Pablo Sánchez, sumariado y suspendido con más de cien días.
Desde el ministerio se defiende a los cuestionados, pero se admiten algunas críticas como la falta de comunicación, que la atribuyen a que los mecanismos de gestión no están aceitados por ser un equipo nuevo de trabajo. Los gerentes educativos, al parecer, no tienen todas las soluciones en la manga y en algunos temas tienen un desconocimiento tal que no se alcanza a vislumbrar si ciertos errores cometidos son producto de la soberbia o la ignorancia en la función pública. Por suerte, todavía no privatizaron nada.
Señores padres
No sólo el frente de los supervisores debe atender el ministro Narodowski. Los Delegados Representantes de las Cooperadoras de la Ciudad presentaron una dura carta donde se cuestiona la política educativa macrista. Las cooperadoras fueron empujadas a ser una figurita decorativa cuando se les quitaron los subsidios para el mantenimiento escolar, con lo que se rompió el equilibrio de la llamada comunidad educativa. La fórmula para tomar la decisión de cortar los subsidios es siempre la misma: poner bajo sospecha de corrupción a las cooperadoras y con esa excusa centralizar los recursos. Así el estado gerente una vez más se parece a un estado policial, donde todos los estamentos de la sociedad (en este caso la educación) están bajo sospecha y sin poder probar su inocencia.
Otra vez el cóctel macrista: problemas de infraestructura escolar llevan a declarar la emergencia edilicia, se eliminan los subsidios para mantenimiento, la prohibición de salir de los colegios a los docentes en horarios de trabajo y además no se les permite hablar con la prensa. Todo muy PRO.
Supuestamente había 400 millones de pesos para los problemas en los edilicios y la ejecución de las obras marcha lentamente. Los gerentes educativos se defienden y dicen que en realidad son 280 millones de pesos, de los cuales 100 están imputados a obras en marcha y se está renegociando un bono para afrontar deudas. Para los otros 180 millones se están intensificando los tiempos de ejecución. Para la Defensoría del Pueblo hay 110 escuelas sin gas y según denuncian los Delegados Representantes de las Cooperadoras en los primeros 3 meses de gestión con este presupuesto sólo se pintaron 3 escuelas. Parece que más que desconocimiento, en este aspecto hay desidia.
En nombre de la emergencia edilicia se suprimieron los subsidios (de 8 a 10 mil pesos por año) que eran manejados por las cooperadoras escolares y se los reemplazó por un aporte directo de unos 1500 pesos a los directores, renovables una vez que se rindiera el uso del dinero. La cuestión es que esa plata tampoco llega y empiezan a faltar insumos mínimos para el desarrollo de la actividad escolar.
No se salvan ni los chicos ni los profesionales
Un ajuste muy particular afecta a los comedores. Las raciones de comida que llegan a los colegios ya no se calculan en función de la cantidad de alumnos por establecimiento, sino que se las distribuye a partir de un promedio del presentismo por escuela. Así que, el día que a todos los chicos se les ocurre ir a clases, corren el riesgo de que no alcancen, por ejemplo, las galletitas que se reparten en la merienda.
En otro orden, con el objetivo de captar cuadros técnicos, al principio de la actual gestión se propuso una generosa escala de sueldos. Sin embargo, a partir de junio próximo, se está planteando una drástica reducción de haberes para equipararlos con los contratados que facturan locaciones de servicios. Así se les desconocería, además, el ajuste de salarios que los docentes pactaron al inicio del año escolar. Y justifican la medida con el argumento de que en el ministerio hay “un festival de horas cátedras”.
“Una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal”
Para tener un panorama más acabado de la política macrista en educación basta un desglose del documento presentado al ministro Narodowski por los supervisores y directores educativos:
Es deber del Gobierno administrar el presupuesto de la Ciudad de tal forma que se priorice la mejora de las condiciones materiales necesarias en las escuelas con carácter de urgente. El sentido de lo público como espacio de todos se construye como significado a partir de un todo coherente. Sin políticas públicas que hagan ese todo coherente, pensar a la escuela como espacio para la construcción de una sociedad que incluya, que construya sujetos de derecho y democratice las oportunidades es una tarea inimaginable con escuelas que:
a. deben absorber matrícula que impide poner en juego concepciones de enseñanza y de aprendizaje relacionadas con una perspectiva democrática.
b. escuelas que se encuentran en condiciones de infraestructura absolutamente deficientes.
