Tras el fallo de la Corte Suprema, que ratificó la vigencia de la norma de Comunicación Audiovisual frente a la medida cautelar de Mendoza, P&M consultó a varios especialistas sobre las resoluciones judiciales de otras jurisdicciones que podrían plantear nuevos obstáculos. Opinaron Néstor Busso, Claudio Schifer y Osvaldo Francés. Este último estimó que la reglamentación saldría en unos 45 días.
Este martes la Corte Suprema emitió una sentencia categórica en favor de la ley de Medios, que había sido suspendida por una medida cautelar de la Justicia federal mendocina. Todos los expertos entrevistados por Política&Medios coincidieron en la contundencia del fallo.
“En términos futboleros, para ponernos a tono en este tiempo de Mundial, es un siete a cero, un fallo por unanimidad. Si yo estuviera en el lugar de la jueza de Mendoza (Olga Pura de Arrabal) me daría vergüenza y renunciaría, lo mismo que la Cámara Federal de Mendoza (que había ratificado la medida cautelar de primera instancia). La Corte ha sido muy clara”, aseguró el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA), Néstor Busso.
Osvaldo Francés, presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina (CORAMECO) y de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA), usó una terminología similar para destacar la unanimidad de los jueces del máximo tribunal.
“Con un tribunal supremo independiente como éste, que no está atado a los deseos de los grupos concentrados del poder, el fallo era algo previsible. No sé si todos pensaban que iba a ser tan contundente como un 7 a 0, pero sí se sabía que la decisión mayoritaria de la Corte era la de avalar la democracia, avalar las leyes y avalar el deseo de la sociedad civil que había puesto esta ley en funcionamiento, una ley que salió mayoritariamente votada en las dos cámaras del Congreso”, expresó Francés.
Pero qué pasa ahora con el resto de las cautelares dictadas en otros puntos del país y en qué medida estas objeciones pueden significar nuevas trabas a la aplicación de la norma de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En Salta existe un caso similar al que se planteó en Mendoza, a partir del recurso de amparo del diputado nacional Enrique Thomas, desestimado hoy por la Corte Suprema. Un juez federal de aquella provincia, Miguel Antonio Medina, suspendió la aplicación de la ley, al hacer lugar a un pedido de la legisladora nacional Zulema Beatriz Daher, que denunció “vicios graves e insanables” en la sanción de la norma.
Sin embargo, según explicó el abogado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Claudio Schifer, tras el fallo del máximo tribunal se fija “una doctrina ortodoxa” por lo cual “ahora debería obrar en consecuencia la justicia de Salta y revocar rápidamente el fallo de primera instancia que habilitó el planteo de la diputada Daher”.
En el mismo sentido, se expresó Busso, quien consideró que “teniendo en cuenta que son los mismos argumentos que se plantearon en Mendoza, todo indica que la Cámara en poca horas va a resolver revocando la cautelar del juzgado federal de Salta”.
Por su parte, Francés aseguró que el fallo de la Corte “tira todas las demás cautelares por el piso” y que “a partir de la resolución del máximo tribunal, estamos en condiciones de empezar a aplicar la ley de Medios”.
“La ley está en vigencia, para aplicarla estamos trabajando en su reglamentación. Estimamos que dentro de 45 días la norma va a estar reglamentada, ese sería el último paso para que se aplique. Los organismos que creó la ley, entre ellos el AFSCA y el Consejo Federal, se pusieron en funcionamiento, siguieron y no fueron detenidos por ninguna medida cautelar", adelantó.
Precisamente, el titular de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, dijo hoy que ahora existe “un contexto muy propicio para que la ley pueda aplicarse” y anunció que se abrirá "un soporte para que se pueda discutir la reglamentación".
"Se va a llamar a la elaboración participativa de normas seguramente con un decreto, vamos a evaluarlo bien, va a haber un plazo donde podrán presentarse las propuestas, se analizarán", explicó el funcionario.
Objeciones que no son obstáculos. Las otras medidas cautelares se registran también en Salta, San Juan y Capital Federal, pero en estos casos se cuestionan artículos específicos mediante recursos promovidos por particulares: el Comité de Defensa al Consumidor (Codelco), Jorge Estornel S.A y Otros (vinculado al Grupo Uno de Mendoza) y el Grupo Clarín, respectivamente.
“Estas resoluciones son medidas cautelares cuestionando algunos artículos, el plazo de adecuación de la ley, por ejemplo. Pero eso también va a ser resuelto a su debido tiempo por la Corte, aunque no invalida la aplicación. La ley está y puede ser aplicada en pocos días más”, explicó Busso.
Para Shifer, “cualquier circunstancia judicial que esté en curso se verá respecto al expediente en consecuencia”.
“Habría que analizar en cada caso particular quiénes son los destinatarios de los amparos. Por ejemplo, el del artículo 161 es únicamente para Clarín en Capital, y en el caso Codelco también habría que ver quién es el destinatario o en qué ámbito se ha determinado. Son todos fallos provisorios, ninguno está firme”, explicó el letrado.
