El máximo tribunal giró este miércoles a la Procuración General de la Nación la causa en la que la Justicia Federal de Mendoza suspendió, mediante una medida cautelar, la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde el Gobierno se mostraron "muy satisfechos" por la decisión.
La Corte Suprema aceptó tramitar el "recurso extraordinario" presentado por el Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, contra un fallo de la justicia mendocina que suspendió la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El procurador general, Esteban Righi, deberá emitir ahora dictamen con relación al recurso presentado por el Estado contra el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que, en marzo último, confirmó aquella medida cautelar.
Al llegar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la Corte Suprema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática realizó una conferencia de prensa y lanzó una vigilia a la espera del pronunciamiento del máximo tribunal.
Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Gabriel Mariotto dijo que "estamos muy satisfechos por el fallo de la Corte porque no solo se ajusta a derecho sino que hace lugar a un recurso interpuesto contra una medida cautelar que lo único que pretendía era seguir ganando tiempo y frenar la ley".
Para el funcionario "durante 26 años los monopolios se negaron a esta ley plural y ahora con la medida de una jueza de Mendoza querian seguir ganando tiempo".
Mariotto explico que "ahora la Corte ha dispuesto el pase de la causa al Procurador General Esteban Righi para que emita su dictamen".
Agregó que "era claro que la medida cautelar de la jueza mendocina (Pura de Arrabal) tenía que ver con las presiones de un gran monopolio mediático que existe en esa provincia".
La medida cautelar había sido pedida por el diputado mendocino Enrique Thomas, del peronismo federal, y fue corroborada por la Cámara Federal de Mendoza, que en cambio aceptó elevar el recurso extraordinario presentado por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a la Corte Suprema.
Da Rocha argumentó que la ley "fue correctamente gestionada, sancionada y promulgada y confió en la decisión de la Corte Suprema de anular la medida cautelar de Arrabal", dejando en firme la aplicación de la ley aunque luego deba resolver sobre otros artículos objetados.
El procurador del Tesoro estimó que Righi "se tomará una semana o 10 días para analizar el recurso y decir lo que tenga que decir; y luego, la Corte, tendrá un tiempo igual. De acá a un mes estaríamos en condiciones de tener resuelta la cuestión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
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