lunes, 30 de agosto de 2010

Se diluye el poder de Clarín y La Nación en Papel Prensa


El juez comercial Eduardo Malde dispuso que no se trate en las próximas asambleas de accionistas de Papel Prensa la modificación de la conformación de la Comisión Fiscalizadora de la compañía como intentantaron impulsar Clarín y La Nación contra los intereses del Estado, informaron fuentes judiciales.

Se trata de la elección de los síndicos que iba a realizarse el 12 de agosto pero que tuvo suspenderse "por desorden" luego de que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, manifestara el rechazo a la intención de los accionistas privados, Clarín y La Nación, de modificar la composición de la Comisión Fiscalizadora, único organismo de la empresa en el que el Estado tiene mayoría.

Clarín y La Nación pretendían que la conformación fuese a la inversa, un representante del Estado y dos de los privados. Para evitar que se llevara a cabo la votación con la que se buscaba cambiar la composición de ese órgano de control, Moreno, quien representa al Estado, exhibió guantes de box y cascos, y advirtió: "Acá no se va a votar nada de lo que quieren los accionistas privados y nos bancamos lo que haya que bancarse".

Inmediatamente, el interventor judicial coadministrador en Papel Prensa, Martín Arecha, suspendió la asamblea "por desorden".

martes, 24 de agosto de 2010

El macrismo dejó a la educación en terapia intensiva


La educación pública en la ciudad de Buenos Aires parece colapsada por la mala administración y la falta de presupuesto. Un ejemplo de esto es la Escuela Nº 9 María Claudia Falcone, que fue tomada por sus alumnos cansados de los problemas edilicios, de becas y viandas que sufren en el colegio. En total ya son 12 los establecimientos ocupados por los estudiantes y para esta semana podría llegar la cifra a 18.

Después de varias asambleas los alumnos de la escuela EEM 7, Distrito Escolar Nº 9 “María Claudia Falcone” decidieron tomar el colegio por problemas edilicios, de presupuesto, de pagos de becas y de viandas, que llegan pocas y algunas en mal estado. Esto no es un caso aislado, ya que en esta semana 18 colegios de la ciudad recurrirán a la misma medida y así poder hacer escuchar sus reclamos.

“En este momento hay 12 colegios tomados, antes del fin de semana va haber entre 16 y 18 colegios, porque nosotros nos juntamos en la CUES (Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios) donde consensuamos hacer una toma en conjunto para que la cuestión tome más fuerza”, le contó a Política&Medios una integrante del centro de estudiantes del colegio.

“Acá tenemos problemas con las viandas, que vienen pocas y hasta en mal estado; con el edificio, que es provisorio y las paredes de arriba están todas rajadas. También estuvimos este año varias veces sin agua y perdimos días de clases”, amplió la alumna.

La escuela “María Claudia Falcone” estaba ubicada anteriormente en Malabia 2142, en el barrio de Palermo, pero en el 2006 el establecimiento tuvo que ser desalojado luego de la caída de un techo en plena clase. Tras dos tomas los alumnos fueron derivados al edificio de Yerbal 25, que no cuenta con la misma capacidad de la anterior institución, ya que fue pensado como un jardín de infantes. Por eso las aulas son pequeñas, faltan bancos y los cortes de agua y luz son frecuentes.

“Este colegio tiene orientación a comunicación y no tenemos sala de radio. En la otra escuela si teníamos, ya que era enorme. Recuerdo que cuando llegamos aquí no teníamos gas y estaba todo roto. Se fue arreglando de a poco, pero faltan muchísimas cosas”, describió la misma fuente.

Los alumnos confirmaron que tuvieron “varias reuniones en el ministerio con un asesor llamado Max Gulmanelli, que nos dijo que iban a arreglar este colegio, pero que Malabia no estaba en el presupuesto porque supuestamente se estaban arreglando todos los colegios de zona sur. Nosotros tenemos contacto con los colegios de esta zona y no lo están arreglando ni tampoco están haciendo colegios nuevos”.

Los chicos hicieron una asamblea de los dos turnos, donde decidieron que levantaban la medida si había una licitación por el colegio de Malabia. Al parecer el recorte presupuestario para la educación alcanza al 50 por ciento, que fue destinado a subsidios para la educación privada. Los chicos piden que se restituya ese monto para atender las urgentes necesidades de todo tipo.

También se registraron denuncias de que Mauricio Macri pidió la confección de listas negras, con los datos de los alumnos que participan en la toma. Parece que el escándalo de las escuchas no le alcanza, ya que ahora quiere espiar a los secundarios.

Roberto Koira

jueves, 19 de agosto de 2010

Más cuestionamientos por la construcción de la represa Ayuí Grande

El canciller Héctor Timerman advirtió que "la Argentina carece de información sobre el proyecto" de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, y explicó que "no la vamos a convalidar y haremos las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa que viola el medio ambiente y el derecho internacional".

En conferencia de prensa para referirse al "Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande", Timerman afirmó que "estamos a pocas semanas del comienzo de esta obra que va a poner en riesgo la provincia de Corrientes y toda la Mesopotamia".

Antes, en declaraciones a radiales, el canciller denunció que "están por inundar miles y miles de hectáreas en Corrientes". Y agregó que el Estado argentino hizo la primera denuncia en 2008. "Nosotros desde el 2008 estamos haciendo esta denuncia, pero ahora están por empezar las obras", sostuvo.

"Hoy hablé con el canciller uruguayo. El gobernador de Corrientes nos niega la información", destacó el funcionario, quien además afirmó que "están por violar un tratado internacional". Y señaló: "Esta gente se cree que se puede llevar por adelante miles y miles de bosques".

Por su parte, la Fundación Iberá presentará en el Juzgado de la localidad correntina de Mercedes un recurso de amparo contra la Ley provincial que consideran "hecha a medida del proyecto de la represa Ayuí Grande".

Se trata del megaemprendimiento arrocero de las empresas Copra S.A, perteneciente al grupo Clarín, que impulsa su vicepresidente, José Aranda y Adeco Agro, propiedad del magnate húngaro George Soros, a las que también se suman Santa Clara y Yuquerí S.A.

El consorcio productivo prevé inundar 8 mil hectáreas de reserva natural cercana a los Esteros del Iberá, para el riego de sus cultivos.

"Esta ley tiene los mismos vicios que el decreto que firmó el ex gobernador Arturo Colombi antes de irse", subrayó el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour.
El ambientalista confirmó que la ley, que contó con el impulso del gobernador Ricardo Colombi y los legisladores oficialistas y aliados, "no cumple con los presupuestos mínimos que establece la Ley nacional de Bosques para el ordenamiento territorial".

Lacour volvió a cuestionar nuevamente, "el intento de apropiación de tierras públicas por parte de empresas privadas. Esto es una ilegalidad absoluta". El consorcio productivo tiene prevista la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas de bosques nativos para el riego de unas 20.000 hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.

