Desconocimiento del sistema, falta de comunicación entre áreas, desconfianza en los cuadros medios de gestión, aumento de las responsabilidades a los directivos en desmedro a su función pedagógica. A esta crisis de confianza en la cadena de mandos se suma la eliminación de subsidios a las cooperadoras y una sensación de estar todos bajo sospecha, a merced de la guadaña del control. La mala gestión macrista en el área de la educación levanta reclamos de docentes, directivos, padres y gremios.
Ochenta supervisores (de un total de 240) de primaria, secundaria y terciaria y trescientos directivos (con un plantel de más de 1.000) elaboraron un crítico documento hacia la gestión del Ministro de Educación Mariano Narodowski en el que denuncian que “se encuentran en estado de alerta en función de considerar que corre peligro la estabilidad y continuidad de la escuela pública”.
Para la realización del documento hubo una primera reunión de coordinación el 26 de abril en el anfiteatro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Pero la decisión de presentárselo al ministro surgió el 2 de mayo en el encuentro mensual que había convocado Narodowski. Allí concurrieron los gremios docentes y acordaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Asociación de Supervisores.
La crítica mayor está focalizada en los cuadros intermedios del ministro como el subsecretario de Recursos, Andrés Ibarra, un ex gerente de Boca que maneja el presupuesto. También están en el ojo de la tormenta el director general de Gestión Estatal, Luis María Rodríguez, sumariado por permitir el uso de la pileta de una escuela pública como si fuera un club privado y el director del área Técnica, Pablo Sánchez, sumariado y suspendido con más de cien días.
Desde el ministerio se defiende a los cuestionados, pero se admiten algunas críticas como la falta de comunicación, que la atribuyen a que los mecanismos de gestión no están aceitados por ser un equipo nuevo de trabajo. Los gerentes educativos, al parecer, no tienen todas las soluciones en la manga y en algunos temas tienen un desconocimiento tal que no se alcanza a vislumbrar si ciertos errores cometidos son producto de la soberbia o la ignorancia en la función pública. Por suerte, todavía no privatizaron nada.
Señores padres
No sólo el frente de los supervisores debe atender el ministro Narodowski. Los Delegados Representantes de las Cooperadoras de la Ciudad presentaron una dura carta donde se cuestiona la política educativa macrista. Las cooperadoras fueron empujadas a ser una figurita decorativa cuando se les quitaron los subsidios para el mantenimiento escolar, con lo que se rompió el equilibrio de la llamada comunidad educativa. La fórmula para tomar la decisión de cortar los subsidios es siempre la misma: poner bajo sospecha de corrupción a las cooperadoras y con esa excusa centralizar los recursos. Así el estado gerente una vez más se parece a un estado policial, donde todos los estamentos de la sociedad (en este caso la educación) están bajo sospecha y sin poder probar su inocencia.
Otra vez el cóctel macrista: problemas de infraestructura escolar llevan a declarar la emergencia edilicia, se eliminan los subsidios para mantenimiento, la prohibición de salir de los colegios a los docentes en horarios de trabajo y además no se les permite hablar con la prensa. Todo muy PRO.
Supuestamente había 400 millones de pesos para los problemas en los edilicios y la ejecución de las obras marcha lentamente. Los gerentes educativos se defienden y dicen que en realidad son 280 millones de pesos, de los cuales 100 están imputados a obras en marcha y se está renegociando un bono para afrontar deudas. Para los otros 180 millones se están intensificando los tiempos de ejecución. Para la Defensoría del Pueblo hay 110 escuelas sin gas y según denuncian los Delegados Representantes de las Cooperadoras en los primeros 3 meses de gestión con este presupuesto sólo se pintaron 3 escuelas. Parece que más que desconocimiento, en este aspecto hay desidia.
En nombre de la emergencia edilicia se suprimieron los subsidios (de 8 a 10 mil pesos por año) que eran manejados por las cooperadoras escolares y se los reemplazó por un aporte directo de unos 1500 pesos a los directores, renovables una vez que se rindiera el uso del dinero. La cuestión es que esa plata tampoco llega y empiezan a faltar insumos mínimos para el desarrollo de la actividad escolar.
