La Asamblea de Gualeguaychú, varias ONG y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el impacto negativo que producirá la represa del vicepresidente de Clarín. Rechazan que los privados se apropien de un beneficio público.
Uno de los fundadores de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y titular de la ONG Fundavida, Edgardo Moreira, afirmó ayer que el desmonte y anegamiento de miles de hectáreas en la cuenca del Arroyo Ayuí en la provincia de Corrientes constituye “un crimen ambiental, porque un río no puede ser represado por un particular para sembrar arroz”.
Moreira se refirió en estos términos al proyecto que impulsan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, a través de su empresa Copra SA, y el magnate de origen húngaro, George Soros, dueño de Adeco Agro. El polémico emprendimiento apunta a levantar una represa sobre el Arroyo Ayuí Grande para inundar una zona de ocho mil hectáreas, y después irrigar una superficie de 18 mil hectáreas, equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires, dedicada a la producción de arroz.
Moreira explicó que “el Ayuí es un afluente del Río Uruguay, y dos empresarios han hecho un lobby con el gobierno provincial para lograr un decreto que autoriza hacer una represa. Es un privado que compra un río para represarlo y eliminar el bosque nativo, para sembrar el arroz que viene fumigado. Es transgénico, porque para crecer necesita agrotóxicos.”
El intento de privatizar un curso de agua para beneficiar a empresarios arroceros, no sólo perjudica a los demás productores que se encuentran río abajo, sino que podría tener también implicancias internacionales. En esta línea, el abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, afirmó que el proyecto arrocero de Aranda y Soros “debe someterse al Estatuto del Río Uruguay, porque puede dar pie a que Uruguay diga que hay acciones que impactan sobre el río”.
“Un proyecto de esta envergadura debe someterse al Estatuto, es tan grave lo de Botnia como lo del Ayuí, y confío en que se frene porque es una locura alterar un curso natural por una arrocera.”
Guillermo Cardozo, biólogo de la Fundación de la Reserva Iberá aseguró además que “son casi 20 mil hectáreas de arroz que necesitan agroquímicos y fertilizantes y esa agua vuelve al río con una carga de contaminantes. En ninguna parte del país habrá una carga tan grande de contaminación que vaya por un tubo a parar al Río Uruguay.”
Tal como adelantó Tiempo Argentino, la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay ya había advertido en 2008 que “siendo que el Arroyo Ayuí desemboca en el Río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del río debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, este aporte agravaría el estado.”
Sobre el proyecto de Aranda y Soros, Cardozo consideró que esta “sería la primera vez que un privado se apropia de un beneficio público”. “Le estamos regalando una parte del mapa a las empresas. Se sabe que hay varios emprendimientos semejantes que están esperando para que haya un antecedente positivo para poder empezar”, advirtió.
Por su parte Enrique Laccour, presidente de la Fundación de la Reserva Iberá, señaló que el proyecto “es inviable jurídica y ambientalmente, no hacen falta estudios de impacto ambiental ni nada porque la obra es inviable”. A pesar de ello las obras comenzarán en las próximas semanas. Es que una ley de ordenamiento de bosques hecha a medida de los intereses arroceros y arrancada a la Legislatura correntina por el lobby empresario permite el desmonte de la cuenca del Ayuí.
“Al haber aprobación política del Ejecutivo las cosas comienzan a caminar”, señaló Laccour, al tiempo que señaló que “intentan justificar lo injustificable, quieren que las cosas pasen desapercibidas”. Ayer, la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió un informe a la Legislatura de Corrientes advirtiendo sobre el impacto ambiental negativo que significa el emprendimiento: “Esto implica sepultar bajo el agua kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá”, señaló el adjunto de la Defensoría, Anselmo Sella, en un informe elaborado en febrero de este año.
El documento indica además que pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera “implica cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales”. “Decir esto –continúa el informe– es hablar de identidad cultural, del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región.”
Fuente: Tiempo Argentino
1 comentario:
Los ecofascistas se oponen a todo lo que pueda significar un progreso para el país. El Partido Verde alemán fue fundado por ex oficiales SS. Los ecofascistas quieren volver a la Edad Media, cuando la gente vivía menos de 30 años en promedio y donde había verdadera contaminación. Gracias a la tecnología moderna nuevamente hay pesca en las riberas del Támesis en Londres, así como en el Danubio, antes severamente contaminados. El progreso no significa contaminación sino todo lo contrario.
Publicar un comentario