"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", detalló Lacour. La presentación judicial de los ambientalistas que buscan frenar la ley, por considerarla violatoria de los preceptos de la Ley de Bosques.

martes, 17 de agosto de 2010

Los negocios de José Aranda y Soros


La Asamblea de Gualeguaychú, varias ONG y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el impacto negativo que producirá la represa del vicepresidente de Clarín. Rechazan que los privados se apropien de un beneficio público.

Uno de los fundadores de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y titular de la ONG Fundavida, Edgardo Moreira, afirmó ayer que el desmonte y anegamiento de miles de hectáreas en la cuenca del Arroyo Ayuí en la provincia de Corrientes constituye “un crimen ambiental, porque un río no puede ser represado por un particular para sembrar arroz”.


Moreira se refirió en estos términos al proyecto que impulsan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, a través de su empresa Copra SA, y el magnate de origen húngaro, George Soros, dueño de Adeco Agro. El polémico emprendimiento apunta a levantar una represa sobre el Arroyo Ayuí Grande para inundar una zona de ocho mil hectáreas, y después irrigar una superficie de 18 mil hectáreas, equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires, dedicada a la producción de arroz.

Moreira explicó que “el Ayuí es un afluente del Río Uruguay, y dos empresarios han hecho un lobby con el gobierno provincial para lograr un decreto que autoriza hacer una represa. Es un privado que compra un río para represarlo y eliminar el bosque nativo, para sembrar el arroz que viene fumigado. Es transgénico, porque para crecer necesita agrotóxicos.”

El intento de privatizar un curso de agua para beneficiar a empresarios arroceros, no sólo perjudica a los demás productores que se encuentran río abajo, sino que podría tener también implicancias internacionales. En esta línea, el abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, afirmó que el proyecto arrocero de Aranda y Soros “debe someterse al Estatuto del Río Uruguay, porque puede dar pie a que Uruguay diga que hay acciones que impactan sobre el río”.

“Un proyecto de esta envergadura debe someterse al Estatuto, es tan grave lo de Botnia como lo del Ayuí, y confío en que se frene porque es una locura alterar un curso natural por una arrocera.”

Guillermo Cardozo, biólogo de la Fundación de la Reserva Iberá aseguró además que “son casi 20 mil hectáreas de arroz que necesitan agroquímicos y fertilizantes y esa agua vuelve al río con una carga de contaminantes. En ninguna parte del país habrá una carga tan grande de contaminación que vaya por un tubo a parar al Río Uruguay.”

Tal como adelantó Tiempo Argentino, la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay ya había advertido en 2008 que “siendo que el Arroyo Ayuí desemboca en el Río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del río debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, este aporte agravaría el estado.”

Sobre el proyecto de Aranda y Soros, Cardozo consideró que esta “sería la primera vez que un privado se apropia de un beneficio público”. “Le estamos regalando una parte del mapa a las empresas. Se sabe que hay varios emprendimientos semejantes que están esperando para que haya un antecedente positivo para poder empezar”, advirtió.

Por su parte Enrique Laccour, presidente de la Fundación de la Reserva Iberá, señaló que el proyecto “es inviable jurídica y ambientalmente, no hacen falta estudios de impacto ambiental ni nada porque la obra es inviable”. A pesar de ello las obras comenzarán en las próximas semanas. Es que una ley de ordenamiento de bosques hecha a medida de los intereses arroceros y arrancada a la Legislatura correntina por el lobby empresario permite el desmonte de la cuenca del Ayuí.

“Al haber aprobación política del Ejecutivo las cosas comienzan a caminar”, señaló Laccour, al tiempo que señaló que “intentan justificar lo injustificable, quieren que las cosas pasen desapercibidas”. Ayer, la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió un informe a la Legislatura de Corrientes advirtiendo sobre el impacto ambiental negativo que significa el emprendimiento: “Esto implica sepultar bajo el agua kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá”, señaló el adjunto de la Defensoría, Anselmo Sella, en un informe elaborado en febrero de este año.

El documento indica además que pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera “implica cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales”. “Decir esto –continúa el informe– es hablar de identidad cultural, del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región.”


Fuente: Tiempo Argentino

viernes, 13 de agosto de 2010

Comisión investigadora por las escuchas


La Legislatura porteña la creó anoche y analizará hasta el 15 de diciembre la responsabilidad política del jefe de gobierno Mauricio Macri en el escándalo de espionaje. La confluencia de varios bloques opositores frenó la voluntad del macrismo de dilucidar este tema con un juicio político contra el titular del Ejecutivo porteño y líder del PRO.

La comisión fue creada con 36 votos afirmativos -provenientes de la totalidad del arco opositor-, contra 24 de rechazo de la totalidad del bloque macrista, que conduce Cristian Ritondo. También quedó sin efecto parlamentario el proyecto de juicio político, cuyo impulso fue ordenado por el propio Macri, que en este tema está judicialmente procesado por asociación ilícita.

Así fracasó la maniobra del PRO para evitar la investigación de la comisión especial y poder en cambio resolver el tema en un juicio político con el que esperaba llegar a la absolución haciendo valer su condición de primera minoría en la Legislatura.

Mientras los diputados terminaban de definir los detalles de la comisión creada, hubo insistentes llamados del Ejecutivo a los celulares de algunos diputados cercanos a Macri para exigirles que agotaran las instancias de negociación ante lo que ya calificaban como "una derrota”.

La comisión, cuya creación fue propuesta por el legislador Diego Kravetz, tendrá por objeto dar con las responsabilidades que puedan tener tanto Macri como a sus ministros y funcionarios a propósito de "la puesta en funciones de la Policía Metropolitana y los hechos abordados en la causa judicial” por las escuchas telefónicas ilegales.

Y se fijó que la investigación se extienda como máximo hasta el 15 de diciembre, fecha en la cual deberá emitir un dictamen o una recomendación, lo que no descarta la posibilidad de un juicio político al jefe comunal.

Cerca de la 1 de hoy, los legisladores finalizaron el debate de más de siete horas en el recinto en torno de la conformación de la comisión y la cantidad de miembros destinados al bloque del PRO. Por lo que el cuerpo investigador quedó formado por 17 integrantes, entre los cuales habrá un representante por cada uno de los doce bloques opositores y cinco lugares por el macrismo, una cantidad que no dejó conforme al oficialismo, que pretendía al menos siete.

La oposición rechazó los pedidos del PRO por pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo que planteó en varias oportunidades Ritondo a fin de llamar a la "reflexión” a los opositores y abrir nuevos espacios para un entendimiento. El titular de la bancada del PRO tildó la situación como "un golpe institucional encabezado por Aníbal Ibarra” que "desmoronó la democracia representativa porque se atacó su legitimidad y legalidad”.

El jefe del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, sostuvo que la comisión "presupone la capacidad de esta Legislatura para estructurar una respuesta responsable y madura, donde intervengan los distintos bloques con participación activa con el fin de llegar a la verdad y la justicia”.

