viernes, 30 de abril de 2010

Montenegro y su nueva embestida contra Oyarbide


El ministro de Seguridad porteño presentó un escrito ante el juez federal y se negó a contestar preguntas por la causa que investiga las escuchas ilegales en la Ciudad. Volvió a pedir la recusación del magistrado y explicó que ampliará su declaración una vez que la Cámara resuelva ese pedido.

El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, finalmente se hizo presente en el juzgado federal 7, que subroga Norberto Oyarbide, a cargo de la causa por espionaje telefónico, aunque insiste en apartar al magistrado del proceso.

“Presenté un escrito con la salvedad de que hay un recurso de casación interpuesto”, ratificó el funcionario al salir de los tribunales.

Por esto Montenegro subrayó que “no hay absolutamente nada que ocultar” y justificó que “todo lo que hizo el gobierno de la Ciudad fue de muy buena fe”.

“Nosotros tenemos que dar las explicaciones, es importante que el juez tenga la mayor cantidad de elementos. Vamos a seguir aportando la mayor cantidad de datos para porque no tenemos absolutamente nada que ocultar”, agregó.

Y desestimó las acusaciones al afirmar que al gobierno porteño nunca le interesó “ocultar” ni forma parte de “ninguna asociación”.

El ministro del Gobierno porteño presentó un recurso contra el fallo de la Cámara de Casación que desestimó su pedido para recusar a Oyarbide de la investigación por escuchas telefónicas irregulares. Allí Montenegro está sospechado de "encubrir" la asociación ilícita organizada por el removido jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, y el espía Ciro James.

Por esta causa el lunes ya fue indagado el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski y falta el Jefe de Gobierno de la ciudad Mauricio Macri cuya situación sería más complicada, ya que el juez lo indagará como sospechoso de integrar la misma asociación ilícita. El indicio más fuerte que se tiene de esta hipótesis es que uno de los espiados fue su cuñado, Néstor Daniel Leonardo, casado con su hermana Sandra.

Por la causa ya están detenidos Palacios, James y los destituidos jueces de instrucción de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, desde cuyos juzgados se pedían a la SIDE las escuchas telefónicas por causas fraguadas.

Rey ya declaró y se encuentra junto a Palacios y James en el penal de Marcos Paz. Gallardo está internado en el Hospital Argerich, ya que en Posadas había sufrido una descompensación.

Críticas al rabino Bergman por asesorar al macrismo en seguridad


La agrupación Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado a la AMIA emitió un comunicado en el que se expresan “azorados y sorprendidos” con “la aceptación del rabino a asesorar en temas de seguridad al ministro Guillermo Montenegro” y señalaron que “es un mensaje de muy bajo nivel” de Mauricio Macri.

l conocerse la noticia que el rabino Sergio Bergman firmó un convenio con el gobierno de Macri para colaborar en la política de seguridad de la Ciudad estalló la polémica.

A través de la Fundación Argentina Ciudadana, Bergman se ocupará de evaluar legajos de los postulantes para ingresar en las filas de la Policía Metropolitana.

La agrupación Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado a la AMIA expresó que “si bien Bergman está en su derecho de aceptar un cargo, esta designación nos desilusiona e incomoda, ya que creemos que no es el ámbito de seguridad el apropiado para que un rabino lo ocupe, debido a la historia de público conocimiento sobre escuchas y espionaje en los últimos meses”.

Por lo que agregó que el acuerdo “es un mensaje político de muy bajo nivel por parte del Gobierno de la Ciudad encabezado por el ingeniero Mauricio Macri”.

La agrupación considera que “con esta mediatización pretenden alegar que nada tienen contra la Comunidad Judía Argentina, ya que el tema de las escuchas telefónicas involucra a varias personas del Gobierno de la Ciudad y que en pocos días llevará al Jefe de Gobierno a declarar en indagatoria, es un asunto entre ellos y un solo judío: Sergio Burstein”.

También hicieron saber su descontento sobre “el silencio de las organizaciones centrales de la Comunidad judía respecto de este tema tan doloroso que abarca a todos aquellos familiares que llevamos a cabo simplemente la lucha en búsqueda de Justicia” en el atentado a la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994.

Un tribunal ético condenó a los periodistas cómplices de la dictadura


En un acto simbólico en Plaza de Mayo, las Madres realizaron un “juicio público” acompañadas por comunicadores que actuaron como testigos y otros como fiscales. P&M dialogó con dos de ellos, Pablo Llonto y Carlos Rodríguez, quienes afirmaron que “sería bueno que estos periodistas pidan disculpas y que hagan una autocrítica para que esto nunca más vuelva a suceder en la Argentina”.

Este jueves, a 33 años de la primera ronda en la mítica plaza, las Madres de la Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, llevaron adelante un juicio público contra los periodistas que fueron “cómplices de la dictadura, que cobraron y respondieron al Grupo Clarín".

Desde un escenario que oficiaba como recinto judicial, los integrantes del “Tribunal Ético” debatieron sobre rol periodístico que cumplieron ente 1976 y 1983 Magdalena Ruiz Guiñazú, Bernardo Neustadt, Samuel Gelblung, Mariano Grondona, Mauro Viale, Julio Lagos y Joaquín Morales Solá.

En el centro del tribunal, donde se presentaron documentos, se ubicó como jueza Hebe de Bonafini, mientras que a su izquierda se sentaron los fiscales y a su derecha los testigos.

Entre los periodistas que participaron del juicio público -un acto que ya han realizado las Madres contra jueces y dictadores-, estuvieron Carlos del Frade, Claudia Acuña, Pablo Llonto y Carlos Rodríguez. También participó Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Abriendo el discurso inicial, Hebe de Bonafini fue contundente: “Este juicio denuncia a los vendidos y a los cómplices que veían a doce pibes jóvenes colgados de un árbol, ahorcados y fusilados por la espalda, y al otro día Clarín decía que habían caído en un enfrentamiento”.

“Las Madres hacemos este juicio porque no queremos permitir que estos mismos periodistas que mintieron -porque mentir así era apoyar a la dictadura- hoy quieran volver de la misma manera, difamando”, explicó.

Con el mismo tono, Bonafini afirmó que “la prensa de los monopolios nunca contó cuando nos llevaban presas a las Madres cada jueves y nos encerraban con un muerto en una celda toda la noche” y aclaró que “los grandes medios como Clarín y La Nación, que apoyaron a la dictadura, se cagaban de risa mientras a nosotras nos encerraban con un muerto. Hoy señores los vamos a juzgar aquí en esta plaza”.

En otra parte de su discurso, la titular de Madres reivindicó “a los verdaderos periodistas que en esos momentos se jugaron la vida”, como así también elogió la actitud solidaria de la prensa extranjera en los años de plomo.

“Queremos reivindicar a estos periodistas, que no son sólo Rodolfo Walsh y Paco Urondo, a quienes amamos y queremos; hay más de 150 periodistas desaparecidos por querer decir la verdad”, sostuvo Bonafini, agradeciendo luego el papel que cumplieron los periodistas suecos y franceses para divulgar el caso en Europa.

Uno de los testigos simbólicos fue el periodista de Página 12 Carlos Rodríguez, quien trabajaba en la agencia estatal de noticias Télam cuando se produjo el golpe de Estado de 1976.

Entrevistado por Política&Medios, Rodríguez explicó su papel en el juicio público de las Madres: “Yo quiero demostrar que las empresas han sido cómplices de la dictadura y sólo saltan por algunos temas cuando afectan sus intereses. No están defendiendo la verdad, están defendiendo sus intereses; no importa si mienten o si dicen la verdad”.

El periodista, que también trabaja como docente en la universidad de las Madres de Plaza de Mayo y en el Servicio Paz y Justicia que preside el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, aportó en el juicio simbólico su experiencia como periodista en la editorial Atlántida, que “inventó todos los males que tiene el periodismo actual”.

“Algunos diarios en esa época no tenían la fuerza necesaria para decirle nada a la dictadura porque los hubieran cerrado y detenido, pero Clarín bien podía hacer una fuerza distinta porque es un poder y, sin embargo, no lo hizo porque se benefició por la dictadura”, consideró.

En tanto, el periodista Pablo Llonto, quien es querellante en la causa que investiga si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble fueron apropiados durante la dictadura, aseguró a P&M que su rol en el “Tribunal Ético” fue traer pruebas y experiencias de su paso por Clarín.

“Esto lo hago para que quede claro que Ernestina de Noble, Joaquín Morales Sola y Magdalena Ruiz Guiñazú no dicen la verdad cuando hablan de su rol cumplido en la dictadura, y sería bueno que pidan disculpas, que hagan una autocrítica para que esto nunca más vuelva a suceder en la Argentina ”, sostuvo Llonto.

Del mismo modo, el autor del libro “La Noble Ernestina” afirmó que el fin de este juicio es “ayudara a que se instale entre los periodistas y los estudiantes de comunicación el tema de dejar de tener ídolos o figuras. Tenemos que construir un nuevo periodismo”.

Respecto al rol cumplido por Ruiz Guiñazú, Llonto fue lapidario: “Magdalena trata de lavar con la historia de la Conadep lo que hizo antes. Ojalá tenga por lo menos la dignidad de decir ´me equivoque´ y, como gran parte de la sociedad, asumir que tuvo la ingenuidad de creer en estos militares. Eso es lo que se necesita para volver a creer en ella”.

Dictámenes contra los escraches. Mientras comenzaba el juicio público en Plaza de Mayo, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados- encabezada por la radical Silvana Guidice- emitió dos dictámenes objetando los escraches anónimos que realizaron contra periodistas y declaró su repudio al acto de las Madres.

Para respaldar a los diputados estuvieron presentes Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro, Luis Majul, Marcelo Bonelli, Fanny Mandelbaum, Edgardo Alfano, Ricardo Kirschbaum y representantes de Foro de Periodismo Argentino (Fopea), muchos de los cuales pasaron ayer por el Senado para reunirse con la Comisión de Libertad de Expresión.