Resulta alarmante la falta de personal auxiliar de portería y maestranza, verdaderos auxiliares de la educación, recargando en los existentes el trabajo de mantener limpios los establecimientos, sin los suficientes recursos de materiales de limpieza.
Las escuelas no han recibido ningún tipo de información certera acerca de los subsidios de equipamiento escolar y de material didáctico.
Por otro lado, las asociaciones cooperadoras no sólo no fueron informadas sobre las resoluciones tomadas o no, siendo que incluso se modificó el nombre de la Dirección de la cual dependían, omitiendo en la nueva denominación la inclusión de las mismas. Más allá de las decisiones de política educativa que las sostienen, en un sistema democrático y participativo, es de esperar que los padres/madres/ tutores de los alumnos, cooperadores de las escuelas, sean tenidos en cuenta, informados e invitados para exponer sus puntos de vista. Este tipo de accionar conlleva niveles de incertidumbre importantes y naturales para quienes por años fueron partícipes del mantenimiento de las escuelas junto con las autoridades escolares, distritales y ministeriales.
La falta de información por parte de las autoridades y el no depósito de los subsidios de mantenimiento ponen no en situación de incertidumbre a las cooperadoras y autoridades escolares y distritales, atentan contra la seguridad edilicia.
Se prevé desde el ministerio, girar a los/las directores/as de las escuelas un monto de $1.500 en concepto de caja chica que, de acuerdo al Decreto que le dio origen no corresponde su utilización en gastos de mantenimiento edilicio. En esta línea de confusión e incertidumbre, se trastocan, no sólo los fines para los cuales se crea en el año 1996 este subsidio, sino que se delega en las/los supervisores/ as el uso y rendición del dinero, corriendo de la escena a los padres cooperadores como parte de la comunidad educativa y ubicando en un rol de administrador de fondos a agentes cuya función es pedagógica.
De acuerdo a lo informado en la Caja de herramientas institucionales, existe un Call Center para que los directivos escolares se dirijan toda vez que se presentan problemas edilicios. Sin poner en esta discusión, sobre la decisión de elegir esta denominación, cierto es que a la fecha este servicio no pudo solucionar los problemas suscitados en los edificios escolares, lo que en algunos casos, ha subsumido al personal en angustias y desconcierto por las respuestas obtenidas y por la ineficiencia del servicio en dos planos, uno por la ausencia de respuesta presencial y otro, la presencia sin los insumos para la solución de los problemas diagnosticados. En esta situación también se puede incluir la tarea de los arquitectos distritales de los cuales se observa buena voluntad y nulos espacios de decisión y resolución de problemas.
La situación imperante es que aquellas escuelas que no cuentan con recursos propios o en que los directivos deben hacerse cargo de buscar profesionales en forma privada, la situación tiene una dilación que en casos ha obligado a los directores a tener suspender el servicio. Estas instancias que no son gratas para los directivos se agravan con la carga de sentirse en falta, dada la comunicación acerca de la suspensión de clases y la garantía de cumplir con los 180 días de actividad. Si bien estas problemáticas no son nuevas, la gestión no ha producido cambios para el mejoramiento de una asistencia que le es indelegable para el adecuado funcionamiento de los edificios, dejando a librado a los directores/as la resolución y responsabilidad en estas situaciones.
En tanto, la Legislatura ha promulgado la Ley de emergencia edilicia (Ley Nº 2565 Boletín oficial Nº 2836) por la cual se destinarán 450 millones de pesos para la adecuación de los edificios escolares, construcción, etc... En este aspecto, no se han comenzado obras, ni tampoco se cuenta con información fehaciente de su inicio, suspensión o modificación. Sin embargo si se ha presentado personal del área de recursos para ejecutar tareas de pintura que si bien en algunos casos es necesaria, no genera pérdida de días de clases, escena que se contrapone con ausencia de salidas de emergencias, techos que filtran, problemas estructurales de servicios cloacales, graves problemas en las instalaciones eléctricas, falta de suministro de agua, o gas, entre otras. Respecto del gas, el sistema educativo en su conjunto se informa a través de los medios de comunicación en entrevistas a autoridades responsables del área de recursos sobre la imposibilidad de modificar en un 100 % esta situación por este año, por lo que los niños y personal de la escuela sufrirán las condiciones climáticas que depare el invierno de Buenos Aires.
