Lo decidió el Consejo General del Poder Judicial después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, abriera juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional por presunta prevaricación al indagar las desapariciones durante la dictadura de Franco.
El prestigioso juez español Baltazar Garzón abandonó la Audiencia Nacional llorando y entre aplausos de compañeros y simpatizantes. Esto sucedió luego que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera por unanimidad, en Pleno extraordinario, suspenderlo por el juicio oral que tiene en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo.
El Consejo actuó contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó que la decisión fue adoptada por unanimidad de los 17 vocales y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar. En el Pleno no han participado el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles, quienes se apartaron voluntariamente tras ser recusados por el magistrado de la Audiencia Nacional.
La convocatoria de Pleno extraordinario fue forzada por siete de los vocales de este órgano (Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gema Gallego y Antonio Montserrat), todos ellos designados a propuesta del PP e integrantes del denominado sector conservador del Consejo.
La suspensión se produce una vez el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela acusara a Garzón, que acumula además otras dos querellas admitidas a trámite en el alto tribunal, por sus cobros de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco de Santander y por intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama ’Gürtel’ con sus abogados en prisión.
El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, convocó una reunión de la Comisión Permanente para estudiar si, pese a la suspensión cautelar que se acaba de acordar, se puede conceder al juez la situación de servicios especiales para marcharse a La Haya, como había solicitado el magistrado para colaborar con el Tribunal Penal Internacional.
En principio, esta es una circunstancia aplicable sólo a jueces y magistrados que se encuentren en servicio. Así, si quisiera incorporarse a la Fiscalía del TPI, debería solicitar una excedencia, una compatibilidad o apartarse definitivamente de la carrera judicial.
1 comentario:
BALTASAR GARZÓN Y CAIXA DE CATALUNYA.
Rafael del Barco Carreras
Con razón están todos tan indignados con el cese de Baltasar Garzón, y son tan amorales que se parapetan tras los muertos del franquismo…
Cepsa entrega a la Audiencia la carta en la que Garzón le pide dinero. Publica El Confidencial 26-05-10: En la misiva, -al igual que hizo con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín- el juez se dirige al entonces presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio con un "Estimado Carlos". Tras detallar algunos detalle sobre las conferencias, añade que "espero que al igual que lo han hecho otras entidades, como BBVA, Caixa Cataluña y Endesa, puedas contribuir a la iniciativa". El presupuesto que pedía Garzón rondaba los 1.230.000 de dólares, incluidos 75.000 destinados al sueldo del director project, de los que Cepsa entregó 100.000 dólares a las pocas semanas de recibir la petición.
CAIXA DE CATALUNYA.
Los socialistas de Narcís Serra también subvencionaron a Garzón. No podía ser menos, un sumario pudiera ser archivado, caso Botín, o instruido con lagunas, caso Pretoria. Narcís y los suyos tienen experiencia en jueces maleables, por ejemplo, varios del caso Consorcio de Zona Franca de Barcelona, hace exactos 30 años. Que pertenecieran los dos al Gobierno González quizá no les uniera suficiente, los muertos del GAL crearon antagonismos. Garzón pretendió ser ministro cuando Narcís fue vicepresidente. El dinero lo arregla todo.
Ayer la tele oficial catalana, ante las nuevas noticias sobre el caso Pretoria, insistía en la versión inicial pero ampliando las ganancias del socialista Lluís García Sáez “El Bigotis” con Bertomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma, 8.000.000 de euros. Los socialistas rechazan una comisión de investigación pedida por Artur Más en el Parlament, y admiten una por el caso Félix Millet, Palau de la Música. Selectivos.
No me dejan enterrar sus comienzos, 1980, me refiero a los de Narcís y los suyos, que a cuenta de mi cárcel succionaban millones a Javier de la Rosa, verdadero culpable. Y repito, lo de los cursos y conferencias, no lo inventó Garzón. Juan Piqué Vidal lo utilizó con el colega de Garzón en la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, que dictó no encontrar delitos en el caso KIO contra Javier de la Rosa. Un traslado de Juzgado, prevaricar sale gratis.
En el caso Pretoria, Garzón encarcela al cerebro (traducir por el correveidile y reparte sobres o maletines) “El Bigotis” que recibió 1.500.000 de PROCAM, CAIXA DE CATALUNYA, y se olvida de los ejecutivos que se los pagaron, y ni comentar sobre Narcís Serra, el capo socialista en Barcelona.
Hay más olvidos. Las grabaciones de la Guardia Civil. Se publica esta semana en La Vanguardia (ver en imágenes de www.lagrancorrupcion.blogspot.com) que se registraron conversaciones de los acusados Lluís Prenafeta y Maciá Alavedra con el entorno de Montilla, consellers Antonio Castell (Economía) y Joaquín Nadal (Política Territorial), hermano del hasta hace poco director de El Periódico, gran defensor de Garzón. Montilla y sus consellers, en definitiva quienes recalificarían o aprobarían lo recalificado por el Ayuntamiento de Santa Coloma, Badalona (1.000.000 € por el puerto), y los demás.
Es una pena que La Vanguardia no informara hace 30 años en el caso Consorcio de la Zona Franca de Barcelona como lo hace ahora con el caso Pretoria. La amistad y vecindad de los Godó con los De la Rosa, añadidas a la masiva publicidad a toda página y los créditos del Banco Garriga Nogués, le impidieron publicar la verdad, ni siquiera publicar mis declaraciones al juzgado con pruebas irrefutables que se derivaban de la propia documentación aportada por el Consorcio.
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