En la sesión ordinaria, los diputados aprobaron una invitación a Macri para el próximo 24 de este mes para que "en forma voluntaria" concurra a la Legislatura para dar explicaciones por la causa que lo tiene como procesado por asociación ilícita.

"Sería saludable que el jefe de gobierno no ponga más trabas y venga a dar explicaciones a la Legislatura, y que sepa que para llegar a la verdad se necesita tener responsabilidad”, afirmó el legislador Gonzalo Ruanova.

Por su parte, el vicepresidente de la Legislatura, Oscar Moscariello, afirmó que "deberíamos no integrar la comisión investigadora y recurrir a sede judicial". De esta manera, el macrismo busca "remediar lo que no pudimos hacer en la Legislatura".

El legislador del PRO consideró que la fuerza mayoritaria del Parlamento de la Ciudad fue "violentada" porque en la Comisión Investigadora votada no tiene la representatividad que le correspondería.

jueves, 12 de agosto de 2010

“Mi hermana le tenía más miedo a Magnetto que a sus torturadores”


El monopolio del papel contra las cuerdas. Guillermo Moreno, señalado por Clarín como el causante de todos los males de la humanidad, le presentará a la Presidenta Cristina Fernández la investigación sobre Papel Prensa que se asienta en la información pública disponible y el testimonio de varios testigos.

En pocos días el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, dará a conocer el informe sobre Papel Prensa que viene realizando la comisión investigadora que él encabeza. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, informó que se inició un sumario a los directivos de esta empresa por presuntas irregularidades denunciadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y aseguró, además, que si se descubren delitos lo derivarán a la Justicia. Esto no debiera sorprender en una empresa en la cual su historia, desde sus orígenes, está plagada de irregularidades.

Revista Zoom charló con el empresario teatral y cinematográfico Osvaldo Papaleo, cuñado de David Graiver y testigo de cómo la familia del financista muerto en un accidente de avión, era despojada de Papel Prensa por Clarín, La Nación y La Razón, con la ayuda de la dictadura cívico-militar dirigida por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros.

Papaleo, secretario de Prensa de Estela Martínez de Perón, fue secuestrado y torturado durante la última dictadura cívico-militar y declaró en el juicio al ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua.

¿Cómo se inicia el calvario de los Graiver?

Papel Prensa cuando nace lo hace como una empresa estratégica, donde el Estado se guarda el 30 por ciento de las acciones porque no es una fábrica que hace papel corrugado, sino que lo hace para diarios que difunden una idea. Uno de los ideólogos de esto es (José Ber) Gelbard junto a la CGE (Confederación General Económica) y también en el gobierno militar de Agustín Lanusse donde (Francisco) Manrique, que era ministro, quería eso. En el ’73 la compra David Graiver y se queda con el 70 por ciento de las acciones y el resto le queda al Estado. Por la ley de sociedades anónimas no puede tener todas las acciones a su nombre y por eso también figura una empresa que se llamaba Galerías Da Vinci, en otras Rafael Ianover -que era vicepresidente de la sociedad y amigo de la familia- y un 30 por ciento queda a nombre de la hija de Graiver, que había nacido el 2 de noviembre del ’74. Cuando muere Graiver, el 17 de agosto del ’76, su familia estaba en México, y como habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos, destacados miembros de la comunidad judía estadounidense le advierten que si volvían a la Argentina la iban a pasar mal porque había una dictadura feroz.

Ellos tenían cuatro bancos, dos en Argentina, uno en Nueva York y otro en Bruselas, que estaban en quiebra y como se les iban a ir los acreedores, sus amigos estadounidenses les dicen que podrían estar interesados en comprar algunas empresas del grupo, entre las que estaba Papel Prensa. La familia decide que su destino se encuentra Buenos Aires y vuelven en septiembre del ’76. Cuando llegan abren la sucesión de David Graiver porque había una menor, con su defensor designado. En México ya habían recibido llamadas peligrosas con este tema porque los diarios entran a pergeñar, como se venía el golpe, de quedarse con Papel Prensa, por lo que empezaron a hacer sus contactos con los militares desde el ’75. Así ayudan a su consumación Clarín, La Nación y La Razón, encima este último era manejado por el comando en jefe, ya que les dejaron las acciones a los Peralta Ramos, pero se quedaron con la dirección periodística del diario. La muerte del abogado Marcos Satanowsky está vinculada con las acciones de La Razón.

¿Cuál es la estrategia que tienen los diarios para quedarse con la Papel Prensa?

Cuando estalla el Proceso, ellos (los diarios) medio a los tumbos forman una empresa, que ni siquiera fue aprobada por la Inspección General de Justicia, que se llama FAPEL. Y es la que va a aparecer después, primero comprándole a los Graiver y después transfiriéndole a los diarios para no aparecer ellos como compradores directos. Cuando los Graiver llegan al país empiezan a pilotear las deudas y las quiebras de las 32 empresas del grupo. Entonces ahí comienzan a hablar del tema de Papel Prensa, ya que la familia quería recaudar fondos para hacer frente a las deudas que generaron los bancos y las empresas. Pero notan un clima muy hostil por parte del gobierno de facto, una presión escandalosa con llamados a ellos y amenazas que involucran a la hija de Graiver.

Allí aparece un operador de Papel Prensa, (Guillermo) Gainza Paz, que tiene que ver con la familia de La Prensa pero que no venía en nombre de este diario, era un lobbysta que les dice que tienen que vender porque la Junta Militar los ve mal. También conocían a Francisco Manrique, que les dice lo mismo: que debían vender todo porque no eran bien vistos por el gobierno. Lo van a ver a Lanusse que les pinta el mismo panorama, pero les recomienda hablar con (Jorge Rafael) Videla, quien pese a las gestiones nunca los atiende. Ahí el presidente de Papel Prensa (Pedro) Martínez Segovia, que era primo de (José Alfredo) Martínez de Hoz, la invita a mi hermana (Lidia Papaleo) a un almuerzo en donde queda al descubierto la violencia de la presión, ya que le dice: “mire ustedes tienen que vender, el gobierno y Martínez de Hoz dicen que le tienen que vender a una grupo argentino y no integrado por la comunidad judía”. Es que ellos tenían alguna versión de Estados Unidos de que había un grupo judío estadounidense, amigo de la familia, que podía comprar Papel Prensa.

¿Cómo sigue la historia?

