El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que "el fallo del Tribunal de La Haya marcó un punto de inflexión” respecto al reclamo argentino por la posible contaminación de las aguas del Río Uruguay por pastera Botnia y subrayó que “ya no quedan excusas para mantener cortado el puente”. El Procurador General del Tesoro, Joaquín de Rocha, será querellante.
El ministro Julio Alak volvió a cuestionar a los asambleístas e informó que entre hoy y "las primeras horas del lunes", estará presentado el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al Gobierno como "querellante" y se pueda desalojar el corte de Gualeguaychú.
“El Estado argentino ha presentado una querella en la Justicia federal de Concepción del Uruguay para que el juez notifique a los asambleístas que están incurriendo en un delito penal grave”, reafirmó el funcionario en declaraciones radiales.
Tal como lo hizo ayer el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, Alak explicó que “la aceptación de la liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental”.
Por otra parte, el abogado de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Luis Leisa, reclamó "mesura y racionalidad" al Gobierno, luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificara de "capricho" el corte de ruta que ambientalistas mantienen desde noviembre de 2006 en rechazo a Botnia.
El ex intendente de Gualeguaychú sostuvo que la decisión del gobierno de querellar a los ambientalistas es "una medida sin sentido y absolutamente irracional". "Obedece más a un exabrupto que a una decisión consensuada", advirtió.
Según Leisa, debería "haber un acto de mesura y racionalidad" de parte del Gobierno en el tema, porque "con o sin corte, el problema, que es Botnia, subsiste". "Gualeguaychú es la víctima de Botnia", describió.
Da Rocha será querellante. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que faculta al Procurador General del Tesoro, Joaquín de Rocha, para presentarse como querellanete en la causa del corte de ruta que mantienen los asambleístas.
Así lo confirmaron fuentes oficiales y agregaron que la presentación oficial quedará radicada entre hoy y el lunes ante el juzgado de Concepción del Uruguay a cargo de Gustavo Pimentel.
“El Estado argentino ha presentado una querella en la Justicia federal de Concepción del Uruguay para que el juez notifique a los asambleístas que están incurriendo en un delito penal grave”, reafirmó el funcionario en declaraciones radiales.
Tal como lo hizo ayer el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, Alak explicó que “la aceptación de la liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental”.
Por otra parte, el abogado de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Luis Leisa, reclamó "mesura y racionalidad" al Gobierno, luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificara de "capricho" el corte de ruta que ambientalistas mantienen desde noviembre de 2006 en rechazo a Botnia.
El ex intendente de Gualeguaychú sostuvo que la decisión del gobierno de querellar a los ambientalistas es "una medida sin sentido y absolutamente irracional". "Obedece más a un exabrupto que a una decisión consensuada", advirtió.
Según Leisa, debería "haber un acto de mesura y racionalidad" de parte del Gobierno en el tema, porque "con o sin corte, el problema, que es Botnia, subsiste". "Gualeguaychú es la víctima de Botnia", describió.
Da Rocha será querellante. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que faculta al Procurador General del Tesoro, Joaquín de Rocha, para presentarse como querellanete en la causa del corte de ruta que mantienen los asambleístas.
Así lo confirmaron fuentes oficiales y agregaron que la presentación oficial quedará radicada entre hoy y el lunes ante el juzgado de Concepción del Uruguay a cargo de Gustavo Pimentel.
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