La empresa Transportadora Gas del Norte TGN, tercerizó la construcción de un gasoducto a la empresa Víctor Contreras SA, que es la que intenta desmontar los terrenos de los aborígenes. En la tarea ya les destruyó la ladrillera dejando sin trabajo a 16 familias. Política&Medios habló del tema con Victorino Lorenzo, autoridad de esta Comunidad Wichi Mataco.
La Comunidad Misión Wichi Mataco, que reside cerca de la localidad de General Mosconi, en el norteño departamento San Martín, de Salta, se mantiene en estado de vigilia para evitar que topadoras de la empresa constructora Víctor Contreras SA continúen las obras para el tendido de otro gasoducto en sus tierras.
Pese a que hay una medida de no innovar sobre estos terrenos, y que al lado de la Comunidad hay un campo por donde podría tirarse la cañería, el juez Nelson Aramayo ordenó que siga la construcción del gasoducto por la traza que atraviesa las casas de la comunidad.
Victorino Lorenzo es la autoridad de esta Comunidad Wichi Mataco y le explicó P&M que “Víctor Contreras hizo negocio con terceras personas que no éramos nosotros y buscó gente que no era de la comunidad para hacer un arreglo con ellos. Así les pagó cinco mil pesos a las supuestas autoridades de esta comunidad, cuando yo soy el apoderado y con todos los papeles en regla”.
“Entonces cuando ingresan al terreno les planteamos que con que autorización lo hacían y llevamos a la justicia todo el problema. Pero nos falló una parte a favor y otra en contra. Por eso ahora estamos con apelaciones legales para demostrar que nosotros no queremos que pase otra cañería por nuestra propiedad, porque ya pasan unas 7 u 8 cañerías de gas, de Campo Durán-Buenos Aires, por el medio de la Comunidad”, describió la autoridad indígena.
“Al este estarían pasando esta nueva cañería y cuando ya pasa una esas tierras ya no sirven más para nosotros. Aparte de eso la comunidad inició un juicio de prescripción adquisitiva de dominio en el año 1985 por lo que estos terrenos están en juicio y mientras esto no termine ningún tercero puede intervenir o hacer uso”, informó Lorenzo.
La vigilia se mantiene desde el 1 de junio, día en que operarios de la empresa Víctor Contreras y Cía. SA ingresaron topadoras a las tierras de la Comunidad e iniciaron los trabajos de limpieza para instalar un ducto para el transporte de gas al sur del país, el que sería el gasoducto Centro-Oeste.
En su accionar arrasaron con el canchón, los adobes y los pozos de donde se sacaba la tierra de la ladrillería que mantenía a 16 familias (las que quedaron sin trabajo), también destruyeron alambrados y desmontaron el montecito que proveía leña a toda la Comunidad , integrada por unas 200 familias, unas dos mil personas.
Este es el segundo gasoducto que pasaría por la Comunidad, cuyas tierras ya están atravesadas por nueve caños del gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, estos caños atraviesan el patio de la escuela de la Comunidad. El tendido del segundo gasoducto no fue autorizado por la Comunidad Misión Wichi Mataco, a cuyo nombre está inscripto el catastro 1565, donde se llevan a cabo las obras.
Cuando ya las maquinarias estaban derribando los árboles y el alambrado, y destruyendo el canchón de la ladrillería, Victorino Lorenzo, autoridad de la Comunidad Misión Wichi Mataco, intentó denunciar el hecho, pero la policía de Mosconi no lo atendió, aduciendo que estaban muy ocupados (porque había protestas en la ruta, por otras cuestiones). Ocurre que como las topadoras avanzan muy rápido, se trataba de frenarlas antes de que provocaran más daños. Pero no fue posible.
Recién al día siguiente la Comunidad pudo interponer la denuncia ante el fiscal Penal y Correccional Nº 2 de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega. En un primer momento el fiscal mandó hacer un croquis del lugar y ordenó suspender la obra; sin embargo, dos horas después la empresa reinició la actividad.
Y siguió trabajando el 3 de junio, a pesar de que el Juzgado Civil y Comercial de 1º Nominación les recordó, mediante una intimación, que estaba vigente la medida de no innovar. Entonces los wichi decidieron pararla por sus propios medios y, tras expulsar las topadoras y hasta un camión que ya había empezado a transportar los caños para colocarlos, volvieron a levantar sus alambrados e iniciaron una guardia que se mantuvo sin cambios hasta el 24 de junio, día en que el juez Aramayo revocó la suspensión y ordenó continuar la obra.
