El Centro de Estudios del Deporte denunció a Macri ante el INADI por "discriminación de género"

El jefe de Gobierno porteño fue denunciado esta vez por "discriminación ideológica y de género", al no cumplir con la ley que obliga a denominar el estadio de tenis ubicado en Villa Soldati, donde se jugará la Copa Davis, con el nombre de la tenista Mary Terán de Weiss.

La acusación, presentada por el Centro de Estudios e Investigaciones del Deporte (CEID), exhorta al gobierno porteño a cumplir con la Ley 250 -sancionada en el 2007- para que el estadio ubicado en el Parque Roca lleve el nombre de la eximia tenista que en la década del 40 mantuvo el liderazgo sudamericano durante muchos años.

A raíz de su pertenencia al peronismo, Terán de Weiss "fue perseguida, exiliada y se intentó dejarla en el olvido en el ámbito deportivo", recordaron en un comunicado de prensa los promotores de la denuncia.

"El Gobierno porteño decidió ignorar el verdadero nombre del Estadio en toda la publicidad oficial de los eventos que se realizan en el mismo.

Además, la imputación se extenderá al Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y al Subsecretario de Deportes, Francisco Irrazaval, responsables de las actividades en dicho escenario", acusaron.

"Los integrantes del CEID, creemos que existe una discriminación ideológica y de género sobre la memoria de la ex tenista", sentenció Fernando Aren, titular del CEID.

La gestión de Macri bajo la lupa

En un modelo de gobierno donde se desatienden lo público y se privilegia lo privado, la fundación FETYP hizo un informe de la ejecución del presupuesto 2010. P&M publica parte de este trabajo.

El análisis del presupuesto al primer semestre de 2010 nos muestra la clara subejecución de algunas partidas y el modo en que se sobrecumplen otras. En la ciudad existe un modelo de gestión que se asienta en: a) desatender la provisión de bienes públicos universales de calidad (vivienda, educación, transporte, hidráulica, salud), b) sobrecumplir gastos corrientes, engrosando el plantel de funcionarios de altos sueldos e incrementando las transferencias al sector privado, como los subsidios a escuelas privadas y las transferencias a empresas de servicios tercerizados (higiene urbana, veredas y vialidad) y c) cubrir la brecha fiscal con endeudamiento a tasas altas.

En principio se observa una fuerte sub ejecución de partidas, especialmente en los rubros vinculados a las inversiones en imprescindibles obras públicas.

Así, contando con un presupuesto de casi $ 3.000 Millones para obras, a lo que se debe agregar el endeudamiento aprobado de U$S 475 millones, de los cuales U$S 300 millones se deberían destinar a obras en el Subterráneo de la ciudad y U$S 175 millones al FOISO (Fondo de Infraestructura Social, que cubre obras para la emergencia escolar y hospitalaria); los gastos de capital respecto al presupuesto aprobado han pasado de una ejecución del 7% en el primer trimestre, al 25% en primer semestre (totalizando $727 millones). Sin embargo, al estar ya en la mitad del año, el porcentaje debería estar más cerca del 50% que de 25% en que se encuentra.

En esa misma línea, las necesarias obras de infraestructura de la red pluvial se ejecutaron en el primer semestre solo en un 18% (se han invertido menos de $77 millones sobre una partida de $ 424 millones que contempla la ley de Presupuesto 2010).

Por otra parte, en Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Salud se ejecutó sólo el 4,2% ($ 6,3 millones sobre $150 millones aprobados en la ley de presupuesto), con el agravante que se realizó un recorte de $95 millones al presupuesto original.

En el rubro subterráneos sólo se han ejecutado $72 millones, lo que representa un 48% del presupuesto sancionado. Además, aún contando con un endeudamiento (U$S 300 millones), ni siquiera se llegó a ejecutar la totalidad de la asignación específica de fondos de la Ley Nº 23.514 (Ley de construcción de subtes) , a pesar de que el área solicitó un endeudamiento cuyos fondos (por los que la ciudad paga intereses en dólares al 12,5% anual) no está en condiciones de invertir, y que terminarán reasignándose en parte a AUSA (Autopistas Urbanas) para la realización de otras obras que nada tienen que ver con la ampliación de la red de subterráneos y que debieran haber sido cubiertas con fondos presupuestarios.

Muy por el contrario, cuando dejamos el análisis de la inversión de capital y pasamos a los gastos corrientes, podemos observar dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que los Servicios de Higiene Urbana (contrato de recolección de la basura) superan cualquier promedio de ejecución imaginable, con un 65%, (mucho más que un normal 50% a mitad del año).

Así, las cifras comparativas del avance de ejecución entre el primer y segundo trimestre del presente año muestran los siguientes resultados: Higiene Urbana, del 31,9 % de ejecución en el primer trimestre, aumenta al 64,9 % en el segundo. Mantenimiento de la vía pública (aceras) del 8% aumenta al 63,6 %. Educación (Infraestructura y equipamiento) pasa del $8,6 millones (2%) en primer trimestre a $26,7 millones (6 %) en el segundo trimestre, quedando sin ejecutar la suma de $400 millones.

En cuanto a la vivienda social, el Instituto de la Vivienda ha ejecutado un escaso monto de $ 26,3 millones sobre $ 409 millones sancionados, lo que significa sólo un 6,4% del mismo.

Fuente: Fundación FETYP

“Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con muchos o pocos testimonios”

Así se expresó, en diálogo con P&M, el legislador Fernando Sánchez sobre la poca predisposición del ejecutivo porteño y la Universidad de La Matanza a colaborar con la comisión investigadora de la causa por escuchas ilegales, en la que está procesado el Jefe de Gobierno Mauricio Macri.

El legislador de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez se quejó de la poca predisposición que hay desde el ejecutivo porteño a colaborar, ya que “después de un gran esfuerzo empezó a venir gente a la comisión, porque tuvimos que resistir lo que era obvia estrategia del macrismo de que no querían que vaya nadie, que se no produzca nada y que nosotros no podamos indagar”. Pero desafió: “Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con muchos o pocos testimonios”.

Así la causa de las escuchas sigue dejando mucha tela para cortar. Mauricio Macri, salió a brindar su apoyo al ex Ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, luego de las declaraciones de autoridades de la Universidad de La Matanza, negando haber recomendado a Ciro James para ser incorporado en la cartera educativa. Desde la oposición, la legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti quiere derogar el convenio con esta universidad dada la "falta de colaboración" de sus autoridades con la Comisión Investigadora.

“Nosotros estamos obligados a contar una historia verdadera de los hechos. En ese sentido, el macrismo en general y Mauricio Macri en particular se quedan con una visión muy debilitada de que Ciro James estaba suelto por la vida, porque con lo que pasó anteayer sobre todo (el testimonio del secretario de Política Criminal Agustín Gamboa), es notoria su presencia en una reunión formal con el Ministerio Público Fiscal, mandado con (Roberto) Ontiveros por el propio Jorge “Fino” Palacios”, explicó Sánchez a Política&Medios.

Para el miembro de la Comisión Investigadora la cuestión es que “tanto ayer como anteayer esa estrategia en curso se van cayendo. Por eso hay un contrapunto entre Narodowski y los dos funcionarios de la Universidad de La Matanza (el director de la editorial de la universidad, Rolando Echave, y el secretario de Legal y Técnica, Cristian Cabral). Se siguen tirando la pelota de quien recomendó a Ciro James”.

“Ahora todavía La Matanza no nos puede decir que hacía Ciro James en la Universidad, como Narodowski no pudo decir, ni Roxana Barroso (ex jefa de Gabinete de la cartera educativa porteña), que hacía Ciro James en Educación. Parecía que era un afortunado total cobraba de todos lados y nadie le preguntaba nada”, disparó el titular del bloque de la Coalición Cívica.