Estas puntualizaciones son por demás elocuentes para vislumbrar una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal en su conjunto socavando y menospreciando su historia, su trayectoria, sus logros.
Sostenemos que la escuela pública es la que debe profundizar los valores democráticos, plurales, de integración social, de participación comunitaria, garantizando la igualdad de oportunidades en pos de la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, partícipes de su propia realidad individual y social.


Por Roberto Koira para Revista Zoom

Las "restructuraciones" de Clarín



Corría el año 2000: época de la recesión que se había iniciado con Menem y que continuaba con De la Rúa. Tiempos de la irrupción del fenómeno piquetero. Clarín estaba alineado con el gobierno y no había lugar para la crítica ni interna, ni externa. Un rumor sonaba cada vez más fuerte: el Grupo andaba mal financieramente y la venta del matutino estaba a la vuelta de la esquina.

Con una facturación anual de 2.200 millones de dólares, el Grupo Clarín tenía su principal agujero negro en CTI, Direct TV y Multicanal. Los estadounidenses de Goldman Sachs entraron como inversionistas y compraron 18 % del total de grupo en 500 millones de dólares. Esto evidenciaba que había un agujero económico. Para que Goldman Sachs desembolsara el dinero había una condición: ajuste. Y, como siempre, los ajustes empiezan por lo más delgado: los trabajadores.
El año había comenzado mal para los periodistas de Clarín. Los directivos de la empresa habían planificado una serie de despidos escalonados: 15 en mayo, 15 en junio y 15 en julio. La complicidad de los delegados sindicales del diario era evidente. Todo estalló el 26 de julio ante la noticia de una nueva ola de cesantías y la redacción del diario se autoconvocó en asamblea. Allí se decidió expulsar por mal desempeño a los delegados Carlos Quatromano y Rubén Camaratta y realizar elecciones para elegir a los nuevos representantes gremiales. La consigna era: “Ni un solo despido más en Clarín. Si echan a uno, paramos todos”.
Según Pablo Llonto, autor del libro La Noble Ernestina y delegado por muchos años en Clarín, “El objetivo de la empresa fue desmantelar todo tipo de organización sindical interna, mucho más aquella que no controlaba, ya que se trataba de una comisión interna nueva surgida en oposición a dos delegados pro patronales que la empresa controlaba. Una asamblea de trabajadores echó a los dos delegados vendidos y convocó a nuevas elecciones.”
El urnazo
La reorganización se hacía lentamente, ya que a la burocracia de UTPBA no le hacía ninguna gracia la movida. Mientras tanto, el gerente de personal, Jorge Filgueras, con el aval de Héctor Magnetto, se reunía con los delegados Camaratta y Quatromano para refrescarles que habían recibido por parte de la empresa adelantos de 25.000 y 62.670 dólares respectivamente y entregarles documentación que les podía servir para desactivar la movida sindical. “Con los años se descubrió en un expediente judicial laboral que efectivamente la empresa había apañado a los delegados patronales a través de préstamos que nunca les cobró”, explica Llonto para dar más luz al tema.
Antes de una semana, los delegados removidos lograron que un juez laboral, sobre la base de la documentación que les facilitó el diario, dictara una resolución para suspender las elecciones.
En contrapartida, se realizó una nueva asamblea que decidió apelar la decisión judicial y realizar las elecciones. “Hacemos las elecciones sí o sí. Para el caso que Clarín se niegue a dejar entrar las urnas propongo que se alquile una combi, se la adapte como cuarto oscuro y que votemos en la calle”, propuso una asambleísta.
Y así se hizo el 16 de agosto. 565 trabajadores desafiaron a la patronal de Clarín y abandonaron sus puestos de trabajo para votar en la calle dentro de la combi. Esa movida se conoció como “El urnazo” y de allí surgieron los diez integrantes de la nueva comisión: Ana Ale, de Economía; Olga Viglieca, de Zona; Aníbal Ces, de Infografía; Gustavo Bruzos, de Autos; Ariel Borestein, de Olé; Daniel Luna, Inés Ulanovsky y Mario Cocchi, de Fotografía; Beatriz Blanco, de Agenda y Daniel Ponzo, de Turf.