No se salvan ni los chicos ni los profesionales
Un ajuste muy particular afecta a los comedores. Las raciones de comida que llegan a los colegios ya no se calculan en función de la cantidad de alumnos por establecimiento, sino que se las distribuye a partir de un promedio del presentismo por escuela. Así que, el día que a todos los chicos se les ocurre ir a clases, corren el riesgo de que no alcancen, por ejemplo, las galletitas que se reparten en la merienda.
En otro orden, con el objetivo de captar cuadros técnicos, al principio de la actual gestión se propuso una generosa escala de sueldos. Sin embargo, a partir de junio próximo, se está planteando una drástica reducción de haberes para equipararlos con los contratados que facturan locaciones de servicios. Así se les desconocería, además, el ajuste de salarios que los docentes pactaron al inicio del año escolar. Y justifican la medida con el argumento de que en el ministerio hay “un festival de horas cátedras”.
“Una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal”
Para tener un panorama más acabado de la política macrista en educación basta un desglose del documento presentado al ministro Narodowski por los supervisores y directores educativos:
Es deber del Gobierno administrar el presupuesto de la Ciudad de tal forma que se priorice la mejora de las condiciones materiales necesarias en las escuelas con carácter de urgente. El sentido de lo público como espacio de todos se construye como significado a partir de un todo coherente. Sin políticas públicas que hagan ese todo coherente, pensar a la escuela como espacio para la construcción de una sociedad que incluya, que construya sujetos de derecho y democratice las oportunidades es una tarea inimaginable con escuelas que:
a. deben absorber matrícula que impide poner en juego concepciones de enseñanza y de aprendizaje relacionadas con una perspectiva democrática.
b. escuelas que se encuentran en condiciones de infraestructura absolutamente deficientes.
Resulta alarmante la falta de personal auxiliar de portería y maestranza, verdaderos auxiliares de la educación, recargando en los existentes el trabajo de mantener limpios los establecimientos, sin los suficientes recursos de materiales de limpieza.
Las escuelas no han recibido ningún tipo de información certera acerca de los subsidios de equipamiento escolar y de material didáctico.
Por otro lado, las asociaciones cooperadoras no sólo no fueron informadas sobre las resoluciones tomadas o no, siendo que incluso se modificó el nombre de la Dirección de la cual dependían, omitiendo en la nueva denominación la inclusión de las mismas. Más allá de las decisiones de política educativa que las sostienen, en un sistema democrático y participativo, es de esperar que los padres/madres/ tutores de los alumnos, cooperadores de las escuelas, sean tenidos en cuenta, informados e invitados para exponer sus puntos de vista. Este tipo de accionar conlleva niveles de incertidumbre importantes y naturales para quienes por años fueron partícipes del mantenimiento de las escuelas junto con las autoridades escolares, distritales y ministeriales.
La falta de información por parte de las autoridades y el no depósito de los subsidios de mantenimiento ponen no en situación de incertidumbre a las cooperadoras y autoridades escolares y distritales, atentan contra la seguridad edilicia.
Se prevé desde el ministerio, girar a los/las directores/as de las escuelas un monto de $1.500 en concepto de caja chica que, de acuerdo al Decreto que le dio origen no corresponde su utilización en gastos de mantenimiento edilicio. En esta línea de confusión e incertidumbre, se trastocan, no sólo los fines para los cuales se crea en el año 1996 este subsidio, sino que se delega en las/los supervisores/ as el uso y rendición del dinero, corriendo de la escena a los padres cooperadores como parte de la comunidad educativa y ubicando en un rol de administrador de fondos a agentes cuya función es pedagógica.
De acuerdo a lo informado en la Caja de herramientas institucionales, existe un Call Center para que los directivos escolares se dirijan toda vez que se presentan problemas edilicios. Sin poner en esta discusión, sobre la decisión de elegir esta denominación, cierto es que a la fecha este servicio no pudo solucionar los problemas suscitados en los edificios escolares, lo que en algunos casos, ha subsumido al personal en angustias y desconcierto por las respuestas obtenidas y por la ineficiencia del servicio en dos planos, uno por la ausencia de respuesta presencial y otro, la presencia sin los insumos para la solución de los problemas diagnosticados. En esta situación también se puede incluir la tarea de los arquitectos distritales de los cuales se observa buena voluntad y nulos espacios de decisión y resolución de problemas.