La Comunidad no se movió de sus puestos de observación porque sus abogados, Juan Carlos Nallín y Carlos Iriarte, apelaron esta decisión y pidieron que se mantuviera la suspensión de la obra. Ahora están a la espera de la resolución de la Justicia, pero temen que llegue una orden de desalojo que incluya una represión. Es que no están teniendo buenas experiencias en el Poder Judicial salteño.
Pese a que hay una medida de no innovar sobre estos terrenos, y que al lado de la Comunidad hay un campo por donde podría tirarse la cañería, el juez Nelson Aramayo ordenó que siga la construcción del gasoducto por la traza que atraviesa las casas de la comunidad.
Victorino Lorenzo es la autoridad de esta Comunidad Wichi Mataco y le explicó P&M que “Víctor Contreras hizo negocio con terceras personas que no éramos nosotros y buscó gente que no era de la comunidad para hacer un arreglo con ellos. Así les pagó cinco mil pesos a las supuestas autoridades de esta comunidad, cuando yo soy el apoderado y con todos los papeles en regla”.
“Entonces cuando ingresan al terreno les planteamos que con que autorización lo hacían y llevamos a la justicia todo el problema. Pero nos falló una parte a favor y otra en contra. Por eso ahora estamos con apelaciones legales para demostrar que nosotros no queremos que pase otra cañería por nuestra propiedad, porque ya pasan unas 7 u 8 cañerías de gas, de Campo Durán-Buenos Aires, por el medio de la Comunidad”, describió la autoridad indígena.
“Al este estarían pasando esta nueva cañería y cuando ya pasa una esas tierras ya no sirven más para nosotros. Aparte de eso la comunidad inició un juicio de prescripción adquisitiva de dominio en el año 1985 por lo que estos terrenos están en juicio y mientras esto no termine ningún tercero puede intervenir o hacer uso”, informó Lorenzo.
La vigilia se mantiene desde el 1 de junio, día en que operarios de la empresa Víctor Contreras y Cía. SA ingresaron topadoras a las tierras de la Comunidad e iniciaron los trabajos de limpieza para instalar un ducto para el transporte de gas al sur del país, el que sería el gasoducto Centro-Oeste.
En su accionar arrasaron con el canchón, los adobes y los pozos de donde se sacaba la tierra de la ladrillería que mantenía a 16 familias (las que quedaron sin trabajo), también destruyeron alambrados y desmontaron el montecito que proveía leña a toda la Comunidad , integrada por unas 200 familias, unas dos mil personas.
Este es el segundo gasoducto que pasaría por la Comunidad, cuyas tierras ya están atravesadas por nueve caños del gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, estos caños atraviesan el patio de la escuela de la Comunidad. El tendido del segundo gasoducto no fue autorizado por la Comunidad Misión Wichi Mataco, a cuyo nombre está inscripto el catastro 1565, donde se llevan a cabo las obras.
Cuando ya las maquinarias estaban derribando los árboles y el alambrado, y destruyendo el canchón de la ladrillería, Victorino Lorenzo, autoridad de la Comunidad Misión Wichi Mataco, intentó denunciar el hecho, pero la policía de Mosconi no lo atendió, aduciendo que estaban muy ocupados (porque había protestas en la ruta, por otras cuestiones). Ocurre que como las topadoras avanzan muy rápido, se trataba de frenarlas antes de que provocaran más daños. Pero no fue posible.
Recién al día siguiente la Comunidad pudo interponer la denuncia ante el fiscal Penal y Correccional Nº 2 de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega. En un primer momento el fiscal mandó hacer un croquis del lugar y ordenó suspender la obra; sin embargo, dos horas después la empresa reinició la actividad.
Y siguió trabajando el 3 de junio, a pesar de que el Juzgado Civil y Comercial de 1º Nominación les recordó, mediante una intimación, que estaba vigente la medida de no innovar. Entonces los wichi decidieron pararla por sus propios medios y, tras expulsar las topadoras y hasta un camión que ya había empezado a transportar los caños para colocarlos, volvieron a levantar sus alambrados e iniciaron una guardia que se mantuvo sin cambios hasta el 24 de junio, día en que el juez Aramayo revocó la suspensión y ordenó continuar la obra.
La Comunidad no se movió de sus puestos de observación porque sus abogados, Juan Carlos Nallín y Carlos Iriarte, apelaron esta decisión y pidieron que se mantuviera la suspensión de la obra. Ahora están a la espera de la resolución de la Justicia, pero temen que llegue una orden de desalojo que incluya una represión. Es que no están teniendo buenas experiencias en el Poder Judicial salteño.
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