La abogada de la Autoridad Federal de Comunicación, Graciana Peñafort, explicó a P&M los detalles del recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo para poder revertir el fallo que suspendió la norma de la democracia. “Entendemos que la Corte, que es independiente y seria judicialmente, se va a expedir como lo ha hecho en casos similares”, estimó.
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Mendoza para que intervenga la Corte Suprema de Justicia ante el vacío legal que dejó la reciente suspensión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La presentación ingresó el lunes, pero recién se conoció ayer.
El pasado 25 de marzo, el tribunal mendocino confirmó una medida cautelar que había dispuesto la jueza Olga Pura de Arrabal y mantuvo la prohibición de aplicar la norma al argumentar “graves irregularidades” y “violaciones del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación” durante el trámite de media sanción parlamentaria.
“El recurso extraordinario se basa en que la sentencia de la Cámara tiene defectos de fondo y de forma. Desconoce toda la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de proceso de formación de las leyes y lo que se entiende por legitimación. Así toma un concepto totalmente errado de lo que es un interés difuso”, explicó a Política&Medios la directora de asuntos legales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Graciana Peñafort (foto).
“Lo que hacemos es impugnar cada uno de los puntos de la sentencia de la Cámara, porque entendemos que no se ajustan a derecho y se contradicen también con la jurisprudencia de la Corte en la materia”, aclaró la abogada.
Ahora, el tribunal mendocino deberá informar a las partes sobre la presentación, que contarán con hasta diez días hábiles para responder. Una vez sustanciado el recurso, la Cámara tiene hasta cinco días hábiles para resolver si concede o no el reclamo del Ejecutivo para que pueda elevar la apelación a la Corte Suprema.
“Para nosotros, la decisión del juez de primera instancia (Pura de Arrabal) como la de la Cámara no se ajustan a derecho. Entendemos que la Corte, que es independiente y seria judicialmente, se va a expedir como lo ha hecho en casos similares”, explicó Peñafort, para reforzar la postura oficial.
Según la directora de asuntos legales, la suspensión de la ley de Comunicación Audiovisual “genera una situación de gravedad institucional importante”.
“Es bastante complejo de entender cómo la Justicia puede decidir que una ley ha sido mal hecha, cuando es fruto de la democracia. La consecuencia del fallo de la Cámara es que volvamos a aplicar un decreto ley de la dictadura, donde no hay ningún tipo de garantía, no se tienen en cuenta los derechos humanos, la libertad de expresión, ni el derecho al acceso a la información. Además tiene criterios de censura que se contradicen con nuestra constitución. Es un sinsentido, una situación absurda”, agregó.
Para diferenciarla de la ley de la dictadura, Peñafort recordó que a la norma de la democracia “la votaron 144 diputados y 44 senadores” e ironizó que “esos votos de representación popular parecen no ser válidos para la justicia, pero en cambio sí lo es el dictado de tres tipos encerrados en una oficina”.
“La ley de Comunicación Audiovisual está bien hecha y el proceso fue correcto”, insistió la abogada y señaló que la propia ONU puso como ejemplo la norma aprobada por la Argentina tanto en materia de libertad de expresión como en el proceso de su elaboración y posterior sanción parlamentaria.
Roberto Koira
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