viernes, 8 de octubre de 2010

Califican de “apriete” el accionar macrista en la huelga docente


En medio del conflicto docente, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, le dio vía libre al síndico general, Ignacio Rial, para enviar más de 100 auditores a los 700 colegios de Capital Federal y revisar quiénes habían faltado para adherirse al paro del 29 y 30 de septiembre pasado. El diputado porteño Francisco “Tito” Nenna le dijo a P&M que esto “Es directamente una presión política y una persecución a los docentes”.

Esta medida fue recibida por los gremios docentes y algunos diputados porteños como una “confección de Listas Negras” y la calificaron como una “persecución” para perder el derecho constitucional a huelga.

El legislador Francisco “Tito” Nenna fue uno de los que presentó un proyecto para citar al síndico Ignacio Rial a que dé explicaciones, habló con Política&Medios y destacó que “mes a mes se realizan auditorias para mejorar el funcionamiento estructural y de las becas, pero no para controlar a los docentes que han tomado paro”.

“Pedimos una convocatoria al síndico general de la ciudad, para que el martes concurra a informar sobre las causas por las cuales los auditores salieron del plan anual de auditorías”, explicó Nenna.

Y agregó que “esto no es lo que se le ocurre al síndico, sino que debe seguir el plan”.

El diputado porteño calificó la medida como “un apriete”. Y sostuvo: “Es directamente una presión política y una persecución a los docentes que están ejerciendo un derecho constitucional, como es el hacer una huelga, transgrediendo los derechos constitucionales en un sistema democrático”.

Al comienzo de esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, falló a favor del Gobierno en quitarle dos días de sueldo a los docentes que hayan parado en un cese de actividades de 2008. Manuel Gutiérrez, habló con este medio al conocer esta medida y recalcó: “Es la forma que tiene Macri de disciplinar a los docentes y estudiantes que luchan y a los padres que reclaman”.

Además, Nenna, planteó que la Defensoría del Pueblo ya le recomendó a la gestión PRO que “garantice el derecho de huelga, preservando su identidad e intimidad (de los docentes), hayan o no adherido a la medida de fuerza y evitando el descuento de los días de ausencia”.

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