El legislador relató que las explicaciones dadas hasta ahora por el Ejecutivo, el Ministerio Público y Universidad son muy confusas y poco claras. “Ayer le preguntamos a los dos testigos de La Matanza cual era el trabajo de Ciro James, por supuesto que todos sabemos que era el director de institucionales, pero ni ellos saben si es de la Universidad (como dice la resolución) o del departamento de Humanidades, como venían diciendo”.

“Tenemos que terminar con los funcionarios que atienden de los dos lados del mostrador”

A través de una investigación se supo que Maximiliano Fratino, el relacionista público que organizó el evento en el boliche Beara el día de la tragedia, es funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El legislador Gonzalo Ruanova le dijo a P&M que “es necesario que se haga una nueva ley de ética pública para que no se pueda dar más esta situación en la ciudad de Buenos Aires”.

La información salió de la investigación del fiscal Andrés Madrea, donde también figuran los aportes de Maximiliano Fratino a la ANSES, realizados por ser funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño de la gestión PRO.

Fratino fue quien contrató al grupo Ráfaga y ahora se busca determinar si pagó 4500 pesos a los músicos y 5000 por el alquiler de Beara, y si también invitó a las 150 personas que concurrieron gratis al evento.

Política&Medios charló de este tema con el legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova, quien explicó que estas cosas ocurren porque “el gobierno de Macri está más preocupado por defender los intereses privados, que los públicos”.

“Tenemos que terminar con los funcionarios que atienden de los dos lados del mostrador. Por esto, es necesario que se haga una nueva ley de ética pública, para que no se pueda dar más esta situación en la ciudad de Buenos Aires, abogó el diputado de la ciudad.

Ruanova advirtió que “ahora se la agarran con los músicos clausurando toda actividad musical cuando el que actúa mal en este caso es el Estado, que no controla como corresponde”.

Y pone como ejemplo que en el último año hubo 250 de excepciones con la resolución 1010 (que habilita actividades por un día) y que iban a llegar a más de 500 “sino pasaba lo de Beara”.

Siguen las operaciones macristas

En la reunión entre la comisión investigadora de los legisladores porteños y el presidente de comisión de escuchas de Misiones terminó con un acuerdo de confidencialidad, que fue roto por el macrismo que en un comunicado salió a vincular a Ciro James con ex gobernador Carlos Rovira.

En la reunión privada entre los legisladores porteños y el titular de la comisión de escuchas de Misiones, Hugo Pasalacqua, se planteó la forma de empezar a trabajar en conjunto y tener un intercambio permanente de información. El legislador misionero presentó un informe de una sola copia, que no se fotocopió, ya que hubo un acuerdo de confidencialidad de Passalacqua con los miembros de la comisión porteña debido a que hay causas judiciales en el medio.

Aunque este acuerdo el PRO lo rompió, al sacar un comunicado. Fuentes de la comisión investigadora le dijo a P&M que “embarra la cancha todo el tiempo el PRO, hace un acuerdo de confidencialidad y después sale con un comunicado con cosas que se habían hablado en la reunión”.

El oficialismo porteño ligó al ex espía Ciro James con el ex gobernador kirchnerista Carlos Rovira, con claro objetivo de desligar a Ramón Puerta de la investigación. Además, el legislador macrista Cristian Ritondo salió a decir que Passalacqua no respondió ninguna de las preguntas que ellos le habían formulado, como si fuera un testigo, cuando en realidad se trata del presidente comisión de la legislatura misionera, es decir un par de los diputados porteños.

Tomada en un foro de militantes

El ministro de Trabajo participará mañana del segundo Foro en Defensa del Proyecto Nacional y Popular, que organizan el Peronismo 26 de Julio, la Agrupación Compañeros, Causa Popular y el MUP. La cita es a las 21 horas en el Teatro Verdi de Almirante Brown 734, en el barrio de La Boca.

El Foro en Defensa del Proyecto Nacional y Popular se define como un encuentro de militantes que desde el debate y la acción se convocan para la defensa Proyecto Nacional. En el primer foro, que se realizó en Almagro, el invitado fue el secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, que debatió con más de 250 militantes luego de una multitudinaria cena.

Ahora llegó el turno del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de participar en el segundo Foro organizado por el Peronismo 26 de Julio, Agrupación Compañeros, Causa Popular y el MUP. Los convocantes destacaron que “La idea es poder aglutinar y discutir con el peronismo porteño un proceso de unidad que nos lleve a construir una alternativa popular en la Ciudad de Buenos Aires".

Tomada es uno de los principales referentes del Cabildo Abierto de los Peronistas Porteños, uno de los movimientos que más creció dentro del escenario político de la Capital y del peronismo porteño.

Este importante encuentro militante se desarrollará este miércoles 29 de septiembre, a las 21, en el Teatro Verdi, sito en Almirante Brown 734 de La Boca. Y los referentes que invitan a la cena y debate son Cristina Navazo (Peronismo 26 de Julio), Carlos Benítez (Agrupación Compañeros), Antonio Muñiz (Causa Popular) y Federico Martelli (MUP).

Polémica por una reunión entre Burstein y diputados opositores

El titular de “Familiares de Víctimas de la AMIA” fue a la legislatura a avisar que no se presentará el martes a la audiencia porque viajaba a Nueva York. Entonces fue a la oficina del presidente de la comisión investigadora, Martín Hourest, y como no dio con él se reunió Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn y Gabriela Cerruti. Al enterarse el bloque del PRO se quejó porque el encuentro no tuvo un marco más institucional.

Sergio Burstein, presidente “Familiares de Víctimas de la AMIA”, se dirigió a la Legislatura para presentarle sus excusas al presidente de la comisión investigadora, Martín Hourest, porque el martes que viene estará de viaje en Nueva York y no va a poder presentarse como testigo.

Al no encontrarlo, se reunió con Gabriela Cerruti, la Secretaria de la comisión, quien llamó a Aníbal Ibarra y Eduardo Epzsteyn”. A la reunión también fue convocado Martín Ocampo, que no participó de ella. Aunque luego su bloque se quejó porque la reunión fue de forma privada.

Desde de Díalogo por Buenos Aires, bloque al que pertenecen Ibarra y Epzstien, le contaron a P&M que “esta fue una puesta en escena del PRO, ¿cómo en una reunión encubierta iba a pasar Burstein por la oficina de Ritondo, para después ir a la oficina de Ibarra? Por eso lo estamos aclarando, no es que fue una reunión”.

“Además, lo que va a decir Burstein acá es lo mismo que ya dijo en la causa y en todas las entrevistas que le hicieron. No necesita letra como ellos están vendiendo, es una cosa ridícula”, ampliaron las mismas fuentes.

Se sancionó una ley para aumentar los controles en las obras en construcción

La norma establece que "todo responsable de obra deberá con anterioridad al comienzo de las demoliciones y/o excavaciones presentar al organismo competente para su aprobación, el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento".

Los diputados porteños sancionaron en la Legislatura una ley que implica más controles para las obras que estén en proceso de demolición y/o excavación, los momentos más críticos de una obra en construcción. Además la normativa obliga al Gobierno de la Ciudad a publicar en su página Web todos los expedientes de nuevas obras para que los vecinos puedan consultarlos.

Al respecto Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Dialogo por Buenos Aires expresó que "con esta ley se logra subsanar el déficit normativo que existe en las obras en construcción de la Ciudad. De esta manera se incrementarán los controles y respondemos a las demandas de los vecinos, mientras se analiza la reforma integral del código de edificación y planeamiento en el seno de la legislatura".

Sobre el tema, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez manifestó: "Esta ley que acabamos de sancionar da mayores garantías y más obligaciones a los responsables de las construcciones. A partir de ahora van a tener controles estrictos en una de las etapas más conflictivas de la obra”.

Y agregó que “no obstante, lo que hoy pasa a ordenar la nueva ley son los controles que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, estos son los puntos débiles que a veces van acompañados del lucro excesivo de la empresa constructora poniendo en riesgo a la sociedad".

