El abogado querellante Rubén Marigo le confirmó a Política&Medios que van a ser recibidos por el ministro de Justicia Julio Alak y que no está confirmado si tendrán una entrevista con la presidenta Cristina Fernández, aunque el encuentro podría ser con el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
El abogado de la familia Cárdenas, Rubén Marigo, explicó a P&M que son importantes estos encuentros “para que se tome en cuenta de que estos no son hechos aislados en este país. Puede ser un hecho bisagra si se toma conciencia que es necesario cambiar con esta política policial que se repite”.
Aunque tras el asesinato por gatillo fácil de Diego Bonefoi (15), y de Nicolás Carrasco (16) y Sergio José Cárdenas (29) durante la posterior represión policial, los crímenes todavía siguen impunes en Bariloche.
“Lo veíamos ayer en la Cámara de Diputados con otros familiares y también se da todos los días con un muerto por gatillo fácil en diferentes casos”, graficó el letrado.
Y propuso que “sería importante que a través del Consejo Nacional y en el Congreso por intermedio de la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos se establezca directivas claras para que se impulse una policía de prevención y no de represión”.
Para el abogado estos no son episodios casuales, sino que se van repitiendo y son parte de una metodología de la policía, enmarcada hacia un mismo núcleo social, el de los trabajadores o los sectores más marginados.
Marigo informó que “el 17 de agosto en Diputados se constituirían dos comisiones una de Derechos Humanos y otra de Justicia para ver como sigue el caso y para empezar a dar pautas para terminar con este tipo de metodología, que debe complementarse con una política de inclusión social”.
“Estas políticas de policía las maneja la provincia, creo que directivas a través del Congreso sobre el tema sería muy interesante. Para mí fue lo más positivo, ya que este es un paso fundamental”, afirmó.
El letrado destacó que con esto quedó clara la falta de política en ese sentido de Río Negro. “Esta comisión va a ser algo muy duro para la provincia, no se pueden seguir haciendo oídos sordos”, subrayó.
“Por eso de pedimos la renuncia del ministro de Gobierno (Diego Rodolfo Larreguy) fuertemente cuestionado por nosotros y por la Defensora del Pueblo (Ana Piccinini). Es una cuestión fundamental cuando el gobernador (Miguel Saiz) dijo que no lo iba a tocar hasta que la justicia no se expidiera”, advirtió el abogado.
Por su parte, el juez Martín Lozada, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de San Carlos de Bariloche, encabezó ayer una inspección ocular en las inmediaciones de la Comisaría N º28 de esa ciudad, en el marco de la investigación por las muertes de dos jóvenes ocurridas en junio pasado.
En el reconocimiento estuvieron presentes el magistrado, familiares de los jóvenes fallecidos Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, así como también algunos testigos.
Sobre esto, Marigo detalló que “fue interesante lo de la inspección ocular, se pudo reconstruir como fue el hecho y quedó claro que las balas fueron de la policía. Algo que fue corroborado en las autopsias, donde los cuerpos tenían perdigones de los cartuchos que usan habitualmente la policía antidisturbios”.
Aunque tras el asesinato por gatillo fácil de Diego Bonefoi (15), y de Nicolás Carrasco (16) y Sergio José Cárdenas (29) durante la posterior represión policial, los crímenes todavía siguen impunes en Bariloche.
“Lo veíamos ayer en la Cámara de Diputados con otros familiares y también se da todos los días con un muerto por gatillo fácil en diferentes casos”, graficó el letrado.
Y propuso que “sería importante que a través del Consejo Nacional y en el Congreso por intermedio de la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos se establezca directivas claras para que se impulse una policía de prevención y no de represión”.
Para el abogado estos no son episodios casuales, sino que se van repitiendo y son parte de una metodología de la policía, enmarcada hacia un mismo núcleo social, el de los trabajadores o los sectores más marginados.
Marigo informó que “el 17 de agosto en Diputados se constituirían dos comisiones una de Derechos Humanos y otra de Justicia para ver como sigue el caso y para empezar a dar pautas para terminar con este tipo de metodología, que debe complementarse con una política de inclusión social”.
“Estas políticas de policía las maneja la provincia, creo que directivas a través del Congreso sobre el tema sería muy interesante. Para mí fue lo más positivo, ya que este es un paso fundamental”, afirmó.
El letrado destacó que con esto quedó clara la falta de política en ese sentido de Río Negro. “Esta comisión va a ser algo muy duro para la provincia, no se pueden seguir haciendo oídos sordos”, subrayó.
“Por eso de pedimos la renuncia del ministro de Gobierno (Diego Rodolfo Larreguy) fuertemente cuestionado por nosotros y por la Defensora del Pueblo (Ana Piccinini). Es una cuestión fundamental cuando el gobernador (Miguel Saiz) dijo que no lo iba a tocar hasta que la justicia no se expidiera”, advirtió el abogado.
Por su parte, el juez Martín Lozada, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de San Carlos de Bariloche, encabezó ayer una inspección ocular en las inmediaciones de la Comisaría N º28 de esa ciudad, en el marco de la investigación por las muertes de dos jóvenes ocurridas en junio pasado.
En el reconocimiento estuvieron presentes el magistrado, familiares de los jóvenes fallecidos Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, así como también algunos testigos.
Sobre esto, Marigo detalló que “fue interesante lo de la inspección ocular, se pudo reconstruir como fue el hecho y quedó claro que las balas fueron de la policía. Algo que fue corroborado en las autopsias, donde los cuerpos tenían perdigones de los cartuchos que usan habitualmente la policía antidisturbios”.
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