martes, 30 de marzo de 2010

Aseguran que la reforma contravencional de Macri es “descabellada”


El jefe de Gobierno porteño presentó un proyecto que prevé la “prohibición absoluta" de los cuidachoches y trapitos, así como diversas restricciones en marchas y concentraciones. Política&Medios dialogó sobre el tema con los legisladores opositores, Eduardo Epszteyn y María José Lubertino.
Tras un polémico anuncio, que ya genera rechazos en distintos sectores políticos, el gobierno de Mauricio Macri envió hoy a la Legislatura una reforma al Código de Convivencia de la Ciudad que, entre otras cosas, prohíbe la actividad de los “trapitos”, los “cuidacoches” y el "uso de palos, capuchas y ganzúas" en las manifestaciones, con penas de 1 a 5 días de arresto.

La iniciativa también avanza sobre la posibilidad de interceptar a un sospechoso "antes de que cometa un delito", algo que fue justificado durante la conferencia de prensa de Macri como necesario “para desterrar a las mafias que se han enquistado en la sociedad, manipulando y extorsionando a nuestros jóvenes para hacerlos delinquir”.

El jefe de Gobierno le pidió a la Legislatura, donde el PRO tiene minoría parlamentaria, que debata la reforma contravencional “con la urgencia que amerita, sin politizarla, pensando que la gente tiene miedo y necesita que extremos todo para resolverlo”.

Además, adelantó otros tres proyectos: uno que buscan insistir con las armas eléctricas, o Taser, para la Policía Metropolitana; otro que conforma un registro de ADN para violadores, entre otros delitos graves; y, por último, la habilitación de comisarías para la fuerza porteña.

Consultado por P&M, el legislador de Dialogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, consideró que “Macri hace demagogia tratando de instalar temas polémicos, sobre todo por las dificultades que atraviesa su gobierno y porque está en campaña para la Presidencia”.

“Me parece descabellado que plantee la modificación del Código de Convivencia cuando ni siquiera está en condiciones de garantizar el cumplimiento del actual, con una Policía Metropolitana que va de escándalo en escándalo”, advirtió Epszteyn.

“Esto es una falacia, porque por más que se discuta el Código de Convivencia, ¿con qué Policía lo va a aplicar?”, se preguntó el legislador, y en busca de una rápida respuesta explicó que la Metropolitana va por “la tercera purga y todavía no detuvo a ningún delincuente”.

Para el ex ministro de Espacio Público de Aníbal Ibarra, lo que hace Macri es “antagonizar y partir a la sociedad con un discurso demagógico, con una falsa agenda, planteando la criminalización de la protesta social o de la pobreza. Son temas que dividen muy fuertemente a la sociedad porteña”.

Por su parte, la legisladora María José Lubertino detalló a P&M que “estos temas deben ser resueltos de manera respetuosa, garantizando todos los derechos.

“Hay que decir que la Ciudad no tiene una política de desarrollo económico sustentable con inclusión social. A las personas que viven en situación de calle, a los que ejercen de trapitos, a los recicladores urbanos, no se les están dando otras herramientas laborales por parte de la Ciudad. Hay un problema de exclusión social que la Ciudad genera o, al menos, no resuelve”, subrayó la ex titular de INADI.

“Si nunca se actúa sobre las causas, es difícil con políticas represivas revertir la situación. Las políticas preventivas funcionan cuando hay una lógica instaurada de no impunidad e inclusión, es difícil disuadir si hay ejemplos desde el poder de conveniencia delictiva. Macri está nombrando a comisarios que apañaron la trata de personas”, aclaró la diputada.

Lubertino también habló sobre la insistencia del uso de las pistolas Taser, a pesar de su prohibición judicial: “Es un disparate que atenta contra los derechos humanos básicos, que ya está planteado judicialmente. El problema central es que hay muchos aspectos en los que (las autoridades macristas) no reconocen sus errores y estos temas se terminan judicializando”.

1 comentario:

rociomgarrido@yahoo.com.ar dijo...

Roberto, te recomendaria leer la reforma propuesta, ya que no solicitan la prohibición absoluta de la actividad, tan sólo propone la regularización y registro de los solicitantes, para que de esa manera los ususarios de los servicios ofrecidos tengan en dónde quejarse de tener inconvenientes.

un saludo.