Estos periodistas solicitaron al Estado que se "fijen límites institucionales a las agresiones" que aseguran estar sufriendo. "Todo el mundo sabe cómo empiezan estas cosas pero nadie sabe cómo terminan", manifestó Marcelo Bonelli, mientras que su colega en el Grupo Clarín, Gustavo Sylvestre, dijo que "nos ponen en un lugar que no nos corresponde; en el lugar de oposición".

En diálogo con P&M, el legislador Dante Gullo, vicepresidente primero de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, aseguró que desde el Frente para la Victoria van a sacar un despacho defendiendo la libertad de expresión y prensa, aunque aclaró que no están a favor de los dictámenes.

“No acuerdo con los dictámenes porque no podemos avalar una idea de un país donde pareciera que existe una persecución a periodistas. En la Argentina que estoy viendo y pisando hay libertad de expresión y prensa como nunca. Acá no se censura a ningún medio. No sé qué están viendo”, opinó.

El legislador dejó en claro que “todo lo que apunte a impedir la manifestación plural de la multiplicidad de voces va a ser obviamente censurado por nosotros”, aunque afirmó que “el clima que se pintó hoy en Diputados” busca mostrar una situación que no existe, como si estuviéramos “viviendo en el gran infierno del autoritarismo, con persecución de periodistas”.

Por último, al ser consultado por “Tribunal Ético” de las Madres, Gullo aseguró no avalarlo, pero que “eso no quiere decir que nosotros censuremos, enjuiciemos o, como pretendían algunos, que Cristina lo prohibiera. Eso era una locura”.

“Además, aquellos que se vieran afectados por lo que se pueda decir (en el juicio público) tienen todos los medios y voces para poder plantear sus descargos, como lo vienen haciendo hasta ahora”, concluyó el diputado.

“Tendría que haber juzgados especializados para los delitos de lesa humanidad”


En el marco de la megacausa ESMA, P&M conversó con Víctor Basterra, uno de los testigos que prestará testimonio mañana. Al fundamentar la necesidad de crear tribunales especiales, el ex detenido-desaparecido dijo que “un mismo juzgado no puede investigar a un tipo que robó un banco y a otros que secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas”.

Este viernes continuarán los testimonios por la megacausa de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que investiga los crímenes de los represores Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Néstor Savio, Antonio Pernías, entre otros.

Algunos de los delitos que se les imputan son las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, el periodista Rodolfo Walsh y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga y Ana María Ponce de Bianco.

Política&Medios dialogó con uno de los testigos que declarará mañana, Víctor Basterra, quien se mostró a favor de unificar los procesos por delitos de lesa humanidad al explicar que “está mal este desmembramiento de las causas y juzgar a 17 o 18 tipos. Yo personalmente puedo denunciar a más 80 tipos, pero son como 400 o 500 los involucrados”.

“Tendría que haber juzgados especializados, no se trata del robo de una gallina, esto fue un genocidio. Un mismo juzgado no puede investigar a un tipo que robó a un banco y a otros que secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas”, dijo para fundamentar la necesidad de crear tribunales especiales para delitos de lesa humanidad.

“Los jueces nunca dan garantías, no quiero hacer generalizaciones, pero son muy permeables a las presiones del momento político”, agregó Basterra, aunque al mismo tiempo destacó que “nosotros (los organismos de derechos humanos y los luchadores sociales) tenemos una persistencia de tal magnitud, que a pesar de los 30 años que han pasado con todo tipo de impedimentos, no nos han podido frenar en la búsqueda de justicia”.

Sobre la actitud desafiante de Aztiz, quien el mes pasado durante su indagatoria llegó a amenazar al tribunal, Basterra consideró que el represor pude actuar de esa forma porque “tiene un fuerte respaldo de una franja grande de la Armada y de parte de la sociedad que todavía cree en la teoría de los dos demonios y en que sólo hubo ‘excesos’ ”.

“Se hacen los machos porque saben que nos les van a tocar el culo así nomás”, afirmó el testigo y ratificó que todos los ex marinos que están siendo juzgados “eran partícipes necesarios de una maquinaria montada para secuestrar gente, matar, robar cosas y hacer transacciones financieras con los bienes de los compañeros”.

Basterra fue secuestrado el 10 de agosto de 1979 por un grupo de tareas de la ESMA que entró por los techos de su casa en Valentín Alsina. También se llevaron a su compañera de entonces, Dora Laura Seoane, y a su hija, María Eva, que tenía tan sólo dos meses y diez días de vida. Ellas fueron liberadas una semana después, pero él siguió detenido en la ESMA hasta el 3 de diciembre de 1983, una semana antes de que asumiera Raúl Alfonsín.

Otros testigos. Ana María Careaga y Carlos Muñoz ya prestaron sus testimonios esta semana en el proceso que se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py. En la sala, se encontraban los imputados Ricardo Cavallo, Néstor Savio y Antonio Pernías, acusados junto a otros 15 represores por la muerte y desaparición de 85 personas.

Careaga, que es la directora del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) fue detenida ilegalmente cuando tenía 16 años y llevada al centro clandestino El Atlético, donde estuvo cuatro meses.

Durante su exilio en Suecia, se enteró de que habían secuestrado a su madre, Esther Ballestrino de Careaga, en la Iglesia Santa Cruz y llevada a la ESMA. Su búsqueda concluyó el año pasado, cuando encontró sus restos junto con otras dos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y María Ponce de Bianco.

“Yo fui brutalmente torturada por mi militancia. Mi mamá no me paró de buscar ni un minuto. Las madres de los desaparecidos se agruparon espontáneamente por el mismo dolor. Supimos lo que le había pasado porque varios testigos la vieron la Escuela de Mecánica”, declaró la testigo.

Además, presentó una reconstrucción de las instalaciones del casino de oficiales de la ESMA, donde funcionó el centro de detención. “Trabajamos mucho en un proyecto de investigación para entender que es lo que les pasó a todos los detenidos”, explicó frente al Tribunal Oral Federal Nº 5, conformado por Oscar Hergott, Daniel Obligado y Ricardo Farías.

Carlos Muñoz, en tanto, fue detenido el 3 de junio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y dos años después, el 21 de noviembre de 1978, comenzó su cautiverio en la ESMA, que concluyó en 1980.

Muñoz reconoció a desaparecidos y dijo que hasta vio a algunos con vida: “Conocí a todo el grupo Villaflor. Una noche Cavallo viene con tres rollos de microfilm y me pide que busque los casos Osatinsky, Pirles y Martí, tres mujeres liberadas que había hecho denuncias en Francia. En esos rollos estaban todos los legajos de los que habían pasado por la ESMA”.

“Tuve la dimensión del horror de lo que se había vivido. Busqué a Amelia, la que había sido mi compañera en el 77 hasta su desaparición. La encontré y en su legajo también estaba escrito su traslado”, agregó.

Kunkel: “Vamos a sesionar siempre y cuando haya consenso”


El diputado del Frente para la Victoria contestó así a las críticas de la oposición por la frustrada sesión en la Cámara baja. En una misma sintonía, su colega de bancada, Héctor Recalde, sostuvo que "no es responsabilidad nuestra dar quórum en un tema en el que estamos en contra".

Luego que la sesión de la Cámara de Diputados fracasara ayer por falta de quórum, desde el oficialismo salieron a responder las acusaciones de la oposición.

Como el legislador Carlos Kunkel que explicó: “ Vamos a sesionar siempre y cuando haya un consenso y que cada cual, en la Comisión de Labor Parlamenteria, pueda arreglar los temas que son prioridad para el conjunto de la Nación argentina".

Antes de ingresar al Congreso, para participar de una reunión de su bloque, aclaró que como esa situación "no se está dando en el Congreso", el oficialismo "hace uso del derecho" a no dar quórum.

"Como eso no se da porque para repartir prebendas son 146 pero para venir a trabajar son 111, nosotros vamos a hacer uso del derecho que tenemos", agregó.

Kunkel recordó que el oficialismo pidió "una sesión especial para el próximo miércoles" para tratar la ley de reforma del matrimonio civil y confesó que su voluntad es que la reforma "sea votada en esa reunión especial".

En la sesión frustrada la oposición pretendía dar ingreso al proyecto que modifica el impuesto al cheque y en segundo término debatir sobre la habilitación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El diputado Héctor Recalde también desligó al oficialismo de la cuestión ya que “nosotros entendemos que la ley de coparticipación votada en el Senado es inconstitucional, no es responsabilidad nuestra dar quórum en un tema que estamos absolutamente en contra”.

“Es bueno que el pueblo sepa que antes (de que la sesión de Diputados fracasara) las comisiones estuvieron funcionando”, destacó el legislador, con lo que negó que el Congreso se encuentre paralizado.

Recalde aseguró que el proyecto de matrimonio gay “se trata el miércoles que viene, sin lugar a dudas”.

“Habrá una sesión especial el miércoles porque nadie quiere rehuir ese debate. Está en juego la igualdad, la no discriminación y los problemas de conciencia que son absolutamente respetables”, agregó.

Revés judicial contra Menem por los sobresueldos


La Sala I de la Cámara Federal declaró "inadmisible" un recurso de casación presentado por la defensa del ex presidente, en la causa que se investigada por el pago de sobresueldos durante su gestión. Así confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de "peculado".

Los camaristas Eduardo Freiler, Mario Filozof y Jorge Raimondi, rechazaron los recursos interpuestos por las defensas de Menem, Adelina D’Alesio de Viola, Santiago Lozano, Augusto Rodríguez Larreta, Mabel Behal y Ricardo Lagorio, entre otros.

En el fallo los jueces entendieron que el recurso "no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a ella por sus efectos", único requisito que autoriza la revisión de parte del máximo tribunal penal.

El abogado defensor de Menem, Pedro Baldi, argumentaba que el fallo cuestionado "podía equipararse a una sentencia definitiva, por sus efectos, toda vez que el perjuicio causado resultaba de imposible reparación ulterior" y la resolución "lucía arbitraria por vicio de fundamentación y por carecer de una valoración racional y jurídica".

"Los recursos serán rechazados habida cuenta de que no se ajustan a los parámetros estipulados en el Código Procesal Penal de la Nación", explicó el camarista Freiler que, en contraposición al abogado de la defensa, detalló "la decisión contra la que se dirigen los recursos no se trata de una sentencia definitiva, ni equiparable a ella por sus efectos".

