Lidia Papaleo compareció ante el fiscal Marcelo Molina de La Plata para ser considerada como "testigo protegida" en la causa en la que se investiga el traspaso accionario en la empresa Papel Prensa durante la dictadura.
La viuda de David Graiver (el dueño de la compañía hasta 1976), Lidia Papaleo, realizó esta presentación ante el fiscal federal Rodolfo Marcelo Molina, el mismo que la semana pasada escuchó su relato sobre las circunstancias en las que fue obligada a vender las acciones.
En su testimonio, Papaleo reclamó que "ante las circunstancias que rodearon su declaración y en atención a la pública trascendencia que ha tomado la causa de la que resulta ser víctima y testigo, y por sentir que se encuentra en riesgo su integridad, requiere que se brinde protección en tal calidad".
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, destacó que las pruebas acumuladas sobre la venta de las acciones de Papel Prensa "fortalece la convicción" de que fue efectuada "en el marco del plan sistemático de aplicación del terrorismo de Estado por parte de la dictadura cívico-militar".
En un comunicado oficial, Duhalde sostuvo que la documentación "fortalece la convicción expresada por el juez federal Daniel Rafecas" quien se declarara incompetente, "en cuanto a que la maniobra dolosa de apropiación de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón, en 1976, se hizo en el marco del plan sistemático de aplicación del terrorismo de Estado por parte de la Dictadura Cívico Militar".
"Las argumentaciones actuales de los coautores de aquellos delitos de lesa humanidad son pueriles y de ningún modo enervan su participación criminal, donde se conjugan coacciones agravadas, secuestros, torturas y homicidio, junto a privaciones ilegales de la libertad", recordó.
Y añadió que esos delitos fueron cometidos "mediante la actuación de una asociación ilícita calificada, dirigida por los miembros de la primera Junta Militar e integrada por otros funcionarios del gobierno de facto y sus cómplices civiles".
Duhalde expresó que "es cínica y deplorable la argumentación de los corifeos políticos del monopolio de prensa, preguntándose ¿por qué investigar ahora?, cuando saben bien que el Fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, denunció a la Justicia el carácter criminal de la maniobra en 1985".
El secretario de Derechos Humanos informó que de acuerdo con el artículo 1 del decreto 1210/10, "se encuentra abocado, junto al Subsecretario Luis Alén y los miembros de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, al análisis riguroso de las conclusiones del informe oficial sobre Papel Prensa".
Por lo que señaló también que a las 27 mil fojas de documentación "se suman otras recolectadas por la Secretaría a su cargo" y que en pocos días más será presentado el escrito como querellantes "ante el juez competente".
Y aclaró que la Secretaría de Derechos Humanos "ya es querellante en la causa por los delitos cometidos contra integrantes del grupo Graiver en los centros clandestinos de detención del circuito Camps, donde como desprendimiento de la misma también tramita la denuncia que presentara en abril relativa a Papel Prensa S.A., ante el Juzgado Federal 3 de La Plata a cargo del juez Arnaldo Corazza".
El Secretario indicó que las actuaciones que se emprendan se coordinarán con las presentaciones que efectúe el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, conforme las instrucciones que le impartiera la Jefa de Estado en el artículo 2º del mencionado Decreto 1210/10.
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