Así lo afirmó Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, al referirse a la causa por espionaje que investiga el juez Norberto Oyarbide. “Se nos ofendió y se nos faltó el respeto con la designación de ‘Fino’ Palacios”, explicó y luego dijo que el jefe de Gobierno porteño "debe pagar por lo que hizo".
El dirigente de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, señaló que “la Justicia tiene que seguir investigando. Que Macri pague por lo que hizo y si esto tiene un costo político es su problema”.
“Hoy se está hablando de que el juez Oyarbide podría citar a Montenegro y a Macri a indagatoria”, detalló el familiar sobre el proceso y consideró que las escuchas "no podían ser ignoradas por el jefe de Gobierno porteño".
El escándalo estalló en septiembre de 2009, a raíz de una denuncia de Burstein ante Oyarbide por la intervención de uno de sus celulares reservados.
Por la causa de las intervenciones telefónicas ilegales, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex jefe de la policía metropolitana Jorge "Fino" Palacios y del ex policía Ciro James. La decisión la tomó la Sala I, que integran los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, por la tipificación de asociación ilícita.
A su vez descartó que la utilización de recursos de inteligencia, para el accionar delictivo, hubiera configurado una “defraudación a la administración pública”, pero confirmó la competencia federal del caso.
Esta medida involucra también a cinco policías misioneros: Diego Guarda, Raúl Rojas, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Augusto Fernández, a quienes se los consideró integrantes de la asociación ilícita organizada por Palacios y James.
La Sala I confirmó el procesamiento de Mónica Elizabeth González, secretaria del juzgado de instrucción número uno de Posadas, de donde se dieron las ordenes de escuchas “legales pero ilegítimas” a la SIDE.
Sin embargo, la cámara sobreselló y revocó el embargo de bienes a otros tres funcionarios de la justicia misionera: Augusto Gregorio Busse, Fernando Javier Castelli y Lidia Kruchowsky.
“Fueron ocho autores, dos años de labor, nueve personas privadas de su intimidad, decenas de puntuales invasiones dentro de cada una de ellas -entre intervenciones y prórrogas-, incontables comunicaciones entre los implicados”, se describe en el fallo.
En que se establece una sola conclusión que “James, Palacios, Gonzáles, Guarda, Quintana, Rojas, Amaral y Fernández han sido autores del delito de asociación ilícita”.
Aparte de Burstein, otras víctimas de las escuchas fueron los empresarios Carlos Avila, Rodrigo Blas Velazco, Daniela Rocca, Federico Carlos Infante, Jorge Navarro Catsex, Francisco Catsex, Susana Beatriz Saint Porres y a Néstor Daniel Leonardo, el cuñado mentalista de Mauricio Macri.
La operatoria era que los teléfonos eran intervenidos por la oficina de observaciones judiciales de la SIDE por pedido de dos juzgados de Posadas en base a supuestas investigaciones policiales, fraguadas a ese solo fin.
Este escándalo salpicó a la Policía Metropolitana y su primer jefe, Jorge "Fino" Palacios fue separado de su cargo. El affaire también se llevó puesto al entonces ministro de educación porteño, Mariano Narowodski, que había contratado a James para funciones que no pudo explicar.
A Narodowski la sala I resolvió, hace dos semanas, apartarlo de la causa federal y remitirle ese tramo del expediente a la justicia correccional ordinaria.
Los camaristas Ballestero y Freiler consideraron que las conductas desplegadas por funcionarios públicos locales “son ajenas al conocimiento de la Justicia Federal”. Pero, Farah votó en disidencia por considerar que “no puede descartarse” que la contratación de James haya sido para encubrir las verdaderas tareas que éste tenía asignadas. Por eso recomendó la continuidad del trámite en el juzgado de Oyarbide.
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