La situación imperante es que aquellas escuelas que no cuentan con recursos propios o en que los directivos deben hacerse cargo de buscar profesionales en forma privada, la situación tiene una dilación que en casos ha obligado a los directores a tener suspender el servicio. Estas instancias que no son gratas para los directivos se agravan con la carga de sentirse en falta, dada la comunicación acerca de la suspensión de clases y la garantía de cumplir con los 180 días de actividad. Si bien estas problemáticas no son nuevas, la gestión no ha producido cambios para el mejoramiento de una asistencia que le es indelegable para el adecuado funcionamiento de los edificios, dejando a librado a los directores/as la resolución y responsabilidad en estas situaciones.
En tanto, la Legislatura ha promulgado la Ley de emergencia edilicia (Ley Nº 2565 Boletín oficial Nº 2836) por la cual se destinarán 450 millones de pesos para la adecuación de los edificios escolares, construcción, etc... En este aspecto, no se han comenzado obras, ni tampoco se cuenta con información fehaciente de su inicio, suspensión o modificación. Sin embargo si se ha presentado personal del área de recursos para ejecutar tareas de pintura que si bien en algunos casos es necesaria, no genera pérdida de días de clases, escena que se contrapone con ausencia de salidas de emergencias, techos que filtran, problemas estructurales de servicios cloacales, graves problemas en las instalaciones eléctricas, falta de suministro de agua, o gas, entre otras. Respecto del gas, el sistema educativo en su conjunto se informa a través de los medios de comunicación en entrevistas a autoridades responsables del área de recursos sobre la imposibilidad de modificar en un 100 % esta situación por este año, por lo que los niños y personal de la escuela sufrirán las condiciones climáticas que depare el invierno de Buenos Aires.
Estas puntualizaciones son por demás elocuentes para vislumbrar una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal en su conjunto socavando y menospreciando su historia, su trayectoria, sus logros.
Sostenemos que la escuela pública es la que debe profundizar los valores democráticos, plurales, de integración social, de participación comunitaria, garantizando la igualdad de oportunidades en pos de la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, partícipes de su propia realidad individual y social.
Para la realización del documento hubo una primera reunión de coordinación el 26 de abril en el anfiteatro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Pero la decisión de presentárselo al ministro surgió el 2 de mayo en el encuentro mensual que había convocado Narodowski. Allí concurrieron los gremios docentes y acordaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Asociación de Supervisores.
La crítica mayor está focalizada en los cuadros intermedios del ministro como el subsecretario de Recursos, Andrés Ibarra, un ex gerente de Boca que maneja el presupuesto. También están en el ojo de la tormenta el director general de Gestión Estatal, Luis María Rodríguez, sumariado por permitir el uso de la pileta de una escuela pública como si fuera un club privado y el director del área Técnica, Pablo Sánchez, sumariado y suspendido con más de cien días.
Desde el ministerio se defiende a los cuestionados, pero se admiten algunas críticas como la falta de comunicación, que la atribuyen a que los mecanismos de gestión no están aceitados por ser un equipo nuevo de trabajo. Los gerentes educativos, al parecer, no tienen todas las soluciones en la manga y en algunos temas tienen un desconocimiento tal que no se alcanza a vislumbrar si ciertos errores cometidos son producto de la soberbia o la ignorancia en la función pública. Por suerte, todavía no privatizaron nada.
Señores padres
No sólo el frente de los supervisores debe atender el ministro Narodowski. Los Delegados Representantes de las Cooperadoras de la Ciudad presentaron una dura carta donde se cuestiona la política educativa macrista. Las cooperadoras fueron empujadas a ser una figurita decorativa cuando se les quitaron los subsidios para el mantenimiento escolar, con lo que se rompió el equilibrio de la llamada comunidad educativa. La fórmula para tomar la decisión de cortar los subsidios es siempre la misma: poner bajo sospecha de corrupción a las cooperadoras y con esa excusa centralizar los recursos. Así el estado gerente una vez más se parece a un estado policial, donde todos los estamentos de la sociedad (en este caso la educación) están bajo sospecha y sin poder probar su inocencia.