También expresó su opinión el diputado Rubén Campos, de la UCR: "Con esta ley vamos a permitir un real control de las autoridades de la ciudad sobre los temas en las obras en construcción, sobretodo en los primeros pasos: la submuración y la demolición. Esto es lo que va a permitir, no solamente el control sino la seguridad para que no haya riesgos para con las personas".

Eduardo Epsztein: “Hay un mecanismo perverso entre funcionarios y empresarios del rubro para eludir las normas”

El diputado porteño por Diálogo por Buenos Aires, en un minirepo con Política&Medios, se refirió al mal funcionamiento de la Agencia de Control Gubernamental, quedó al descubierto una vez más con el derrumbe del boliche de Palermo.

El gobierno de Mauricio Macri hace agua por todos lados: escuelas tomadas, edificios y boliches que se derrumban, escuchas ilegales. Aunque pareciera que esto no hace mella en el Jefe de Gobierno por la protección de los grandes multimedios.

P&M le hizo un mini reportaje al legislador Eduardo Epsztein enfocado en dos temas: las habilitaciones de los boliches en la Capital Federal y las extrañas compras en la Policía Metropolitana.

¿Es cierto que muchos boliches funcionan con una habilitación provisoria?

Hay que hacer un relevamiento, pero se sabe que existen 110 habilitados para fiestas privadas y en algunos de esos lugares se hacen recitales en vivo. Cuantos son no se lo puedo decir, lo si puedo decir es que hay muchos que ni siquiera están habilitados. A estos se les da una resolución, la 1010, de excepción por un día y esto es hasta tanto termine los trámites correspondientes.

¿Hay una industria de habilitaciones provisorias?

Y si uno mira la cantidad de veces que se lo dieron a algunos boliches. Por ejemplo hay boliches que tienen 90 habilitaciones de excepción, es decir de todos los fines de semana de los últimos dos años. Evidentemente hay un mecanismo perverso entre funcionarios y empresarios del rubro para eludir las normas y las exigencias que están planteadas para poner un boliche en la ciudad de Buenos Aires.

Le cambio de tema, ¿es cierto que dentro del área de compras y contrataciones de la Policía Metropolitana, está la adquisición de un trasmisor portátil para realizar escuchas?

Se compraron equipos que se llaman tranceptores que son compatibles, es un equipo que se arma con pequeños accesorios, con los que han sido secuestrados por el juez (Norberto) Oyarbide en la causa de las escuchas. La pregunta que uno se hace es para quiere la Policía porteña estos equipos. Por eso estamos pidiendo la citación del encargado de compras de la Policía Metropolitana.

Le impiden a Macri un llamado a licitación

Lo decidió el juez Guillermo Scheibler, al resolver un amparo presentado por un grupo de legisladores sobre un proyecto del Gobierno porteño de construir una autopista bajo la 9 de julio. Con anterioridad la Cámara en lo Contencioso Administrativo había revocado una medida cautelar que frenaba la obra.

El juez Guillermo Scheibler, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, anuló la resolución del Gobierno porteño que llamaba a licitación pública para construir una autopista subterránea debajo de la avenida 9 de Julio.Lo hizo al resolver dos amparos presentados por legisladores de la Ciudad y por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

Según la medida judicial, el llamado a licitación es nulo por no haber cumplido acabadamente las normas de protección ambiental (evaluación de impacto ambiental), no haber dado intervención previa al Consejo del Plan Urbano Ambiental, por no tener adecuado control de legalidad (falta de dictamen obligatorio de la Procuración General) y por no tener una correcta autorización del endeudamiento financiero que significaba (830 millones estimados al año pasado).

La causa se inició en el 2009 y en octubre de ese año el magistrado dictó una medida cautelar suspendiendo la licitación, hasta tanto se pronuncie sobre el fondo del planteo.
Pero, el 8 de julio de este año la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo porteño revocó la cautelar y dejó habilitada la construcción del túnel.

Aunque ahora, el juez Scheibler resolvió sobre el fondo del amparo y declaró la nulidad de la resolución del Gobierno de la Ciudad que habilitaba a abrir la licitación para la obra.

“No se trata aquí, como pretende la demandada, del análisis o revisión de complejos aspectos técnicos de un contrato de obra pública, sino fundamentalmente del confronte del proceso decisorio adoptado para iniciar el proceso de selección del contratista con las exigencias del marco constitucional y legal que rige para este tipo de grandes emprendimientos de infraestructura urbana”, señaló el magistrado en su resolución.

Tomada y Filmus juntos en un acto del peronismo de la Capital

Serán los oradores de la inauguración de la sede central del Cabildo Abierto de los Peronistas Porteños. Esta es una muestra del crecimiento de este movimiento dentro del escenario político de la Capital. Kelly Olmos, una de las integrantes del agrupamiento, le dio detalles de la movida que se llevará a cabo el lunes 6 de septiembre, a las 18 horas, en Avenida Córdoba 2415.

Con respecto a esta importante acontecimiento dentro del espectro político de la ciudad, en dialogo con Política&Medios la dirigente Kelly Olmos explicó que “nosotros impulsamos el movimiento de Cabildos Abiertos de los Peronistas Porteños con el objeto de movilizar a la militancia de la ciudad de Buenos Aires en torno a dos ejes, que son la difusión y apoyo a las políticas del gobierno nacional y la construcción de una alternativa política a la actual gestión de Mauricio Macri”.

Por eso enfatizó que se busca “una alternativa política que pueda ser ganadora en la ciudad, para instalar un gobierno popular que sea también reflejo del ideario que tenemos hoy a nivel nacional”.

“Y en ese proceso de movilización que impulsamos a través de ese Cabildo del Bicentenario, que se hizo el 29 de mayo y que después durante todos los fines de semana de agosto con los 4 Cabildos zonales, entendimos que el paso siguiente era institucionalizar una sede. Y es lo que vamos a hacer el día lunes 6, a las 18 horas, en avenida Córdoba 2415”, detalló Kelly.

La dirigente argumentó que el efecto político que se busca es proyectarse no solo como una iniciativa de movilización, sino “demostrando que estamos en condiciones de movilizar, organizar y formular un plan de gobierno alternativo para la ciudad de Buenos Aires”.

“Para la apertura de esta inauguración vamos a estar todos los firmantes, que somos los convocantes, y van a hablar Daniel Filmus y Carlos Tomada. Esperamos convocar a un amplísimo espectro, no solo de dirigentes peronistas, sino de todas las fuerzas aliadas que forman el ideario del proyecto nacional en la ciudad de Buenos Aires”, informó la actual Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.

Los firmantes de la convocatoria son: Alberto Vulcano, Andrés Larroque, Carlos Benítez, Carlos Tomada, Carlos Montero, Claudio Heredia, Cristina Navazo, Daniel Filmus, Donato Spaccavento, Enrique Masllorens, Fernando Suárez, Guillermo Olivieri, Héctor Fernández, Hilda Sturlesi, Jorge Coscia, Juan Cabandié, Juan Carlos Dante Gullo, Juan Pablo Cussa, Juan Pablo Schiavi, Kelly Olmos, Marcelo Achille, Quito Aragón, Raúl Garre, Roberto Digón, Tito Ypas.

Y las agrupaciones convocantes son: Aluvión Militante, Agrupación Marquitos Zucker, Compañeros, Confluencia de Militantes Peronistas, Corriente Nacional Martín Fierro, Corriente Nacional y Popular, Defensa Peronista, Desafío Bicentenario, Frente de Mujeres 7 de Mayo, Frente de Unidad Peronista, Grupo Maure, La Cámpora, Movimiento Bicentenario, Movimiento Popular Solidario, Movimiento Evita, Peronismo Militante, Proyecto Justicialista, 26 de Julio.

“Desde la movilización del peronismo de la Capital nosotros aspiramos a construir, con las fuerzas aliadas, este proyecto que pueda instalar en la ciudad de Buenos Aires un gobierno popular, alternativo al actual gobierno de Macri”, enfatizó Kelly Olmos.

