Jorge Anzorreguy y Horacio Silva fueron denunciados ante la justicia penal por el presunto delito de "prevaricato" a raíz de su actuación en la causa que investiga si los hijos adoptivos de la directora de Clarín fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar.
El caso Noble tiene un nuevo capítulo con la denuncia que recibieron Jorge Anzorreguy y Horacio Silva, los abogados de Ernestina Herrera, de parte de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que cumple una orden dada por la Cámara Federal de San Martín.
En la resolución firmada ayer, la magistrada que reemplazó a Conrado Bergesio en la causa Noble acusó a los dos letrados por el supuesto delito de "prevaricato" por defender al mismo tiempo a una imputada, Herrera de Noble, y a las posibles victimas, sus hijos adoptivos, Felipe y Marcela.
La situación había sido advertida por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, en su planteo ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Esto fue cuando los hermanos Noble intentaron frenar un examen en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand para comparar su sangre y otras muestras con las de familiares de víctimas de la dictadura.
Entonces Casación rechazó el recurso de Felipe y Marcela por "inadmisible" y poco después la Cámara Federal de San Martín apartó del caso al juez federal de San Isidro Conrado Bergesio que fue reemplazado por Arroyo Salgado.
La denuncia contra los abogados de Ernestina se enmarca en el artículo 271 del Código Penal y prevé desde multas hasta la inhabilitación para ejercer la profesión.
Queda pendiente para investigar a la justicia penal de San Isidro si ambos letrados incurrieron en la "representación de intereses contrapuestos" al patrocinar alternativamente a una imputada y sus posibles victimas.
Por hallarse de turno, la causa recayó en el juzgado de Conrado Bergesio, aunque Arroyo Salgado considero en su escrito que este magistrado no debería tomar el caso, luego de ser apartado de la causa Noble por la Cámara Federal de San Martín.
A una semana de hacerse cargo del caso, Arroyo Salgado tiene pendiente ordenar los estudios de ADN en el Durand sobre las muestras de los hermanos Noble. Esta decisión dependerá de la resolución que tenga en Casación Penal un recurso de queja presentado por la defensa de los hermanos con intención de llegar con el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sala III del máximo tribunal penal del país quedó hoy en condiciones de comenzar a analizar este planteo, ya que vencieron los plazos para la contestación del mismo por parte de los querellantes.
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