El ministro de Planificación les envió cartas documento al ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, al titular Federación Agraria Eduardo Buzzi y al senador nacional Luis Juez donde les exige que se rectifiquen de sus dichos.
En el documento legal, el ministro de Planificación Julio De Vido les da de 24 horas para que cambien sus declaraciones públicas en relación al presunto pago de retornos por parte de empresas argentinas con intereses comerciales en Venezuela.
También se indica que si en este plazo no existe una rectificación por parte de los mencionados, se reserva el derecho de iniciar acciones penales y civiles.
En la carta documento enviada a Sadous, el abogado y representante legal del ministro, Adrián Maloneay, consigna que "me dirijo a Ud en representación y siguiendo precisas instrucciones de mi representado, el Sr. Ministro Julio Miguel De Vido, con motivo de las presuntas afirmaciones que Ud. habría realizado en una declaración prestada en una causa judicial (y que merecieron una gran atención por parte de los medios de comunicación), en la que Ud. habría afirmado que en el Ministerio de Planificación Federal se ´cobraba un peaje´ consistente en un ´15 o 20 por ciento de retorno´, a empresarios que llevaban a cabo negocios vinculados con la República de Venezuela".
"Teniendo en cuenta la falsedad de esas afirmaciones, le informo que próximamente recibirá la correspondiente citación de mediación previa en el marco de la acción de daños y perjuicios que iniciaré contra Ud", continúa la carta.
El texto remarca que los hechos a los que habría aludido Sadous son "totalmente falsos" y se lo intima a informar en el término de 24 horas qué irregularidades concretas detectó durante su desempeño como embajador en Venezuela, quiénes son los presuntos responsables, quiénes son las personas que podrían dar cuenta de esos hechos y aporte la prueba que pueda obrar en su poder respecto de los mismos.
En el caso de la carta documento de De Vido a Juez, se lo intima a rectificar lo afirmado por el senador en el sentido de que en su provincia "el comentario de los empresarios era que había que arreglar con funcionarios".
"Dado que esas manifestaciones son totalmente falsas y no se encuentran acompañadas por evidencia de ningún tipo, y generan un severo perjuicio moral y social al suscripto, lo intimo para que en el plazo de 24 horas rectifique sus dichos por el mismo medio en que fueron difundidos", agrega el texto legal.
Y en la enviada por el ministro a Buzzi se hace mención a expresiones públicas que se le atribuyen consistentes en haber afirmado que "el rumor de que había que arreglar con (el ministerio de) Planificación porque sino no tenías cómo vender nada circulaba por todos lados".
En relación al tema, el empresario chaqueño del área de tecnología agropecuaria Manuel García Solá sostuvo que para hacer negocios con Venezuela "nunca nadie hizo ninguna sugerencia respecto de hacer alguna dádiva para acceder a los negocios" y definió como una "canallada" las versiones al respecto.
El empresario es dueño de la empresa Centro Genético del Litoral, que produce semen congelado y embriones congelados; y también de la empresa Litoral Biológicos, que produce vacunas biológicas; ambos emprendimientos radicados en Chaco.
García Solá admitió que sus empresas realizan negocios en Venezuela con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) desde fines de 2008 y explicó que "la experiencia allá fue riquísima, de trabajo exclusivamente profesional".
"Nunca nadie nos hizo ninguna sugerencia respecto de que hubiera que hacer alguna dádiva para acceder a los negocios", reconoció el empresario.
Y calificó de "una canallada" lo deslizado por el ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre presuntos pagos de comisiones ilegales para que empresas argentinas colocaran sus productos en ese país. "A mí nadie me pidió un peso", agregó.
Se quejó efusivamente de que "alegremente se lanzan estas versiones de que todos los que hicimos negocios tuvimos que pagar comisiones", y volvió a criticar a quienes "se preocupan por diseminar rumores infundados más que preocuparse por habilitar oportunidades comerciales, porque no saben lo que cuesta conquistar un mercado".
"Cuando uno tiene un gobierno que juega a favor de abrir mercados, y una Cancillería que ha trabajado con una eficiencia notable, eso es lo que hay que proteger y no degradar", explicó el empresario.
García Solá detalló que su empresa firmó un convenio con Venezuela para proveerla de la vacuna Bio Jaja, que es "un invento propio, desarrollado junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)", que combate a la garrapata, causante de la enfermedad `tristeza bovina` en el ganado en zonas subtropicales.
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