Así hay una primera reunión del grupo de diarios con Isidoro Graiver (hermano de David) en que le hacen una propuesta ridícula y le dicen que era eso o nada. En ese clima se hace una segunda reunión donde se firma un preconvenio, en noviembre del ’76, en el despacho de Bartolomé Mitre en la calle San Martín. Allí los integrantes de la familia son separados para presionarlos individualmente. A mi hermana le toca Héctor Magnetto, quien muy coloquial le dice que por la seguridad de su hija y la suya debe vender. Se firma ese preconvenio donde se ponen una serie de cláusulas, todas a favor de los diarios, pero se pone ad referéndum de la aprobación de parte del juez de la sucesión. Ahí está la expectativa de la familia, ya que el juez al ver el valor de venta tenía que decir algo, pero quien lo nota es el defensor de menores, que defiende el patrimonio de la hija de Graiver.

En enero del ’77 hay otra conversación donde ellos presionan para que haya una aprobación de parte del juicio de sucesión. Llegan a marzo y en los primeros días hacen una asamblea donde participa la familia y firman la transferencia. Después, el 8 de ese mes, secuestran a Juan Graiver, el papá de David, y el 14 a mi hermana y a Isidoro Graiver. Quedaban las acciones de Ianover, quien les dice que él era el tenedor pero no eran suyas y que no las iba a regalar. Lo aprietan, firma y Ianover pide que por lo menos le garanticen la libertad. Pero después de firmar va 16 meses secuestrado.

¿Por qué pese a firmar igual los detienen?

Nosotros tenemos la idea de que el objetivo era presionarlos para vender y que con las detenciones buscan quebrarlos para que nunca más puedan reclamar nada. Y todo lo que se hace cuando la familia está presa es una escandalosa violación y no tiene asidero legal. Empezando por FAPEL, que más que una empresa es un sello que se apodera de Papel Prensa, y después porque en cuatro años no se hace ninguna asamblea en la papelera.

¿Ninguna?

Yo voy a una asamblea, que veo que se publicita en marzo del ’79, donde ellos ahí licuan las acciones de la menor, María Sol Graiver, con la excusa de una extensión de capital. Y yo quería participar porque era tutor legal de ella y me entero de la asamblea porque Bernardo Sofovich, que era abogado de Clarín, me cita y me explica lo que van a hacer. Yo aprovecho y llamó a un abogado estadounidense y nos vamos al Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) con un escribano. Pero en la puerta un milico nos baraja mal y no nos deja entrar. Ahí licuan las acciones de María Sol, pero ese acto es observado por el defensor de menores que mete un escrito en contra y eso quedó en la causa. Todo esto sirvió para que, al regreso de la democracia, se armara un expediente de investigación de Luciano Molinas, que era el Procurador de la Nación, que en parte venía de una denuncia escandalosa de la situación.

¿Los diarios que adquieren Papel Prensa, en algún momento intentan justificar su accionar en la compra?

En mayo del ’77 cuando firman y se apoderan de la empresa, ellos sacan una solicitada en todos los diarios donde dicen que compraron, pero que primero consultaron a la Junta de Comandantes y que fue aprobada por las autoridades la adquisición de la fábrica. Por eso la famosa inauguración de la planta, que se iba a hacer igual porque la inversión ya estaba hecha. Ellos vivieron de un crédito del BANADE, y del millón que se firma del convenio depositan sólo 7 mil dólares, que estuvieron un tiempo en la escribanía porque estaba todo sujeto a la aprobación del juez de la sucesión.

Un escándalo, se apoderaron de la empresa sin plata, pero comprometieron a todo el mundo. En un momento (Emilio Eduardo) Massera tiene una diferencia con ellos porque se da cuenta que estos vivos se han quedado con una empresa grande y los interviene. Va un tal (Alberto) D’Agostino, un milico de la Armada que hace un informe terrorífico diciendo que no habían puesto un peso y que las acciones no estaban en condiciones de venderse como las compraron ellos, porque se firmó por presión pero sin plata y después Clarín logra retrotraer esa situación.

Con Papel Prensa el Grupo Clarín inaugura su accionar mafioso que lo lleva a ser un multimedio.

Exacto, con Papel Prensa domina el mercado. Clarín era un diario más en el ’76, cuando estábamos en el gobierno de Isabel le teníamos más miedo a un título de Crónica porque vendía 700.000 ejemplares. Después Clarín se convierte en un monopolio y con el papel empieza a extorsionar y se hace dueño de todo para empezar a ser lo que es hoy.

Pero hoy ha quedado al descubierto una política que antes estaba oculta.

Las estrategias del Grupo las arma Héctor Magnetto, que es el que hizo este imperio. Y cuando Magnetto se muera el Grupo no va a ser el mismo, ya que Clarín es una idea económica de él. Un hombre capaz de cualquier cosa. Me decía mi hermana que cuando lo veía a Magnetto temblaba, le tenía más miedo que a sus torturadores.

¿Con la información que está recabando el Gobierno Nacional se puede dar un golpe de timón en Papel Prensa?

El informe de la Secretaría de Comercio Interior lo van a mandar a la Justicia. Hay un expediente que el juez (Daniel) Rafecas mandó a La Plata, donde hace unas consideraciones sobre que los Graiver fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. El Gobierno va a ser denunciante a través del procurador (Joaquín Pedro) Da Rocha, de las autoridades de Papel Prensa por las transferencias de las acciones. Además, seguro que se revisará la actuación de los directores del Estado, como lo fue Luís Juez que estuvo en el gobierno de Carlos Menem. El gobierno va a ser denunciante en esta causa y mi hermana ahora no tiene problemas en presentarse a la Justicia y ser parte de las denuncias por delitos de lesa humanidad. Vamos a ir fuerte y con todo en eso.

También está la cuestión de la hija de Graiver, que era menor en ese momento y no se preservaron sus derechos.

Hicieron todo eso porque tenían impunidad y esto pasó en todos los órdenes de la sociedad. Por eso dejaron tantas huellas e hicieron las cosas que hicieron. Lo que no pensaron nunca es que esto se iba a volver para atrás tan rápido.

http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3714.html

Por Roberto Koira para Revista Zoom

miércoles, 11 de agosto de 2010

La impericia de los controles al descubierto


Con el derrumbe se produjo en el edificio del gimnasio Orion en el barrio de Villa Urquiza, lindante a una obra en construcción, quedó evidenciada la falta de controles en el Gobierno de la ciudad. En este caso esa impericia, ocurrida en Mendoza al 5000, le costó la vida a tres hombres y once personas sufrieron heridas. Al parecer el problema es del ente de seguridad, ya que hubo una denuncia de que la obra se inspeccionó hace 3 meses y como estaba cerrada no volvieron.

En la implementación del sistema nuevo falta la aplicación de un control continuo y un patrullaje constante e las obras en construcción. Con un régimen administrativo y de inspección en el que suceden estas cosas, se le suma que en los organismos de control no hay gente, ni presupuesto por lo que el sistema es ineficiente.

Así tras presentar los planos de la obra después se debe hacer controles de seguridad durante la construcción. En estos también está involucrada la UOCRA, aunque desde el sindicato dijeron que hicieron denuncias sobre la falta de controles. Pero lo puntual es que en el momento de hacer la demolición hubo una falla y no lo verificó nadie.

