Ana Angelini, abogada de la Asamblea de Gualeguaychú, confirmó que el miércoles en una “reunión más ampliada” se elevará la moción de “levantar el corte de ruta por dos meses para ver si Uruguay está dispuesta a monitorear la planta de Botnia”. “Queremos correr este impedimento así no hay excusas", recalcó.
La letrada Ana Angelini aseguró que "es una decisión acertada levantar el corte por dos meses" y explicó que fue ella la que pidió "el cuarto intemedio hasta el miércoles para evaluar la situación".
La abogada señaló que "no llama la atención" que haya aparecido este tipo de propuestas ya que "siempre existieron posiciones extremadas y moderadas".
Aunque afirmó que "este tipo de propuestas deben ser evaluadas en una asamblea más ampliada" y por eso "se decidió llevarlo para la asamblea del día miércoles".
Por su parte, el Gobierno oficializó el decreto que ratifica la presentación del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, como querellante en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú que cortan desde hace más de tres años la ruta que conecta con la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Mediante el decreto 828/2010, firmado el viernes por la presienta Cristina Fernández de Kirchner, pero publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avaló la denuncia gubernamental efectuada por el procurador del Tesoro en la causa número 57.839.
Allí se fundamenta que "en la mencionada causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú-Fray Bentos, como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya".
Y agrega que la causa `Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta` (Expediente Nº 56.200) se encuentra "en trámite" ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel (juez subrogante).
El Gobierno entiende que "la ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".
Además se explica que el fallo del 20 de abril de este año por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya "resolvió que la República Oriental del Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe, establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975".
Sin embargo, añadió que lo hizo "sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de fabricación de pasta de celulosa, disponiendo que ambos países debían monitorear en forma conjunta el funcionamiento de la misma".
"Corresponde -continúa el texto del decreto- garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos".
Y aclara que el corte que los asambleístas realizan desde noviembre de 2006 en la ruta 136 involucra ilícitos referentes a "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito".
"En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable", añade.
El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak.
La abogada señaló que "no llama la atención" que haya aparecido este tipo de propuestas ya que "siempre existieron posiciones extremadas y moderadas".
Aunque afirmó que "este tipo de propuestas deben ser evaluadas en una asamblea más ampliada" y por eso "se decidió llevarlo para la asamblea del día miércoles".
Por su parte, el Gobierno oficializó el decreto que ratifica la presentación del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, como querellante en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú que cortan desde hace más de tres años la ruta que conecta con la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Mediante el decreto 828/2010, firmado el viernes por la presienta Cristina Fernández de Kirchner, pero publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avaló la denuncia gubernamental efectuada por el procurador del Tesoro en la causa número 57.839.
Allí se fundamenta que "en la mencionada causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú-Fray Bentos, como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya".
Y agrega que la causa `Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta` (Expediente Nº 56.200) se encuentra "en trámite" ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel (juez subrogante).
El Gobierno entiende que "la ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".
Además se explica que el fallo del 20 de abril de este año por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya "resolvió que la República Oriental del Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe, establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975".
Sin embargo, añadió que lo hizo "sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de fabricación de pasta de celulosa, disponiendo que ambos países debían monitorear en forma conjunta el funcionamiento de la misma".
"Corresponde -continúa el texto del decreto- garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos".
Y aclara que el corte que los asambleístas realizan desde noviembre de 2006 en la ruta 136 involucra ilícitos referentes a "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito".
"En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable", añade.
El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak.
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