“El video de Felipe y Marcela es el último manotazo de ahogado de Ernestina Noble”

En diálogo con P&M el abogado querellante Pablo Llonto se refirió a la grabación que desde ayer repiten constantemente los canales televisivos del Grupo Clarín, donde los hijos adoptivos de la dueña del multimedio vinculan la causa que investiga sus identidades con una una supuesta persecución del Gobierno nacional.

En una marcada estrategia mediática para correr el foco de atención, Felipe y Marcela Noble apuntaron contra la Casa Rosada en relación con la causa que busca determinar si fueron apropiados por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, durante la dictadura.

Los dos jóvenes pronunciaron frente a las cámaras un texto muy similar a la solicitada que se publicó ayer en los principales medios gráficos nacionales, donde dicen que "ante tantas falsedades, queremos contarles nuestra verdad”.

“Nos terminó de convencer un mensaje de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) donde hablaba de nosotros sin nombrarnos. Desde ese momento, nos sentimos con miedo, angustiados, perseguidos", sostuvieron.

El video fue dado a conocer ayer, horas después de la publicación de la solicitada, y desde entonces no ha dejado de repetirse por el canal Todo Noticias (TN) y otros medios televisivos del Grupo.

A Pablo Llonto, abogado querellante en la causa, este accionar le causó indignación: “Es una vergüenza que los usen a los chicos para intentar sostener 6 o 7 mentiras que tiene la solicitada y la declaración que hicieron en el video, que es lo mismo”.

“Esto marca la desesperación de los abogados del Grupo Clarín. El video de Felipe y Marcela es el último manotazo de ahogado de Ernestina (Noble)”, agregó el letrado, en lo que consideró como un intento por “sensibilizar a algún sector de la gente y sobre todo influenciar y presionar a los jueces”.

“Hay mentiras como cuando dicen que no hay ningún indicio de que sean hijos de desaparecidos. Hace 7 años, el domingo 12 de enero del 2003, Ernestina publicó una carta de lectores firmada por ella en Clarín. En el tercer párrafo de esa carta dice: ‘muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos sean hijos de víctimas de la represión’. Lo digo textual porque lo sé de memoria de tanto leerlo y repetirlo”, señaló el abogado a P&M.

“Esto está publicado en Clarín y agregado en la causa hace tiempo. Es uno de los indicios más fuerte que hay de nuestras sospechas, ya que la propia Ernestina admitió haber hablado eso con sus hijos antes del 2003, es decir antes de los Kirchner”, agregó.

Para Llonto la campaña mediática de Clarín deja en evidencia que esta todo preparado de antemano, ya que “ahora les hacen firmar (a Felipe y Marcela) un texto redactado por los estudios jurídicos para que mientan”.

Consultado sobre los análisis de ADN que ordenó la Justicia, el abogado explicó que “todo indica que de un momento a otro deberán hacerlos” en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del hospital Durand, a pesar de la marcada dilación del caso.

“Interpusieron un recurso para ir a la Corte Suprema y ahora la Cámara de Casación tiene que resolver si se los concede. Si la cámara les rechaza esta instancia, tienen que hacerse los estudios si o si”, detalló Llonto sobre la marcha de la causa judicial.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, consideró que fue una "arbitraria descalificación" contra el BNDG la que realizaron Marcela y Felipe Noble Herrera en la solicitada de ayer.

"El Banco Nacional de Datos Genéticos es una institución prestigiosa a nivel mundial, cuyas pericias científicas ha permitido resolver delitos, filiaciones y restituir la identidad e historia individual a numerosas personas y familias", explicó el funcionario en un comunicado.

Para Duhalde en esa solicitada “cuestionan, entre otras cosas, la seguridad e imparcialidad de los exámenes que de acuerdo con la ley deben realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos”.

El BNDG fue creado en virtud de la ley 23.511 sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de mayo de 1987 con la finalidad de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en materia de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos.

"En virtud de los principios de legalidad e igualdad ante la ley y de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación y la ley del BNDG, en todos los casos en los que se investigan delitos de lesa humanidad relacionados con la desaparición de niños y niñas como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, debe intervenir el Banco Nacional como perito oficial", dijo Duhalde y agregó luego que “dicho Código Procesal habilita la intervención de peritos de parte para controlar las medidas y evitar toda hipotética manipulación”.