Se lo dijo a P&M el coordinador general de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, Luís Lázzaro, con respecto a la medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Elvio Sagarra, que ordenó al Estado a se abstenga de afectar de cualquier manera la prestación del servicio de Internet de Fibertel.
El fallo del juez Silvio Sagarra está basado en que la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de los servicios de Fibertel, “afecta la competencia en general”.
En respuesta a esta medida judicial, el coordinador de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, Luís Lázzaro consideró, a Política&Medios, que “se invoca el derecho de los usuarios después que se ha monopolizado la prestación del servicio. Y cuando se trata de resolver una situación irregular en lugar de fomentarse la existencia de más operadores, para que se beneficie el usuario con más oferta y diversidad, lo que hace es cristalizar una situación monopólica”.
Para Lázzaro esto “es parte de la trama que hace falta resolver a favor de la pluralidad de opiniones. Esto revela que todavía existen poderes que pretenden moverse al margen de las leyes de la democracia”.
“Lo que pasa que esto no es nuevo, ya que históricamente ha sido una práctica habitual del grupo y de los sectores económicos obtener medidas para no cumplir las legislaciones”, agregó el funcionario.
El coordinador de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual explicó que “se ha dado un grave esquema de violación de la libertad de expresión, como consecuencia de una concentración monopólica defendida por sectores judiciales y con la exclusión de muchos sectores de la sociedad que no podían acceder o participar en medios de comunicación”.
“El interés de los usuarios se protege asegurando posibilidades reales de acceso en condiciones de competencia y diversidad de prestadores. Ese es el legítimo derecho del usuario. Acá en nombre de ellos lo que se hace es favorecer a intereses monopólicos”, puntualizó Lázzaro.
En respuesta a esta medida judicial, el coordinador de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, Luís Lázzaro consideró, a Política&Medios, que “se invoca el derecho de los usuarios después que se ha monopolizado la prestación del servicio. Y cuando se trata de resolver una situación irregular en lugar de fomentarse la existencia de más operadores, para que se beneficie el usuario con más oferta y diversidad, lo que hace es cristalizar una situación monopólica”.
Para Lázzaro esto “es parte de la trama que hace falta resolver a favor de la pluralidad de opiniones. Esto revela que todavía existen poderes que pretenden moverse al margen de las leyes de la democracia”.
“Lo que pasa que esto no es nuevo, ya que históricamente ha sido una práctica habitual del grupo y de los sectores económicos obtener medidas para no cumplir las legislaciones”, agregó el funcionario.
El coordinador de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual explicó que “se ha dado un grave esquema de violación de la libertad de expresión, como consecuencia de una concentración monopólica defendida por sectores judiciales y con la exclusión de muchos sectores de la sociedad que no podían acceder o participar en medios de comunicación”.
“El interés de los usuarios se protege asegurando posibilidades reales de acceso en condiciones de competencia y diversidad de prestadores. Ese es el legítimo derecho del usuario. Acá en nombre de ellos lo que se hace es favorecer a intereses monopólicos”, puntualizó Lázzaro.
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