Por último, Francés sostuvo que estos planteos no impedirán la aplicación de la norma, aunque advirtió que “los grupos monopólicos van a seguir poniendo palos en la rueda, sobre todo frente a los artículos que mayores preocupaciones les genera, como el de la famosa desinversión”.
“En términos futboleros, para ponernos a tono en este tiempo de Mundial, es un siete a cero, un fallo por unanimidad. Si yo estuviera en el lugar de la jueza de Mendoza (Olga Pura de Arrabal) me daría vergüenza y renunciaría, lo mismo que la Cámara Federal de Mendoza (que había ratificado la medida cautelar de primera instancia). La Corte ha sido muy clara”, aseguró el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA), Néstor Busso.
Osvaldo Francés, presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina (CORAMECO) y de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA), usó una terminología similar para destacar la unanimidad de los jueces del máximo tribunal.
“Con un tribunal supremo independiente como éste, que no está atado a los deseos de los grupos concentrados del poder, el fallo era algo previsible. No sé si todos pensaban que iba a ser tan contundente como un 7 a 0, pero sí se sabía que la decisión mayoritaria de la Corte era la de avalar la democracia, avalar las leyes y avalar el deseo de la sociedad civil que había puesto esta ley en funcionamiento, una ley que salió mayoritariamente votada en las dos cámaras del Congreso”, expresó Francés.
Pero qué pasa ahora con el resto de las cautelares dictadas en otros puntos del país y en qué medida estas objeciones pueden significar nuevas trabas a la aplicación de la norma de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En Salta existe un caso similar al que se planteó en Mendoza, a partir del recurso de amparo del diputado nacional Enrique Thomas, desestimado hoy por la Corte Suprema. Un juez federal de aquella provincia, Miguel Antonio Medina, suspendió la aplicación de la ley, al hacer lugar a un pedido de la legisladora nacional Zulema Beatriz Daher, que denunció “vicios graves e insanables” en la sanción de la norma.
Sin embargo, según explicó el abogado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Claudio Schifer, tras el fallo del máximo tribunal se fija “una doctrina ortodoxa” por lo cual “ahora debería obrar en consecuencia la justicia de Salta y revocar rápidamente el fallo de primera instancia que habilitó el planteo de la diputada Daher”.
En el mismo sentido, se expresó Busso, quien consideró que “teniendo en cuenta que son los mismos argumentos que se plantearon en Mendoza, todo indica que la Cámara en poca horas va a resolver revocando la cautelar del juzgado federal de Salta”.
Por su parte, Francés aseguró que el fallo de la Corte “tira todas las demás cautelares por el piso” y que “a partir de la resolución del máximo tribunal, estamos en condiciones de empezar a aplicar la ley de Medios”.
“La ley está en vigencia, para aplicarla estamos trabajando en su reglamentación. Estimamos que dentro de 45 días la norma va a estar reglamentada, ese sería el último paso para que se aplique. Los organismos que creó la ley, entre ellos el AFSCA y el Consejo Federal, se pusieron en funcionamiento, siguieron y no fueron detenidos por ninguna medida cautelar", adelantó.
Precisamente, el titular de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, dijo hoy que ahora existe “un contexto muy propicio para que la ley pueda aplicarse” y anunció que se abrirá "un soporte para que se pueda discutir la reglamentación".
"Se va a llamar a la elaboración participativa de normas seguramente con un decreto, vamos a evaluarlo bien, va a haber un plazo donde podrán presentarse las propuestas, se analizarán", explicó el funcionario.
Objeciones que no son obstáculos. Las otras medidas cautelares se registran también en Salta, San Juan y Capital Federal, pero en estos casos se cuestionan artículos específicos mediante recursos promovidos por particulares: el Comité de Defensa al Consumidor (Codelco), Jorge Estornel S.A y Otros (vinculado al Grupo Uno de Mendoza) y el Grupo Clarín, respectivamente.
“Estas resoluciones son medidas cautelares cuestionando algunos artículos, el plazo de adecuación de la ley, por ejemplo. Pero eso también va a ser resuelto a su debido tiempo por la Corte, aunque no invalida la aplicación. La ley está y puede ser aplicada en pocos días más”, explicó Busso.
Para Shifer, “cualquier circunstancia judicial que esté en curso se verá respecto al expediente en consecuencia”.
“Habría que analizar en cada caso particular quiénes son los destinatarios de los amparos. Por ejemplo, el del artículo 161 es únicamente para Clarín en Capital, y en el caso Codelco también habría que ver quién es el destinatario o en qué ámbito se ha determinado. Son todos fallos provisorios, ninguno está firme”, explicó el letrado.
Por último, Francés sostuvo que estos planteos no impedirán la aplicación de la norma, aunque advirtió que “los grupos monopólicos van a seguir poniendo palos en la rueda, sobre todo frente a los artículos que mayores preocupaciones les genera, como el de la famosa desinversión”.
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