Otra vez el cóctel macrista: problemas de infraestructura escolar llevan a declarar la emergencia edilicia, se eliminan los subsidios para mantenimiento, la prohibición de salir de los colegios a los docentes en horarios de trabajo y además no se les permite hablar con la prensa. Todo muy PRO.
Supuestamente había 400 millones de pesos para los problemas en los edilicios y la ejecución de las obras marcha lentamente. Los gerentes educativos se defienden y dicen que en realidad son 280 millones de pesos, de los cuales 100 están imputados a obras en marcha y se está renegociando un bono para afrontar deudas. Para los otros 180 millones se están intensificando los tiempos de ejecución. Para la Defensoría del Pueblo hay 110 escuelas sin gas y según denuncian los Delegados Representantes de las Cooperadoras en los primeros 3 meses de gestión con este presupuesto sólo se pintaron 3 escuelas. Parece que más que desconocimiento, en este aspecto hay desidia.
En nombre de la emergencia edilicia se suprimieron los subsidios (de 8 a 10 mil pesos por año) que eran manejados por las cooperadoras escolares y se los reemplazó por un aporte directo de unos 1500 pesos a los directores, renovables una vez que se rindiera el uso del dinero. La cuestión es que esa plata tampoco llega y empiezan a faltar insumos mínimos para el desarrollo de la actividad escolar.
No se salvan ni los chicos ni los profesionales
Un ajuste muy particular afecta a los comedores. Las raciones de comida que llegan a los colegios ya no se calculan en función de la cantidad de alumnos por establecimiento, sino que se las distribuye a partir de un promedio del presentismo por escuela. Así que, el día que a todos los chicos se les ocurre ir a clases, corren el riesgo de que no alcancen, por ejemplo, las galletitas que se reparten en la merienda.
En otro orden, con el objetivo de captar cuadros técnicos, al principio de la actual gestión se propuso una generosa escala de sueldos. Sin embargo, a partir de junio próximo, se está planteando una drástica reducción de haberes para equipararlos con los contratados que facturan locaciones de servicios. Así se les desconocería, además, el ajuste de salarios que los docentes pactaron al inicio del año escolar. Y justifican la medida con el argumento de que en el ministerio hay “un festival de horas cátedras”.
“Una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal”
Para tener un panorama más acabado de la política macrista en educación basta un desglose del documento presentado al ministro Narodowski por los supervisores y directores educativos:
Es deber del Gobierno administrar el presupuesto de la Ciudad de tal forma que se priorice la mejora de las condiciones materiales necesarias en las escuelas con carácter de urgente. El sentido de lo público como espacio de todos se construye como significado a partir de un todo coherente. Sin políticas públicas que hagan ese todo coherente, pensar a la escuela como espacio para la construcción de una sociedad que incluya, que construya sujetos de derecho y democratice las oportunidades es una tarea inimaginable con escuelas que:
a. deben absorber matrícula que impide poner en juego concepciones de enseñanza y de aprendizaje relacionadas con una perspectiva democrática.
b. escuelas que se encuentran en condiciones de infraestructura absolutamente deficientes.
Resulta alarmante la falta de personal auxiliar de portería y maestranza, verdaderos auxiliares de la educación, recargando en los existentes el trabajo de mantener limpios los establecimientos, sin los suficientes recursos de materiales de limpieza.
Las escuelas no han recibido ningún tipo de información certera acerca de los subsidios de equipamiento escolar y de material didáctico.
