El macrismo busca que más de cien espacios sean cedidos por 20 años para instalar bares, restoranes, locales comerciales y playas de estacionamiento. En contrapartida, un proyecto del diputado Claudio Palmeyro, quien dialogó con P&M, plantea garantías de permanencia para las asociaciones sin fines de lucro que ocupan los predios.
La iniciativa del PRO para privatizar los predios que se encuentran bajo las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y 9 de Julio Sur fue presentado por el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, y el presidente del bloque oficialista, Cristian Ritondo, y ya estuvo en la agenda legislativa en 2008 y 2009.
El proyecto no fija una regulación clara, dejando las concesiones al arbitrio del Ejecutivo porteño, a través de licitaciones y subastas por un plazo de hasta 20 años.
Pero ésta no es la única propuesta presentada. Uno de los proyectos del diputado Claudio Palmeyro contempla un régimen de repartición estipulado en un 40 por ciento para asociaciones sin fines de lucro, un 40 para emprendimientos privados y un 20 para políticas de Estado con concesiones por diez años, prorrogables por otro plazo igual.
En la Constitución de la Ciudad se pide gran consenso para los permisos de uso por más de cinco años sobre inmuebles del Estado porteño. En el artículo 82 se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos del total de los miembros de la Legislatura (40 votos). También, el artículo 89 dice que la Legislatura debe aprobarlo dos veces y promover una audiencia pública para que los vecinos puedan presentar sus reclamos y observaciones.
“Yo tengo dos proyectos: uno que confronta el de Moscariello, que es una visión integral de lo que son los bajo autopista, y después hay otro que presenté para propiciar el uso gratuito para las instituciones que llevan adelante un trabajo social, cultural o deportivo y que vienen con antecedentes en esos espacios”, explicó Palmeyro a Política&Medios.
Sobre la iniciativa del PRO, el legislador peronista aseguró que significaría “darle al Ejecutivo una facultad para que después decidan qué se va a hacer en cada lugar. Por eso, presentamos una iniciativa que garantice que en un porcentaje de los bajo autopista se puedan desarrollar actividades con entidades sin fines de lucro, es decir organizaciones sociales o gremiales”.
Para Palmeyro es fundamental buscar una protección para las instituciones y que el porcentaje que se fije se respete también en las comunas, tanto para las asociaciones que funcionan hoy en esos predios como las que pueden existir en un futuro, porque está claro que en una licitación no podrían competir en igualdad de condiciones frente a un emprendimiento privado de desarrollo comercial.
“Nosotros lo que queremos es garantizar la participación de los vecinos a través de las asociaciones y el uso del bajo autopista básicamente en función de todos los servicios sociales que tienen que ver con el deporte, la cultura.... Si no podemos garantizar eso a través de la ley, difícilmente una de estas asociaciones pueda acceder a una predio compitiendo en una subasta”, subrayó.
Sin embargo, hay otro costado que preocupa al diputado porteño y que tiene que ver con eventuales situaciones de inseguridad en los espacios mal administrados: “Hay que tratar de tener una política integral que garantice su uso, lo que implica algunas condiciones mínimas como iluminación, arreglos de veredas, la vinculación del predio y el barrio”.
Tanto el proyecto de Ritondo y Moscariello como los de Palmeyro crean una comisión de seguimiento en la Legislatura de las licitaciones, aunque la idea del integrante del bloque peronista “es que una vez constituidas las comunas este análisis también deba ser considerado por los comuneros y así que sean los vecinos, a través de sus representantes más directos, los que determinen entre varias alternativas, cuál es la iniciativa más apropiada para el barrio, ya sea un emprendimiento comercial o una asociación sin fines de lucro”.
El proyecto no fija una regulación clara, dejando las concesiones al arbitrio del Ejecutivo porteño, a través de licitaciones y subastas por un plazo de hasta 20 años.
Pero ésta no es la única propuesta presentada. Uno de los proyectos del diputado Claudio Palmeyro contempla un régimen de repartición estipulado en un 40 por ciento para asociaciones sin fines de lucro, un 40 para emprendimientos privados y un 20 para políticas de Estado con concesiones por diez años, prorrogables por otro plazo igual.
En la Constitución de la Ciudad se pide gran consenso para los permisos de uso por más de cinco años sobre inmuebles del Estado porteño. En el artículo 82 se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos del total de los miembros de la Legislatura (40 votos). También, el artículo 89 dice que la Legislatura debe aprobarlo dos veces y promover una audiencia pública para que los vecinos puedan presentar sus reclamos y observaciones.
“Yo tengo dos proyectos: uno que confronta el de Moscariello, que es una visión integral de lo que son los bajo autopista, y después hay otro que presenté para propiciar el uso gratuito para las instituciones que llevan adelante un trabajo social, cultural o deportivo y que vienen con antecedentes en esos espacios”, explicó Palmeyro a Política&Medios.
Sobre la iniciativa del PRO, el legislador peronista aseguró que significaría “darle al Ejecutivo una facultad para que después decidan qué se va a hacer en cada lugar. Por eso, presentamos una iniciativa que garantice que en un porcentaje de los bajo autopista se puedan desarrollar actividades con entidades sin fines de lucro, es decir organizaciones sociales o gremiales”.
Para Palmeyro es fundamental buscar una protección para las instituciones y que el porcentaje que se fije se respete también en las comunas, tanto para las asociaciones que funcionan hoy en esos predios como las que pueden existir en un futuro, porque está claro que en una licitación no podrían competir en igualdad de condiciones frente a un emprendimiento privado de desarrollo comercial.
“Nosotros lo que queremos es garantizar la participación de los vecinos a través de las asociaciones y el uso del bajo autopista básicamente en función de todos los servicios sociales que tienen que ver con el deporte, la cultura.... Si no podemos garantizar eso a través de la ley, difícilmente una de estas asociaciones pueda acceder a una predio compitiendo en una subasta”, subrayó.
Sin embargo, hay otro costado que preocupa al diputado porteño y que tiene que ver con eventuales situaciones de inseguridad en los espacios mal administrados: “Hay que tratar de tener una política integral que garantice su uso, lo que implica algunas condiciones mínimas como iluminación, arreglos de veredas, la vinculación del predio y el barrio”.
Tanto el proyecto de Ritondo y Moscariello como los de Palmeyro crean una comisión de seguimiento en la Legislatura de las licitaciones, aunque la idea del integrante del bloque peronista “es que una vez constituidas las comunas este análisis también deba ser considerado por los comuneros y así que sean los vecinos, a través de sus representantes más directos, los que determinen entre varias alternativas, cuál es la iniciativa más apropiada para el barrio, ya sea un emprendimiento comercial o una asociación sin fines de lucro”.
Roberto Koira
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