El juez aclaró que "pese a la invocación del supuesto de arbitrariedad por parte de los recurrentes, las impugnaciones bajo análisis denotan, en realidad, un disenso respecto del temperamento adoptado por esta Sala, tanto en lo relativo a la valoración probatoria como al análisis jurídico efectuado".

Este tribunal el 22 de diciembre ya había confirmado los procesamientos del ex presidente Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Raúl Granillo Ocampo y María Julia Alsogaray entre otros, como coautores del delito de "peculado”.

miércoles, 28 de abril de 2010

Diputados: no hubo sesión por falta de quórum


La Cámara baja tenía previsto definir la suerte parlamentaria del Impuesto al Cheque y el proyecto que habilita el casamiento entre personas del mismo sexo. Cruces entre el oficialismo y la oposición por la suspensión.

El titular del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, justificó que el oficialismo no diera quórum ya que "no está de acuerdo" en habilitar el tratamiento del impuesto al cheque. Además adelantó que pedirá una sesión especial para el próximo miércoles para tratar el proyecto de matrimonio homosexual.

"Si la oposición quiere determinado tratamiento tiene que conseguir quórum; no se lo puede pedir al oficialismo", explicó el legislador.

"Lo habíamos planteado claramente; ese expediente no puede ser tratado en el Parlamento y mantuvimos nuestra posición", argumentó Rossi sobre la posición contraria de su bloque al tratamiento de las modificaciones a la ley del cheque.

"La salida es convocar el miércoles que viene a las 10 a una sesión especial para tratar únicamente el matrimonio homosexual", agregó.

Sobre el fracaso de la sesión aseguró que "las cosas no estaban claras", ya que "no estamos de acuerdo con tratar la modificación del impuesto al cheque, pero estamos de acuerdo, una gran mayoría del bloque, con el matrimonio homosexual".

"La oposición no puede imponer que el oficialismo de quórum para temas que el oficialismo no quiere tratar", subrayó.

Así con sólo 115 diputados en el recinto, la Cámara no logró el quórum necesario de 129 legisladores presentes y a pedido del peronista disidente Felipe Solá, se levantó la sesión transcurrida la media hora reglamentaria.

Tras la suspensión se inició la polémica, por lo que el diputado Martín Sabbatella deslindó su responsabilidad por falta de quórum, en una sesión en que se iba a tratar el proyecto de matrimonio gay y deslizó que esa situación es "claramente una maniobra, una canallada de los sectores que no querían que se aprobara esta ley".

Sabbatella anunció que su bloque pedirá la convocatoria a una "sesión especial para que esto se trate en forma urgente. Todos saben del compromiso que tenemos con este tema".

Su compañera de bancada, Vilma Ibarra advirtió que "no voy a aceptar seriamente, ni permitir que digan que tuve un acuerdo espurio de ninguna índole. Yo presenté este proyecto y lo milité como nadie".

La diputada Silvana Giúdice se quejó del oficialismo, ya que "no quiere que el Congreso funcione" y acusó que el bloque integrado por Sabbatella e Ibarra, no dieron quórum "simplemente por especular".

Desde Proyecto Sur, Pino Solanas, aseguró que "es el testimonio de la vergüenza" y responsabilizó de la fallida sesión a "buena parte del grupo del peronismo federal que no quiso dar quórum para tratar esta demorada ley del matrimonio".

Aníbal Fernández está en todos los frentes


El jefe de Gabinete habló sobre el canje de deuda, el conflicto por Botnia, el encuentro entre Cristina y Mujica y los supuestos hechos de corrupción entre Argentina y Venezuela. También se refirió a "Pino" Solanas: "Si tiene tantas cosas para decir, que las diga en la Justicia y veremos quién de los dos tiene razón".

El jefe de Gabinete,Aníbal Fernández, salió defender las políticas del gobierno y casi no dejó tema por tratar. Sobre el canje de deuda aseguró que el país se encuentra en "espectaculares condiciones para poder llevar a la práctica el canje" para los tenedores de bonos que no ingresaron a la operación de 2005.

Para el jefe de ministros la propuesta presentada por Argentina y aprobada por los organismos reguladores bursátiles de Italia y Luxemburgo, "es más beneficiosa para el país que la expresada en el 2005".

Estas declaraciones van en sintonía con las del ministro de Economía Amado Boudou ya había asegurado que "todo" estaba "listo" para lanzar el canje de deuda para los tenedores de bonos que no ingresaron a la operación de 2005 y que con esta operación el país va a "terminar definitivamente con la vergüenza del 2001", cuando fue declarada la cesación de pagos.

Pero Aníbal Fernández no se quedó ahí, también se refirió a la situación de la pastera Botnia, tras la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en donde advirtió que "no se puede mirar por pedacitos" sino que debe ser "analizada en un todo".

Y negó que el gobierno nacional pretenda que el presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, pida disculpas a la Argentina por el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay por parte de su país, por la instalación de la pastera.

"No sé de dónde salió eso. Lo que van a hacer los presidentes hoy es hablar francamente buscando acercar las posiciones de dos pueblos que son prácticamente lo mismo", destacó el jefe de Gabinete.

Así se refirió al encuentro que mantendrán esta tarde en la Residencia de Olivos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par uruguayo, "Pepe" Mujica, tras el fallo del Tribunal de La Haya.

Por eso Fernández pidió que "primero dejemos que transcurra la reunión" entre los presidentes esta tarde y sostuvo que, "para hablar del tema del puente, no se habla del tema solo sino del tema como un todo".

El jefe de Gabinete también habló sobre las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en intercambios comerciales entre Argentina y Venezuela y lo definió como "un gran bleff, una gran mentira y esa explicación la va a tener que dar aquel que se arrogó el derecho de imputar a otro en la Justicia, con la sanción que corresponde por decir estupideces".

Y se refirió al ex embajador Eduardo Sadous, al afirmar que "no existe en la Cancillería el parte" que dijo haber enviado con la denuncia de un supuesto faltante en un fideicomiso manejado por ambos países.

El jefe de ministros explicó que "nadie muestra nada porque nunca estuvo eso" y sostuvo que, si efectivamente fuera cierta lo dicho por Sadous, "él mismo debería tener" el parte de afirma haber enviado a la Cancillería y "podría haberlo mostrado".

"Creo que esto va a tener que explicarlo ante la Justicia porque (el ministro de Planificación Federal, Julio) De Vido, le está pidiendo explicaciones", agregó y remarcó que "todos los empresarios mencionados" en la denuncia "han negado esa situación".

"Alguno va a tener que dar explicaciones un poco más contundentes, porque en este país, apuntar a los otros con un dedo es fácil, pero lo que después no se hace es dar las explicaciones en el lugar que corresponde, que es en la Justicia", acusó.

En ese contexto el jefe de Gabinete inscribió el caso del diputado de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, a quien denunció ante la justicia por los supuestos delitos de calumnias e injurias.

"Ya que tiene tantas cosas para decir, que las diga en la Justicia y veremos quién de los dos tiene razón", lo desafió Fernández, quien indicó que, "la gota que rebalsó el vaso" e hizo que decidiera denunciar a Solanas fue que haya "llamado a los ministros delincuentes en reiteradas oportunidades".

Además, evaluó que "no hay ningún clima de fragmentación" en el país, sino que se trata de "discusiones en el marco de la democracia" y, tras afirmar que no cree "en fantasmas ni conspiraciones", subrayó que prefiere "las discusiones que se dan de cara al sol".

Ferrer: “Están dadas las condiciones para una nueva ley de entidades financieras”


El economista cree que es un momento oportuno para reemplazar la legislación vigente desde la dictadura, ya que “la economía está ordenada y el país está creciendo”. P&M también habló con el legislador Eduardo Macaluse, quien se mostró a favor de discutir el proyecto de Carlos Heller en el Congreso.

Tras la presentación ayer del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, Política&Medios consultó al economista Aldo Ferrer y al diputado del espacio Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse, para que opinaran sobre la iniciativa del legislador Carlos Heller.

La ley que rige en la actualidad data de 1977 y fue llevada adelante por el ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, con el objetivo de desligar totalmente al mercado de la regulación estatal y dar amplia libertad a los movimientos de los bancos.

Aunque no quiso entrar en la discusión del contenido del proyecto de Heller, Ferrer consideró que “es oportuno hacer una legislación sometida a debate sobre el marco regulatorio financiero”.

“Está pasando en todo el mundo, hay toda una revisión del marco regulatorio de las entidades financieras y al mismo tiempo se reconoce que el problema de este sistema financiero depende de otras cuestiones también. Se está tratando de ubicar en un escenario más sólido a las entidades financieras, en virtud de la crisis que se ha vivido afuera”, explicó el economista.

“Por lo tanto hay que aprovechar la oportunidad para crear una mejor legislación en la Argentina”, enfatizó al explicar que nuestro país tuvo “en el pasado pésimas políticas económicas” que no le permitieron arreglar su sistema financiero.

Ahora, sin embargo, “la economía está ordenada y el país está creciendo”, con lo cual “están dadas las condiciones para que una ley de entidades financieras llegue a buen puerto”.

Para Ferrer es fundamental “la solvencia fiscal, el manejo de la economía y las actuales expectativas” para poder consensuar una nueva norma. “Así en el marco del establecimiento del desarrollo del país, esta reforma es una iniciativa importante que hay que someterla a un debate muy amplio”, agregó.

Por su parte, Eduardo Macaluse explicó que su bloque está “a favor de modificar la ley de entidades financieras”, aunque haya todavía varios aspectos a discutir.

La iniciativa presentada ayer se fundamenta en dos ejes: uno que define a la actividad financiera como un servicio público y el otro que concibe la ley a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades.

“En esos ejes nosotros estamos de acuerdo”, aclaró Macaluse, pero agregó que “a la vez hay que ver cómo hacer para que en la Argentina las entidades financieras no sean solamente tomadoras de dinero”.

“Hay un montón de cosas que debemos discutir en el bloque, pero en principio estamos de acuerdo que es uno de los temas centrales que hay que debatir”, ratificó el diputado del SI.