Por otro lado, las asociaciones cooperadoras no sólo no fueron informadas sobre las resoluciones tomadas o no, siendo que incluso se modificó el nombre de la Dirección de la cual dependían, omitiendo en la nueva denominación la inclusión de las mismas. Más allá de las decisiones de política educativa que las sostienen, en un sistema democrático y participativo, es de esperar que los padres/madres/ tutores de los alumnos, cooperadores de las escuelas, sean tenidos en cuenta, informados e invitados para exponer sus puntos de vista. Este tipo de accionar conlleva niveles de incertidumbre importantes y naturales para quienes por años fueron partícipes del mantenimiento de las escuelas junto con las autoridades escolares, distritales y ministeriales.
La falta de información por parte de las autoridades y el no depósito de los subsidios de mantenimiento ponen no en situación de incertidumbre a las cooperadoras y autoridades escolares y distritales, atentan contra la seguridad edilicia.
Se prevé desde el ministerio, girar a los/las directores/as de las escuelas un monto de $1.500 en concepto de caja chica que, de acuerdo al Decreto que le dio origen no corresponde su utilización en gastos de mantenimiento edilicio. En esta línea de confusión e incertidumbre, se trastocan, no sólo los fines para los cuales se crea en el año 1996 este subsidio, sino que se delega en las/los supervisores/ as el uso y rendición del dinero, corriendo de la escena a los padres cooperadores como parte de la comunidad educativa y ubicando en un rol de administrador de fondos a agentes cuya función es pedagógica.
De acuerdo a lo informado en la Caja de herramientas institucionales, existe un Call Center para que los directivos escolares se dirijan toda vez que se presentan problemas edilicios. Sin poner en esta discusión, sobre la decisión de elegir esta denominación, cierto es que a la fecha este servicio no pudo solucionar los problemas suscitados en los edificios escolares, lo que en algunos casos, ha subsumido al personal en angustias y desconcierto por las respuestas obtenidas y por la ineficiencia del servicio en dos planos, uno por la ausencia de respuesta presencial y otro, la presencia sin los insumos para la solución de los problemas diagnosticados. En esta situación también se puede incluir la tarea de los arquitectos distritales de los cuales se observa buena voluntad y nulos espacios de decisión y resolución de problemas.
La situación imperante es que aquellas escuelas que no cuentan con recursos propios o en que los directivos deben hacerse cargo de buscar profesionales en forma privada, la situación tiene una dilación que en casos ha obligado a los directores a tener suspender el servicio. Estas instancias que no son gratas para los directivos se agravan con la carga de sentirse en falta, dada la comunicación acerca de la suspensión de clases y la garantía de cumplir con los 180 días de actividad. Si bien estas problemáticas no son nuevas, la gestión no ha producido cambios para el mejoramiento de una asistencia que le es indelegable para el adecuado funcionamiento de los edificios, dejando a librado a los directores/as la resolución y responsabilidad en estas situaciones.
En tanto, la Legislatura ha promulgado la Ley de emergencia edilicia (Ley Nº 2565 Boletín oficial Nº 2836) por la cual se destinarán 450 millones de pesos para la adecuación de los edificios escolares, construcción, etc... En este aspecto, no se han comenzado obras, ni tampoco se cuenta con información fehaciente de su inicio, suspensión o modificación. Sin embargo si se ha presentado personal del área de recursos para ejecutar tareas de pintura que si bien en algunos casos es necesaria, no genera pérdida de días de clases, escena que se contrapone con ausencia de salidas de emergencias, techos que filtran, problemas estructurales de servicios cloacales, graves problemas en las instalaciones eléctricas, falta de suministro de agua, o gas, entre otras. Respecto del gas, el sistema educativo en su conjunto se informa a través de los medios de comunicación en entrevistas a autoridades responsables del área de recursos sobre la imposibilidad de modificar en un 100 % esta situación por este año, por lo que los niños y personal de la escuela sufrirán las condiciones climáticas que depare el invierno de Buenos Aires.
Estas puntualizaciones son por demás elocuentes para vislumbrar una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal en su conjunto socavando y menospreciando su historia, su trayectoria, sus logros.
Sostenemos que la escuela pública es la que debe profundizar los valores democráticos, plurales, de integración social, de participación comunitaria, garantizando la igualdad de oportunidades en pos de la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, partícipes de su propia realidad individual y social.
Por Roberto Koira para Revista Zoom
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