Para la dirigente la cuestión es que “el peronismo de la Capital ha entrado en una dinámica viciosa por la cual se han instalado intereses que no pueden conducir un proyecto triunfante y que en consecuencia lucran con ser una oposición, que legitima la actual gestión. Y nosotros queremos quebrar ese círculo vicioso y construir una propuesta ganadora en la ciudad”.

Y agregó que “hay intereses que solo pueden sobrevivir en la medida que no accedamos al gobierno. Son los que no pueden encabezar una propuesta triunfadora y lucran más siendo oposición. Y han destruido la esencia del peronismo, en virtud de impulsar decisiones que están exclusivamente a la altura de sus posibilidades, que son encabezar una oposición y no construir un gobierno”.

Comisión investigadora por las escuchas

La Legislatura porteña la creó anoche y analizará hasta el 15 de diciembre la responsabilidad política del jefe de gobierno Mauricio Macri en el escándalo de espionaje. La confluencia de varios bloques opositores frenó la voluntad del macrismo de dilucidar este tema con un juicio político contra el titular del Ejecutivo porteño y líder del PRO.

La comisión fue creada con 36 votos afirmativos -provenientes de la totalidad del arco opositor-, contra 24 de rechazo de la totalidad del bloque macrista, que conduce Cristian Ritondo. También quedó sin efecto parlamentario el proyecto de juicio político, cuyo impulso fue ordenado por el propio Macri, que en este tema está judicialmente procesado por asociación ilícita.

Así fracasó la maniobra del PRO para evitar la investigación de la comisión especial y poder en cambio resolver el tema en un juicio político con el que esperaba llegar a la absolución haciendo valer su condición de primera minoría en la Legislatura.

Mientras los diputados terminaban de definir los detalles de la comisión creada, hubo insistentes llamados del Ejecutivo a los celulares de algunos diputados cercanos a Macri para exigirles que agotaran las instancias de negociación ante lo que ya calificaban como "una derrota”.

La comisión, cuya creación fue propuesta por el legislador Diego Kravetz, tendrá por objeto dar con las responsabilidades que puedan tener tanto Macri como a sus ministros y funcionarios a propósito de "la puesta en funciones de la Policía Metropolitana y los hechos abordados en la causa judicial” por las escuchas telefónicas ilegales.

Y se fijó que la investigación se extienda como máximo hasta el 15 de diciembre, fecha en la cual deberá emitir un dictamen o una recomendación, lo que no descarta la posibilidad de un juicio político al jefe comunal.

Cerca de la 1 de hoy, los legisladores finalizaron el debate de más de siete horas en el recinto en torno de la conformación de la comisión y la cantidad de miembros destinados al bloque del PRO. Por lo que el cuerpo investigador quedó formado por 17 integrantes, entre los cuales habrá un representante por cada uno de los doce bloques opositores y cinco lugares por el macrismo, una cantidad que no dejó conforme al oficialismo, que pretendía al menos siete.

La oposición rechazó los pedidos del PRO por pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo que planteó en varias oportunidades Ritondo a fin de llamar a la "reflexión” a los opositores y abrir nuevos espacios para un entendimiento. El titular de la bancada del PRO tildó la situación como "un golpe institucional encabezado por Aníbal Ibarra” que "desmoronó la democracia representativa porque se atacó su legitimidad y legalidad”.

El jefe del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, sostuvo que la comisión "presupone la capacidad de esta Legislatura para estructurar una respuesta responsable y madura, donde intervengan los distintos bloques con participación activa con el fin de llegar a la verdad y la justicia”.

En la sesión ordinaria, los diputados aprobaron una invitación a Macri para el próximo 24 de este mes para que "en forma voluntaria" concurra a la Legislatura para dar explicaciones por la causa que lo tiene como procesado por asociación ilícita.

"Sería saludable que el jefe de gobierno no ponga más trabas y venga a dar explicaciones a la Legislatura, y que sepa que para llegar a la verdad se necesita tener responsabilidad”, afirmó el legislador Gonzalo Ruanova.

Por su parte, el vicepresidente de la Legislatura, Oscar Moscariello, afirmó que "deberíamos no integrar la comisión investigadora y recurrir a sede judicial". De esta manera, el macrismo busca "remediar lo que no pudimos hacer en la Legislatura".

El legislador del PRO consideró que la fuerza mayoritaria del Parlamento de la Ciudad fue "violentada" porque en la Comisión Investigadora votada no tiene la representatividad que le correspondería.

La impericia de los controles al descubierto

Con el derrumbe se produjo en el edificio del gimnasio Orion en el barrio de Villa Urquiza, lindante a una obra en construcción, quedó evidenciada la falta de controles en el Gobierno de la ciudad. En este caso esa impericia, ocurrida en Mendoza al 5000, le costó la vida a tres hombres y once personas sufrieron heridas. Al parecer el problema es del ente de seguridad, ya que hubo una denuncia de que la obra se inspeccionó hace 3 meses y como estaba cerrada no volvieron.

En la implementación del sistema nuevo falta la aplicación de un control continuo y un patrullaje constante e las obras en construcción. Con un régimen administrativo y de inspección en el que suceden estas cosas, se le suma que en los organismos de control no hay gente, ni presupuesto por lo que el sistema es ineficiente.

Así tras presentar los planos de la obra después se debe hacer controles de seguridad durante la construcción. En estos también está involucrada la UOCRA, aunque desde el sindicato dijeron que hicieron denuncias sobre la falta de controles. Pero lo puntual es que en el momento de hacer la demolición hubo una falla y no lo verificó nadie.

Del Ministerio de Seguridad dependen todos los organismos de control y acá se denota que no son tan eficientes. Es un ente descentralizado que tiene su propio presupuesto, pero hay todo un sistema administrativo que debe ser ineficiente con controles que no son acordes. Ahora Mauricio Macri está hablando de Planeamiento Urbano, pero allí se presentaron los planos y estos fueron aprobados. Pero no dice nada de la Dirección de Fiscalización y Control, que es quien debe inspeccionar el desarrollo de la obra.

Entre las medidas de seguridad que se deben realizar cuando se hace un edificio, esta la de submurar al momento de efectuar las excavaciones y controlar que eso esté bien. Evidentemente eso no se hizo como corresponde y a esto se suma que no hay un sistema eficiente que pueda controlar.

El jefe de Gobierno porteño apuntó directo a los responsables de la obra, ya que sostuvo que hubo "una enorme impericia por parte de la autoridad técnica de la obra en construcción" e individualizó al ingeniero a cargo de la obra, que es dueño de la constructora, y dijo que “Guillermo Heyaca Varela encaró una excavación no respetando los planos que tenía aprobados”. El ingeniero a cargo de la obra en construcción lindera al gimnasio que se derrumbó se defendió señalando que "Macri miente" y que va "a dar la cara" por el hecho.

Por su parte, el defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, informó que "existían denuncias de vecinos de la obra" de Mendoza al 5.000 respecto a "alteraciones o molestias" que le ocasionaban los trabajos de excavación. Y agregó que “en esa cuadra hay casa muy antiguas que se veían afectadas, como lamentablemente terminó siendo gravemente afectada esta casa donde estaba el gimnasio”, y explicó que las denuncias presentadas eran de vecinos que vivían "a mitad y al final de la cuadra" en la que estaba la obra.

Para el legislador Juan Cabandié en estas cuestiones “hay que ser cuidadosos para dar con la información justa y precisa. Según el Jefe de Gobierno se realizaron tres visitas para verificar el estado de la obra y cumplir los requisitos. Pero no si en la última inspección se informa que no había nadie se debía haber clausurado e informarle a la empresa un día fijo para la inspección”.

Igualmente las explicaciones oficiales no satisfacen del todo del jefe del bloque de Encuentro Popular para la Victoria, ya que le parece que “eso es sospechoso, que no se haya encontrado a nadie en esa obra y por eso tendría que haberla clausurado directamente”.

