Informe de la oposición en la Legislatura sobre la Policía Metropolitana

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LOS LEGAJOS DE LOS CARGOS SUPERIORES DE LA POLICÍA METROPOLITANA

Esta Comisión se crea por Ley en noviembre de 2009 a partir de la crisis generada por la renuncia forzada de Jorge "Fino" Palacios, a quien ya se le había confirmado su procesamiento por el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA, y los graves delitos relacionados con escuchas ilegales en los que estaban implicados el propio Palacios y su reemplazante Osvaldo Chamorro.

Nuestro cometido, según la Ley 3.255, era la revisión y análisis de los legajos del personal de la Metropolitana proveniente de otras fuerzas de Seguridad, ante la sospecha de que la matriz emplazada por Jorge "Fino" Palacios seguía instalada a través de la incorporación de ex comisarios dela Policía Federal vinculados con hechos de corrupción policial.

En principio, debemos destacar que la tarea de revisión y análisis de los legajos del personal de la Policía Metropolitana se realizó según las modalidades establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. No pudimos tener acceso directo a los legajos en papel, los digitalizaron y los proyectaban sobre una pared, nunca pudimos cotejar si estábamos observando la totalidad de la documentación o lo que decidieran mostrarnos. La modalidad de acceso elegida por los miembros del Gobierno determinó que sólo pudiéramos ver 52 legajos, todos de la plana mayor, pero que constituyen el 5,6% del total del personal de la Policía Metropolitana (926) proveniente de otras fuerzas.

También resultó evidente la desprolijidad y la falta de rigor y seriedad con que habían sido conformados los expedientes a los que accedimos. Por ejemplo, casos en los que no se exigió presentación de foja de servicios policial, sólo en algunos consta. Otros en los que el certificado de antecedentes penales es posterior al ingreso a la fuerza. Y la falta de constatación respecto de la incompatibilidad entre el desempeño como Policía Metropolitana y miembros de empresas de seguridad privada.

Antes de relatar las principales conclusiones sobre nuestra tarea, cabe destacar que desde el momento de la aprobación de la Ley de creación de la Comisión hasta el momento en que fue posible acceder a la revisión de los legajos, el Gobierno de Mauricio Macri removió al menos a 22 agentes, entre los que se incluye a 6 Comisionados por tener antecedentes penales. En su mayoría habían sido denunciados desde esta Legislatura o por investigaciones periodísticas. Así, el Gobierno se adelantaba a la posibilidad de que revisáramos y tomáramos conocimiento de las reales condiciones en las que habían sido admitidos en la fuerza.

A pesar de las dificultades descriptas podemos informar algunas conclusiones sobre el perfil de la conducción policial:

Actuación en la dictadura militar. Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir, 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en Fuerzas de Seguridad durante la Dictadura Militar, algunos de ellos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado. Lamentablemente en el informe elaborado por los miembros del Pro de la Comisión se minimiza esta situación, inclusive apelando a argumentos como la obediencia debida y la falta de condenas, desconociendo los avances en materia de memoria, verdad y justicia de los últimos años en nuestro país.

Antecedentes penales y corrupción policial. De los 52 cargos de conducción revisados, 9 de ellos (17%) provenientes de la Policía Federal, fueron pasados a disponibilidad en 2004. El cincuenta por ciento de los oficiales separados, en aquel momento, tenía alguna causa judicial abierta, o se les impulsaba algún sumario administrativo. Pese a esto, el Gobierno de la Ciudad no realizó ninguna averiguación con la Policía Federal que permitiera saber si dichos agentes estuvieron implicados en delitos o sanciones disciplinarias de la fuerza.

También al leer los curriculums presentados por los propios aspirantes a ingresar a la metropolitana, se pudo verificar que varios de los miembros de conducción se capacitaron en materias como “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la última dictadura militar y con posterioridad.

De toda la información revisada no se desprende que el Ministerio de Justicia y Seguridad haya contemplado una matriz, una planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa, para ocupar los cargos de conducción, basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización.

Mauricio Macri tenía que crear una Policía Metropolitana que hiciera eje en la prevención del delito y la proximidad con los ciudadanos. Lejos de esto, la matriz desde la que fue armada la nueva policía es la que da como resultado que tanto Palacios como el aspirante Ciro James estén presos y que el mismo Jefe de Gobierno de la Ciudad hoy tenga un proceso firme en su contra.

Este informe firmado por todos los miembros de la oposición que integran las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de esta Legislatura, ratifica la necesidad de constituir cuanto antes una Comisión que investigue los hechos de espionaje ilegal en la Ciudad y todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento.

Firman el informe: Gabriela Alegre (Encuento Popular para la Victoria), Juan Pablo Arenaza (Coalición Civica), Delia Bisutti (Proyecto Sur), Rafael Gentilli (Proyecto Sur), Diego Kravetz (Peronismo), Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Marcelo Parrilli (MST- Nueva Izquierda), Claudio Presman (Radicalismo), Julio Raffo (Proyecto Sur), Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) y Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica).