El menú de Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad es un completo regreso a las medidas antipopulares de los años 90, que muchos porteños parecen extrañar. No le alcanzó con el impuestazo del ABL, sino que va por más: despidos al por mayor y el veto a la ley que creaba un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo hay otra frutilla que decora el postre, la llegada de los gerentes privados a la política, una nueva raza que, después de destacarse en empresas del ámbito privado, se presentan como los mágicamente solucionaran todo con un buen gerenciamiento del aparato del estado. Son personas sin verdadera vocación política y de ideología light que toman este camino como una aventura nueva en su vida, pero ante el fracaso correrán rápidamente a refugiarse a su antigua vida empresaria.
Con respecto a la creación del Laboratorio Estatal, el decreto de veto -que lleva el número 2135- explica que “si bien el Poder Ejecutivo comparte el espíritu del emprendimiento, apreciando los beneficios que reportaría un laboratorio de las características descriptas en el mentado proyecto de ley, el desarrollo del laboratorio en cuestión no resulta viable, sin perjuicio de que oportunamente se lleven adelante acciones de gobierno que permitan sentar bases sólidas que posibiliten contar con un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos”.
Esto es refutado por la oposición porteña, ya que la ley tenía partida asignada porque el proyecto pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por lo demás, la suma necesaria para la iniciativa era de un millón de pesos: sin necesidad de recordar todas las leyes especiales, votadas en estas semanas, que le otorgan al Gobierno de la Ciudad facultades para contratar en forma directa por sumas millonarias.
Aunque no estuviera en el presupuesto el jefe de Gobierno está en condiciones de asignar esa cantidad; pero aseguran que Macri tiene un arreglo con los laboratorios privados, y por eso vinieron frenando el proyecto durante años.
En el caso de los despidos masivos, el conflicto se inició la semana pasada, cuando se anunció la no renovación de 2400 contratos, a los que el gobierno de la ciudad calificó de “políticos”. Se trata de personal que cumplía funciones en distintas áreas, bajo la modalidad del decreto 959, un régimen que amparó a los contratados que facturaban sus servicios. Para Macri, esos contratados fueron incorporados en el último año por Jorge Telerman.
Sin embargo los sindicatos porteños aseguran que la gran mayoría de ese personal tiene una antigüedad superior y siempre estuvieron precarizados, por lo que fueron incorporados al empleo público mediante este decreto, para que tengan aportes sociales y jubilatorios.
A Mauricio no le alcanza con los 2400 despidos concretados, hay otros 18.100 trabajadores que están en situación vulnerable, ya que el gobierno asegura que revisará su situación laboral. Son, además de los incluidos en el decreto 959, los contemplados en el 948, que es previo, mediante el cual se blanquearon unos 10.000 contratados. El macrismo habla de reestructurar el Estado porteño, pero no sabe cuál sería la planta ideal para la administración pública, admiten que aún no tienen ese dato, que la reestructuración se encuentra en estudio y que los resultados recién estarán en marzo. Mauricio hace oídos sordos a los pedidos gremiales de sentarse a negociar y se siente cómodo en su rol de chico duro al que no le tuercen el brazo. ¿Caprichito de nene millonario?, en su pensamiento la “Chusma” no tiene derechos, por eso también propone hospitales “exclusivos” para porteños. Y ahí esta el gerente mayor de la nueva política, con un olor tan de los noventa, que a Mauricio parece que ya les crecieron las patillas y sólo falta que hable de las maravillas de una nueva flexibilidad laboral. Seguro que en un par de años nadie lo votó y que el 60 % de los votos que sacó el año pasado fue producto del realismo mágico.
Fuentes: Página 12, Telam.
www.causapopular.com.ar/article1997.html
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