El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó un recurso contra la medida cautelar que suspendió la denominada “cláusula de desinversión” de la nueva normativa. La demanda había sido presentada por el Grupo Clarín. Por el tema P&M consultó al abogado Claudio Schifer, miembro del directorio de la Autoridad Federal de Comunicación, quien además se refirió a las acusaciones de la legisladora radical.
La Procuración del Tesoro de la Nación pidió que la Corte Suprema de Justicia levante la medida cautelar que suspendió la aplicación al Grupo Clarín S.A. de la denominada "cláusula de desinversión" de la ley de medios, ya que se priorizaron los intereses de un grupo por encima de los de toda la sociedad.
El procurador Joaquín Da Rocha destacó la "gravedad institucional" de la resolución de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial que, el 14 de mayo pasado, confirmó el fallo de primera instancia que suspendió el artículo 161 de la ley, que establece el plazo máximo de un año para que los titulares de licencias vigentes al momento de sanción de la norma se sujeten a las disposiciones de la misma.
La ley de medios contempla "derechos de orden público, que afectan a toda la sociedad, porque tienen que ver con la libertad de expresión", explicó Da Rocha y agregó que con la vigencia de esta reglamentación "cualquier ciudadano puede expresarse por medios públicos".
Desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el abogado Claudio Schifer, le advirtió a P&M que “acá la respuesta legal es la importante, no hay respuestas políticas. Los cuestionamientos se pueden dar en si estás de acuerdo o no sobre un artículo, pero no sobre la aplicación de una ley”.
El fallo de primera instancia, dictado por el juez Edmundo Carbone había suspendido la aplicación de los artículos 41 (transferencia de licencias) y 161 (cláusula de desinversión) de la nueva norma.
“Este es un tema vinculado exclusivamente al grupo Clarín, que fue el que inició la acción primero tratando de suspender el trámite parlamentario, no lo logró y después consiguió más adelante la desaprobación de la ley. La Cámara revoca lo correspondiente al 41, dejando firme para Clarín la cautelar en lo que respecta al 161”, relató Schifer.
Los camaristas María Najurieta y Francisco de las Carreras evaluaron que mientras el artículo 41 de la ley impide la libre disposición de las licencias y autorizaciones, estableciendo excepciones que requieren previa autorización, el artículo 161 obliga a los titulares de medios a realizar transferencias dentro del plazo de un año, bajo apercibimiento de sanciones.
La causa llegaría ahora a la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado sobre otra medida cautelar, en este caso de la Cámara Federal de Mendoza, que mantiene suspendida la totalidad de la ley por presuntas irregularidades en el tratamiento parlamentario.
“Esperamos que el máximo tribunal racionalmente disponga la revocación del fallo de Mendoza para que se complete todo el proceso de democratización audiovisual”, se esperanzó el abogado al considerar que “nadie puede entender que se suspenda la aplicación de una ley porque un diputado haga un planteo en una jurisdicción provincial”.
De esta forma, Schifer objetó el recurso del diputado peronista Enrique Thomas, que fue aceptado por la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal y ratificado luego por la Cámara Federal de esa provincia
Giudici retoma la pulseada. La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, una de las principales defensoras de los intereses monopólicos durante los debates parlamentarios de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consideró ahora que el Gobierno presiona a Corte Suprema para que tome una decisión sobre la aplicación de la norma aprobada en octubre del año pasado.
“Es patético que los funcionarios responsables del proceso de sanción de la ley con contenido inconstitucional, presionen a la Corte Suprema”, dijo la legisladora radical y consideró que la norma “seguirá suspendida, aun cuando la Corte revierta la medida cautelar de la Cámara mendocina, porque otros cuatro fallos mantienen la suspensión”.
“El responsable del COMFER, con absoluta intencionalidad, incluyó en la Ley artículos inconstitucionales. Si la Ley esta suspendida por la justicia, es por su propia irresponsabilidad, al proponer la sanción de una Ley de manera irregular” señaló.
A modo de respuesta, Schifer se preguntó: “Cómo va a ser el COMFER el que incluya artículos inconstitucionales si esto es una ley. La Autoridad de Comunicación Audiovisual lo único que puede hacer es aplicar la ley y tratar de hacerlo de la mejor forma, pero nosotros no somos quienes hemos sancionado la ley. No entiendo qué artículo podemos incluir, esto fue votado por el Congreso”.