Roberto Koira

Presuntas coimas con Venezuela: De Vido pasa al ataque


El ministro de Planificación les envió cartas documento al ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, al titular Federación Agraria Eduardo Buzzi y al senador nacional Luis Juez donde les exige que se rectifiquen de sus dichos.

En el documento legal, el ministro de Planificación Julio De Vido les da de 24 horas para que cambien sus declaraciones públicas en relación al presunto pago de retornos por parte de empresas argentinas con intereses comerciales en Venezuela.

También se indica que si en este plazo no existe una rectificación por parte de los mencionados, se reserva el derecho de iniciar acciones penales y civiles.

En la carta documento enviada a Sadous, el abogado y representante legal del ministro, Adrián Maloneay, consigna que "me dirijo a Ud en representación y siguiendo precisas instrucciones de mi representado, el Sr. Ministro Julio Miguel De Vido, con motivo de las presuntas afirmaciones que Ud. habría realizado en una declaración prestada en una causa judicial (y que merecieron una gran atención por parte de los medios de comunicación), en la que Ud. habría afirmado que en el Ministerio de Planificación Federal se ´cobraba un peaje´ consistente en un ´15 o 20 por ciento de retorno´, a empresarios que llevaban a cabo negocios vinculados con la República de Venezuela".

"Teniendo en cuenta la falsedad de esas afirmaciones, le informo que próximamente recibirá la correspondiente citación de mediación previa en el marco de la acción de daños y perjuicios que iniciaré contra Ud", continúa la carta.

El texto remarca que los hechos a los que habría aludido Sadous son "totalmente falsos" y se lo intima a informar en el término de 24 horas qué irregularidades concretas detectó durante su desempeño como embajador en Venezuela, quiénes son los presuntos responsables, quiénes son las personas que podrían dar cuenta de esos hechos y aporte la prueba que pueda obrar en su poder respecto de los mismos.

En el caso de la carta documento de De Vido a Juez, se lo intima a rectificar lo afirmado por el senador en el sentido de que en su provincia "el comentario de los empresarios era que había que arreglar con funcionarios".

"Dado que esas manifestaciones son totalmente falsas y no se encuentran acompañadas por evidencia de ningún tipo, y generan un severo perjuicio moral y social al suscripto, lo intimo para que en el plazo de 24 horas rectifique sus dichos por el mismo medio en que fueron difundidos", agrega el texto legal.

Y en la enviada por el ministro a Buzzi se hace mención a expresiones públicas que se le atribuyen consistentes en haber afirmado que "el rumor de que había que arreglar con (el ministerio de) Planificación porque sino no tenías cómo vender nada circulaba por todos lados".

En relación al tema, el empresario chaqueño del área de tecnología agropecuaria Manuel García Solá sostuvo que para hacer negocios con Venezuela "nunca nadie hizo ninguna sugerencia respecto de hacer alguna dádiva para acceder a los negocios" y definió como una "canallada" las versiones al respecto.

El empresario es dueño de la empresa Centro Genético del Litoral, que produce semen congelado y embriones congelados; y también de la empresa Litoral Biológicos, que produce vacunas biológicas; ambos emprendimientos radicados en Chaco.

García Solá admitió que sus empresas realizan negocios en Venezuela con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) desde fines de 2008 y explicó que "la experiencia allá fue riquísima, de trabajo exclusivamente profesional".

"Nunca nadie nos hizo ninguna sugerencia respecto de que hubiera que hacer alguna dádiva para acceder a los negocios", reconoció el empresario.

Y calificó de "una canallada" lo deslizado por el ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre presuntos pagos de comisiones ilegales para que empresas argentinas colocaran sus productos en ese país. "A mí nadie me pidió un peso", agregó.

Se quejó efusivamente de que "alegremente se lanzan estas versiones de que todos los que hicimos negocios tuvimos que pagar comisiones", y volvió a criticar a quienes "se preocupan por diseminar rumores infundados más que preocuparse por habilitar oportunidades comerciales, porque no saben lo que cuesta conquistar un mercado".

"Cuando uno tiene un gobierno que juega a favor de abrir mercados, y una Cancillería que ha trabajado con una eficiencia notable, eso es lo que hay que proteger y no degradar", explicó el empresario.

García Solá detalló que su empresa firmó un convenio con Venezuela para proveerla de la vacuna Bio Jaja, que es "un invento propio, desarrollado junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)", que combate a la garrapata, causante de la enfermedad `tristeza bovina` en el ganado en zonas subtropicales.

martes, 27 de abril de 2010

Melconian reconoció que tenía relación comercial con el asesor Roberto Larosa


El economista, cuya consultora fue allanada por orden del juez Claudio Bonadío, admitió que conoce al detenido desde "hace más de 20 años". Pero se despegó del escándalo de supuesto espionaje en el Palacio de Hacienda al explicar que "de acá no sale nada, seguro".

M&S Consultores, de Carlos Melconian, fue allanada ayer por orden del juez federal Claudio Bonadío, que lleva adelante la investigación del caso del asesor legislativo Roberto Larosa, detenido luego de haber ingresado ilegalmente al ministerio de Economía, en uno de cuyos despachos estaba escondido.

"Lo conozco hace más de 20 años, pero hace mucho que no lo veo", se desvinculó Melconian en referencia al asesor del diputado Claudio Lozano.

Pero admitió que Roberto Larosa realizó "análisis presupuestarios macroeconómicos" para su consultora y que mantiene una "relación re contra ultra formal", pero que "no tiene nada que ver con lo oculto o lo detectivesco".

Así el economista reconoció estar al tanto de que Larosa se dedicaba a la venta de informes sobre cómo se ejecutaba el Presupuesto, pero que de su consultora "nunca salió" información. "Si la Justicia quiere investigar, es absolutamente competente y perfecto que eso ocurra", agregó.

Sobre el allanamiento dispuesto en su consultora, sostuvo que no sabe "si hay alguna interna de otra cosa y esto aparece en el medio".

"A Larosa siempre lo conocí como un pibe que hacía esto (en referencia a los informes de cómo se ejecutaba el presupuesto). Otra cosa no lo sé", se despegó el economista.

Melconián reveló que Larosa "tiene análisis fiscales" y en el caso de M&S Consultores "lo conocemos hace muchísimos años y ha sido sobre la base de análisis de datos oficiales una vez ocurridos".

Además de M&S, fueron allanadas las oficinas de "Ecolatina", fundada por Roberto Lavagna, 'Estudio Broda', de Miguel Angel Broda, la del economista Orlando Ferreres y FIEL.

Larosa permanece detenido en el penal de Marcos Paz, luego de ser sorprendido el pasado 16 de abril a las 21 en el interior del despacho del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, tras abrir la puerta con una llave propia.

Las denuncias contra Cobos en un mismo juzgado


La querella presentada por Hebe de Bonafini quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ya tiene la causa iniciada por Antonio y Darío Luirgo por “incumplimiento de deberes”. El abogado de Madres, Eduardo Barcesat, dijo a P&M que la medida es positiva para acelerar el proceso judicial.

El fiscal Luis Comparatore dictaminó que debe ser el juez Daniel Rafecas el que lleve todas las causas que se abran contra vicepresidente Julio Cobos, a raíz de la cuestionada aprobación de la reforma a la Ley del Cheque en el Senado.

La denuncia de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentada el jueves último y patrocinada por Eduardo Barcesat, había quedado en manos del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, pero Comparatore resolvió a favor de la "incompetencia" del magistrado y por el envío de la causa a Rafecas, quien tramita una anterior presentada por los abogados Antonio y Darío Luirgo.

Rafecas ya pidió medidas preliminares, como la versión taquigráfica de la sesión donde se votó la norma, antes de requerir al fiscal del caso, Eduardo Taiano, que resuelva si debe o no impulsarse la investigación penal a Cobos.

El abogado querellante de las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, consideró que “es el procedimiento normal, los dos jueces me merecen un buen concepto, para mí que lo tenga uno u otro es indiferente. Pero la ventaja es que Rafecas mandó a pedir todas las desgrabaciones y la documentación referida a las votaciones”.

“En la dinámica interna esto permite acelerar el trámite judicial, pero eso es muy importante porque significa que el fiscal ha pedido medidas previas para instruir la causa”, agregó.

Rafecas ya está a cargo de la causa iniciada por los abogados Antonio y Darío Liurgo, quienes denunciaron a Cobos por supuesto "incumplimiento de deberes" a raíz de la votación por mayoría simple de la norma en el Senado, cuando en ese caso la Constitución establece la necesidad de contar con una mayoría absoluta de votos.

“Se tomaron medidas por la primera demanda, que fue por incumplimiento y la nuestra es por violación de los deberes de funcionario público. Por lo tanto la tipificación jurídica y la argumentación quedó que es un poco divergente, pero el objeto procesal y la conducta, o el hecho, es el mismo”, explicó Barcesat a Política&Medios.

“Una vez que traen la documentación con eso el fiscal ya tiene que formular requisitoria y veremos si la formula como incumplimiento o como violación de los deberes de funcionario público”, aclaró sobre los pasos subsiguientes del proceso judicial.

Por su parte, Bonafini consideró en breves declaraciones a P&M que habrá qué esperar “qué es lo que más conviene con la justicia, pero “yo creo que estábamos esperando que fueran todas (las querellas) al mismo juzgado”.

lunes, 26 de abril de 2010

Narodowsky buscó despegarse de las escuchas ilegales


Al salir de la requisitoria del juez Oyarbide, el ex ministro de Educación de la Ciudad afirmó que “a pesar de que no tenemos nada que ver con el espionaje vamos a seguir colaborando todo lo que sea necesario”. Así buscó desvincularse de la causa que salpica a la administración macrista.

El ex Ministro de Educación de Buenos Aires, Mariano Narodowsky, sostuvo que contestó a “todos los requerimientos” en la declaratoria hecha al juez Norberto Oyarbide, que tiene a su cargo la causa del espionaje telefónico.

Narodowski se despegó al afirmar que “no tenía ni idea de lo que hacía fuera del ministerio” Ciro James, imputado por las escuchas telefónicas clandestinas.

Y se lamentó “haberme tenido que ir por Ciro James” y prometió “una evaluación política cuando todo se aclare desde el punto de vista judicial”.