El diputado dijo que es una falla directa de los entes de control. “Es decir se presume que puede ser eso, por lo que se pidieron los informes para saber si fueron o no a inspeccionar la obra, porque denuncias hubo. Como una hecha por teléfono que no fue tomada en cuenta”, graficó.

"Según sostienen los vecinos, con anterioridad al siniestro, se habían efectuado denuncias sobre posibles derrumbes", reiteró en sus fundamentos.

Así recordó que "este derrumbe constituye un hecho de suma gravedad que se suma al acaecido el 19 de julio en el predio ubicado en Viamonte 798". El legislador presentó un pedido de informes para que Mauricio Macri, explique los permisos y controles que había en el edificio derrumbado y el predio lindero."El presente pedido de informes busca verificar el trámite que esta obra ha tenido y cuáles han sido los hechos que han llevado a tan grave hecho", sostuvo Cabandié.

La cuestión es que en esta oportunidad el modelo de estado macrista tiene que lamentar tres víctimas. Para empezar, el Jefe de Gobierno ya le echó la culpa a otro. Una costumbre muy PRO.

Control y aprietes PRO en las Comunas

Mónica Hasenberg es militante del EDE (el partido de Martín Sabattella) y participa del preconsejo consultivo de la Comuna 5 y en la última reunión tuvo una fuerte discusión con los funcionarios de Mauricio Macri y luego la amenzaron vía Facebook. Ella hizo la denuncia y tiene documentadas varias irregularidades cometidas en esas reuniones por ser fotógrafa.

“Como soy fotógrafa y por eso se la agarran conmigo porque registro todo. Cuando dicen “esto es mentira no lo votamos”, yo saqué la foto de eso y lo tengo filmado”, le dice la damnificada a Política&Medios.

También Hasenberg hizo una denuncia en el INADI, que preside Claudio Morgado y aquí transcribimos parte de la presentación: “La integración del Pre consejo consultivo fue, desde sus inicios accidentada, ya que en todo momento el Director del CGPC se negó a reconocer nuestra actuación anterior, y manifestó su voluntad de dirigir las reuniones del Pre consejo pese a la manifiesta incompatibilidad entre su función ejecutiva y las propias del Pre consejo”.

Y continúa: “La última reunión celebrada el 14 de julio, terminó en conatos de agresión, insultos y palabras destempladas cuando del Director del CGPC nº 5 Sr. Marcelo Bouzas desconoció los acuerdos alcanzados entre los vecinos en la reunión anterior, imponiéndonos la obligación de reunirnos cada 15 días y no cada 30 y desechando todas las propuestas y pedidos de informes que le habíamos realizado”.

“En el marco de estas discusiones, tuve un duro intercambio de palabras con el Sr. Marcelo Gentile, a quien observé discutiendo acaloradamente con otros vecinos, por lo que me acerqué a pedirle que se calmara y, como persistía en su actitud, le manifesté que la dictadura había terminado. El me respondió: “para vos” y yo le respondí: “para vos también”. Sin embargo, la cuestión no terminó allí, sino que, unos días después, al abrir mi Facebook, encontré los siguientes mensajes: …”, manifiesta en la denuncia Hasenberg.

Esa reunión del 14 de julio había sido agitada para el director del CGPC5 Marcelo Bouzas, ya que comenzó con imputaciones por el incumplimiento de los acuerdos de la última convocatoria del Consejo Consultivo. Y el punto que se le señalaba era que el Ejecutivo porteño seguía obstaculizando las Comunas al sumar contradicciones entre lo acordado y las nuevas reglas que querían imponer los funcionarios macristas. Entre las resoluciones se había acordado “que las reuniones del Preconsejo Consultivo se realicen cada 30 días y no quincenalmente” y en la propia acta se inscribe un elemento no acordado: la cita a la próxima reunión del Preconsejo para el 14 de julio, a quince días de la anterior, en una fecha que había sido reservada para tratar de finalizar la redacción del reglamento del Preconsejo.

Para el cambio de reglas Bouzas, se excusó: “son directivas emanadas del Ejecutivo, las reuniones deben ser cada 15 días en una misma fecha para todas las Comunas, por una cuestión de comunicación”. Ante la negativa de continuar con los pasos que se habían acordado en la reunión anterior, unos 60 vecinos se retiraron. Solo el director del CGP y sus adeptos continuaron en la sala. Lo que parece que no comprendió el macrismo es que el poder Comunal no se ejerce bajo la pata del Ejecutivo y los Consejos Consultivos pueden autoconvocarse y realizar sus propios reglamentos.

Debido a las gravísimas acusaciones de parte de Mónica Hasenberg, el legislador Gonzalo Ruanova se hizo eco de ellas y le informó a P&M que va a presentar “un proyecto de declaración manifestando la preocupación de la legislatura, que vamos a intentar aprobar el jueves. Además que no había sido casual lo de ella, sino que en diferentes consejos consultivos convocados por los CGP habían ocurrido estas situaciones”.

“En la comuna 15 recibimos denuncias en este sentido, en la 9 también hubo inconvenientes con la presencia de metropolitana y amenazas de parte de personas que participaron. Se dieron que en varios consejos consultivos la presencia de tipos de civil y con intención de que no se llevaran adelante los consejos. Es decir que se hicieran en un marco de tensión que no colaborara en la participación de la gente”, describió el legislador.

Para Ruanova esto se trata de una práctica habitual, ya que “en varios lados pusieron tipos amenazando y de civil, esto lo constató el veedor de la defensoría oficial en la comuna 15. Sucedió en varios lugares, donde los consejos no funcionaron con normalidad dada a una intención manifiesta de amedrentamiento”.

El legislador adelantó que “se va a presentar en forma general y no solo lo voy a hacer yo, sino varios integrantes de la Comisión de Descentralización como su presidente Rafael Gentile. Toda la información que fuimos recabando los volcamos en distintos proyectos que vamos a tratar de unificarlos y manifestar esta preocupación”.

Sobre las verdaderas intenciones de ejecutivo porteño, el diputado planteó que "el PRO tomó la decisión que los consejos consultivos fueran chicos y manejados por parte del aparato de estado de la ciudad de Buenos Aires. Y que fuera con gente adepta para intentar direccionar las discusiones. Además evitó de manera intencional difundir estos consejos e invitar a la mayor cantidad de ciudadanos".

Informe de la oposición en la Legislatura sobre la Policía Metropolitana

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LOS LEGAJOS DE LOS CARGOS SUPERIORES DE LA POLICÍA METROPOLITANA

Esta Comisión se crea por Ley en noviembre de 2009 a partir de la crisis generada por la renuncia forzada de Jorge "Fino" Palacios, a quien ya se le había confirmado su procesamiento por el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA, y los graves delitos relacionados con escuchas ilegales en los que estaban implicados el propio Palacios y su reemplazante Osvaldo Chamorro.

Nuestro cometido, según la Ley 3.255, era la revisión y análisis de los legajos del personal de la Metropolitana proveniente de otras fuerzas de Seguridad, ante la sospecha de que la matriz emplazada por Jorge "Fino" Palacios seguía instalada a través de la incorporación de ex comisarios dela Policía Federal vinculados con hechos de corrupción policial.

En principio, debemos destacar que la tarea de revisión y análisis de los legajos del personal de la Policía Metropolitana se realizó según las modalidades establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. No pudimos tener acceso directo a los legajos en papel, los digitalizaron y los proyectaban sobre una pared, nunca pudimos cotejar si estábamos observando la totalidad de la documentación o lo que decidieran mostrarnos. La modalidad de acceso elegida por los miembros del Gobierno determinó que sólo pudiéramos ver 52 legajos, todos de la plana mayor, pero que constituyen el 5,6% del total del personal de la Policía Metropolitana (926) proveniente de otras fuerzas.