Del Ministerio de Seguridad dependen todos los organismos de control y acá se denota que no son tan eficientes. Es un ente descentralizado que tiene su propio presupuesto, pero hay todo un sistema administrativo que debe ser ineficiente con controles que no son acordes. Ahora Mauricio Macri está hablando de Planeamiento Urbano, pero allí se presentaron los planos y estos fueron aprobados. Pero no dice nada de la Dirección de Fiscalización y Control, que es quien debe inspeccionar el desarrollo de la obra.

Entre las medidas de seguridad que se deben realizar cuando se hace un edificio, esta la de submurar al momento de efectuar las excavaciones y controlar que eso esté bien. Evidentemente eso no se hizo como corresponde y a esto se suma que no hay un sistema eficiente que pueda controlar.

El jefe de Gobierno porteño apuntó directo a los responsables de la obra, ya que sostuvo que hubo "una enorme impericia por parte de la autoridad técnica de la obra en construcción" e individualizó al ingeniero a cargo de la obra, que es dueño de la constructora, y dijo que “Guillermo Heyaca Varela encaró una excavación no respetando los planos que tenía aprobados”. El ingeniero a cargo de la obra en construcción lindera al gimnasio que se derrumbó se defendió señalando que "Macri miente" y que va "a dar la cara" por el hecho.

Por su parte, el defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, informó que "existían denuncias de vecinos de la obra" de Mendoza al 5.000 respecto a "alteraciones o molestias" que le ocasionaban los trabajos de excavación. Y agregó que “en esa cuadra hay casa muy antiguas que se veían afectadas, como lamentablemente terminó siendo gravemente afectada esta casa donde estaba el gimnasio”, y explicó que las denuncias presentadas eran de vecinos que vivían "a mitad y al final de la cuadra" en la que estaba la obra.

Para el legislador Juan Cabandié en estas cuestiones “hay que ser cuidadosos para dar con la información justa y precisa. Según el Jefe de Gobierno se realizaron tres visitas para verificar el estado de la obra y cumplir los requisitos. Pero no si en la última inspección se informa que no había nadie se debía haber clausurado e informarle a la empresa un día fijo para la inspección”.

Igualmente las explicaciones oficiales no satisfacen del todo del jefe del bloque de Encuentro Popular para la Victoria, ya que le parece que “eso es sospechoso, que no se haya encontrado a nadie en esa obra y por eso tendría que haberla clausurado directamente”.

El diputado dijo que es una falla directa de los entes de control. “Es decir se presume que puede ser eso, por lo que se pidieron los informes para saber si fueron o no a inspeccionar la obra, porque denuncias hubo. Como una hecha por teléfono que no fue tomada en cuenta”, graficó.

"Según sostienen los vecinos, con anterioridad al siniestro, se habían efectuado denuncias sobre posibles derrumbes", reiteró en sus fundamentos.

Así recordó que "este derrumbe constituye un hecho de suma gravedad que se suma al acaecido el 19 de julio en el predio ubicado en Viamonte 798". El legislador presentó un pedido de informes para que Mauricio Macri, explique los permisos y controles que había en el edificio derrumbado y el predio lindero."El presente pedido de informes busca verificar el trámite que esta obra ha tenido y cuáles han sido los hechos que han llevado a tan grave hecho", sostuvo Cabandié.

La cuestión es que en esta oportunidad el modelo de estado macrista tiene que lamentar tres víctimas. Para empezar, el Jefe de Gobierno ya le echó la culpa a otro. Una costumbre muy PRO.

martes, 10 de agosto de 2010

Control y aprietes PRO en las Comunas


Mónica Hasenberg es militante del EDE (el partido de Martín Sabattella) y participa del preconsejo consultivo de la Comuna 5 y en la última reunión tuvo una fuerte discusión con los funcionarios de Mauricio Macri y luego la amenzaron vía Facebook. Ella hizo la denuncia y tiene documentadas varias irregularidades cometidas en esas reuniones por ser fotógrafa.

“Como soy fotógrafa y por eso se la agarran conmigo porque registro todo. Cuando dicen “esto es mentira no lo votamos”, yo saqué la foto de eso y lo tengo filmado”, le dice la damnificada a Política&Medios.

También Hasenberg hizo una denuncia en el INADI, que preside Claudio Morgado y aquí transcribimos parte de la presentación: “La integración del Pre consejo consultivo fue, desde sus inicios accidentada, ya que en todo momento el Director del CGPC se negó a reconocer nuestra actuación anterior, y manifestó su voluntad de dirigir las reuniones del Pre consejo pese a la manifiesta incompatibilidad entre su función ejecutiva y las propias del Pre consejo”.

Y continúa: “La última reunión celebrada el 14 de julio, terminó en conatos de agresión, insultos y palabras destempladas cuando del Director del CGPC nº 5 Sr. Marcelo Bouzas desconoció los acuerdos alcanzados entre los vecinos en la reunión anterior, imponiéndonos la obligación de reunirnos cada 15 días y no cada 30 y desechando todas las propuestas y pedidos de informes que le habíamos realizado”.

“En el marco de estas discusiones, tuve un duro intercambio de palabras con el Sr. Marcelo Gentile, a quien observé discutiendo acaloradamente con otros vecinos, por lo que me acerqué a pedirle que se calmara y, como persistía en su actitud, le manifesté que la dictadura había terminado. El me respondió: “para vos” y yo le respondí: “para vos también”. Sin embargo, la cuestión no terminó allí, sino que, unos días después, al abrir mi Facebook, encontré los siguientes mensajes: …”, manifiesta en la denuncia Hasenberg.

Esa reunión del 14 de julio había sido agitada para el director del CGPC5 Marcelo Bouzas, ya que comenzó con imputaciones por el incumplimiento de los acuerdos de la última convocatoria del Consejo Consultivo. Y el punto que se le señalaba era que el Ejecutivo porteño seguía obstaculizando las Comunas al sumar contradicciones entre lo acordado y las nuevas reglas que querían imponer los funcionarios macristas. Entre las resoluciones se había acordado “que las reuniones del Preconsejo Consultivo se realicen cada 30 días y no quincenalmente” y en la propia acta se inscribe un elemento no acordado: la cita a la próxima reunión del Preconsejo para el 14 de julio, a quince días de la anterior, en una fecha que había sido reservada para tratar de finalizar la redacción del reglamento del Preconsejo.

Para el cambio de reglas Bouzas, se excusó: “son directivas emanadas del Ejecutivo, las reuniones deben ser cada 15 días en una misma fecha para todas las Comunas, por una cuestión de comunicación”. Ante la negativa de continuar con los pasos que se habían acordado en la reunión anterior, unos 60 vecinos se retiraron. Solo el director del CGP y sus adeptos continuaron en la sala. Lo que parece que no comprendió el macrismo es que el poder Comunal no se ejerce bajo la pata del Ejecutivo y los Consejos Consultivos pueden autoconvocarse y realizar sus propios reglamentos.