“Como abogado siento que se mezclan y confunden las cosas”, agregó el miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por su parte, Luis Lazzaro, coordinador general del órgano de aplicación, se refirió escuetamente en P&M a lo expresado por la diputada radical. “No hay ninguna declaración de inconstitucionalidad de la ley, no puede estar hablando de esto Giudici”, enfatizó.
El procurador Joaquín Da Rocha destacó la "gravedad institucional" de la resolución de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial que, el 14 de mayo pasado, confirmó el fallo de primera instancia que suspendió el artículo 161 de la ley, que establece el plazo máximo de un año para que los titulares de licencias vigentes al momento de sanción de la norma se sujeten a las disposiciones de la misma.
La ley de medios contempla "derechos de orden público, que afectan a toda la sociedad, porque tienen que ver con la libertad de expresión", explicó Da Rocha y agregó que con la vigencia de esta reglamentación "cualquier ciudadano puede expresarse por medios públicos".
Desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el abogado Claudio Schifer, le advirtió a P&M que “acá la respuesta legal es la importante, no hay respuestas políticas. Los cuestionamientos se pueden dar en si estás de acuerdo o no sobre un artículo, pero no sobre la aplicación de una ley”.
El fallo de primera instancia, dictado por el juez Edmundo Carbone había suspendido la aplicación de los artículos 41 (transferencia de licencias) y 161 (cláusula de desinversión) de la nueva norma.
“Este es un tema vinculado exclusivamente al grupo Clarín, que fue el que inició la acción primero tratando de suspender el trámite parlamentario, no lo logró y después consiguió más adelante la desaprobación de la ley. La Cámara revoca lo correspondiente al 41, dejando firme para Clarín la cautelar en lo que respecta al 161”, relató Schifer.
Los camaristas María Najurieta y Francisco de las Carreras evaluaron que mientras el artículo 41 de la ley impide la libre disposición de las licencias y autorizaciones, estableciendo excepciones que requieren previa autorización, el artículo 161 obliga a los titulares de medios a realizar transferencias dentro del plazo de un año, bajo apercibimiento de sanciones.
La causa llegaría ahora a la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado sobre otra medida cautelar, en este caso de la Cámara Federal de Mendoza, que mantiene suspendida la totalidad de la ley por presuntas irregularidades en el tratamiento parlamentario.
“Esperamos que el máximo tribunal racionalmente disponga la revocación del fallo de Mendoza para que se complete todo el proceso de democratización audiovisual”, se esperanzó el abogado al considerar que “nadie puede entender que se suspenda la aplicación de una ley porque un diputado haga un planteo en una jurisdicción provincial”.
De esta forma, Schifer objetó el recurso del diputado peronista Enrique Thomas, que fue aceptado por la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal y ratificado luego por la Cámara Federal de esa provincia
Giudici retoma la pulseada. La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, una de las principales defensoras de los intereses monopólicos durante los debates parlamentarios de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consideró ahora que el Gobierno presiona a Corte Suprema para que tome una decisión sobre la aplicación de la norma aprobada en octubre del año pasado.
“Es patético que los funcionarios responsables del proceso de sanción de la ley con contenido inconstitucional, presionen a la Corte Suprema”, dijo la legisladora radical y consideró que la norma “seguirá suspendida, aun cuando la Corte revierta la medida cautelar de la Cámara mendocina, porque otros cuatro fallos mantienen la suspensión”.
“El responsable del COMFER, con absoluta intencionalidad, incluyó en la Ley artículos inconstitucionales. Si la Ley esta suspendida por la justicia, es por su propia irresponsabilidad, al proponer la sanción de una Ley de manera irregular” señaló.
A modo de respuesta, Schifer se preguntó: “Cómo va a ser el COMFER el que incluya artículos inconstitucionales si esto es una ley. La Autoridad de Comunicación Audiovisual lo único que puede hacer es aplicar la ley y tratar de hacerlo de la mejor forma, pero nosotros no somos quienes hemos sancionado la ley. No entiendo qué artículo podemos incluir, esto fue votado por el Congreso”.
“Como abogado siento que se mezclan y confunden las cosas”, agregó el miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por su parte, Luis Lazzaro, coordinador general del órgano de aplicación, se refirió escuetamente en P&M a lo expresado por la diputada radical. “No hay ninguna declaración de inconstitucionalidad de la ley, no puede estar hablando de esto Giudici”, enfatizó.
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