Por eso, el ex ministro macrista argumentó que "esta audiencia no correspondía, no obstante lo cual contesté todas las preguntas”.

“Seguimos colaborando con la Justicia porque entendemos que a pesar de que no tenemos nada que ver con el espionaje -como dijo la Cámara-, vamos a seguir colaborando todo lo que sea necesario”, subrayó el ex funcionario a la salida de los tribunales de Comodoro Py.

“La Cámara ya ha dicho que no tenemos nada que ver con este tema”, volvió reiterar y que no obstante lo cual “hemos cumplido con todos los requerimientos: nos ha vuelto a llamar y contestamos todas las preguntas”.

Narodowsky insistió en que Ciro James, el ex policía acusado de espionaje, “no era una persona allegada a mi persona”, aunque “tenía una función” en el ministerio de Educación.

Además aclaró que “el contrato era claro y transparente, no hay objeción respecto a eso”. Y agregó que “lo que no sabíamos era que era un policía federal”.

El ex funcionario se quejó de haber tenido que dejar el cargo por el escándalo de las escuchas ilegales, ya que “teníamos muchos proyectos por delante y da bronca haberme tenido que ir por Ciro James”.

Narodowsky no quiso seguir hondando sobre la marcha de la causa porque “la evaluación política la voy a hacer cuando todo se aclare desde el punto de vista judicial”.

Diputados: El oficialismo quiere archivar la ley del impuesto al cheque


El titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, justificó este accionar al explicar que el proyecto no tuvo en el Senado la cantidad de votos que exige la Constitución Nacional. El diputado anticipó que esta semana buscarán impugnar la iniciativa en el recinto y remitir el expediente a archivo.

En una estrategia para cerrarle los caminos a la polémica aprobación de la ley del impuesto al cheque en el Senado, el oficialismo se presentará al debate en Diputados con el objetivo de archivar el proyecto.

A raíz de esta perspectiva, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, confirmó que “el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, ya dijo que llevará el proyecto al pleno. Vamos a dar debate”.

Por lo que aclaró que la posición del oficialismo es que el proyecto “tiene que ir a archivo” porque en su votación el Senado “no constituyó la mayoría necesaria para que obtuviera la media sanción que tuvo” y señaló que posiblemente el pleno sea convocado para el miércoles.

El proyecto de coparticipación del impuesto al cheque fue aprobado por el Senado en una votación cuya mayoría cuestiona el oficialismo por "inconstitucional".

Así el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, le devolvió la iniciativa al titular del Senado, Julio Cobos, para que le aclarara cuáles había sido las mayorías con la que se había aprobado, por considerar que los 35 votos positivos no eran suficientes, dada las características del proyecto.

El vice ratificó que no hacía falta una mayoría de 37 senadores y se lo devolvió a Fellner, que en una carta enviada el jueves a los legisladores había adelantado que “en caso de que el proyecto regrese a Diputados pondré su ingreso a consideración del pleno del cuerpo”.

La oposición confirmó que en la sesión pedirá el envío del proyecto a las comisiones para que inicie su tratamiento legislativo. En contraposición, el oficialismo pedirá el archivo de la sanción del Senado, ya que la iniciativa no cumple con la mayoría absoluta.

“El video de Felipe y Marcela es el último manotazo de ahogado de Ernestina Noble”


En diálogo con P&M el abogado querellante Pablo Llonto se refirió a la grabación que desde ayer repiten constantemente los canales televisivos del Grupo Clarín, donde los hijos adoptivos de la dueña del multimedio vinculan la causa que investiga sus identidades con una una supuesta persecución del Gobierno nacional.

En una marcada estrategia mediática para correr el foco de atención, Felipe y Marcela Noble apuntaron contra la Casa Rosada en relación con la causa que busca determinar si fueron apropiados por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, durante la dictadura.

Los dos jóvenes pronunciaron frente a las cámaras un texto muy similar a la solicitada que se publicó ayer en los principales medios gráficos nacionales, donde dicen que "ante tantas falsedades, queremos contarles nuestra verdad”.

“Nos terminó de convencer un mensaje de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) donde hablaba de nosotros sin nombrarnos. Desde ese momento, nos sentimos con miedo, angustiados, perseguidos", sostuvieron.

El video fue dado a conocer ayer, horas después de la publicación de la solicitada, y desde entonces no ha dejado de repetirse por el canal Todo Noticias (TN) y otros medios televisivos del Grupo.

A Pablo Llonto, abogado querellante en la causa, este accionar le causó indignación: “Es una vergüenza que los usen a los chicos para intentar sostener 6 o 7 mentiras que tiene la solicitada y la declaración que hicieron en el video, que es lo mismo”.

“Esto marca la desesperación de los abogados del Grupo Clarín. El video de Felipe y Marcela es el último manotazo de ahogado de Ernestina (Noble)”, agregó el letrado, en lo que consideró como un intento por “sensibilizar a algún sector de la gente y sobre todo influenciar y presionar a los jueces”.

“Hay mentiras como cuando dicen que no hay ningún indicio de que sean hijos de desaparecidos. Hace 7 años, el domingo 12 de enero del 2003, Ernestina publicó una carta de lectores firmada por ella en Clarín. En el tercer párrafo de esa carta dice: ‘muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos sean hijos de víctimas de la represión’. Lo digo textual porque lo sé de memoria de tanto leerlo y repetirlo”, señaló el abogado a P&M.

“Esto está publicado en Clarín y agregado en la causa hace tiempo. Es uno de los indicios más fuerte que hay de nuestras sospechas, ya que la propia Ernestina admitió haber hablado eso con sus hijos antes del 2003, es decir antes de los Kirchner”, agregó.

Para Llonto la campaña mediática de Clarín deja en evidencia que esta todo preparado de antemano, ya que “ahora les hacen firmar (a Felipe y Marcela) un texto redactado por los estudios jurídicos para que mientan”.

Consultado sobre los análisis de ADN que ordenó la Justicia, el abogado explicó que “todo indica que de un momento a otro deberán hacerlos” en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del hospital Durand, a pesar de la marcada dilación del caso.

“Interpusieron un recurso para ir a la Corte Suprema y ahora la Cámara de Casación tiene que resolver si se los concede. Si la cámara les rechaza esta instancia, tienen que hacerse los estudios si o si”, detalló Llonto sobre la marcha de la causa judicial.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, consideró que fue una "arbitraria descalificación" contra el BNDG la que realizaron Marcela y Felipe Noble Herrera en la solicitada de ayer.

"El Banco Nacional de Datos Genéticos es una institución prestigiosa a nivel mundial, cuyas pericias científicas ha permitido resolver delitos, filiaciones y restituir la identidad e historia individual a numerosas personas y familias", explicó el funcionario en un comunicado.

Para Duhalde en esa solicitada “cuestionan, entre otras cosas, la seguridad e imparcialidad de los exámenes que de acuerdo con la ley deben realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos”.

El BNDG fue creado en virtud de la ley 23.511 sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de mayo de 1987 con la finalidad de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en materia de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos.

"En virtud de los principios de legalidad e igualdad ante la ley y de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación y la ley del BNDG, en todos los casos en los que se investigan delitos de lesa humanidad relacionados con la desaparición de niños y niñas como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, debe intervenir el Banco Nacional como perito oficial", dijo Duhalde y agregó luego que “dicho Código Procesal habilita la intervención de peritos de parte para controlar las medidas y evitar toda hipotética manipulación”.

viernes, 23 de abril de 2010

Espionaje PRO: Oyarbide ordenó la detención de dos ex jueces de Misiones


Son los dos magistrados destituidos de Posadas, Horacio Gallardo y José Luis Rey, que habrían autorizado las intervenciones telefónicas ilegales. En la causa ya fueron procesados con prisión preventiva el ex jefe de la Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, y el policía Ciro James.

La detención de Horacio Gallardo y José Luis Rey fue ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide, luego que días atrás ambos fueran destituídos por el Jurado de Enjuiciamiento misionero por mal desempeño de sus funciones.

Gallardo y Rey habían autorizado intervenciones a líneas telefónicas del dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el empresario Carlos Avila, entre otros.

Por esos hechos, además del procesamiento de Palacios y James, fueron citados a indagatoria el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo pedido de recusación contra Oyarbide fue rechazado ayer por la Sala I de la Cámara Federal.

El juez federal había pedido el desafuero de Gallardo y Rey para indagarlos por sus presuntas responsabilidades penales en las "escuchas ilegales".

El Jurado de Enjuiciamiento los destituyó por cinco votos contra dos, ya que consideró que habían avalado las intervenciones telefónicas "sin saber a quién se escuchaba, sin cotejar la información de las escuchas, sin controlar el trabajo de investigación que hacia la Policía y James".

El Jurado concluyó que las víctimas del espionaje "no tenían ninguna relación con los hechos que se investiga" en las causas donde las medidas fueron ordenadas y que se afectó el "derecho a la intimidad de las personas".

La Policía Metropolitana sigue acumulando desprestigio. Su jefe Eugenio Burzaco confirmó que serán separados 9 miembros por antecedentes y explicó que "no significa un golpe sino un trabajo para mejorar la fuerza".

Entre los policías que serán removidos figura Miguel Ángel Colombo, el hasta ahora jefe de Investigaciones.

Burzaco defendió a Policía Metropolitana cuando detalló que "hay miles de efectivos y el 90% no tienen causas".

De Vido salió defenderse de la denuncia del ex embajador en Venezuela


El ministro de Planificación calificó a las acusaciones de Alberto Sadous, como una “infamia” y aseguró que “nunca en la relación bilateral se firmó nada de espaldas a la Cancillería ni hubo diplomacia paralela”. Por su parte, el canciller Jorge Taiana manifestó que "no hay registro ni conocimiento alguno” de lo que dice el ex diplomático.


El ex embajador en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous encendió la mecha cuando reveló frente al juez Julián Ercolini las supuestas irregularidades en el funcionamiento del fideicomiso del fuel oil pactado entre la Argentina y el país caribeño.

