La querella presentada por Hebe de Bonafini quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ya tiene la causa iniciada por Antonio y Darío Luirgo por “incumplimiento de deberes”. El abogado de Madres, Eduardo Barcesat, dijo a P&M que la medida es positiva para acelerar el proceso judicial.
El fiscal Luis Comparatore dictaminó que debe ser el juez Daniel Rafecas el que lleve todas las causas que se abran contra vicepresidente Julio Cobos, a raíz de la cuestionada aprobación de la reforma a la Ley del Cheque en el Senado.
La denuncia de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentada el jueves último y patrocinada por Eduardo Barcesat, había quedado en manos del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, pero Comparatore resolvió a favor de la "incompetencia" del magistrado y por el envío de la causa a Rafecas, quien tramita una anterior presentada por los abogados Antonio y Darío Luirgo.
Rafecas ya pidió medidas preliminares, como la versión taquigráfica de la sesión donde se votó la norma, antes de requerir al fiscal del caso, Eduardo Taiano, que resuelva si debe o no impulsarse la investigación penal a Cobos.
El abogado querellante de las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, consideró que “es el procedimiento normal, los dos jueces me merecen un buen concepto, para mí que lo tenga uno u otro es indiferente. Pero la ventaja es que Rafecas mandó a pedir todas las desgrabaciones y la documentación referida a las votaciones”.
“En la dinámica interna esto permite acelerar el trámite judicial, pero eso es muy importante porque significa que el fiscal ha pedido medidas previas para instruir la causa”, agregó.
Rafecas ya está a cargo de la causa iniciada por los abogados Antonio y Darío Liurgo, quienes denunciaron a Cobos por supuesto "incumplimiento de deberes" a raíz de la votación por mayoría simple de la norma en el Senado, cuando en ese caso la Constitución establece la necesidad de contar con una mayoría absoluta de votos.
“Se tomaron medidas por la primera demanda, que fue por incumplimiento y la nuestra es por violación de los deberes de funcionario público. Por lo tanto la tipificación jurídica y la argumentación quedó que es un poco divergente, pero el objeto procesal y la conducta, o el hecho, es el mismo”, explicó Barcesat a Política&Medios.
“Una vez que traen la documentación con eso el fiscal ya tiene que formular requisitoria y veremos si la formula como incumplimiento o como violación de los deberes de funcionario público”, aclaró sobre los pasos subsiguientes del proceso judicial.
Por su parte, Bonafini consideró en breves declaraciones a P&M que habrá qué esperar “qué es lo que más conviene con la justicia, pero “yo creo que estábamos esperando que fueran todas (las querellas) al mismo juzgado”.
La denuncia de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentada el jueves último y patrocinada por Eduardo Barcesat, había quedado en manos del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, pero Comparatore resolvió a favor de la "incompetencia" del magistrado y por el envío de la causa a Rafecas, quien tramita una anterior presentada por los abogados Antonio y Darío Luirgo.
Rafecas ya pidió medidas preliminares, como la versión taquigráfica de la sesión donde se votó la norma, antes de requerir al fiscal del caso, Eduardo Taiano, que resuelva si debe o no impulsarse la investigación penal a Cobos.
El abogado querellante de las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, consideró que “es el procedimiento normal, los dos jueces me merecen un buen concepto, para mí que lo tenga uno u otro es indiferente. Pero la ventaja es que Rafecas mandó a pedir todas las desgrabaciones y la documentación referida a las votaciones”.
“En la dinámica interna esto permite acelerar el trámite judicial, pero eso es muy importante porque significa que el fiscal ha pedido medidas previas para instruir la causa”, agregó.
Rafecas ya está a cargo de la causa iniciada por los abogados Antonio y Darío Liurgo, quienes denunciaron a Cobos por supuesto "incumplimiento de deberes" a raíz de la votación por mayoría simple de la norma en el Senado, cuando en ese caso la Constitución establece la necesidad de contar con una mayoría absoluta de votos.
“Se tomaron medidas por la primera demanda, que fue por incumplimiento y la nuestra es por violación de los deberes de funcionario público. Por lo tanto la tipificación jurídica y la argumentación quedó que es un poco divergente, pero el objeto procesal y la conducta, o el hecho, es el mismo”, explicó Barcesat a Política&Medios.
“Una vez que traen la documentación con eso el fiscal ya tiene que formular requisitoria y veremos si la formula como incumplimiento o como violación de los deberes de funcionario público”, aclaró sobre los pasos subsiguientes del proceso judicial.
Por su parte, Bonafini consideró en breves declaraciones a P&M que habrá qué esperar “qué es lo que más conviene con la justicia, pero “yo creo que estábamos esperando que fueran todas (las querellas) al mismo juzgado”.
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