Debido a las gravísimas acusaciones de parte de Mónica Hasenberg, el legislador Gonzalo Ruanova se hizo eco de ellas y le informó a P&M que va a presentar “un proyecto de declaración manifestando la preocupación de la legislatura, que vamos a intentar aprobar el jueves. Además que no había sido casual lo de ella, sino que en diferentes consejos consultivos convocados por los CGP habían ocurrido estas situaciones”.

“En la comuna 15 recibimos denuncias en este sentido, en la 9 también hubo inconvenientes con la presencia de metropolitana y amenazas de parte de personas que participaron. Se dieron que en varios consejos consultivos la presencia de tipos de civil y con intención de que no se llevaran adelante los consejos. Es decir que se hicieran en un marco de tensión que no colaborara en la participación de la gente”, describió el legislador.

Para Ruanova esto se trata de una práctica habitual, ya que “en varios lados pusieron tipos amenazando y de civil, esto lo constató el veedor de la defensoría oficial en la comuna 15. Sucedió en varios lugares, donde los consejos no funcionaron con normalidad dada a una intención manifiesta de amedrentamiento”.

El legislador adelantó que “se va a presentar en forma general y no solo lo voy a hacer yo, sino varios integrantes de la Comisión de Descentralización como su presidente Rafael Gentile. Toda la información que fuimos recabando los volcamos en distintos proyectos que vamos a tratar de unificarlos y manifestar esta preocupación”.

Sobre las verdaderas intenciones de ejecutivo porteño, el diputado planteó que "el PRO tomó la decisión que los consejos consultivos fueran chicos y manejados por parte del aparato de estado de la ciudad de Buenos Aires. Y que fuera con gente adepta para intentar direccionar las discusiones. Además evitó de manera intencional difundir estos consejos e invitar a la mayor cantidad de ciudadanos".

lunes, 9 de agosto de 2010

Informe de la oposición en la Legislatura sobre la Policía Metropolitana


INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LOS LEGAJOS DE LOS CARGOS SUPERIORES DE LA POLICÍA METROPOLITANA

Esta Comisión se crea por Ley en noviembre de 2009 a partir de la crisis generada por la renuncia forzada de Jorge "Fino" Palacios, a quien ya se le había confirmado su procesamiento por el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA, y los graves delitos relacionados con escuchas ilegales en los que estaban implicados el propio Palacios y su reemplazante Osvaldo Chamorro.

Nuestro cometido, según la Ley 3.255, era la revisión y análisis de los legajos del personal de la Metropolitana proveniente de otras fuerzas de Seguridad, ante la sospecha de que la matriz emplazada por Jorge "Fino" Palacios seguía instalada a través de la incorporación de ex comisarios dela Policía Federal vinculados con hechos de corrupción policial.

En principio, debemos destacar que la tarea de revisión y análisis de los legajos del personal de la Policía Metropolitana se realizó según las modalidades establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. No pudimos tener acceso directo a los legajos en papel, los digitalizaron y los proyectaban sobre una pared, nunca pudimos cotejar si estábamos observando la totalidad de la documentación o lo que decidieran mostrarnos. La modalidad de acceso elegida por los miembros del Gobierno determinó que sólo pudiéramos ver 52 legajos, todos de la plana mayor, pero que constituyen el 5,6% del total del personal de la Policía Metropolitana (926) proveniente de otras fuerzas.

También resultó evidente la desprolijidad y la falta de rigor y seriedad con que habían sido conformados los expedientes a los que accedimos. Por ejemplo, casos en los que no se exigió presentación de foja de servicios policial, sólo en algunos consta. Otros en los que el certificado de antecedentes penales es posterior al ingreso a la fuerza. Y la falta de constatación respecto de la incompatibilidad entre el desempeño como Policía Metropolitana y miembros de empresas de seguridad privada.

Antes de relatar las principales conclusiones sobre nuestra tarea, cabe destacar que desde el momento de la aprobación de la Ley de creación de la Comisión hasta el momento en que fue posible acceder a la revisión de los legajos, el Gobierno de Mauricio Macri removió al menos a 22 agentes, entre los que se incluye a 6 Comisionados por tener antecedentes penales. En su mayoría habían sido denunciados desde esta Legislatura o por investigaciones periodísticas. Así, el Gobierno se adelantaba a la posibilidad de que revisáramos y tomáramos conocimiento de las reales condiciones en las que habían sido admitidos en la fuerza.

A pesar de las dificultades descriptas podemos informar algunas conclusiones sobre el perfil de la conducción policial:

Actuación en la dictadura militar. Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir, 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en Fuerzas de Seguridad durante la Dictadura Militar, algunos de ellos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado. Lamentablemente en el informe elaborado por los miembros del Pro de la Comisión se minimiza esta situación, inclusive apelando a argumentos como la obediencia debida y la falta de condenas, desconociendo los avances en materia de memoria, verdad y justicia de los últimos años en nuestro país.

Antecedentes penales y corrupción policial. De los 52 cargos de conducción revisados, 9 de ellos (17%) provenientes de la Policía Federal, fueron pasados a disponibilidad en 2004. El cincuenta por ciento de los oficiales separados, en aquel momento, tenía alguna causa judicial abierta, o se les impulsaba algún sumario administrativo. Pese a esto, el Gobierno de la Ciudad no realizó ninguna averiguación con la Policía Federal que permitiera saber si dichos agentes estuvieron implicados en delitos o sanciones disciplinarias de la fuerza.

También al leer los curriculums presentados por los propios aspirantes a ingresar a la metropolitana, se pudo verificar que varios de los miembros de conducción se capacitaron en materias como “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la última dictadura militar y con posterioridad.

De toda la información revisada no se desprende que el Ministerio de Justicia y Seguridad haya contemplado una matriz, una planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa, para ocupar los cargos de conducción, basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización.

Mauricio Macri tenía que crear una Policía Metropolitana que hiciera eje en la prevención del delito y la proximidad con los ciudadanos. Lejos de esto, la matriz desde la que fue armada la nueva policía es la que da como resultado que tanto Palacios como el aspirante Ciro James estén presos y que el mismo Jefe de Gobierno de la Ciudad hoy tenga un proceso firme en su contra.

Este informe firmado por todos los miembros de la oposición que integran las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de esta Legislatura, ratifica la necesidad de constituir cuanto antes una Comisión que investigue los hechos de espionaje ilegal en la Ciudad y todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento.

Firman el informe: Gabriela Alegre (Encuento Popular para la Victoria), Juan Pablo Arenaza (Coalición Civica), Delia Bisutti (Proyecto Sur), Rafael Gentilli (Proyecto Sur), Diego Kravetz (Peronismo), Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Marcelo Parrilli (MST- Nueva Izquierda), Claudio Presman (Radicalismo), Julio Raffo (Proyecto Sur), Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) y Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica).

viernes, 6 de agosto de 2010

Marcó del Pont salió a bancar el modelo


La presidenta del Banco Central cuestionó duramente las demandas planteadas por AEA y la UIA, cuando afirmó que “muchos de estos empresarios que rendían pleitesía al modelo de los ’90, añoran ese modelo".