El ex diplomático declaró como testigo en la causa por asociación ilícita que involucra a Néstor Kirchner, al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex titular del Occovi, Claudio Uberti. Y en su testimonio dijo haber perdido su puesto por denunciar “corrupción” en el manejo del fondo fiduciario.

Por esta razón, el ministro de Planificación Julio De Vido salió a defenderse de las acusaciones al calificarla de “una infamia, una calumnia que embarra innecesariamente a muchísima gente. ¿Siete años después y sin dar nombres? No tengo ni idea de qué puede estar buscando".

En una entrevista en el diario La Nación, el funcionario destacó que “es una denuncia general, sin nombres, y él participó de las negociaciones por la redacción del Acta de Complementación Energética”.

“La primera vez que fui a Venezuela, en abril de 2004, firmamos con el gobierno de Chávez el Acta de Complementación Energética, por la cual se creó un fideicomiso: la Argentina le compra fuel oil y gasoil a Venezuela, que se compromete a usar esa plata para comprar a su antojo productos argentinos”, aclaró.

Y agregó: “Firmamos 25 convenios en ese marco en Caracas. ¿Y sabe dónde dormí? En la embajada argentina. Y el acta la redactó durante 10 horas Martín Redrado, que era secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Hizo un trabajo brillante”.

El ministro describió que “los empresarios hablaban con la embajada, con Sadous. Uberti (ex titular del Occovi) nunca firmó el convenio ni las agendas. Era un papel de coordinación de las relaciones entre el Ministerio de Planificación y Venezuela. Las adendas las redactaba la Cancillería”.

Y defendió a Uberti al señalar que era “un promotor de las relaciones, pero nunca hizo nada paralelo a la Cancillería. Planificación dio el apoyo técnico en esas adendas, sobre todo en energía y transportes. Pero no a espaldas de la Cancillería”.

A raíz de esto, el canciller Jorge Taiana salió a desmentir su conocimiento de lo denunciado al explicar que “me enteré por los diarios en relación a estas declaraciones sobre empresas argentinas y debo decirle que no hay registro ni conocimiento alguno en la Cancillería”.

El titular del Palacio San Martín agregó que "en 2005 el embajador Sadous señaló una preocupación acerca de un retraso venezolano en el pago a empresas argentinas en el fideicomiso y eso dio motivo a una acción diplomática que logró solucionar el problema inmediatamente".

Y explicó que "esa preocupación del embajador en ese momento, ese cable (la comunicación interna diplomática que remitió el entonces embajador Sadous), es lo que motivó actuaciones del juez Ercolini".

"Nosotros hemos colaborado con el juez Ercolini, en ningún momento el embajador Sadous en estos cinco años expresó nada que pudiera siquiera sugerir que alguna empresa argentina hubiera señalado un problema de ese tipo", ratificó Taiana.

El canciller precisó que en su momento, en el marco del fideicomiso firmado con Venezuela, "el INVAP había sido contratado para una serie deservicios de medicina nuclear y requería un pago. Ese pago se retrasaba y esa fue la preocupación que expresó Sadous. Se hicieron las gestiones del caso, se solucionó la cuestión, el pago se realizó y eso es todo lo que sabemos".

Con respecto al tema, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, opinó que son los jueces “los que tienen que investigar como corresponde” las denuncias por supuestos pedidos de coimas a empresarios para hacer negocios con Venezuela.

“No conozco la causa, pero siempre en este tipo de cosas si hay una denuncia hay que investigarla, mientras tanto hacer conjeturas no tiene sentido”, se despegó Fernández cuando fue consultado sobre la denuncia del ex embajador Eduardo Sadous ante la Justicia.

Se agrava el conflicto gremial en una radio cordobesa


Los trabajadores LV2 cumplieron 60 días de toma de la emisora, en reclamo del pago de los sueldos adeudados desde diciembre de 2009. Política&Medios conversó con el secretario general de Cispren, Guido Dreizik, quien confirmó que si no hay una respuesta patronal endurecerán las medida de fuerza.

En una asamblea realizada por los trabajadores de prensa de la emisora LV2 se había decidido por 42 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones, exigir el pago completo de los sueldos ante la Secretaría de Trabajo en una reunión prevista para hoy. Después se iban a sentar a la mesa de negociaciones, pero los representantes de la empresa nunca se presentaron.

Política&Medios consultó a Guido Dreizik, secretario general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) y delegado de los trabajadores en el conflicto

“Desde el mes de diciembre la empresa dejó de pagar los salarios y personal decidió a partir de ahí hacer un paro debido a la falta de respuesta patronal. Luego el conflicto se agravó hasta llegar a la toma de la empresa, de la que se cumplen 60 días”, explicó el gremialista.

El martes José Osvaldo Musa, en representación de la empresa, tuvo una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia con el Sindicato Argentina de Locutores (SAL), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP). Pero los trabajadores de LV2 dicen que estos gremios no los representan.

Musa salió con celeridad de Secretaría Trabajo y dijo que se sintió “escrachado”, culpando por un supuesto operativo mediático a Dreizik, durante una breve e informal reunión que mantuvo con el dirigente en una de las oficinas de la autoridad laboral.

El secretario de Cipren le restó importancia a la acusación y detalló que “anteayer recién se apareció un representante de la empresa y está iniciando conversaciones. Pero esto va para largo. Con el ministerio de trabajo provincial hay reuniones, pero no están dando mucho resultado”.

Dreizik contó con respecto a la emisora que “el grupo Vila-Manzano habría vendido la radio a un grupo que pertenece, según el diario La Nación, a Ricardo Jaime. La venta fue en marzo de 2009 y el último pago la empresa lo hace en marzo”.

Para el sindicalista, si actualmente estuviese vigente la nueva Ley de Medios muchos aspectos de este conflicto “serían muchos más claros”, como los que tienen que ver con la “responsabilidad de los tenedores de frecuencia que establece la norma de Comunicación Audiovisual, el conocimiento del origen de los fondos, o la identificación fehaciente de quienes son los propietarios o los concesionarios y la necesaria transparencia en el manejo de la empresa con respecto a la frecuencia”.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, visitó el viernes último a los trabajadores de LV2 y se solidarizó con la lucha en defensa de la fuente laboral de 65 familias, que llevan adelante la ocupación pacífica de la sede de la emisora.

En esa oportunidad denunció que “hay una decisión empresarial de generar conflictividad, tomando a los trabajadores de prensa de rehenes, para probar que la nueva legislación de servicios de comunicación audiovisuales lo que va a traer como consecuencia son despidos y conflictos sociales”.

“Esta situación se está dando en otros puntos del país, como pasó en Rosario con los despidos en dos radios, pero que se revirtió por la acción solidaria de los trabajadores del diario La Capital, de la sociedad y de la certera intervención de la CTA y de la CGT”, recordó el titular de la CTA.

jueves, 22 de abril de 2010

Diputados: Desde el oficialismo critican a la oposición por reforma a la ley que regula los DNU


Según José María Díaz Bancalari hay “una minoría que se constituyó en mayoría por rejunte y sólo persigue un fin mezquino”. Para el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, con este accionar se “le está pegando cachetadas a la Constitución Nacional”.

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que dicta el Poder Ejecutivo, una iniciativa impulsada por los bloques de la oposición. Cuestión que no cayó bien en el seno del gobierno.

Por eso, el diputado José María Díaz Bancalari aseguró que no sabe si la Presidenta vetará la normativa sancionada ayer en la Cámara Baja y que aún debe pasar por el senado, pero afirmó que “es una facultad que tiene”. Y de paso criticó a la oposición porque “busca que al Gobierno no le vaya bien”.

En una misma sintonía, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi explicó que “esta sanción no es violatoria, ni ninguna de esas cuestiones que se dicen, directamente le están pegando cachetadas a la Constitución Nacional. Quieren el rechazo ficto de un veto”.

El legislador en el cierre de los discursos en diputados dijo que “a la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) la ennoblece haber propuesto modificaciones al régimen de DNU cuando era senadora en el año 2006, porque éramos oficialistas, y era una decisión que no había tomado ninguno antes cuando fue oficialista”.

“Rechazamos absolutamente por nulo de nulidad absoluta, como le gusta decir a la oposición, todas las acusaciones que nos hacen, que dicen que estamos al frente de un poder que corrompe y que intenta llevarse por delante todas las instituciones”, sentenció

Rossí advirtió que desde la oposición "privilegian el apuro, el ritmo acelerado con tal de sacar determinadas leyes y creo que eso no es conducente".

Y remarcó: “Esta fue una mala modificación, perfectible y revisable. Estamos empeorando la situación y oscureciendo el panorama; todo lo que están haciendo se esta centrando en ver cómo se limita al Poder Ejecutivo”..

También tuvo un párrafo para “quienes hablan de su legitimidad producto de los resultados de las elecciones y se fueron del bloque del Frente para la Victoria pese a que entraron en la boleta de Cristina Fernández de Kirchner en 2007”.

Por lo que denunció que “hay 16 diputados que hoy tendrían que estar sentados de este lado y sin embargo están con la oposición. La mayoría la hicieron así; para precisar y encuadrar, no están movidos por la voluntad popular”.

La iniciativa aprobada establece que cada decreto debe ser aprobado por ambas cámaras para ser ratificado, en lugar de la redacción actual que prevé que sólo es necesario el aval de una de ellas. Por eso en el caso de que alguno de los dos cuerpos no se expida, el DNU quedará automáticamente rechazado, definieron los bloques opositores en el texto del dictamen.

Además, también modifica la integración de la Comisión bicameral de Trámite Legislativo -actualmente no está conformada por la interposición de recursos judiciales- al ampliar sus miembros de 8 a 12 por cada Cámara, es decir a un total de 24.

En el proyecto fijan que esa comisión puede sacar dictamen con "la asistencia de al menos la tercera parte de sus miembros", y ratificaron el plazo de diez días corridos que tiene el cuerpo para expresarse sobre un DNU.

Establecen también que el jefe de Gabinete deberá concurrir personalmente al Congreso dentro de los diez días corridos desde la firma del decreto para explicar su contenido, aunque si dentro de ese plazo no se presenta la Bicameral se abocará "de oficio" a su análisis.