También resultó evidente la desprolijidad y la falta de rigor y seriedad con que habían sido conformados los expedientes a los que accedimos. Por ejemplo, casos en los que no se exigió presentación de foja de servicios policial, sólo en algunos consta. Otros en los que el certificado de antecedentes penales es posterior al ingreso a la fuerza. Y la falta de constatación respecto de la incompatibilidad entre el desempeño como Policía Metropolitana y miembros de empresas de seguridad privada.

Antes de relatar las principales conclusiones sobre nuestra tarea, cabe destacar que desde el momento de la aprobación de la Ley de creación de la Comisión hasta el momento en que fue posible acceder a la revisión de los legajos, el Gobierno de Mauricio Macri removió al menos a 22 agentes, entre los que se incluye a 6 Comisionados por tener antecedentes penales. En su mayoría habían sido denunciados desde esta Legislatura o por investigaciones periodísticas. Así, el Gobierno se adelantaba a la posibilidad de que revisáramos y tomáramos conocimiento de las reales condiciones en las que habían sido admitidos en la fuerza.

A pesar de las dificultades descriptas podemos informar algunas conclusiones sobre el perfil de la conducción policial:

Actuación en la dictadura militar. Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir, 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en Fuerzas de Seguridad durante la Dictadura Militar, algunos de ellos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado. Lamentablemente en el informe elaborado por los miembros del Pro de la Comisión se minimiza esta situación, inclusive apelando a argumentos como la obediencia debida y la falta de condenas, desconociendo los avances en materia de memoria, verdad y justicia de los últimos años en nuestro país.

Antecedentes penales y corrupción policial. De los 52 cargos de conducción revisados, 9 de ellos (17%) provenientes de la Policía Federal, fueron pasados a disponibilidad en 2004. El cincuenta por ciento de los oficiales separados, en aquel momento, tenía alguna causa judicial abierta, o se les impulsaba algún sumario administrativo. Pese a esto, el Gobierno de la Ciudad no realizó ninguna averiguación con la Policía Federal que permitiera saber si dichos agentes estuvieron implicados en delitos o sanciones disciplinarias de la fuerza.

También al leer los curriculums presentados por los propios aspirantes a ingresar a la metropolitana, se pudo verificar que varios de los miembros de conducción se capacitaron en materias como “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la última dictadura militar y con posterioridad.

De toda la información revisada no se desprende que el Ministerio de Justicia y Seguridad haya contemplado una matriz, una planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa, para ocupar los cargos de conducción, basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización.

Mauricio Macri tenía que crear una Policía Metropolitana que hiciera eje en la prevención del delito y la proximidad con los ciudadanos. Lejos de esto, la matriz desde la que fue armada la nueva policía es la que da como resultado que tanto Palacios como el aspirante Ciro James estén presos y que el mismo Jefe de Gobierno de la Ciudad hoy tenga un proceso firme en su contra.

Este informe firmado por todos los miembros de la oposición que integran las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de esta Legislatura, ratifica la necesidad de constituir cuanto antes una Comisión que investigue los hechos de espionaje ilegal en la Ciudad y todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento.

Firman el informe: Gabriela Alegre (Encuento Popular para la Victoria), Juan Pablo Arenaza (Coalición Civica), Delia Bisutti (Proyecto Sur), Rafael Gentilli (Proyecto Sur), Diego Kravetz (Peronismo), Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Marcelo Parrilli (MST- Nueva Izquierda), Claudio Presman (Radicalismo), Julio Raffo (Proyecto Sur), Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) y Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica).

Se cae la estrategia de Macri en la Legislatura porteña

El legislador porteño Diego Kravetz, jefe del bloque peronista, afirmó que existe un "consenso importante" entre las bancadas opositoras para avalar la conformación de una comisión investigadora que aborde el caso de las escuchas ilegales.

"Ya hay un consenso importante entre la oposición para unificar proyectos", aseguró Diego Kravetz, quien confirmó que al mediodía habrá una reunión de las distintas bancadas opositoras para avanzar en la letra chica del proyecto que llevarán a la reunión de comisión prevista para las 15.

En este sentido, el legislador explicó que, por estas horas, el eje de las conversaciones pasa por la definición del número de integrantes que tendría la comisión investigadora y de la distribución de esos lugares entre los distintos bloques.

Allí reside el centro de las críticas de los legisladores de PRO, quienes aseguran que se pretende darle al macrismo la representación de un monobloque y, con ese argumento, afirman que más que una comisión investigadora se tratará de un "pelotón de fusilamiento".

Por ese motivo, el bloque de oficialista insiste con la idea de impulsar un juicio político contra el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para allí determinar si tuvo responsabilidad política o no en la red de espionaje por la cual se encuentra procesado según un fallo de segunda instancia.

Kravetz minimizó las críticas lanzadas desde el PRO al afirmar que, "como se trata de una comisión investigadora" la que impulsará la oposición, "deberían estar presentes todos los bloques, que suman trece".

Y consignó, la idea que por estas horas la oposición terminaba de definir es si "dar dos o cuatro legisladores más para el macrismo como una concesión" frente a sus reclamos de una mayor representatividad en el seno de esa comisión investigadora sobre el caso de las escuchas.

De este modo, precisó Kravetz, "la comisión quedaría conformada por 15 o 17 legisladores, de los cuales tres o cinco lugares corresponderían al macrismo".

"La idea es llegar a esta tarde con un despacho unificado", sostuvo el presidente del bloque de legisladores peronistas, que suma cuatro representantes en la Legislatura porteña.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el macrismo avance con el juicio político directamente a través la Sala Acusadora, Kravetz opinó que sería "una maniobra con patas cortas" porque "lo primero que va a ser la sala es declarar inadmisible el pedido, que debe venir desde el pleno del cuerpo".

Por su parte, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, no descartó la posibilidad de recurrir a la vía judicial "si se comete un atropello" y la oposición logra conformar "un pelotón de fusilamiento" contra el jefe de Gobierno.

De esta forma, Ritondo se refirió a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que esta tarde dirimirá el avance del proyecto de juicio político que impulsa el PRO o el de la comisión investigadora que promueve la oposición.

Se trata de las dos posibles instancias con las que la Legislatura porteña abordará el caso de las escuchas ilegales que involucra a Mauricio Macri, quien se encuentra procesado en la Justicia, según un fallo de segunda instancia.

"Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que más transparenta cualquier situación, que es el juicio político", reiteró Ritondo, quien remarcó que, en ese caso, dentro de la Comisión Acusadora está prevista la conformación de una comisión investigadora "con grado de representatividad".

"La oposición no busca encontrar la verdad sino tratar de hacer una comisión que perjudique la imagen de Mauricio y especular con este tema", se quejó el jefe de la bancada de PRO.

Por otro lado, Ritondo respondió que "es una posibilidad" cuando fue consultado por la opción de que el macrismo busque avanzar con el juicio político directamente en el marco de la Sala Acusadora.

Hasta los bigotes abandonaron a Mauricio

El PRO consiguió trabar la comisión investigadora que promovían los legisladores opositores y el jefe de Gobierno continúa señalando a Néstor Kirchner como el artífice de todo sus males.

Lentamente todos le van soltando la mano a Mauricio Macri por el tema de las escuchas y el montaje de un aparato de inteligencia paraestatal tras la confirmación unánime de su procesamiento por la Cámara Federal. Elisa Carrió dijo que el fallo de la Cámara había sido impecable, Felipe Solá por su parte aseguró que no le constaba que la Casa Rosada hubiera presionado a los camaristas, mientras que los radicales aseguran que los hechos son “graves”. Si hasta el periodista Nelson Castro se atrevió a pedir que el jefe de Gobierno de la Ciudad diera un paso al costado. Pero lo más increíble es que hasta su padre, Franco Macri, salió a desmentir que sea una jugada política de Néstor Kirchner.

