A través de una investigación se supo que Maximiliano Fratino, el relacionista público que organizó el evento en el boliche Beara el día de la tragedia, es funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El legislador Gonzalo Ruanova le dijo a P&M que “es necesario que se haga una nueva ley de ética pública para que no se pueda dar más esta situación en la ciudad de Buenos Aires”.
La información salió de la investigación del fiscal Andrés Madrea, donde también figuran los aportes de Maximiliano Fratino a la ANSES, realizados por ser funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño de la gestión PRO.
Fratino fue quien contrató al grupo Ráfaga y ahora se busca determinar si pagó 4500 pesos a los músicos y 5000 por el alquiler de Beara, y si también invitó a las 150 personas que concurrieron gratis al evento.
Política&Medios charló de este tema con el legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova, quien explicó que estas cosas ocurren porque “el gobierno de Macri está más preocupado por defender los intereses privados, que los públicos”.
“Tenemos que terminar con los funcionarios que atienden de los dos lados del mostrador. Por esto, es necesario que se haga una nueva ley de ética pública, para que no se pueda dar más esta situación en la ciudad de Buenos Aires, abogó el diputado de la ciudad.
Ruanova advirtió que “ahora se la agarran con los músicos clausurando toda actividad musical cuando el que actúa mal en este caso es el Estado, que no controla como corresponde”.
Y pone como ejemplo que en el último año hubo 250 de excepciones con la resolución 1010 (que habilita actividades por un día) y que iban a llegar a más de 500 “sino pasaba lo de Beara”.
Fratino fue quien contrató al grupo Ráfaga y ahora se busca determinar si pagó 4500 pesos a los músicos y 5000 por el alquiler de Beara, y si también invitó a las 150 personas que concurrieron gratis al evento.
Política&Medios charló de este tema con el legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova, quien explicó que estas cosas ocurren porque “el gobierno de Macri está más preocupado por defender los intereses privados, que los públicos”.
“Tenemos que terminar con los funcionarios que atienden de los dos lados del mostrador. Por esto, es necesario que se haga una nueva ley de ética pública, para que no se pueda dar más esta situación en la ciudad de Buenos Aires, abogó el diputado de la ciudad.
Ruanova advirtió que “ahora se la agarran con los músicos clausurando toda actividad musical cuando el que actúa mal en este caso es el Estado, que no controla como corresponde”.
Y pone como ejemplo que en el último año hubo 250 de excepciones con la resolución 1010 (que habilita actividades por un día) y que iban a llegar a más de 500 “sino pasaba lo de Beara”.
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