En caso de que el Parlamento se encuentre en receso al momento de dictar un DNU, se convocará de forma automática a sesiones extraordinarias sin aviso al Ejecutivo nacional, dice la iniciativa.

Aunque los bloques opositores de la Cámara de Diputados no consiguieron aprobar en particular dos artículos del proyecto de modificación del régimen de DNU, ante la falta de acompañamiento de sectores de centroizquierda.

Así, la iniciativa aprobada en general con el impulso del arco opositor por 142 votos a 98, será enviada al Senado sin la modificación del artículo que establece los requisitos para dictar DNU y del que prevé la nulidad de los mismos.

Para las votaciones de esos artículos, la oposición reunió 127 votos, dos menos que los que prevé la Constitución Nacional para modificar normas derivadas de su texto.

Los 15 votos que perdió el arco opositor para acompañar esos artículos correspondieron a Proyecto Sur, Nuevo Encuentro Popular y Solidario y Diálogo por Buenos Aires, entre otros.

"Le pido a Ernestina de Noble que libere a los chicos para que piensen por sí mismos"


Así la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, dio su opinión sobre la solicitada de Felipe y Marcela Noble aparecida hoy en los matutinos porteños, en relación a la causa para determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del multimedio Clarín.

La pelea por la identidad de Felipe y Marcela Noble tuvo otro capítulo con la publicación de una solicitada por parte de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y en la que se refieren a un supuesto manoseo y manejo político en la causa.

A raíz de esto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en declaraciones al noticiero Visión 7 que transmite Canal 7, manifestó sentir “tristeza” por la misiva aparecida en varios diarios de la capital.

Allí Felipe y Marcela explican que “nunca quisimos hacer de nuestra identidad algo público. Pero nos sentimos maltratados y no queremos que nos lastimen más”.

Y en otra parte de la carta aseguran que “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”.

Para Carlotto la causa judicial iniciada hace ocho años para establecer si los hijos adoptivos de la dueña del multimedio Clarín son hijos de desaparecidos “no es una cuestión política, sino de defensa de los derechos humanos”.

“Nosotros queremos encontrar a nuestros nietos”, respondió para desvincular la búsqueda de Abuelas de hace más de 30 años a cuestiones políticas.

Carlotto aclaró que “para las Abuelas, esta no es una pelea entre Gobierno y un medio. Esta causa se inicio hace ocho años y para nosotras no es una cuestión política sino de derechos humanos”.

“Le pido a la señora de Noble que libere a los chicos para que puedan pensar por sí mismos”, rogó y admitió que “si no existe delito (de apropiación), nada va a pasar; y si son nuestros nietos, van a seguir viviendo como deseen”."

“Me pregunto por qué tanta perturbación en un proceso que tenía que haber sido tan simple como otros”, se lamentó al aludir a los años de demora de la causa judicial y se permitió dudar acerca de que Felipe y Marcela "hayan sido los autores de la solicitada".

Y se diferenció: "No somos apropiadoras". Por eso Carlotto a se dirigió a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera al expresar que “los queremos y respetamos muchísimo, sean o no hijos de desaparecidos”.

Y agregó “queremos lo mejor para ellos que es su libertad y que efectivamente como adultos que decidan por ellos mismos” y les recordó que “tienen derechos y también deberes”.

Luego, en declaraciones a radiales, advirtió que “si existe delito de apropiación, ése no prescribe y no pueden quedarse con la voluntad `porque no quiero`”, y deslizó que tanto Marcela como Felipe “son ciudadanos que deben cumplir con lo que la ley marca”.

Tras el rechazo a un recurso de apelación presentado por los abogados defensores, las muestras de sangre y de elementos personales para determinar el ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos, a la espera de la orden judicial para que se efectúen los exámenes de histocompatibilidad con todas las familias y no sólo con dos como pretendía la defensa.

También se sumó a la polémica la diputada nacional Victoria Donda, hija de desaparecidos durante la última dictadura militar, quien en declaraciones a radiales advirtió que “entiendo a Felipe y a Marcela y, en algunas cosas, hasta puedo coincidir con ellos. Ellos no están siendo víctimas ahora, fueron víctimas desde que nacieron y los secuestraron”.

“No existe el fantasma de la manipulación genética. Acá los fanatismos no sirven. Yo estoy segura de que ellos están sufriendo. Está bueno que esto se termine porque se termina uno de los delitos del poder", detalló la diputada y aclaró que “la apropiación de Felipe y Marcela es uno de los símbolos de los delitos del poder”.

miércoles, 21 de abril de 2010

Las Madres de Plaza de Mayo también denunciarán a Cobos


El abogado de la Asociación, Eduardo Barcesat, ratificó a P&M que Hebe de Bonafini presentará mañana una demanda judicial contra el vicepresidente por "violación a los deberes de funcionario público" en torno a la votación del Impuesto al Cheque. Luego irán al Congreso para pedir un juicio político.

Las reacciones a las maniobras del vicepresidente Julio Cobos en la votación del impuesto al cheque van en aumento. A la denuncia presentada por dos abogados particulares el lunes, se suma ahora la doble demanda de las Madres de Plaza de Mayo en la justicia y en el Congreso.

Patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, Hebe de Bonafini presentará una denuncia mañana a las 10 ante los Tribunales de Comodoro Py 2002 por "violación a los deberes de funcionario público", en la que se pedirá además la “inhabilitación” para ejercer cargo en el futuro.

Luego, a las 11, las Madres se dirigirán al Congreso, donde reclamarán el juicio político contra Cobos por "comisión de delito en ejercicio de sus funciones"

Consultado por Política&Medios, Barcesat explicó que en la presentación judicial señala “la lesión del artículo 36 de la Constitución nacional, que habla del deber de obediencia a la supremacía de esa misma constitución”.

“Con ese mismo escrito se va a formular presentación ante la Cámara de Diputados, para el pedido de formación de juicio político por comisión de delito contra el ingeniero Cobos”, consignó el letrado.

Barcesat aclaró que se presenta este pedido en Diputados, ya que “es la cámara de iniciación” y es la que tiene que determinar “si hay lugar o no a la formación de sumario” a partir de la actuación del vicepresidente en la sesión del miércoles último en el Senado, donde permitió que la oposición aprobara por mayoría simple la reforma del Impuesto al Cheque, cuando debía ser por mayoría absoluta.

Para el abogado, la actitud del vice es violatoria de las normas de la Constitución y sus argumentos carecen de toda consistencia jurídica. “Diría que no hay biblioteca de la izquierda y la derecha, sino que las dos se le caen encima a la postura de Cobos”, graficó.

El mendocino ya fue denunciado penalmente por los letrados Antonio y Darío Liurgo ante el juez Daniel Rafecas por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".

En esta presentación, realizada el lunes, también se pidió que Cobos sea sometido a "una pericia psiquiátrica y psicológica", al considerar que "no parece descabellado verificar la existencia de elementos constitutivos de su aparato psíquico que generen algún grado de inimputabilidad".

El ministro de Economía defendió la política de desendeudamiento del gobierno


Fue durante su presentación ante el plenario de comisiones del Senado. Allí Amado Boudou dijo que "el país tiene el nivel óptimo de reservas" y que “siguen creciendo”, por lo que aseguró que "el camino adecuado" es destinar esos fondos para el pago de deuda.

El Ministro de Economía, Amado Boudou, que volvió a concurrir al Senado para exponer sobre el pago de deuda, explicó que se prevé utilizar "el 30 por ciento" de las reservas de libre disponibilidad, a diferencia de lo ocurrido cuando se canceló el pasivo con el Fondo Monetario Internacional que representó el ciento por ciento de estas reservas disponibles.

Así Boudou se expresó ante los senadores que integran las comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, sobre la decisión del Gobierno de pagar las deudas que vencen este año con reservas de libre disponibilidad.

“El Gobierno acumuló estas reservas y pudo sostener un tipo de cambio competitivo”, explicó el titular de Hacienda al exponer ante las comisiones de Economía Nacional, que encabeza la radical cobista Laura Montero, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Eric Calcagno, sobre la realidad monetaria y cambiaria y el impacto sobre el programa de la utilización de reservas internacionales de la deuda.

Y defendió la política gubernamental en el tema, ya remarcó que la Argentina tiene “el nivel óptimo de reservas superado” y ratificó que es “el camino adecuado destinar esos fondos para el pago de deuda y para apuntalar otros objetivos económicos, como el crecimiento con inclusión social”.

El ministro hizo un repaso de los distintos proyectos que se discutirán para el uso de reservas y valoró que el Gobierno esté llevando adelante un proceso de “desendeudamiento genuino” con las reservas acumuladas.

Por eso Boudou volvió a insistir en que “el país acumuló reservas, y con esas reservas cancela obligaciones que tenía; además se hace con activos que rentan menos”.

El ministro estimó que el pago de deuda externa con reservas y el canje son un “proceso de fuerte señal de voluntad y capacidad de pago”, y destacó que una “baja de la tasa de referencia" del país sería un beneficio "para el sector privado”.

“El corte no ayuda a la defensa de los intereses argentinos”


Así el canciller Jorge Taiana les pidió a los asambleístas de Gualeguaychú que “reflexionen” sobre el contenido del fallo que emitió ayer la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En una misma sintonía, Aníbal Fernández sostuvo que “se seguirá trabajando para encontrar la solución al corte del puente”.

El canciller Jorge Taiana salió a poner paños fríos luego del dictamen del Tribunal de La Haya sobre Botnia y consideró que la continuidad del corte del puente internacional General San Martín “no es la mejor forma” de mantener el reclamo.

Para el titular de Relaciones Exteriores es fundamental que la asamblea “comprenda lo que ha dicho la Corte sobre el estatuto (del río Uruguay) y que de acá para adelante es una garantía de que no se repetirán estos hechos. Ellos debieran reflexionar sobre eso”.

“Hace tiempo que hemos dicho que el corte no ayuda a la defensa de los intereses argentinos” reafirmó Taiana en declaraciones radiales. Pero consideró que “la asamblea (ambiental de Gualeguacyhú) tiene todo el derecho del mundo de hacerlo para llamar la atención, pero la continuidad del corte no es la mejor forma”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió que el gobierno "está en pleno análisis" de la situación del corte que mantienen los asambleístas en Gualeguaychú y explicó que “se seguirá trabajando para encontrar una solución”.