Sin embargo, Macri hace oídos sordos a los cuestionamientos y asegura que no va a dejar su puesto, tal como lo solicitó la oposición en la Legislatura porteña para que enfrente la causa por “espionajes telefónicos”. Durante la conferencia de prensa del lunes, luego de su viaje a República Dominicana, Macri dijo que instruyó a sus abogados para que vean la posibilidad de ir lo antes posible al juicio oral y público, y ratificó que no apelará la confirmación del procesamiento dictado por la Cámara.

Pero lo que Macri no dice, y tampoco sus funcionarios, incluido “sonrisita” Larreta, es que no apelará el dictamen de la Cámara Federal porque no puede. La única instancia que queda antes del juicio oral y público es la Cámara de Casación Penal, y ésta sólo interviene cuando hay sentencia o cuando hay prisión preventiva. Macri sobreactúa cuando le dice a sus penalistas que aceleren el inicio del juicio oral y público por que no le queda otra, es inminente.

Se pudo escuchar el rezongo del jefe de Gobierno porque la Cámara se expidió con gran celeridad, pero no dice que el manual de procedimiento establece diez días hábiles para hacerlo.

El líder del PRO cada vez que pudo criticó a los camaristas que ratificaron la medida del juez Norberto Oyarbide, y reiteró su denuncia argumentando que la causa se trata de una maniobra preparada por el Gobierno Nacional, una estrategia que recorre a todos los integrantes de su partido. Entonces, ¿por qué el juez Oyarbide lleva la causa que investiga a Ricardo Jaime (ex Secretario de Transporte del Gobierno Nacional) por presunto enriquecimiento ilícito? ¿Acaso no investiga también a Fabián Gutiérrez, el ahora ex secretario de la Presidenta Cristina Fernández por presunto enriquecimiento ilícito? ¿Esto también los planeó Néstor Kirchner?

Las fisuras

Aunque el jefe de Gobierno se esfuerza por presentar a todo su equipo alineado y sin fisuras por el escándalo de las escuchas, en el último tiempo los diputados Daniel Amoroso y Mónica Lubertino abandonaron el PRO para formar el bloque Unión Federal, que responde a Francisco De Narváez.

En ese sentido, el presidente del bloque Encuentro Popular para la Victoria, Juan Cabandié, aseguró que Macri no cuenta con el apoyo de todo su bloque en la Legislatura. “Resulta absolutamente llamativo que justamente hoy (por martes 20/07) el presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo, esté afuera del país, sobre todo si se tiene en cuenta que el PRO ya perdió dos diputados. Esto puede ser un indicio de que el oficialismo puede seguir perdiendo legisladores”, dijo Cabandié.

Mientras tanto la oposición en la Legislatura empezó a mover sus fichas y reclamó que los funcionarios vayan a la Legislatura y que se cree la comisión investigadora para que determine la responsabilidad política del jefe de Gobierno.

Desde el bloque peronista se definió como “incomprensible” la posición que tuvo la bancada del PRO al no respaldar la creación de una Comisión Investigadora. En tanto, la Coalición Cívica pidió durante la sesión que los funcionarios involucrados en la causa se acerquen voluntariamente a exponer su verdad.

A su vez, los legisladores de Proyecto Sur denunciaron que la Ciudad atraviesa una grave crisis institucional y le reclamaron a Macri que pida licencia mientras dure su procesamiento por las escuchas. Además exigieron que la Legislatura reciba copia de la causa en la cual se lo procesó y que los hechos sean investigados a la luz de la Constitución de la Ciudad y determinar acerca de su mal desempeño.

También aclararon que no estaba en sus objetivos crear un clima destituyente, pero no descartaron que en el futuro le realicen un juicio político al jefe de Gobierno, ya que constituye un instrumento previsto en la Constitución porteña.

Sin embargo, la oposición no logró conseguir los dos tercios necesarios para impulsar una comisión investigadora y el PRO respiró, aunque sea por unas horas.

Otros procesamientos

Vale recordar que Mauricio Macri no es procesado por primera vez, sino que tiene varios procesamientos en su historial.

En el 2001 fue procesado por contrabando agravado de autopartes a Uruguay, por su desempeño como gerente general del grupo Macri-SOCMA y vicepresidente de Sevel (involucrada en el contrabando). El juez Carlos Liporace lo procesó porque el grupo estafaba al Estado argentino exportando a Uruguay autopartes para luego importarlas. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces de la Corte (menemista), Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, fueron suspendidos y luego destituidos de su cargo a través de juicio político por mal desempeño en sus funciones. Entre los cargos que se les imputaron a los jueces figura “obstruir el proceso legal, respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay, en los autos Macri, Mauricio y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando”. De todas formas, la Cámara de Senadores rechazó las tres causas de corrupción que involucraban al actual jefe de Gobierno.

En octubre de 2002 el juez Juan José Mahdjoubian decidió procesarlo junto a Julio Grondona (titular de la AFA), Fernando Miele (ex presidente de San Lorenzo) y Romeo Cotorruelo (empresario español, vicepresidente ejecutivo del grupo Santa Mónica Sports, vinculado a la televisación), por “administración fraudulenta” en la compra de sistemas de video para la seguridad en los estadios. Es decir, se lo acusaba de pagar sobreprecios: Boca Juniors 1.214.730 dólares, San Lorenzo 1.700.000 dólares, mientras que otros clubes como River Plate y Velez Sarfield pagaron 330.000 dólares y 500.000 dólares, respectivamente. Pero, una vez más, Macri zafó, esta vez gracias a la Cámara Federal que dijo que las pruebas recolectadas “no permitieron corroborar el perjuicio patrimonial”. Otro capítulo de la novela judicial de Mauricio Macri comenzó cuando en 2005 el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se investigara una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional en la construcción de la represa Urugua-í.

Asimismo, en 2006, el fiscal federal Jorge Di Lello en la causa “Henin, Guillermo Arturo y otros por defraudación contra la administración pública” solicitó también que se investigara el fraude contra el Estado nacional en la construcción de la represa de Yacyretá. ¿Qué tiene que ver esto con Mauricio Macri? La empresa involucrada en la estafa al Estado era la sociedad Sideco, cuyo vicepresidente era Mauricio Macri. El juicio oral y público es inminente, pero todo indica que un empresario con dinero y poder siempre puede tener un carta bajo la manga o amigos en la Justicia. En los casos anteriores Macri fue sobreseído, pero en este caso tendrá que demostrar que no es responsable de las escuchas ilegales y del montaje de un aparato de inteligencia paraestatal.

http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3688.html

Por Roberto Koira para Revista Zoom

La Legislatura avanza en crear una comisión investigadora por las escuchas

La mayoría de los bloques de la oposición están de acuerdo que, en la sesión especial de mañana, se debata las acciones a seguir tras la confirmación del procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje telefónico. El legislador Gonzalo Ruanova le adelantó a P&M que “le podemos pedir Jefe de Gobierno que se tome una licencia de por lo menos 90 días”.

La oposición en la Legislatura empieza a mover sus fichas luego de que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas telefónicas.

El diputado porteño Gonzalo Ruanova le explicó a Política&Medios que “los bloques de la oposición estamos de acuerdo con pedir una comisión investigadora en la sesión especial de mañana. Y, además, solicitar un pedido de licencia al Jefe de Gobierno por lo menos por 90 días”.

Ruanova criticó a Macri por su larga ausencia mientras era ratificado su procesamiento y abogó para que “se ponga en claro quienes son los responsables políticos, porque los responsables judiciales ya los marcó la cámara y ahora está la Casación para ver si los ratifica o no”.

“Pero el responsable político no es solo Macri, queremos saber que hacían los otros ministros y funcionarios públicos y esto se determina en la Legislatura rindiendo las cuentas del caso”, agregó.

El legislador ratificó que “vamos a evaluar en la sesión especial los pasos a seguir de aquí en adelante en la Legislatura porteña. Esta situación no puede detener la gestión normal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

“Por lo que nos parece que el Jefe de Gobierno debe tomar una licencia, es lo más saludable para que la ciudad siga funcionando en condiciones normales”, apuntó.