"Y olvidan que gracias al proyecto que está en marcha desde 2003 pudieron volver a producir, generar empleo y exportar con enormes tasas de ganancias", completó Mercedes Marcó del Pont.

En ese sentido, subrayó que "este modelo les permitió transitar la crisis sin daños y recuperar velozmente los niveles de actividad”.

“Uno se tiene que preguntar de qué hablan algunos empresarios cuando hablan de seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica garantizaba la convertibilidad, que parecen extrañar estos empresarios, que condujo a la Argentina a una de sus peores crisis e incluyó la ruptura de todos los contratos? ¿Cuál era la seguridad jurídica que tuvieron los ahorristas que sufrieron la expropiación con el Plan Bonex y posteriormente con el corralito y el corralón?", inquirió la titular del BCRA.

"¿Qué seguridad jurídica protegió los ahorros de los trabajadores que fueron presa de los negocios de las AFJP? ¿Qué seguridad jurídica se les garantizó a jubilados y empleados públicos cuando el gobierno de la Alianza les recortó los haberes?”, reiteró Marcó del Pont.

Y concluyó de modo contundente: “Parece que lo que estos empresarios entienden por seguridad jurídica es que el Estado se dedique exclusivamente a garantizarles privilegios que han demostrado ir en sentido contrario a los intereses del pueblo”.

jueves, 5 de agosto de 2010

Kunkel apunta a Héctor Magnetto


El diputado de Frente para la Victoria respondió a las críticas formuladas ayer por AEA y la UIA y le apuntó directamente a la máxima autoridad del Grupo Clarín, a quien desafió a ser candidato del "frente opositor".

En declaraciones radiales, Carlos Kunkel aseguró que "si el señor Magnetto decide ser candidato a presidente y lo pone a Mariano Grondona como jefe de Gabinete y a Martínez de Hoz como ministro de Economía, hay que respetarlo".

El legislador también criticó la agenda parlamentaria de la oposición al decir que "si quiere votar leyes para que cambie el rumbo del Gobierno, nosotros no le vamos a hacer ese juego".

Y señaló que el oficialismo tiene claro "quiénes son los responsables de nuestra política" y observó que la ciudadanía "sabe que si quiere mantener este ritmo de crecimiento, tiene una opción muy clara: Néstor o Cristina".

"Si Magnetto sale de las sombras y se decide a ser candidato del frente opositor, es válido y legítimo", reiteró Kunkel para refirmar su postura.

miércoles, 4 de agosto de 2010

Identifican al represor que fue jefe de El Vesubio


El juez federal Daniel Rafecas logró identificar a quien, bajo el apodo de El Francés, fue el jefe del centro clandestino de detención El Vesubio, que funcionó en La Matanza. El nombre del represor es Gustavo Adolfo Cacivio, tiene 67 años, es oficial de inteligencia del ejército y ya está detenido en la cárcel de Marcos Paz.

El Francés fue mencionado por muchos sobrevivientes de El Vesubio, porque su presencia era constante en interrogatorios y sesiones de tortura, a la vez que era quien decidía a quién torturar, o en qué sitio un detenido iba a ser alojado, dentro de las tres casas que componían el centro de detención.

Según explicaron en Tribunales, es posible que la identificación de El Francés repercuta en los tribunales federales de La Plata, dado que allí, durante 1977, también actuó en los centros clandestinos del circuito Camps un oficial de inteligencia del Ejército con ese apodo y que respondería a las mismas características. Si se confirma que es la misma persona, Cacivio sería también procesado como autor directo en secuestros y torturas respecto de víctimas de centros de detención platenses, como el Pozo de Arana, entre otros.

La detención de Cacivio se suma a trece ya imputados por Rafecas por las privaciones ilegales de la libertad y las torturas padecidas por más de 200 víctimas en El Vesubio. De los trece imputados, nueve están siendo juzgados actualmente ante el Tribunal Oral Federal 4. Respecto de los cuatro restantes –tres militares de alto rango y un agente del Servicio Penitenciario– el juez decretó el procesamiento el 16 de julio pasado, en una resolución en la cual realizó un análisis de la relación entre el centro clandestino de detención y de la División II de Inteligencia del Ejército.

martes, 3 de agosto de 2010

Se cae la estrategia de Macri en la Legislatura porteña


El legislador porteño Diego Kravetz, jefe del bloque peronista, afirmó que existe un "consenso importante" entre las bancadas opositoras para avalar la conformación de una comisión investigadora que aborde el caso de las escuchas ilegales.

"Ya hay un consenso importante entre la oposición para unificar proyectos", aseguró Diego Kravetz, quien confirmó que al mediodía habrá una reunión de las distintas bancadas opositoras para avanzar en la letra chica del proyecto que llevarán a la reunión de comisión prevista para las 15.

En este sentido, el legislador explicó que, por estas horas, el eje de las conversaciones pasa por la definición del número de integrantes que tendría la comisión investigadora y de la distribución de esos lugares entre los distintos bloques.

Allí reside el centro de las críticas de los legisladores de PRO, quienes aseguran que se pretende darle al macrismo la representación de un monobloque y, con ese argumento, afirman que más que una comisión investigadora se tratará de un "pelotón de fusilamiento".

Por ese motivo, el bloque de oficialista insiste con la idea de impulsar un juicio político contra el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para allí determinar si tuvo responsabilidad política o no en la red de espionaje por la cual se encuentra procesado según un fallo de segunda instancia.

Kravetz minimizó las críticas lanzadas desde el PRO al afirmar que, "como se trata de una comisión investigadora" la que impulsará la oposición, "deberían estar presentes todos los bloques, que suman trece".

Y consignó, la idea que por estas horas la oposición terminaba de definir es si "dar dos o cuatro legisladores más para el macrismo como una concesión" frente a sus reclamos de una mayor representatividad en el seno de esa comisión investigadora sobre el caso de las escuchas.

De este modo, precisó Kravetz, "la comisión quedaría conformada por 15 o 17 legisladores, de los cuales tres o cinco lugares corresponderían al macrismo".

"La idea es llegar a esta tarde con un despacho unificado", sostuvo el presidente del bloque de legisladores peronistas, que suma cuatro representantes en la Legislatura porteña.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el macrismo avance con el juicio político directamente a través la Sala Acusadora, Kravetz opinó que sería "una maniobra con patas cortas" porque "lo primero que va a ser la sala es declarar inadmisible el pedido, que debe venir desde el pleno del cuerpo".