“Estamos en pleno análisis de todo. Nosotros también hicimos una apuesta fuerte. Los puentes de Colón-Paysandú, y Concordia-Salto están liberados. Hemos hecho un esfuerzo y hay que seguir trabajando para que se tenga en algún momento soluciones que traten de resolver una problemática que para nosotros es un todo”, describió en declaraciones radiales.

Por eso Fernández pidió “tener mucha prudencia con las declaraciones y las acciones” y aconsejó que “no deben aparecer expresiones que parezcan amenazadoras ni gestos descomedidos que no sirven para nada”.

Otro que se refirió al corte del puente internacional General San Martín, fue el canciller uruguayo Luis Almagro quien advirtió que “hay temas judiciales de por medio y de la sociedad civil de Gualeguaychú. Tiene más componentes que aquellos que podemos resolver a nivel de los poderes ejecutivos”.

Pese a la dureza de sus palabras con los asambleístas, una de las primeras consecuencias del fallo es que el gobierno de Uruguay le propondrá a Argentina actualizar el Tratado del Río Uruguay, firmado entre ambos países en 1975.

Como lo anunció el propio Almagro, quien señaló que el tratado necesita un “estatuto ambiental”, ya que actualmente hace referencia a obras y “cuando uno dice obras piensa en construcciones y no en plantaciones, por ejemplo”.

Y admitió que su país insistirá en la importancia del monitoreo conjunto del impacto ambiental, “algo que Uruguay ya realiza en forma estricta y en las consultas a la sociedad civil respecto de las normas ambientales”.

“Lo primero ahora es coordinar la reunión de los presidentes y los ministros. Ponerle una fecha, hora y un lugar y después abordar los temas señalados”, consideró Almagro en declaraciones radiales.

El canciller uruguayo adelantó que hablará en las próximas horas con su par argentino, Jorge Taiana, pero destacó que los pasos para la recomposición de las relaciones tras el fallo de La Haya “ya se han comenzado a dar”.

“Analicemos cómo evolucionó la situación en estos días. Algunos temas pendientes han ido resolviéndose, como el de la interconexión eléctrica a través del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, o los anuncios de Taiana por el llamado a licitación para el dragado del canal Martín García. Son temas que han ido saliendo adelante. Esa actitud la valoramos y apreciamos altamente”, destacó.

“Faltan algunos proyectos más como el tema del bloqueo del puente, algún proyecto argentino, que está en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay, obras de infraestructura en Nueva Palmira y Concepción del Uruguay, y el gas boliviano que Uruguay desea importar”, finalizó.

Dudan que Burzaco se presente en la Legislatura por las escuchas ilegales


La diputada porteña Delia Bisutti afirmó a P&M que no está confirmado que el jefe de la Policía Metropolitana vaya el viernes a la Comisión de Seguridad, como había adelantado el macrista Martín Borrelli. Además, recordó que está pendiente la comparecencia del ministro Guillermo Montenegro.

En el caso del espionaje telefónico, los referentes del macrismo siguen sin dar explicaciones ante la Legislatura porteña y desde la oposición estiman que esta situación no cambiará en el corto plazo.

El diputado del PRO, Martín Borrelli, había anunciado en las últimas horas que el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, concurriría a la Comisión de Seguridad el próximo viernes, pero la presencia del funcionario ya esta puesta en duda.

“El macrismo dice que están tratando de que venga el jefe de la Metropolitana a la Comisión de Seguridad, que posiblemente sea este viernes. Pero todavía no está convocada esta comisión, ni está firme lo que dijo Borrelli en la reunión”, advirtió a Política&Medios la legisladora de Proyecto Sur, Delia Bisutti.

La reunión a la que hizo referencia la diputada se realizó esta mañana entre las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad para armar el funcionamiento de una comisión conjunta que siga los legajos de los futuros miembros de la Metropolitana.

“El diputado (Gonzalo) Ruanova hizo hincapié en una convocatoria que está pendiente, que es la comparecencia al recinto de Guillermo Montenegro”, relató Bisutti, pero Borrelli alegó “que no era tema para plantear ahí sino en otro lado”.

“Hay un pedido, que está en tratamiento en labor parlamentaria, que se trataría mañana en el recinto. Allí insistiremos en lo que estamos planteando todos los bloques de la oposición: que se presente Montenegro”, insistió la legisladora.

La oposición viene reclamando desde hace tiempo al PRO la presencia de Montenegro para que brinde explicaciones sobre posibles irregularidades en la conformación de la Policía Metropolitana y para que aclare dudas en torno a la causa sobre las escuchas ilegales.

En contraposición, Borrelli había dicho que el oficialismo “por el momento” no accederá al pedido de la oposición de que se haga presente el ministro de Seguridad y Justicia hasta que no se aclare su situación judicial.

Para Bisutti aquí empieza a jugar el pedido que hizo Montenegro para inhibir al juez, aunque “estos son todos elementos válidos para esquivar una temática de onda preocupación para los legisladores”.

Por eso, la legisladora aclaró que “nos parecía importante que el señor Macri, antes de irse de viaje, en vez de retrasar el pedido de audiencia, la hubiese adelantado, si es que no tiene nada que ocultar”.

El juez que investiga las escuchas, Norberto Oyarbide, citó días atrás a Mauricio Macri, a quien se le reprogramó la indagatoria para el 5 de mayo, al ex ministro de Educación, Mariano Nadorowsky, quien deberá declarar el 26 de abril, y a Montenegro, que tenía fecha para mañana.

Pero el ministro consiguió, al igual que el jefe de Gobierno, que su indagatoria se corriera unos días, luego del pedido de inhibición contra Oyarbide para que se aparte de la causa de las escuchas. El juez dispuso entonces que Montenegro declare el 30 de abril a la espera de la decisión de la Cámara Federal sobre el reclamo del funcionario macrista.

La Metropolitana bajo la lupa. Durante la reunión de esta mañana en la Legislatura porteña quedó conformado el comité ejecutivo que revisará los legajos de integrantes y aspirantes a ingresar a la Metropolitana provenientes de otras fuerzas de seguridad.

“La comisión esta integrada por Seguridad y Derechos Humanos más la defensora del pueblo de la ciudad y se delineó una mesa ejecutiva para que no estén la totalidad de los diputados de las comisiones que son los que efectivamente van a ser el seguimientos de los legajos”, explicó Bisutti.

“Esa mesa ejecutiva será la responsable de trabajar con los legajos y después traerán al pleno de las 2 comisiones para que avancen en la resolución”, agregó.

Los miembros de este comité ejecutivo son 5 del oficialismo, 5 de la oposición y la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini. Los integrantes del PRO son: Martín Borrelli; Helio Rebot; Enzo Pagani: Avelino Tamargo y Victoria Morales Gorleri. Y por la oposición están: Silvina Alegre; Rocío Sánchez Andía; Gonzalo Ruanova; Marcelo Parrilli y Rafael Gentilli.

martes, 20 de abril de 2010

Fallo del Tribunal de La Haya: Uruguay no cumplió el estatuto, pero Botnia sigue


La Corte Internacional de Justicia dictaminó que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay, pero que no hay motivos para ordenar el cese de la pastera y tampoco habrá compensación económica para la Argentina. La embajadora Susana Ruiz Cerruti, que presidió la delegación, se mostró satisfecha con la decisión del organismo.

La Corte Internacional de La Haya falló sobre la instalación de la pastera Botnia, en Fray Bentos, y concluyó que Uruguay “violó el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay”. También consideró que Argentina no aportó las pruebas suficientes para afirmar que hubo contaminación.

Y argumentó que el río Uruguay presentaba niveles de contaminación que no fueron alterados por la instalación de Botnia, por lo el tribunal estableció que “no hay motivos para ordenar el cese de la pastera” y que “no habrá compensación económica para Argentina”.

Por eso pidió a los dos países a velar por el “equilibrio ecológico” de la cuenca del Río Uruguay. Aunque estableció que la ciudad de Fray Bentos no era adecuada para construir la planta y que Uruguay falló en evaluar el eventual impacto ambiental, que podría tener el emprendimiento.

También la Corte de La Haya sostuvo que “Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7 del Tratado del Río Uruguay” de notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que esta “decida si el proyecto puede traer perjuicios”.

Así el fallo consideró que “todo cambio en el balance ecológico” del río Uruguay debe ser coordinado por ambas partes, y no puede haber acciones individuales por parte de uno de los Estados. Por lo que “la obligación de coordinar estas acciones toma un rol central y es importante que ambas partes respeten esta norma”.

El tribunal internacional advirtió que el gobierno del país vecino no cumplió la obligación del tratado que creó la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) como lo planteó la Argentina.

Pero se declaró fuera de competencia de “la demanda relativa sobre los malos olores y su impacto en el turismo”. Y remarcó que la Argentina “no dio pruebas” sobre una posible contaminación de la planta de Botnia en el Río Uruguay.

El juez Peter Tomka, que leyó el fallo, sostuvo que la Corte “no ve nada que pueda sustentar las demandas” de la Argentina en materia de contaminación visual y ambiental.

La delegación argentina estuvo encabezada por la embajadora Susana Ruiz Cerruti; el embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi Marenco; y el embajador Horacio Basabe, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

Luego de conocerse el fallo, Susana Ruiz Cerruti afirmó que “la primera impresión es que estamos satisfechos”. Y agregó que “la Corte ha dicho que Uruguay cometió tres violaciones al estatuto porque no informó a la Argentina sobre Botnia, sobre Ence y sobre el puerto de Botnia”.

“Durante los seis meses que trabajó el grupo de alto nivel Uruguay no informó”, argumentó la embajadora y aclaró que “la conducta del Uruguay no respondió a la buena fe de las negociaciones para solucionar un diferendo”.

“Al final de este análisis la Corte dice que el Uruguay violó todas las disposiciones desde el artículo 7 al 12 del Tratado del Río Uruguay”, reafirmó Ruiz Cerruti y destacó que "de los 14 jueces, 13 se pronunciaron a favor de la Argentina, menos el juez ad hoc de Uruguay”.