Más cuestionamientos por la construcción de la represa Ayuí Grande

El canciller Héctor Timerman advirtió que "la Argentina carece de información sobre el proyecto" de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, y explicó que "no la vamos a convalidar y haremos las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa que viola el medio ambiente y el derecho internacional".

En conferencia de prensa para referirse al "Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande", Timerman afirmó que "estamos a pocas semanas del comienzo de esta obra que va a poner en riesgo la provincia de Corrientes y toda la Mesopotamia".

Antes, en declaraciones a radiales, el canciller denunció que "están por inundar miles y miles de hectáreas en Corrientes". Y agregó que el Estado argentino hizo la primera denuncia en 2008. "Nosotros desde el 2008 estamos haciendo esta denuncia, pero ahora están por empezar las obras", sostuvo.

"Hoy hablé con el canciller uruguayo. El gobernador de Corrientes nos niega la información", destacó el funcionario, quien además afirmó que "están por violar un tratado internacional". Y señaló: "Esta gente se cree que se puede llevar por adelante miles y miles de bosques".

Por su parte, la Fundación Iberá presentará en el Juzgado de la localidad correntina de Mercedes un recurso de amparo contra la Ley provincial que consideran "hecha a medida del proyecto de la represa Ayuí Grande".

Se trata del megaemprendimiento arrocero de las empresas Copra S.A, perteneciente al grupo Clarín, que impulsa su vicepresidente, José Aranda y Adeco Agro, propiedad del magnate húngaro George Soros, a las que también se suman Santa Clara y Yuquerí S.A.

El consorcio productivo prevé inundar 8 mil hectáreas de reserva natural cercana a los Esteros del Iberá, para el riego de sus cultivos.

"Esta ley tiene los mismos vicios que el decreto que firmó el ex gobernador Arturo Colombi antes de irse", subrayó el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour.
El ambientalista confirmó que la ley, que contó con el impulso del gobernador Ricardo Colombi y los legisladores oficialistas y aliados, "no cumple con los presupuestos mínimos que establece la Ley nacional de Bosques para el ordenamiento territorial".

Lacour volvió a cuestionar nuevamente, "el intento de apropiación de tierras públicas por parte de empresas privadas. Esto es una ilegalidad absoluta". El consorcio productivo tiene prevista la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas de bosques nativos para el riego de unas 20.000 hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.

"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", detalló Lacour. La presentación judicial de los ambientalistas que buscan frenar la ley, por considerarla violatoria de los preceptos de la Ley de Bosques.