Lo decidió el juez Guillermo Scheibler, al resolver un amparo presentado por un grupo de legisladores sobre un proyecto del Gobierno porteño de construir una autopista bajo la 9 de julio. Con anterioridad la Cámara en lo Contencioso Administrativo había revocado una medida cautelar que frenaba la obra.
El juez Guillermo Scheibler, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, anuló la resolución del Gobierno porteño que llamaba a licitación pública para construir una autopista subterránea debajo de la avenida 9 de Julio.Lo hizo al resolver dos amparos presentados por legisladores de la Ciudad y por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).
Según la medida judicial, el llamado a licitación es nulo por no haber cumplido acabadamente las normas de protección ambiental (evaluación de impacto ambiental), no haber dado intervención previa al Consejo del Plan Urbano Ambiental, por no tener adecuado control de legalidad (falta de dictamen obligatorio de la Procuración General) y por no tener una correcta autorización del endeudamiento financiero que significaba (830 millones estimados al año pasado).
La causa se inició en el 2009 y en octubre de ese año el magistrado dictó una medida cautelar suspendiendo la licitación, hasta tanto se pronuncie sobre el fondo del planteo.
Pero, el 8 de julio de este año la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo porteño revocó la cautelar y dejó habilitada la construcción del túnel.
Aunque ahora, el juez Scheibler resolvió sobre el fondo del amparo y declaró la nulidad de la resolución del Gobierno de la Ciudad que habilitaba a abrir la licitación para la obra.
“No se trata aquí, como pretende la demandada, del análisis o revisión de complejos aspectos técnicos de un contrato de obra pública, sino fundamentalmente del confronte del proceso decisorio adoptado para iniciar el proceso de selección del contratista con las exigencias del marco constitucional y legal que rige para este tipo de grandes emprendimientos de infraestructura urbana”, señaló el magistrado en su resolución.
Según la medida judicial, el llamado a licitación es nulo por no haber cumplido acabadamente las normas de protección ambiental (evaluación de impacto ambiental), no haber dado intervención previa al Consejo del Plan Urbano Ambiental, por no tener adecuado control de legalidad (falta de dictamen obligatorio de la Procuración General) y por no tener una correcta autorización del endeudamiento financiero que significaba (830 millones estimados al año pasado).
La causa se inició en el 2009 y en octubre de ese año el magistrado dictó una medida cautelar suspendiendo la licitación, hasta tanto se pronuncie sobre el fondo del planteo.
Pero, el 8 de julio de este año la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo porteño revocó la cautelar y dejó habilitada la construcción del túnel.
Aunque ahora, el juez Scheibler resolvió sobre el fondo del amparo y declaró la nulidad de la resolución del Gobierno de la Ciudad que habilitaba a abrir la licitación para la obra.
“No se trata aquí, como pretende la demandada, del análisis o revisión de complejos aspectos técnicos de un contrato de obra pública, sino fundamentalmente del confronte del proceso decisorio adoptado para iniciar el proceso de selección del contratista con las exigencias del marco constitucional y legal que rige para este tipo de grandes emprendimientos de infraestructura urbana”, señaló el magistrado en su resolución.
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