Como rememora Llonto, “Ana (Ale), mi compañera, resultó la delegada con más votos y esto también fue visto con desagrado por la empresa, porque además se trataba de una de las periodistas con mayor prestigio en el diario, con cargo jerárquico e insobornable y que marcaba la continuidad de una lucha de muchas décadas. Ana ya había sido activista sindical y delegada entre 1979 y 1989”.
El Clarinete
Ana Ale y Olga Viglieca, secretarias general y adjunta respectivamente, pidieron una reunión con las autoridades del diario, que se negaron a recibirlas. A la par, empezó a aparecer Clarinete, el periódico que en los ‘70 y ‘80 corría clandestino en la redacción para denunciar los abusos del “Gran Diario Argentino”.
La Asamblea redactó petitorios con demandas que incluían la reducción de las jornadas laborales de nueve y diez horas a las seis horas que marca el convenio colectivo; efectivización de los colaboradores y los contratados; el cese de los despidos; respeto a la actividad sindical; y la denuncia de la discriminación sufrida por embarazadas y madres en lactancia.
En una asamblea del gremio, los trabajadores de Clarín pidieron la expulsión de Camaratta y Quatromano por traidores, pero Daniel das Neves, secretario general de UTPBA decidió salvar a Camaratta a través de una votación.
En el marco de esa victoria de la burocracia sindical, la empresa, el 4 de noviembre, resolvió vallar la entrada tras efectivizar 117 despidos, incluida toda la comisión interna y gran parte de la junta electoral. “Clarín fue apañado en aquel momento por el Ministerio de Trabajo de Fernando de la Rúa que no hizo absolutamente nada por aplicar la conciliación obligatoria en una empresa que ECHA a LOS DIEZ DELEGADOS DE LA COMISION INTERNA”, grafica Llonto.
Un custodio y un policía les informaban a los trabajadores quiénes podían ingresar y quienes no, a través de un listado hecho por Filgueras. Con un detalle: los periodistas considerados más peligrosos, tenían su legajo acompañado por una foto. Los telegramas empezaron a llegar con la democrática causa de despido: participar en asambleas.
Por la noche, los periodistas intentaron impedir la salida de los camiones de la calle Zepita cargados de diarios, pero fueron dispersados por dos carros de asalto de Infantería. Se decidió un paro el día domingo 5. Los despedidos y otros trabajadores trataron de garantizar la medida de fuerza, pero fueron reprimidos en la puerta del diario.
Por su parte, la empresa alquiló veinte camionetas con vidrios polarizados, para los que querían entrar al diario a trabajar. Mientras tanto, muchos redactores eran apretados por los jefes de sección, vía celular, para elegir ese camino. Así se partió la huelga y ya el lunes 6 el ánimo no era el mismo. En esas condiciones, se convocó la última asamblea que optó por el levantamiento de la medida de fuerza por 79 votos a favor, 55 en contra y 46 abstenciones. Todo bajo la atenta mirada de los servicios de inteligencia que filmaban desde los techos aledaños al diario.
Después de toda esta hecatombe, cayeron en desgracia los correctores del diario, con la excusa de que “los errores pueden ser corregidos por los programas de computación”. Fueron despedidos 35 de ellos, sólo se salvaron algunos jefes. Más de cien errores groseros por mes en las páginas de Clarín corroboran esa acertada decisión.
Multicanal continuaría la misma política: en diciembre de 2000 despediría a 200 trabajadores. Los balances de 2001 exhibían una merma en la facturación del Grupo de 2.100 a 1.500 millones de dólares. En agosto de 2001, debía 164 millones de dólares, solo de Multicanal. Pocos meses después, Duhalde y su pesificación asimétrica hicieron el milagro de licuar las deudas. “Se cae Clarín”, el fuerte rumor de ese año, solo fue un mal recuerdo para Héctor y Ernestina.

Fuente: La Noble Ernestina , Pablo Llonto


Por Roberto Koira para Revista Zoom