Ruanova sostuvo que “la comisión investigadora debe escuchar las respuestas del Jefe de Gobierno y evaluar las responsabilidades políticas. Una comisión de este tipo puede aconsejar o no el inicio del juicio político y en eso hay que ser respetuosos del tiempo y trabajo de esa comisión”.

“Nos gustaría que el Jefe de Gobierno venga de manera voluntaria. La Legislatura no tiene número para interpelarlo, ni citarlo, pero debería venir porque es el lugar natural donde él debe dar explicaciones de esta situación única en la ciudad, que tenga un Jefe de Gobierno procesado por un delito federal”, afirmó.

El diputado porteño reiteró que “estamos mirando con mucha preocupación el futuro de la ciudad de Buenos Aires, por lo que Macri tiene que venir y dar cuentas. La Legislatura es el lugar para que venga a decir cuales son sus razones para afirmar que la Cámara (Federal) está influenciada políticamente”.

El viernes pasado, militantes de agrupaciones de centroizquierda, kirchneristas y de organizaciones sociales se habían manifestado frente a la sede del Ejecutivo porteño para repudiar la gestión del Jefe de Gobierno. Con la consigna “Basta Macri: la ciudad no es tu empresa” y convocados por la Multisectorial en Defensa de lo Público.

Sobre esta movida, Ruanova indicó que “es producto de innumerables cantidad de organizaciones que se vienen manifestando porque sufren esta gestión de Macri. De este desapego por lo público y de este orden de prioridades invertidas (como que es más importante una esquina de Palermo Hollywood, que la infraestructura hospitalaria o educacional)”.

“Hay que ser lo suficientemente inteligente y construir la mejor opción en el 2011 para demostrar que Buenos Aires se puede gobernar mejor de lo que lo está haciendo Macri”, sintetizó.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, brindará a las 12 una conferencia de prensa en la que anunciará los pasos a seguir luego de la confirmación de su procesamiento por la causa de las escuchas ilegales.

El “Porteñazo” contra la política macrista toma cuerpo

Agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles y vecinales ultiman detalles de la movilización que se realizará este viernes contra Mauricio Macri. “Esta convocatoria está planteada por la falta de políticas públicas”, explicó a P&M el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco “Tito” Nenna.

Las organizaciones convocantes realizarán mañana a las 13 horas una conferencia de prensa en el Auditorio del Hotel Castelar, en Avenida de Mayo 1152, para lanzar el “Porteñazo” del viernes y ofrecer detalles de la movilización hacia la Jefatura de Gobierno.

La marcha contra Mauricio Macri se realizará bajo la consigna “La ciudad no es tu empresa” y se exigirá "respeto a la educación y la salud pública, una Ciudad sin espías ni represión, y la recuperación de los espacios culturales”.

Francisco “Tito” Nenna, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos que representa al Encuentro Popular para la Victoria, participará en la conferencia de mañana y dialogó con Políticas&Medios.

“Esta convocatoria está planteada por la falta de políticas públicas, que se ven recrudecidas por las problemáticas que circulan en los últimos meses respecto de la desinversión en salud, en políticas de viviendas y con lo que ha ocurrido con la muerte del chiquito debajo de la autopista”, dijo el legislador y ex secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), en referencia al bebé de 25 días que falleció el pasado 4 de julio por una neumopatía.

Nenna aseguró que no hay políticas activas por parte del ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad que dirige Eugenia Vidal y denunció que no se están otorgando los subsidios a las personas desalojadas que después terminan en situación de calle.

El legislador también apuntó a la crisis educacional: “Son más de cien escuelas que están con problemas de infraestructura. A esto se le suma la falta de instituciones educativas y de vacantes en el sur de la ciudad”.

“Este Porteñazo reafirma que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que construir una alternativa para que en la Capital haya una distribución más justa”, sintetizó Nenna al subrayar que “la diferenciación que hace Macri entre el sur y el norte cada vez es más profunda, por lo tanto nosotros queremos una ciudad con inclusión, justicia social, donde la seguridad sea proyecto de prevención y no de represión”.

“Se está haciendo una política de desgaste de los sectores públicos en la Ciudad como en la década de los '90 y la dictadura, para luego avanzar con la privatización de los derechos sociales como son la salud, la vivienda y la educación. Y esto es una indelegable función del Estado”, argumentó.

Pero no sólo se trata de situaciones de abandono social, sino también de funcionarios que están incurriendo en presuntos delitos, “como el ministro (Jorge) Lemus, que además de cobrar su salario en Salud, tiene un ingreso como asesor de Banco Provincia”, recordó el legislador.

“Estamos reclamando no solamente por esto, sino por la falta de políticas públicas. Pedimos la renuncia al ministro de Salud, porque ha profundizado la falta de servicios, medicación y atención en los hospitales junto a destrucción de su infraestructura”, concluyó.

Otro faltazo de Macri a una convocatoria de la Justicia

El Jefe de Gobierno debía comparecer hoy ante el Tribunal Superior de la Ciudad para que informe por el atraso en la convocatoria a elecciones de las autoridades comunales, denunciado por un grupo de vecinos. Pero un viaje al Perú lo salvó del convite. En su lugar fue el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli y el Procurador porteño Ramiro Monner Sans.

El Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri estaba citado hoy a las 10 horas por los miembros del Tribunal superior de Justicia de la Ciudad para dar cuenta de los pasos dados para llevar a cabo la elección de Comunas del 5 de junio de 2011. Pero no fue.

El Bloque de legisladores de Proyecto Sur, junto a organizaciones barriales, culturales políticas de las diferentes comunas, habían realizado una concentración en el Tribunal Superior de Justicia (Cerrito y Córdoba) para esperar al Jefe de Gobierno y exigirle que cumpla con la Ley de comunas.

“Es una vergüenza, se supone que tuvo un oportuno viaje a Perú. Hay audiencias y Macri organiza viajes”, le dijo a Política&Medios el diputado porteño Rafael Gentili, que participó de la protesta.

“El objetivo de la marcha era acompañar a los vecinos que eran los amparistas y mostrar el respaldo a la continuidad del amparo. Y que no haya venido Macri es una demostración de la poca importancia que le da el Jefe de Gobierno a este tema. Él no cree en las Comunas”, disparó el presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad convocó para hoy a las 18 horas a la tercera reunión de Preconsejos Consultivos Comunales en jurisdicción de cada uno de los quince Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC). Los encuentros anteriores se desarrollaron el 6 y el 30 de junio pasados donde hubo una participación muy importante de los vecinos.

Inteligencia y persecución PRO. En la reunión pública del pasado 30 de junio en el Centro de Gestión Participación 15, de los encuentros Pre-Consejos Consultivos convocados por el Gobierno de la Ciudad, se descubrieron a agentes de civil de la Policía Metropolitana en plena tarea de seguimiento e inteligencia.

El legislador Rafael Gentili relató que "se hicieron presentes en la reunión cuatro agentes de civil de la Policía Metropolitana que se instalaron en el salón a tomar apuntes con dos notebook s mientras presenciaban el encuentro en el que participaron casi 200 personas. Al finalizar la reunión estos cuatro individuos solicitaron a las autoridades del CGP una copia con el listado de personas participantes del Pre-Consejo Consultivo”.

“Los policías de civil se retiraron con la nómina de ciudadanos que estuvieron presentes en el encuentro en donde figuran asimismo DNI, domicilios, teléfonos, mails y organizaciones sociales y políticas a las cuales muchos de ellos representan, sindicatos y partidos políticos inclusive", agregó.

Además, el Coordinador del Centro Cultural Osvaldo Pugliese que funciona en una escuela de la misma Comuna, fue despedido después de participar de las reuniones del Consejo Consultivo. Estos hechos se dan mientras en la Ciudad de Buenos Aires se ha reactivado el proceso hacia la elección de comunas a realizarse el 5 de Junio de 2011.