Por su parte, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, no descartó la posibilidad de recurrir a la vía judicial "si se comete un atropello" y la oposición logra conformar "un pelotón de fusilamiento" contra el jefe de Gobierno.

De esta forma, Ritondo se refirió a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que esta tarde dirimirá el avance del proyecto de juicio político que impulsa el PRO o el de la comisión investigadora que promueve la oposición.

Se trata de las dos posibles instancias con las que la Legislatura porteña abordará el caso de las escuchas ilegales que involucra a Mauricio Macri, quien se encuentra procesado en la Justicia, según un fallo de segunda instancia.

"Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que más transparenta cualquier situación, que es el juicio político", reiteró Ritondo, quien remarcó que, en ese caso, dentro de la Comisión Acusadora está prevista la conformación de una comisión investigadora "con grado de representatividad".

"La oposición no busca encontrar la verdad sino tratar de hacer una comisión que perjudique la imagen de Mauricio y especular con este tema", se quejó el jefe de la bancada de PRO.

Por otro lado, Ritondo respondió que "es una posibilidad" cuando fue consultado por la opción de que el macrismo busque avanzar con el juicio político directamente en el marco de la Sala Acusadora.

lunes, 2 de agosto de 2010

La ley de Glaciares en la encrucijada


Tras el debate en el Congreso y las indefiniciones, ha quedado en suspenso la resolución acerca de un tema central para el país.

La iniciativa de tener una ley que proteja los glaciares tuvo su primer revés con el veto presidencial en noviembre de 2008, por presiones de las provincias cordilleranas. Con el proyecto impulsado por Daniel Filmus y aprobado en el Senado parecía que se lograría un consenso para tener una ley, si pasaba Diputados. Pero allí se estancó, lo que abrió el camino a un acuerdo entre Filmus y Miguel Bonasso.

Esto llegó luego que en la sesión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y de Minería de la Cámara de Diputados se aprobara un dictamen de mayoría del diputado Bonasso, con el apoyo de casi todos los bloques opositores, que era una copia de la Ley 26.418 de Marta Maffei.

Tras el acuerdo, la Cámara de Diputados aprobó por 129 votos contra 86 el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar de Bonasso, que incorporó algunos artículos del proyecto de Filmus. A pesar del consenso entre ambos legisladores, el bloque del Frente para la Victoria no acompañó la iniciativa, pero aseguró a través de su jefe de bancada Agustín Rossi que el poder ejecutivo no vetará la Ley que salga del Congreso.

“Este no es el proyecto de Filmus que viene de Senadores para ser aprobado por Diputados, es uno nuevo que tiene que volver a Senadores”, le dijo a Revista Zoom el Director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET, Ricardo Villalba, que participó en la confección de los proyectos de Bonasso y Filmus. Para el científico, esta nueva sanción sólo retrasa la aplicación de la norma, ya que “así estamos con idas y venidas porque todo hace que la cosa se vaya dilatando y lamentablemente se posterga la promulgación de una ley. Si se hubiese aprobado el proyecto Filmus, ya tendríamos ley”.

Villalba explicó que “ha sido como una mezcla de los dos proyectos donde uno ha incorporado algunas cosas. Tengo entendido que en agosto se va a continuar la discusión, ya que están aprobados cinco de los 17 artículos. Así que cuales son los cambios que se vienen no sabemos, hasta ahora los cinco artículos son bastante parecidos al proyecto de Bonasso con algunos puntos que fueron incorporados de las ideas que aportaba Filmus”.

“Como lo del carácter público de los glaciares, parece que está incorporado en un pequeño agregado en el artículo 1, aunque no vi nada sobre la importancia de otros servicios eco sistémicos que prestan los glaciares más allá de la entrega de agua. No se habla del atractivo turístico o la importancia como regulador de la diversidad de alta montaña o como generador de energía hidroeléctrica, cuestiones que si estaban incluidas en el proyecto de Filmus”, explicó el glaciólogo.

Entre los pendientes está el artículo 6 donde se establecen las prohibiciones de qué actividad se puede hacer o no en un glaciar y qué cosa puede contaminarlo o no, aún no se ha discutido y es un artículo clave. Tampoco se abordó el 15 que estipula qué se va a hacer con las actividades que están en ejecución en este momento y cómo se va a proceder técnicamente con eso.

Para Villalba el espíritu de ambas leyes es similar, es decir se trata de la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. “El punto que me parecía clave era el tema de propiedad de los glaciares que aparentemente estaban en la Ley de Filmus y ese punto ha sido incorporado. Después en función de la lectura que uno puede hacer del proyecto y como hacer la interpretación de la reglamentación, desde el punto de vista técnico, a nosotros nos resultaba más fácil la implementación del proyecto de Filmus”, sostuvo el investigador del CONICET.

“Va a depender fundamentalmente de la buena voluntad de la gente, no es que una protege una cosa y otra protege otra cosa, que permite cierta actividad que la otra no permite, prácticamente la cosa era muy similar y supongo que si se están compensando y agregando teniendo en cuenta esas pequeñas diferencias, el proyecto va a quedar muy similar”, graficó el glaciólogo.

Aunque hay temas en que si hay diferencias porque en el proyecto Bonasso la definición de ambiente periglaciar es mucho más difícil de reglamentar desde el punto de vista técnico. “Mientras que en el otro se hablaba bien de tres cuerpos de hielo bien claros, que lo identifica con límites bien marcados. Ahora en la reglamentación va estar el problema de cual es el límite que se va a usar”, detalló Villalba.

“Todo va a depender de la lectura que se le quiera dar y del espíritu que se le de en el momento de la aprobación y la reglamentación. Si uno está hablando de ambiente periglaciar, como está ahora, que contribuye al ciclo hidrológico se está remitiendo a los glaciares de escombro, es lo mismo que se decía en otras palabras en la ley de Filmus. Entonces no es que sea más amplio, sino que limita enormemente al ambiente periglaciar. Todo eso me parecía más sencillo como estaba en el otro proyecto, ahora depende de la buena voluntad de interpretar las cosas”, opinó el glaciólogo.

El debate sobre una regulación para la protección de los glaciares provocó que los gobiernos de las provincias cordilleranas se junten para consensuar medidas que preserven bajo su órbita el control de las actividades productivas, como la minería, que podrían ser condicionadas con la nueva ley. Así, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén definieron una estrategia conjunta que se ratificó con la firma de una declaración en la que se comprometieron a impulsar leyes provinciales de protección a los glaciares. El principal fundamento se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que “todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren”.

Por esto es fundamental la rápida sanción de una norma que proteja a los glaciares y para eso es necesario dejar las internas políticas de lado para tener una ley. Como adelantó el General Perón, el agua es la herramienta básica que escaseará en el futuro. El compromiso con las nuevas generaciones está puesto en conservar ese reservorio de la naturaleza y no dejar que la ambición y codicia de unos pocos lo impida.

http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3701.html

Por Roberto Koira para Revista Zoom